Rafael Cienfuegos Calderón
 
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) cuya presidenta, Rosario Piedra Ibarra, es incondicional del jefe del gobierno federal y adepta de la cuarta transformación, tiene “otros datos” oficiales que confirman que las fuerzas armadas sí reprimen, sí torturan y sí desaparecen personas en agravio del “pueblo” y desmienten lo dicho en el Quinto Informe de Gobierno.
 
Igual que en las conferencias mañaneras, en su último informe el presidente (que afirma no miente) dijo medias verdades y falseó la realidad al  expresar en Campeche el 1 de septiembre: “Ahora no se reprime al pueblo, no se ordenan masacres, no hay tortura, no se desaparece a nadie, no se tolera la violación de los derechos humanos”.
 
Ante la Comisión se han interpuesto mil 588 denuncias contra miembros del Ejército en lo que va del gobierno del cambio y 31 concluyeron en una recomendación al acreditarse faltas graves por actos de tortura, detenciones ilegales o arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales.
 
Si tiene conocimiento de esos datos que forman parte de carpetas que debería estar investigando la cooptada Comisión que perdió autonomía con la llegada de la transformación (¿?), el presidente incurre en omisión, ocultamiento de información y falsedad  de declaraciones.
 
Pero si desconoce esos datos oficiales su situación es preocupante porque implica que le están ocultando información y/o lo engañan, de ahí que en el Informe rendido haya asegurado tras encomiar las labores de las Fuerzas Armadas que a diferencia de lo que sucedía en otros sexenios, en este se ha demostrado que sus integrantes no se encargan de reprimir, torturar o desaparecer a la población.
 
“En vez de militarizar al país como sostienen nuestros opositores, estamos dejando de manifiesto que los marinos y los soldados son pueblo uniformado; servidores públicos ejemplares; trabajadores leales y patriotas.
 
Si bien el número de quejas (mil 588) es bajo en comparación con los  sexenios de Calderón (cuatro mil 483) y Peña Nieto (dos mil 435), no significa que las fuerzas castrenses hayan cambiado su forma de operar. De acuerdo con un informe de la plataforma Seguridad Ciudadana: La vía civil (El Financiero, 01-09-2023) del total de personas detenidas por el Ejército entre diciembre 2018 y el mismo mes del 2021, 30% padecieron alguna forma de violencia como golpes con manos, objetos o contra la pared o el piso, y 12% sufrió asfixia o lesiones causadas por descargas eléctricas, quemaduras, cuchillos, armas de fuego y golpes en los genitales.
 
Entre el 26 y el 27 de febrero circuló información en redes sociales sobre la muerte de cinco jóvenes y uno más herido, en Nuevo Lareto, Tamaulipas, después de un ataque a balazos por parte de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
 
Tras estos hechos, la Comisión inició la recomendación No. 95 VG/2023 con el fin de que Sedena realice las investigaciones correspondientes y determine si sus elementos cometieron posibles violaciones a derechos humanos. El 2 de marzo, cuatro elementos del Ejército relacionados con el cvaso fueron vinculados a proceso por desobediencia y delito del fuero militar.
 
La realidad es que las Fuerzas Armadas están preparadas para realizar acciones de reacción armada ante ataques de bandas delincuenciales o del crimen organizado que generan la violencia homicida e inseguridad que se vive en el país, pero no para actuar como policía de vigilancia y prevención de delitos, de ahí que en cumplimiento de la orden presidencial de pacificar al país con abrazos, no balazos, incurra en delitos de represión, tortura, desaparición de personas y violación de derechos humanos.