Menos libertades ¿por seguridad?Rafael Cienfuegos Calderón
Por incapacidad para pacificar al país, superar la inseguridad, frenar la delincuencia y violencia criminal que dejaron casi 200 mil asesinatos el sexenio pasado y 21 mil en nueve meses del actual, legisladores progobiernistas aprobaron leyes que violentarán libertades fundamentales de la población si se abusa de ellas. Y hay evidencias de que así será. Durante siete años los gobiernos de la Cuarta Transformación, su partido y legisladores han reformado en exceso la Constitución en detrimento de derechos e intereses comunes aprovechando el poder que ostentan. De ahí los cuestionamientos: ¿”Pueblo” y ciudadanos tendrán menos libertades? ¿Vivirán indefensos bajo vigilancia del ojo avizor de las fuerzas del orden público? ¿Se violenta el derecho a la vida privada? La presidenta Claudia Sheinbaum jura y perjura que no. Pero sus simples dichos no son garantía. ¿Cómo confiar en que las atribuciones otorgadas a Ejército, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Centro Nacional de Inteligencia con las nuevas leyes no transgredirán los derechos de privacidad y libertad ahora que el espionaje masivo es legal? El día 2 diputados del oficialismo aprobaron la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión que desaparece el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y crea la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) y la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT). Esta comisión normará las telecomunicaciones y la radiodifusión como servicios públicos de interés general y podrá suspender las transmisiones de medios de comunicación (radio y televisión) que violen los derechos de las audiencias. Los senadores aprobaron el mismo día la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública para integrar un sistema de interconexión de datos públicos y privados a los que tendrán acceso las instituciones de seguridad. La primera ley establece los mecanismos de coordinación y colaboración entre instituciones y autoridades en prevención, investigación y persecución de delitos. Subordina las acciones de investigación e inteligencia a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y permite a las instituciones de seguridad la interconexión, acceso, consulta e integración de la información contenida en las bases de datos y registros públicos y particulares de la Plataforma Central de Inteligencia. Esta plataforma, a cargo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) estará interconectada a los sistemas de inteligencia de las instituciones de seguridad y a los registros y bancos de información en posesión de instituciones públicas y privadas. Incluye a particulares que tengan sistemas de inteligencia, bases de datos y registros administrativos vehiculares y de placas, biométricos, telefónicos, fiscales de personas morales, de la propiedad y el comercio, catastros, de armas de fuego aseguradas o decomisadas y prestadores de servicios de seguridad privada. Además, comprende los padrones de personas detenidas y sentenciadas, de servicios financieros, bancarios, de transporte, salud, telecomunicaciones, empresariales, comerciales, y “todos aquellos de donde se pueda extraer información, indicios, datos y pruebas para la generación de productos de inteligencia para la prevención, investigación y persecución de delitos”. La segunda ley crea un Sistema Nacional de Información integrado por registros y bases de datos que permitirán a las instituciones de seguridad su consulta e interconexión. Las instituciones policiales, de procuración de justicia y penitenciarias, y los Centros de Comando y Control podrán compartir, actualizar y consultar diariamente la información que “se clasificará como reservada” sobre detenciones, indagación criminal, personal de seguridad, equipo, armamento, medidas de protección y personas sentenciadas. Saquen sus conclusiones.
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La Presidencia quiere controlar la informaciónRafael Cienfuegos Calderón
La Conferencia del “Pueblo” de la presidenta Claudia Sheinbaum heredó el ejército de youtubers, blogueros y plataformas digitales que creó la Coordinación General de Comunicación Social de la pasada Presidencia de la República y lo mantiene activo porque permite el lucimiento con preguntas a modo y que el gobierno difunda lo que le interesa. Evitar incomodar a quién gobierna es la tarea asignada. Con ese modus operandi lo que exponen en la mañanera la Presidenta y sus invitados tiene resonancia en los llamados medios de comunicación alternos que están a su servicio, aunque informativamente carezca de interés periodístico. Porque por mucho que sea la Presidenta quien ofrece la conferencia lo que informa y declara no siempre es trascendente y en ocasiones choca con la realidad que se vive. A ello obedece que los temas de la mañanera no se publiquen siempre en las primeras planas de los diarios ni sean de apertura en noticieros de radio y televisión y que tengan que competir con información de impacto que se generan en otro ámbito. Indefectiblemente si se habla de inseguridad y violencia la respuesta es que delitos, homicidios y feminicidios van a la baja, que se detiene a integrantes del crimen organizado y decomisan fentanilo y otras drogas; si es de economía, que todo va bien y descalifican los pronósticos a la baja de organismos internacionales; si es de salud, que el programa Medico en tu casa está en marcha y se trabaja en el abasto de medicamentos; si es de Trump, que hay que mantener la calma. Nada nuevo. Nada de interés. Nada que repercuta para la solución de los múltiples problemas que hay en el país. Hay indicios de que a la poca o limitada difusión de lo que se dice en la mañanera –salvo, claro, la amplitud que tiene en los medios de comunicación comodines- obedecen los 30 nuevos lineamientos que emitió la Coordinación de Comunicación Social de la Presidencia para regir la conferencia.Los puntos 28 y 30 son polémicos y preocupantes. El primero porque advierte que “se verificará que la información que se genere sea difundida y se vea reflejada en materiales periodísticos, a través de las plataformas, canales o impresiones de los medios convencionales y alternativos”. Acaso va a suplir a los editores de los medios que son quienes valoran y jerarquizan la información para determinar qué se publica y qué no o hasta arrogarse el derecho y la atribución de manejar la política editorial de los medios. El segundo porque constituye una amenaza. La “transgresión” de cualquiera de los lineamientos será causa de sanciones: cancelación temporal o permanente de la acreditación del reportero o el medio de comunicación. Y eso que no hay autoritarismo. |
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Rafael CienfuegosRafael Cienfuegos Calderón cursó la carrera de Periodismo y Comunicación Colectiva en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y se inició como reportero en 1978. Se ha desempeñado como tal en el periodismo escrito, principalmente, y ha incursionado en medios electrónicos (Canal Once Tv) y en noticieros de radio como colaborador. Archives
August 2025
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