La vieja y nueva Suprema Corte a decir de un lacayo de la 4TRafael Cienfuegos Calderón
El coordinador de Política y Gobierno de la Presidencia, ministro retirado y expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, “escupe para arriba y la saliva le cae en la cara”. Dice que la actual Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fue autocomplaciente y confundió independencia con militancia partidista, que se refugió en alianzas con grupos opositores y convirtió la “defensa de la democracia” en un pretexto para frenar transformaciones con respaldo popular, y que dejó de ejercer su papel como tribunal constitucional para jugar un rol de oposición política, generando desconfianza y alejándose de las causas de la gente. Las conjeturas de Zaldívar (Milenio, 26-08-2025) dan pie para cuestionar su rol como presidente de la Corte, pues en los últimos seis años se puso de “tapete” del Poder Ejecutivo. Fue instrumento para tratar de prolongar dos años -al 2024- la subordinación del máximo órgano de justicia y salvar posibles conflictos por la elección presidencial. Eso no prosperó y renunció. Norma Piña lo sustituyó y por hacer valer la división de poderes fue atacada, calumniada y señalada como enemiga del gobierno y de quien lo encabeza. Zaldívar juzga que la Corte dejó de ejercer como tribunal constitucional para jugar un rol de oposición política, contrario al subordinamiento que mostró ante el poder. Como integrante de esa Corte -diciembre de 2009 a noviembre de 2023- el hoy “arribista” de la Cuarta Transformación y empleado de la Presidenta se cura en salud y olvida que fue cómplice y solapador de abusos legislativos y presidenciales. Ahora con juzgadores electos Zaldívar anhela que la Corte deje de ser un reducto cerrado de élites, sea una institución abierta, plural y responsable que no recele el cambio social y entienda que su función es acompañar el proceso democrático -¿el de la 4T?-, garantizar los derechos y la vigencia de la Constitución. La nueva Corte -opina- habrá de construir legitimidad a partir de las sentencias; “la legitimidad judicial no se consolida con votos, sino con argumentos”. Deberá demostrar capacidad para decidir con rigor técnico, imparcialidad y transparencia, ofreciendo razones persuasivas y resolviendo conforme a hechos y pruebas, no prejuicios ni ocurrencias. Tiene que afirmar su independencia con razonamientos, calidad de pruebas, capacidad de juzgar y sin presiones ni complacencias, mostrar que no será rehén del cálculo político -con la Presidenta y Morena encima ¿cómo?- sino un tribunal imparcial que decida en función del derecho y la justicia. Desarrollar una jurisprudencia capaz de afianzar los derechos sociales como vivienda, salud, trabajo educación y alimentación, y consolidar un marco constitucional de verdadera igualdad sustantiva, es su reto. Una Corte legítima deberá hablar el lenguaje de la gente, explicar sus decisiones con claridad, abrirse al escrutinio público y generar canales de comunicación que hagan de la justicia un proceso transparente y comprensible -¿por eso va a sesionar en plazas públicas? Ante todo, ser una Suprema Corte al servicio del pueblo, que no se deba a una élite política o económica. Que escuche y defienda los reclamos de igualdad y dignidad de todos los mexicanos. ¡Vaya curva de aprendizaje que iniciarán el lunes los novatos juzgadores!
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La prisión preventiva quita la libertad a milesRafael Cienfuegos Calderón En el país hay quienes son culpables de un delito comprobado y están libres sin ser molestados por las autoridades encargadas de proteger, dar confianza y alejar a la población de riesgos y peligros. También hay miles de hombres y mujeres recluidos en cárceles deplorables a causa de la prisión preventiva oficiosa cuya aplicación se intensificó a partir de 2024. Cualquier ciudadano y gente del “pueblo” puede ser privado de la libertad e ir a prisión por el simple hecho de ser “señalado” como presunto delincuente, su culpabilidad o inocencia no importa. Puede estar en prisión meses o años en tanto no se lleve a cabo su juicio y se dicte sentencia. Así ordena la reforma constitucional de 2024 en materia penal -prisión preventiva oficiosa- del gobierno transformador, que en lugar de aminorar la tipificación de los delitos los ha ampliado. La población está indefensa ante la arbitrariedad. No hay garantías ni derechos ante el poder otorgado a las autoridades para encarcelar sin respeto a la presunción de inocencia. Ese instrumento del punitivismo que rompe cualquier alegato sobre el presunto respeto a los derechos humanos sirve, por supuesto, políticamente. Para presumir que “algo” se está haciendo en seguridad (Carlos Puig, Milenio, 19-06-2025). La reforma al artículo 19 de la Constitución (13-11-2024) establece que el juez ordenará la prisión preventiva oficiosa contra alguien que sea “señalado” por abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, extorsión, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción por enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo a transporte de carga, robo de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, desaparición forzada de personas y cometida por particulares, violencia con armas y explosivos, uso de armas exclusivas del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, atentar contra la seguridad de la nación, la salud, el libre desarrollo de la personalidad, contrabando, falsear comprobantes fiscales, introducción, desvío, producción, preparación, enajenación, adquisición, importación, exportación, transportación, almacenamiento y distribución de precursores y sustancias químicas esenciales para drogas sintéticas y fentanilo. Por alguno de estos delitos -real o inventado- hay 97 mil 710 personas en prisión sin sentencia, de un total de 248 mil 361 personas privadas de la libertad en 275 centros de reclusión estatales y federales cuya capacidad es para 224 mil. Hay sobrepoblación de 23 mil 855 personas y desde que la presidenta Claudia Sheinbaum asumió el poder se ha encarcelado a 13 mil a causa de la prisión preventiva (datos del más reciente informe del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social, Carlos Puig, Milenio, 07-08-2025). Así la impartición de la justicia en los tiempos estelares de la Cuarta Transformación. Reparto de dinero contra la pobrezaRafael Cienfuegos Calderón Verdad: Quienes actualmente son pobres nacieron en familias pobres que como sus antecesores fueron pobres y forman parte del llamado “círculo vicioso de la pobreza”. Mentira: Los programas sociales permiten que las personas que los reciben tengan mejores ingresos y que salgan de la pobreza. Verdad: en México más de 50 millones de personas no tienen acceso a los servicios de salud. Mentira: México tiene un sistema de salud mejor que el de Dinamarca y atiende a toda la población. Las verdades y mentiras son tema puesto que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informará en unos días sobre el estado de la pobreza y pobreza extrema en el país. En el gobierno de la “continuidad con cambio” están entusiasmados en espera de que los resultados del último trabajo del extinto Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) desde 2022, muestren una baja. Ello -dicen- por el impacto que tiene en el ingreso de las familias el dinero que se reparte con los programas sociales, aunque en realidad solo ayuda a sobrevivir con un poco menos de pobreza. Pero, a la vez, deben estar inquietos por lo que se revele en cuanto a los rezagos en salud, educación, calidad, espacios y servicios básicos de la vivienda, seguridad social, y alimentación nutritiva y calidad, que impactan en el nivel de pobreza. Las pensiones y becas de los programas sociales han servido para incentivar el consumo interno y que la gente menos favorecida económicamente pueda adquirir algunos productos básicos, pero no alcanzan para acabar con el círculo vicioso de la pobreza. Quienes son pobres en la actualidad, nacieron en familias cuyas cabezas también nacieron pobres al igual que sus antecesores, y si aunque por el dinero que reciben bimestralmente han logrado amainar sus carencias, seguirán siendo pobres si tienen alguna carencia social. El mayor rezago de la población, en general, y de los pobres y pobres extremos, en particular, es el de acceso a la salud. La encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2024 del Inegi -30-07-2025- reveló que las familias gastaron en promedio trimestral mil 605 pesos en la atención y cuidado de la salud; en 2018 el monto fue de mil 136 pesos. En el sexenio anterior el gasto en salud se incrementó 41%. La medición del gasto de bolsillo permite evaluar la capacidad de los sistemas de salud para cubrir las necesidades de la población y los costos pagados por las familias en consultas médicas, hospitalizaciones, vacunas, fármacos y otros insumos o servicios. De acuerdo con el Coneval, México duplicó la población que enfrentó carencia de servicios de salud al pasar de 20 millones 100 mil personas en 2018 a 50 millones 400 mil en 2022. Claudia Maldonado, investigadora académica del Coneval, precisa que a pesar de que hay una recuperación del ingreso, tenemos una permanencia notable de las carencias sociales. ATISBOS El gobierno de la 4T oculta despilfarro al “pueblo”Rafael Cienfuegos Calderón
Concebidas para convertirse en obras emblemáticas del primer gobierno de la transformación y perdurar, el Aeropuerto Felipe Ángeles, el Tren Maya y la refinería Olmeca de Dos bocas están convertidas en elefantes blancos a los que en un intento porque generen algún beneficio y avancen les inyectan diariamente dinero público vía subsidios. Su fracaso como negocios del Estado mexicano es evidente. Son financieramente inviables y hoy el tren y la refinería requieren más inversión pública para que queden terminados al 100%, independientemente del costo y sobrecosto que registran desde su inicio. Son un fracaso porque el aeropuerto de Santa Lucía no es de primer mundo ni podrá sustituir al de la Ciudad de México en la movilidad de pasajeros, el tren no avanza hacia el desarrollo económico del sureste del país, y la refinería no produce gasolina y diésel en los volúmenes previstos ni contribuye a la autosuficiencia energética Contrariamente son una sangría para la economía, que no crece. Inexplicable es que pese a ser negocios improductivos se les sigua otorgando presupuesto cada año. Además, su costo real, con la ampliación de los gastos que se les ha autorizado se desconoce porque están protegidos -o séase, están ocultos-. Son miles de millones de pesos los que se han despilfarrado y el gobierno no quiere que el “pueblo” se entere. El anterior gobierno declaró las megaobras asunto de interés público y “seguridad nacional”, por lo que el aeropuerto y el tren que son administrados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la refinería a cargo de Petróleos Mexicanos (Pemex) están en absoluta opacidad, sin rendición de cuentas. Fue en 2021 cuando el expresidente protegió –ocultó la información- de todas las obras en comunicaciones, telecomunicaciones, aduanas, fronteras, hidráulicas e hídricas, medio ambiente, turísticas, salud y vías férreas, lo que impide conocer en detalle contratos y costos. Luego, para oficializar la opacidad, en mayo de 2023 emitió un decreto sobre la construcción y operación de proyectos de la 4T y lo publicó en el Diario Oficial. De la Federación. Quedaron blindados contra el escrutinio público: la construcción, funcionamiento, mantenimiento, operación, espacios, bienes de interés público, ejecución y administración de la infraestructura de transportes, de servicios y polos de desarrollo “para el bienestar” y los aeropuertos de Palenque, Chetumal y Tulum. El documento especifica que la “seguridad nacional” debe entenderse “desde una perspectiva estratégica, porque intentará anticiparse a los riesgos y amenazas; amplia, porque buscará amparar a la totalidad del conjunto social; transversal, porque involucrará a las instituciones y a los sectores nacionales que deban participar en su gestión; e integral, porque estará supeditada a una sola doctrina y estrategia. Es decir, se debe garantizar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado democrático, así como un desempeño de gobierno ético y transparente, al mismo tiempo que fortalecer un modelo de seguridad con profundo sentido humano” (Carlos Marín, Milenio, 08-05-2025). |
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Rafael CienfuegosRafael Cienfuegos Calderón cursó la carrera de Periodismo y Comunicación Colectiva en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y se inició como reportero en 1978. Se ha desempeñado como tal en el periodismo escrito, principalmente, y ha incursionado en medios electrónicos (Canal Once Tv) y en noticieros de radio como colaborador. Archives
August 2025
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