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Nada va a cambiar en el país, solo el INE
Rafael Cienfuegos Calderón Si la participación ciudadana en el proceso de revocación de mandato es baja, de 10% de los 94 millones que conforman el Padrón Electoral, por ejemplo, no le va a gustar al Presidente y su malestar es posible que lo manifieste despotricando contra el Instituto Nacional Electoral (INE) aunque el resultado sea que 90% o más votó por el sí, que siga en el cargo, acusándolo de antidemocrático, de obstruir el proceso al no instalar las casillas suficientes, no difundir ampliamente la consulta, y no promover la participación. También es posible que por la poca votación la reforma electoral que anunció enviará el lunes 11 a la Cámara de Diputados, se centre en la remoción de los once consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), incluido su presidente, Lorenzo Córdova, para suplirlos por quienes sean afines al proyecto de la Cuarta Transformación, no constituyan un contrapeso y no dificulten la permanencia de Morena en el poder a partir de 2024. El presidente del cambio seguramente se percató del desinterés que hay por participar en un proceso de revocación que está en marcha no porque la ciudadanía lo haya solicitado al INE sino porque a él le interesa políticamente ser ratificado en el cargo al cuarto año del sexenio, y por eso instó a sus funcionarios, su partido, sus gobernadores, diputados y senadores a promover la consulta aunque violen la ley. El 29 de marzo anunció que prepara una reforma electoral “para garantizar la democracia en México” e hizo hincapié en que llegó a la Presidencia después de luchar y padecer fraudes electorales (en alusión al 2006, cuando alegó un fraude que ni él ni su partido, el PRD, pudieron demostrar). A su decir será una reforma que va a garantizar que ya no haya jueces con actitudes tendenciosas en lo electoral y que no haya consejeros ni magistrados que no tengan vocación democrática. Por eso las nuevas autoridades del INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) van a ser elegidas en votación abierta por el “pueblo” de entre los candidatos que propondrán los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 20 ciudadanos de inobjetable honestidad cada uno. Empero pase lo que pase el domingo con la revocación en la que se están gastando millones de pesos del presupuesto federal para promoverla ilegalmente, nada va a cambiar en el país, solo el INE. El Presidente seguirá ejerciendo el poder absoluto hasta el 2024, persistirá el desabasto de medicamentos, la inseguridad, violencia y asesinatos, el nulo crecimiento de la economía, la pobreza, la construcción del Tren Maya y la Refinería de Dos Bocas, y las conferencias mañaneras, porque el que vote la mayoría a favor de que se quede no significa que haya un reconocimiento a su trabajo y al gobierno que encabeza. Lo único nuevo será el desmantelamiento del INE y el Tribunal Electoral para darles la conformación que quiere y conviene al inquilino de Palacio Nacional.
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Revocación secuestrada y prostituida políticamente
Rafael Cienfuegos Calderón La revocación de mandato, ejercicio de participación ciudadana directa que tendrá su primera versión el 10 de abril, está secuestrada y prostituida por la cúpula política en el poder: el Presidente de la República, el partido oficial, sus diputados y senadores, y quienes gobiernan 12 estados y la Ciudad de México. Ese es uno de sus dos más grandes problemas. El Otro es que no hay competencia política, el atractivo de toda elección, y por eso el desinterés de la ciudadanía. No hay más que quien quiere relanzar su gobierno mediante la revocación-ratificación, que se sabe, tendrá por resultado el sí mayoritario, que siga el Presidente, aunque los votos sean mucho muy inferiores a los más de 31 millones que recibió en 2018. La revocación del mandato no es una consulta cualquiera “es un arma otorgada a los ciudadanos, que solo ellos pueden activar a través de sus firmas y busca acabar con el mandatario en turno” (Ana María Olabuenaga, Milenio 28.03.2022). Empero la pidió el presidente del cambio y la transformación y la promovió su partido sin importarles violar la ley ni arrebatarle ese derecho político a los ciudadanos. Lo mismo sucede con las reglas que aprobaron diputados y senadores de Morena y rémoras, pues ya no quieren que sea el Instituto Nacional Electoral (INE) el único que haga la difusión. La organización del INE la boicotean el Presidente, Morena, sus gobernantes y las organizaciones partidista-ciudadanas que recabaron las firmas. Primero, no se asignó dinero para realizar un ejercicio democrático que por ley debería ser similar al de una elección presidencial, segundo, se acusó de antidemocrática a la autoridad electoral por oponerse a celebrar la revocación el día de la elección intermedia de 2021, tercero, que quienes se apoderaron del proceso de revocación quieren legalmente ocuparse de la propaganda, aunque lo hacen ya al margen de la ley con millones de pesos gastados en carteles y pinta de bardas. Haciendo como que no sabe que su partido y aliados aprobaron que el INE sea el encargado de la difusión, el Presidente pidió que las autoridades electorales analicen el decreto aprobado (al vapor) por el Congreso de la Unión para que los servidores públicos puedan hablar sobre la consulta, luego que trascendió que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declarará inaplicable ese decreto para reinterpretar la propaganda gubernamental. Señala la Constitución que toda reforma a las leyes electorales deberá hacerse 90 días antes del inicio de una elección y que la propaganda corresponde al INE. Y para determinar el triunfo o derrota del Presidente en la consulta hay tres datos a tomar en cuenta: uno, que en 2018 obtuvo 31.1 millones de votos de 56 millones 611 mil 027 emitidos en total; dos, que en la elección de 15 gobernadores y diputados federales de 2021, Morena obtuvo 16.7 millones; y tres, que las firmas recabadas para la consulta fueron 11 millones 141 mil 953. Cualquier resultado inferior será una irrefutable pérdida política y dejará al descubierto que popularidad no es símil de aprobación y que haber prostituido políticamente el proceso fue un error. Fuerzas Armadas controlan nuevo aeropuerto
Rafael Cienfuegos Calderón Gracias a la concesión que le otorgó el gobierno del cambio y la transformación la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) operará y administrará el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) durante los próximos 50 años a partir del 21 de marzo, con la posibilidad de que sean 100 o 150 y las utilidades (porque “es un negocio” dijo el Presidente) se destinarán en 75% a las jubilaciones de soldados y marinos. El anuncio lo hizo en marzo de 2020 el jefe máximo de las Fuerzas Armadas al tiempo que rechazó que el involucramiento de éstas (en el área aeroportuaria) implique dotar a la cúpula militar de un poder desmedido. Justificó que el Ejército se caracteriza por su honestidad y por haber resistido las políticas neoliberales. El 19 de agosto de 2021 la Sedena recibió de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) el título de la concesión para que tome el control de la terminal aérea desde el inicio de sus operaciones por 50 años con posibilidades de una o dos ampliaciones por el mismo lapso de tiempo a través de la empresa Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles S.A. de C.V. Luego, el 10 de febrero de este año el Presidente anunció que será la empresa Olmeca-Maya-Mexica, a cargo del mando castrense, la encargada de manejar el Aeropuerto Felipe Ángeles, además del de Chetumal, Tulum y Palenque, cuyos beneficios económicos conjuntos serán para la Secretaría de la Defensa en 75%, y será la responsable de mil 590 kilómetros de vía férrea del Tren Maya. Llama la atención que el presidente, que cuestiona a los gobiernos del neoliberalismo por haber favorecido a la “mafia del poder” económico, sea tan benevolente con las fuerzas armadas y deje en sus manos terminales aéreas civiles que se construyen con recursos públicos (73 mil millones de pesos en el caso del aeropuerto Felipe Ángeles, más los que se requieran para concluirlo y dejarlo al 100%). El nuevo aeropuerto que el lunes inicio operaciones con ocho vuelos sencillos en rutas domésticas de Volaris, VivaAerobus y Aeroméxico, y seis de viaje redondo el martes, contempla en una primera etapa ofrecer un servicio anual a 19 millones 500 mil pasajeros, cifra que indica la Sedena, superará al Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (AICM) y al Aeropuerto de Toluca. Según las estimaciones oficiales (Mario Maldonado, El Universal 22-03-2022) en su primer año el AIFA transportará a 2.4 millones de pasajeros y las operaciones se irán incrementando hasta llegar a 120 diarias y 5 millones de personas hacia 2026. En teoría, la terminal se planteó para mover como máxima capacidad a 20 millones de viajeros, aunque se ha mencionado que puede llegar a 80 millones. “Haiga sido como haiga sido” el presidente transformador se anotó el primer gran éxito de su gobierno con uno de sus “caprichos”, solo falta esperar que se cumplan las expectativas y que, como dijo, sea un negocio (rentable). ¿Conflicto de interés? ¿Pago de favores? ¿Difamación?
Rafael Cienfuegos Calderón Igual que como nada ocurre con el escándalo de la lujosa casa que habita José Ramón López Beltrán, hijo del presidente de la República, en Houston, en la que se da vida de rico, que se niega implique conflicto de interés pero que no se ha demostrado oficialmente que no, en el caso de la ampliación de concesiones otorgadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) al Grupo Vidanta para que aproveche playas en Nayarit y Jalisco, no hay prueba de que se trata de una difamación, como dijo el líder de la Cuarta Transformación. La cuestión es que el primogénito del presidente tiene estancia legal en Estados Unidos gracias a que obtuvo la visa para trabajar por gestión de la inmobiliaria KEI Partners, empresa fundada en Houston por Daniel Jesús Chávez Morán y Daniel Omar Chávez Morán, luego de que el gobierno del cambio amplió por 15 años el tiempo de la concesión para que el Grupo Vidanta, consorcio turístico propiedad de Daniel Chávez Morán (padre), ocupe una playa y le otorgó el permiso para construir un teleférico sobre el río Ameca, que conectará dos megaproyectos suyos en Jalisco y Nayarit. La sospecha de que se trata del pago de favores entre el presidente y un empresario amigo y asesor, cuyos hijos (Daniel Jesús y Daniel Omar) facilitaron la estancia del primogénito (José Ramón) en Houston, luego de que el emporio turístico de su padre fuera favorecido, deriva de la investigación de Vanessa Cisneros y Mauricio Rubí, de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) hecha pública el 16 de febrero. La ampliación de la concesión y el permiso fueron otorgados por la Semarnat en 2020, año en el que el hijo del presidente obtuvo la visa para trabajar en Estados Unidos y entró en vigor la concesión de uso de playa que se amplió hasta 2035. De acuerdo con la prórroga de la concesión DGZF-508/05, se permite a Desarrollo Marina Vallarta SA de CV, empresa del Grupo Vidanta, utilizar 84 mil 447 metros cuadrados de playa, considerada zona federal, en el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, para uso de muro de contención, palapas, albercas, áreas verdes, restaurante, y para realizar eventos y actividades sociales, culturales, deportivas y recreativas en general. De acuerdo con los registros, dice la investigación, Desarrollo Marina Vallarta SA de CV está conformado por los hoteles Sea Garden, Grand Luxxe y Celebrate Park, cuyos socios son Daniel Jesús Chávez Morán y Daniel Omar Chávez. Una segundo ampliación de concesión, fue otorgada para playa Boca de Tomates de Puerto Vallarta, Jalisco, y una tercera para una superficie de más de mil metros cuadrados en Playa Diamante de Acapulco, Guerrero. El 21 de octubre del 2020 las empresas Desarrollo Inmobiliario Marina Vallarta y RGL Arrendadora de Inmuebles, obtuvieron un permiso de la Semarnat para ampliar el Mayan Palace Regency del Desarrollo Mayan Palace East Cape, en los Cabos, Baja California Sur. Y en junio de ese año Daniel Chávez Moral fue nombrado por el presidente su representante en la supervisión del tramo del Tren Maya que atraviesa la Riviera Maya, en donde Grupo Vidanta también tiene un conjunto de hoteles que serán beneficiados con la obra ferroviaria. Hacer las cosas mal implica un cambio
Rafael Cienfuegos Calderón “Según López Obrador dice que primero los pobres, pero sus decisiones a los que más afectan son a nosotros, los que estamos amolados”. “Todo lo que ha quitado, el Seguro Popular, las Estancias Infantiles y ahora la Escuela de Tiempo Completo, nos ha afectado”. “Hacen las cosas sin pensar en los que estamos fregados y habitamos en zonas marginadas donde vive mucha gente jodida”. “Ahora las madres que trabajamos gracias al horario de salida de las cuatro de la tarde de las escuelas de tiempo completo que van a desaparecer, estamos en la disyuntiva de atender a nuestros hijos o ganarnos el sustento, pues habrá que recogerlos ahora a las 12:30 horas”. “Niñas y niños ya no recibirán los alimentos del desayuno y la comida, lo que era de gran ayuda ante el poco ingreso de los trabajos informales”. Estas son expresiones de gente del “pueblo” enojada, preocupada, desesperada, desilusionada, defraudada y desesperanzada porque el gobierno del cambio, por decisión del presidente de la transformación, le quitará el presupuesto a las Escuelas de Tiempo Completo del Programa “La escuela es nuestra” de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para, según la secretaria Delfina Gómez, destinarlo a dotar de agua, drenaje y sanitarios, a muchas escuelas ¿cuántas? que carecen de ellos en comunidades lejanas de Chiapas, Yucatán y Oaxaca, y necesitan mejoras en infraestructura. Es entendible que se tengan que atender los centros educativos que están en malas condiciones, pero no lo es que como parte de las políticas públicas el gobierno cancele un programa socioeducativo para destinar el dinero que tenía asignado al de infraestructura. ¿Acaso por austeridad no se incluyó ese gasto en el presupuesto de egresos de 2022? ¿Por qué se afecta a más de 3 millones 500 mil niñas y niños y no se recorta el excesivo gasto del Tren Maya o la refinería de Dos Bocas? El Programa de Escuelas de Tiempo Completo fue reconocido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), porque asegura una mejora en el aprendizaje y la calidad educativa, y contribuye a la alimentación de alumnas y alumnos. Y con carencias en servicios básicos y aun con pandemia, las clases presenciales se están normalizando con 207 mil 46 planteles de educación básica operando y la asistencia de 22 millones 435 mil 93 escolares y un millón 891 mil 682 docentes. Reforma electoral para completar la transformación
Rafael Cienfuegos Calderón En opinión de Martí Batres “a México le falta un órgano electoral imparcial, que no milite a favor de ninguna fuerza política y, sobre todo, que no milite a favor de ningún proyecto económico privatizador de las élites” (El Financiero 28-02-2022). Argumenta que para completar las transformaciones democráticas e igualitarias de la etapa actual se hace necesaria la reforma del órgano electoral -el Instituto Nacional Electoral (INE)- porque (acusa) quienes lo dirigen son militantes del PRIAN (PRI y PAN), lo que explica la beligerancia, la pasión y hasta a veces la virulencia de Lorenzo Córdova (presidente) y Ciro Murayama (consejero). Son militantes, no son funcionarios institucionales. Son partidarios de un proyecto, no son personajes imparciales. Para ellos, la victoria de la izquierda en el 2018 es sólo una distorsión del modelo de los 90. Batres, militante de Morena, senador con licencia, actual secretario de Gobierno de la Ciudad de México y posible sucesor de Claudia Sheinbaum, parece tener la idea de que la reforma de ley que presentará el presidente al Congreso de la Unión permitirá crear una vez que sea aprobada por diputados y senadores morenos, del Trabajo y Verde, y por los de otros partidos que se dejen convencer, un nuevo órgano imparcial y apartidista diferente a lo que es el INE. Sin embargo, por la campaña sucia del Presidente y su partido en contra de la actual autoridad electoral, hay la sospecha de que el propósito de fondo del cambio es quitarle la autonomía a esa institución ciudadana y controlarla con consejeros afines al gobierno del cambio para pavimentar el camino a la candidata o el candidato elegido para que gane la contienda por la presidencia de la República en 2024. Esa elección es vital para el Presidente porque de ella depende la continuidad de su proyecto personal de transformación y si ve en el actual INE y sus consejeros un obstáculo, es seguro ¿alguien lo puede dudar? que buscará a toda costa controlarlo y convertirlo en comparsa, como señala Batres que lo fueron la Comisión Federal Electoral, con el PRI como partido de Estado, el Instituto Federal Electoral (IFE) y actualmente el INE, con el pacto bipartidista PRI-PAN. La reforma del presidente del cambio y la transformación, según Batres, buscará que el órgano electoral ya no sea oneroso ni que esté comprometido con el bloque político-económico promotor de las privatizaciones de las empresas públicas y de la oligarquización de la sociedad ni que esté sujeto al control de ninguna fuerza política. Pero el plan que se atisba por parte del Presidente, alinearlo con el proyecto de la Cuarta Transformación, lo contradice. Notimex: dos años en huelga
Rafael Cienfuegos Calderón La huelga de Notimex (Agencia de Noticias del Estado Mexicano) que estalló el 21 de febrero de 2020 es un conflicto laboral que no se resuelve porque al gobierno del cambio no le importa. No escucha, después de dos años, las demandas de reporteros, corresponsales, correctores, editores y administrativos sindicalizados, pero, en cambio, organizó y promovió, en evidente violación a la autonomía sindical, la elección del líder de trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex). Días previos al estallido de la huelga del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex (SutNotimex) por desacuerdos en la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo y violaciones al contrato vigente y despidos de personal por parte de la directora Sanjuana Martínez, el presidente transformador dijo: “estos movimientos son un derecho de los trabajadores” y “no hay que tenerle miedo a la huelga”; instó a las partes a buscar el diálogo, confió en que el litigio lo habrá de resolver la autoridad laboral, y afirmó "no soy fifí”, no puedo ir en contra de los trabajadores ni dar instrucciones para perjudicarlos; ese 29 de enero de 2020 Jesús Ramírez, titular de Comunicación Social de la Presidencia, recibió la orden de intervenir como árbitro en el conflicto. Antes, el 19 de julio de 2019, ante las protestas por los despidos injustificados, la directora de la agencia de noticias dio a conocer que son parte de la política de austeridad. En conferencia, dijo que la plantilla se redujo 27%, luego del memorándum que envió el presidente López Obrador el 3 de mayo para aplicar medidas de austeridad y no permitir duplicidad de plazas. Y mientras la huelga persiste, en actitud contraria a la apatía que tiene con los sindicalizados de Notimex, el 1 de febrero reciente el Presidente se felicitó porque por primera vez en la historia se llevó a cabo en el sindicato petrolero una elección con la participaron mayoritaria de los trabajadores, y porque ya no hay sindicatos al servicio del gobierno ni candidatos favoritos, como en el pasado. Pero también, por primera vez, hay que destacar, un gobierno interviene pública y directamente en la vida interna de un sindicato al organizar la elección del líder y habilitar a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) el Sistema Remoto de Votación Laboral (Sirvolab) para el registro y la votación. Y no solo eso, para “garantizar” el voto libre de los petroleros y evitar fraude, el Presidente hizo, por primera vez en Palacio Nacional, una pasarela con las y los más de 20 aspirantes involucrándose personalmente en un evento exclusivo de los trabajadores de una empresa del Estado mexicano, mientras que en el caso de Notimex, también entidad del Estado, es indiferente no obstante el fracaso de las secretarias de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y del Trabajo, Luisa María Alcalde, y el vocero presidencial Jesús Ramírez, en las pláticas para resolver la huelga. En este momento la relación laboral está rota y los temas pendientes son la demanda de incremento salarial y prestaciones, los despidos de trabajadores y el pago de salarios caidos. Los trabajadores reclaman al Presidente su intervención para que cesen el hostigamiento judicial contra los representantes sindicales, la violación de los derechos laborales y humanos, y que haya solución. Declaración de guerra
Rafael Cienfuegos Calderón El Presidente se está embrollado con un asunto que daña y debilita su investidura y del cual posiblemente no saldrá bien librado. El pleito que mantiene desde que asumió el cargo con periodistas, medios de comunicación, columnistas y líderes de opinión que cuestionan sus actos y las acciones del gobierno, que bautizó del cambio, en lugar de “exaltar” lo que dice en las conferencias, el “combate” de la corrupción por la que hubo que desmantelar instituciones, el “beneficio” para el desarrollo del país y el bienestar de la gente de las magnas obras con las que la Cuarta Transformación quiere dejar huella, y los “esfuerzos” por pacificar al país con “abrazos, no con balazos”, lo hace ver como un gobernante intolerante, necio, autoritario y vengativo que está en contra de las libertades que ofrece la vida en democracia. El lunes 14, el pleito contra el periodismo, a decir de Javier Tejado Dondé (El Universal, 15-02-2022), escaló a niveles inimaginables. Luego de que el viernes anterior exhibió los supuestos ingresos económicos del periodista Carlos Loret de Mola, sin explicar cómo los consiguió (¿en venganza porque hizo pública la vida de rico de su primogénito?-, el Presidente pidió al Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) una investigación para conocer la procedencia del dinero que gana no solo el comunicador sino también su esposa, pero, además, adelanto lo que hará para enfrentar a la prensa que considera enemiga. Tejado Dondé lo sintetiza así: 1) publicará las propiedades (bienes) de periodistas y dueños de medios de comunicación, lo que significa usar tanto al Sistema de Administración Tributaria (SAT) como a los registros públicos de la propiedad; 2) buscará que el INAI pida y entregue información de salarios de comunicadores, a pesar de que éstos no son funcionarios públicos, ni su ingreso viene del gobierno; 3) buscará concesionar todos los medios de comunicación -no nada más la radio y la TV- para que los impresos y las redes sociales tengan obligación de transparentar recursos y salarios de periodistas. Para materializarse, estos tres puntos requieren de profundos cambios legales, incluso a nivel constitucional, y parece que ha dado la señal para que legisladores de la 4T avancen en su redacción; y 4) dejar ver que quienes simpatizan con él son más que los que acuden a redes sociales o publican columnas. A todas luces lo anterior es desde su anuncio una declaración de guerra por parte del jefe del Poder Ejecutivo contra quienes en el libre ejercicio de la libertad de prensa y de expresión cumplen con el compromiso de mantener informada a la sociedad, y cuya tarea y razón de ser es cuestionar los actos de gobierno, no aplaudirlos. Nada para la novel democracia mexicana
Rafael Cienfuegos Calderón La incipiente democracia mexicana vivirá el 10 de abril un hecho que de no haberlo pervertido políticamente sería histórico. El proceso de revocación de mandato, por el contrario, quedará marcado como el “pretexto” democrático a través del cual los ciudadanos decidirán la permanencia del presidente del cambio y la transformación en lugar de votar porque deje o no el cargo. Así la revocación se convierte de facto en una ratificación de mandato, que es lo que quiere el Presidente. Él decidió someterse a juicio popular, él envió a la Cámara de Diputados la iniciativa de Ley de Revocación de Mandato, y él es quien la promueve como ejercicio democrático de participación ciudadana, pervirtiendo el proceso y quitándole al “pueblo” que lo quiere, que lo cuida, que lo apoya, que manda y entre el que es muy popular, el derecho de solicitar la revocación de un gobernante al Congreso. Y la pregunta, que no es una sino dos, desvirtúa y pervierte más el proceso. En la boleta los participantes leerán ¿Estás de acuerdo en que a Andrés Manuel López Obrador, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de confianza o que siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo? Alfonso Pérez Daza, catedrático de la UNAM dice en El Universal (09-02-2022) que la naturaleza de una revocación de mandato es que el pueblo ejerza su soberanía para destituir del cargo a un funcionario público antes de que concluya el periodo de su mandato y que la tradición jurídica señala que la ciudadanía es la que solicita que se inicie el proceso. Contrario a ello, en este caso fue el Presidente quien promovió a través de su partido político el inicio del proceso de revocación, no porque quiera dejar anticipadamente el poder, sino porque calcula que es prácticamente imposible que salgan a votar en su contra más del 40% de los inscritos en el Listado Nominal, más de 37 millones de mexicanos. Considerando los antecedentes de poca participación ciudadana en los procesos democráticos de voto directo, y conociendo que siempre hay alto abstencionismo, sabe el Presidente que no se alcanzará el porcentaje requerido para que le revoquen el mandato. En este contexto ¿qué va a aportar a la novel democracia ese proceso que costará más de mil 700 millones de pesos, en el que se calcula, de acuerdo a las encuestas, votarán de 13 a 17 millones en más de 57 mil casillas, que no las 164 mil que se requieren para equipararse a una elección de Presidente de la República, como lo establece la Ley de Revocación de Mandato? Nada. Lo que sí es seguro, es que más del 90% ratificará al Presidente y que éste, empoderado, arreciará su campaña sucia contra el Instituto Nacional Electoral (INE) al que pretende sustituir por un órgano apéndice del gobierno mediante la reforma política que prepara. Educación superior y universidades “patito”
Rafael Cienfuegos Calderón El gobierno de la transformación le apuesta a la “mediocridad” de la educación superior con la improvisación de 140 sedes de las Universidades para el Bienestar que preparan profesionistas para atender las necesidades y problemas de las zonas marginadas del país. Estas universidades “patito”, porque la mayoría carece de registro y la validez de planes de estudio no está plenamente acreditada, recibirán este año, no obstante, un presupuesto de mil 89 millones de pesos. La calidad de la educación y la excelencia académica es lo de menos. A la 4T lo que le importa es dar cabida sin examen de admisión a los jóvenes que quieran estudiar una licenciatura tengan buena, regular o mala calificación previa. ¿Para qué impulsar instituciones de educación superior de reconocido prestigio nacional e internacional como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad de Guadalajara (UdeG) o el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) si las universidades del gobierno del cambio recibe a quienes no aprueban el examen de admisión en instituciones públicas, son 100% gratuitas y otorgan becas? Dice su líder que la Cuarta Transformación está democratizando la educación superior (¿aunque sea mediocre?) y por eso seguirá con la apertura de más planteles (la meta del sexenio son 200). Ese proyecto de educación puede ser responsable, por improvisado, de la formación de profesionistas preparados ideológicamente pero con deficiencias de conocimientos para responder a las exigencias del mercado de trabajo, que los pondría en riesgo de incorporarse al ejército de desempleados; en consecuencia, habrá nuevas generaciones de jóvenes defraudados, frustrados y resentidos. Y como para la improvisación no hay límite, es posible que en la visión de María Elena Álvarez-Buylla, directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), enemiga de la “ciencia neoliberal”, este la idea de abrir en esas universidades posgrados y evitar que los egresados caigan en la tentación de estudiar una maestría o doctorado en alguna institución del extranjero porque “eso es como comer comida chatarra”. La evaluación que hizo el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) al programa 100 Universidades para el Bienestar Benito Juárez García en 2019, destaca que no todos los planes de estudio tienen certificación y validez oficial, falta de documentación del procedimiento para ejecutar obras en las sedes educativas, y poca claridad en los criterios para asignar más de 75% del presupuesto a los proyectos. |
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Rafael CienfuegosRafael Cienfuegos Calderón cursó la carrera de Periodismo y Comunicación Colectiva en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y se inició como reportero en 1978. Se ha desempeñado como tal en el periodismo escrito, principalmente, y ha incursionado en medios electrónicos (Canal Once Tv) y en noticieros de radio como colaborador. Archives
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