Desafío al poder de la PresidentaRafael Cienfuegos Calderón El movimiento-partido en el poder va con la presidenta Claudia Sheinbaum por el cuarto intento para cambiar el sistema político-electoral luego de los tres fallidos durante el primer gobierno de la Cuarta Transformación, los planes A, B, y C. La presidenta de la continuidad dio a conocer (25-02-2026) su propuesta de reforma electoral sin acuerdos con la oposición; no del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, sino del Verde Ecologista de México (PVEM) y el Trabajo (PT). Morena y la mandataria, Claudia Sheinbaum, no obstante el poder político que ostentan al controlar los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, no convencieron a sus exigentes “aliados” a quienes dan cuatro días para reflexionar. La reforma llegará al Congreso de la Unión el día 28 sin tener segura la mayoría legislativa para cambiar la Constitución. El riesgo político para la Presidenta es que la reforma no se apruebe y que el cuarto intento por abaratar las elecciones y eliminar 200 diputaciones plurinominales, sea también un fracaso. El poder acumulado por los partidos parásitos que desde 2018 se cuelgan electoralmente de Morena los anima a desafiar a la Presidenta, que se vio obligada a reunirse (23-02-2026) sin llegar a acuerdos con los petistas Alberto Anaya, Reginaldo Sandoval, Benjamín Robles y Pedro Vázquez, y los verdes Carlos Puente y Jorge Emilio González. Ella quiere imponer sus condiciones y ambos partidos las rechazan, ella quiere darles menos dinero y ellos están por preservar el negocio, ella propone cambiar el método de designación de los plurinominales y ellos ven el riesgo de convertirse en minorías parlamentarias, ella afirma que la reforma reconoce la diversidad política y ellos creen que se creará un partido hegemónico de Estado. En la conferencia del martes Sheinbaum precisó que sin el apoyo de los aliados se impulsará la reforma electoral porque “así lo demanda el pueblo”. “Es un asunto de cumplir con lo que nos comprometimos”. Ayer dio a conocer la reforma afirmando que no habrá un partido de Estado al mantenerse la pluralidad política con la representación proporcional, y advirtiendo a los partidos Verde y del Trabajo que serán juzgados por la ciudadanía si no la apoyan. Los puntos torales son: reducir 25% el costo de las elecciones, disminuir sueldos y bonos a consejeros y altos mandos del INE, que los 500 integrantes de la Cámara de Diputados sean electos por votación directa, 30 de ellos por distrito electoral, que el número de regidores sea como máximo de 154, que el INE tenga acceso oportuno a operaciones financieras de partidos y personas para mayor control. Facilitar el voto en el extranjero para que la población migrante elija ocho diputados, que los tiempos de transmisión en radio y televisión en periodo electoral se reduzcan de 487 a 35 por emisora, que se regule el uso de la Inteligencia Artificial prohibiendo bots en campañas y garantizar cómputos distritales inmediatos tras una elección. Que la democracia participativa se amplié a estados y municipios con el uso de nuevas tecnologías, eliminar el nepotismo para que los cargos de elección popular no se hereden, y que a partir de 2030, ningún cargo de elección popular podrá reelegirse de manera inmediata. “En caso de que la reforma no sea aprobada, no representará una derrota política” (Sheinbaum).
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Decisión, acción y rompimientoRafael Cienfuegos Calderón
Por fin, el gobierno de la federación se decidió a actuar. Con mano firme y decisión propia la presidenta Claudia Sheinbaum rompió con lo que hizo mal y le heredó su antecesor en materia de seguridad. Luego del sexenio fallido de la Cuarta Transformación que no pacificó al país con la “ocurrencia” de los abrazos no balazos y que fue carta blanca para la impunidad de los carteles de la droga y delincuencia organizada que asesinan, amenazan, extorsionan y atemorizan a la población, hubo acción a sabiendas de que la reacción podría ser violenta. Tal como ocurrió. Hubo balaceras, bloqueos carreteros, quema de vehículos y comercios que provocaron caos, violencia, temor e incertidumbre en 23 estados del país. Los hechos álgidos por la respuesta de grupos criminales ocurrieron en Jalisco, particularmente en Tapalpa, donde fue herido y capturado “El Mencho”, líder y fundador del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), pero también en Guadalajara, su zona metropolitana, y Puerto Vallarta. La presidenta Claudia Sheinbaum ordenó a Ejército, Marina y Guardia Nacional, bajo la coordinación del gabinete de seguridad, preparar y ejecutar el operativo para detener a Nemesio Segura Cervantes, lo que ocurrió exitosamente el domingo con el apoyo de inteligencia militar de Estados Unidos. Ese día se actuó y se ejerció el uso legítimo de la fuerza del Estado para hacer cumplir la ley y otorgar seguridad a la población. De acuerdo con los reportes periodísticos no hubo ataques directos contra la población civil y los del operativo y su resultado indicaron que por la noche del día 22 la situación ya estaba bajo control de las fuerzas del orden; “El Mencho” murió durante su traslado en avión militar a la Ciudad de México. En opinión de Salvador García Soto (El Universal, 23-02-2026) al ir en contra del capo más buscado y peligroso, el que controlaba la mayor parte del tráfico de drogas, como el fentanilo, entre México y Estados Unidos, Sheinbaum desmiente y exhibe las supuestas “razones humanitarias” que esgrimió López Obrador para soltar a Ovidio Guzmán López, aquel 17 de octubre de 2019 durante el “Culiacanazo”, cuando el entonces presidente paró el operativo militar que ya tenía detenido al hijo del Chapo Guzmán y ordenó soltarlo con el argumento de que los narcos del Cártel de Sinaloa atacarían a la población civil si no lo hacía. Ahora, ¿qué sigue? Porque falta limpiar el país de los carteles que se disputan el control territorial, el tráfico de drogas, la extorsión y otras actividades ilícitas en diversas regiones del país -el de Sinaloa, de Tijuana, del Golfo, La Familia Michoacana, los Unidos (alianzas), el Santa Rosa de Lima, de Caborca, el Independiente de Acapulco, El Guerreros Unidos, el Unión Tepito y Los Viagra. O, ¿el golpe asestado al CJNG, que de acuerdo a reportes opera en 27 estados, va a quedar como llamarada de petate? Más partidos políticos? ¿Para qué?Rafael Cienfuegos Calderón
El sistema de partidos políticos es una camisa de fuerza que impide a los ciudadanos ejercer libremente su derecho a participar en los procesos electorales. No son consultados para proponer y ni escoger candidatos, su papel se limita a votar por los que imponen las dirigencias partidistas. La intervención ciudadana en la política electiva solo es posible a través de los partidos con registro; la ruta de los candidatos independientes es prácticamente inexistente; las reglas del sistema de partidos las inhiben. Presentar al Instituto Nacional Electoral (INE) acta constitutiva de la asociación civil que intenta postular a un independiente, su acreditación ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y una cuenta bancaria a su nombre; recabar 1% de firmas de la lista nominal de electores de 17 estados para Presidente de la República y 2% para diputados y senadores. Así, los ciudadanos en edad de ejercer su derecho a elegir a las y los gobernantes y miembros de los congresos legislativos federal y local, están atrapados entre partidos políticos que no los representan, no atienden sus demandas ni son conducto transmisor de sus demandas. Morena, el Verde, el del Trabajo, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano están sobradamente desprestigiados, carecen de confianza y credibilidad. Velan por sus intereses de poder político y económico y recurren a los votantes únicamente cuando están en campaña. Prostituyen la política y hacen de ella un negocio, quieren perpetuarse en el poder, violan sus estatutos y la Ley Electoral, chantajean, negocian y tienen militantes carentes de integridad, sangran las finanzas públicas, compiten inequitativamente, y no inciden para mejorar las condiciones sociales de vida ni en el fortalecimiento de la democracia. Entonces ¿por qué perduran? Porque en México impera un sistema político pluripartidista que obliga a que la participación ciudadana en política sea únicamente por conducto de los partidos - se esté o no de acuerdo con ellos- que por medio de interesadas coaliciones concentran poder para evolucionar a un modelo hegemónico. En ese contexto tres organizaciones solicitan registro ante el INE para convertirse en partidos políticos, ser beneficiarios del financiamiento público y competir en la elección del 2027. Son Construyendo Solidaridad y Paz, México Tiene Vida y Somos México, que de nuevo solo tienen los membretes, pues entre quienes los encabezan hay personajes de la política de dudosa reputación. ¿Acaso beneficia a los ciudadanos que haya más partidos? No. Su derecho a participar en elecciones está sujeto a los partidos y, su libertad cuartada por tener que otorgar el voto a candidatos no les interesan. ¿Por eso el abstencionismo? Aunque esa es una manifestación legítima de descontento, no cambia nada y favorece al partido gobernante. En el 2024 40% (39 millones 633 mil 675 votantes de la lista nominal del INE de 99 millones 084 mil 188) no acudió a las urnas. Anular el voto puede ser opción una razonable si al hacerlo se hace constar en la boleta que es por desacuerdo con el sistema de partidos establecido. Marcarla inadecuadamente de nada sirve. Narcopolítica y Cuarta TransformaciónRafael Cienfuegos Calderón El movimiento-partido Morena, base de la Cuarta Transformación que inventó el antecesor de Claudia Sheinbaum en la presidencia de la República, se ha beneficiado de la narcopolítica a partir de que llegó al poder. Los gobernantes de Guerrero, Evelyn Salgado; de Sinaloa, Rubén Rocha; y Tamaulipas, Américo Villarreal, y el exgobernador de Tabasco, Adán Augusto López, exsecretario de Gobernación en el sexenio anterior y actual senador, son políticos del partido gubernamental señalados por tener ligas con los carteles de la droga y grupos del crimen organizado. Inclusive el nombre del expresidente de la República aparece desde diciembre de 2024 en el expediente de la denuncia hecha en una fiscalía federal de Nueva York, Estados Unidos, junto a los de Rocha Moya y Villarreal. Pero el caso de Américo Villarreal cobró resonancia por la reciente versión de Julio Scherer Ibarra -exconsejero Jurídico de la Presidencia en el sexenio pasado- expuesta en el libro Ni Venganza ni Olvido (Editorial Planeta 2026) sobre el apoyo económico de Sergio Carmona, “El Rey del Huachicol” ligado al narcotráfico, para su campaña. Uno de los capítulos de mayor debate, estima Jorge Fernández Menéndez (Excélsior, 11-02-2026), es el de la relación del entonces vocero presidencial de López Obrador -Jesús Ramírez Cuevas, hoy Coordinador de Asesores de la Presidencia de la República- con Tamaulipas y con el empresario asesinado Sergio Carmona. “Documentos de inteligencia y testimonios señalan que Ramírez Cuevas mantuvo reuniones con Sergio Carmona, ligado al contrabando de combustible y el financiamiento ilícito de campañas y con presuntos nexos con el narcotráfico. “Informes reservados del Estado mexicano ubican a Jesús Ramírez Cuevas en varios encuentros con Carmona, antes de su ejecución. De acuerdo con fuentes consultadas, Ramírez Cuevas abrió las puertas del círculo presidencial a uno de los financistas más polémicos de los últimos años. “Así, Carmona fue presentado a figuras como Mario Delgado y, según versiones, al propio presidente Andrés Manuel López Obrador. “Que a través de Jesús Ramírez que se habrían facilitado reuniones estratégicas para asegurar apoyos económicos en campañas clave. Entre ellas, la de su amigo personal, Américo Villarreal, hoy gobernador de Tamaulipas. La cercanía entre Ramírez y Villarreal está documentada: fotos en redes, actos de campaña y mensajes públicos la respaldan. Carmona no sólo financiaba a Morena, sino que formaba parte fundamental en el engranaje electoral del partido en el norte del país”. El 12 de marzo de 2025, Anabel Hernández, colaboradora para América Latina de DW.com, cadena internacional de noticias de Alemania, publicó que tuvo acceso a una versión pública de la denuncia en la que se acusa a López Obrador y los gobernadores de Sinaloa y Tamaulipas de presuntamente ser parte de diversos delitos en los que carteles de la droga como el de Sinaloa, el Noreste y del Golfo financiaron campañas políticas de candidatos de Morena entre 2018 y 2024. En la narración de hechos y pruebas testimoniales presentadas el escándalo salpica a los gobiernos morenistas de Nayarit, Tabasco, Sonora, Baja California, Campeche, Michoacán y Colima, y a la secretaria del Bienestar, responsable de los programas sociales para atender la pobreza. Raymundo Riva Palacio escribió (El Financiero, 22,09-2025) que el gobierno de Donald Trump entregó a la presidenta Claudia Sheinbaum una nueva lista de 55 personajes presuntamente ligados al narco para que los investigue y procese. Según sus revelaciones el secretario de Estado, Marco Rubio, entregó durante su visita a México, a inicios de septiembre, el documento en el que se encuentran los gobernadores de Morena: Rubén Rocha Moya (Sinaloa), Américo Villarreal (Tamaulipas) y Evelyn Salgado (Guerrero). La reforma electoral será responsabilidad de ciudadanosRafael Cienfuegos Calderón
A decir de la presidenta Claudia Sheinbaum, la reforma político-electoral se hará con las opiniones de los ciudadanos, es una decisión a partir de las propuestas y planteamientos que hicieron en los foros; no se trata de un “toma y daca”, de “a ver como le hacemos” ni se negociará políticamente con los partidos, ni aliados ni opositores (mañanera, 21-01-2026). Bonitas palabras para oídos crédulos. De ser así y si el “pueblo sabio no se equivoca”, sería una “auténtica” transformación que se hayan pronunciado a favor de una reforma que fortalezca la democracia, garantice el respeto al voto, la participación equitativa de los partidos en las elecciones, instituciones electorales independientes del gobierno y pluralidad en la composición del Congreso de la Unión. Si no es así, la reforma electoral quedará como la diseñe la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral: a favor de los intereses de la Cuarta Transformación -Presidenta, Morena y rémoras del Verde y Trabajo-, y las elecciones a partir de 2027 tendrán un sesgo partidista y serán manipuladas por el gobierno. Hasta ahora la ciudadanía desconoce el contenido del borrador de la iniciativa presidencial aunque se sabe que contiene: Reducir el gasto de los organismos electorales, INE y TEPJF; desaparecer los institutos y tribunales electorales de las 32 entidades; elegir a consejeros y magistrados del INE y TEPJF por voto popular; eliminar y/o reducir el número de senadores y diputados plurinominales o bien buscar otra fórmula para que las minorías estén representadas; así como disminuir el financiamiento público a partidos políticos. En cuanto al dicho de la presidenta de que la reforma no se construirá a partir de negociaciones con ningún partido político, la suspicacia lleva a preguntar: ¿Por qué le preocupan los amagos de los partidos Verde y el Trabajo? ¿Para qué ordenó a la Secretaría de Gobernación negociar con sus dirigencias? ¿Se equivoca Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena, al afirmar que sin los aliados de Morena no habrá reforma? En las mañaneras suenan bonitas, hasta alentadoras, las palabras de que la reforma electoral será como la quieren los ciudadanos, empero, no pasan de ser demagogia. La ley se está diseñando en un segundo intento para fortalecer políticamente la continuidad de la Cuarta Transformación, luego de que el primero fracasó en 2022. Lo evidente es que la presidenta de la continuidad, Morena y los partidos parásitos del oficialismo están llamando la atención para hacer creer a “pueblo” y ciudadanos que en torno a la reforma electoral hay “un gran debate” siendo que los “ignoran” totalmente. El único interés que les interesa de la reforma electoral es la preservación de la mayoría legislativa “cueste lo que cueste” y las posiciones políticas y canonjías económicas que se obtengan de ella. El exceso de confianza de Sheinbaum es un riesgoRafael Cienfuegos Calderón
¿Será posible contener o hacer frente al instinto bélico de Donald Trump con una “simple” llamada telefónica? Porque en repetidas ocasiones ha declarado que “los cárteles de la droga gobiernan México” y que como son una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos podría ordenar una incursión militar en territorio mexicano. El cuestionamiento es pertinente luego de los acontecimientos de Venezuela. Trump comenzó por acusar al gobierno de estar ligado y proteger a las organizaciones del narcotráfico, luego atacó embarcaciones que supuestamente transportaban drogas y culminó con la detención del dictador-presidente Nicolás Maduro acusado de narcotráfico, entre otros delitos. El “desquiciado” presidente norteamericano paso de la advertencia y amenaza a la acción y si tiene la idea de que en México gobiernan los cárteles, es fácil adivinar lo que sería capaz de hacer. Puede tratarse de una estrategia de presión para obligar a la Presidenta a redoblar el esfuerzo para combatir y desmantelar a los carteles mexicanos pero no deben tomarse a la ligera sus dichos. ¿Por qué? Porque Trump afirmó tras la operación militar de Estados Unidos en Venezuela (03-01-2026) que las fuerzas norteamericanas estarían preparando ataques terrestres contra los cárteles en México. Y el Departamento de Estado informó que el secretario Marco Rubio expuso al Secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, en la llamada telefónica que sostuvieron (11-01-2026) “la necesidad de una cooperación más sólida para desmantelar las violentas redes de narcoterroristas en México”. En la conferencia mañanera del día siguiente la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que una posible intervención militar de Estados Unidos en México quedó descartada durante la llamada que sostuvo más temprano con Donald Trump. Sí. Así de simple con una llamada. Demasiado optimismo ante el voluble comportamiento del norteamericano que en el momento que se le ocurre hace lo que quiere. Edgardo Buscaglia, analista político y académico, considera que Trump presiona a la Presidenta para que desmantele la “estructura política” que protege a los cárteles (Aristegui Noticias, 09-01-2026), aunque ha afirmado que “el derecho internacional no es límite ni es relevante” para sus decisiones y que actuará según su propia moralidad. El mensaje es que el gobierno mexicano actúe en lo local, estatal y federal contra quien sea y los cárteles, y si no lo hace Estados Unidos lo hará. Y en opinión de Ricardo Monreal, líder de los diputados de Morena, el gobierno de México debe tener conciencia de que, desde la guerra de 1846-1848, México se encuentra en riesgo real de una ocupación mayor por parte de EU. Ante ello recomienda (Milenio, 06-01-2026) redoblar con ese país la colaboración en materia de seguridad para llegar a la renegociación del T-MEC este año sin la presión contaminante del tema de los cárteles de la droga y sin perder soberanía territorial, política y jurídica. Persistirá el deterioro del sector saludRafael Cienfuegos Calderón Durante el segundo año de la presidencia de Claudia Sheinbaum el sector salud se deteriorará aún más por falta de un presupuesto suficiente que cubra las necesidades en centros de salud, clínicas, hospitales generales y de especialización, por lo que el Estado no garantiza a la población ese derecho Constitucional. En el análisis Implicaciones del Paquete Económico 2026 del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) se destaca que el cambio demográfico y la carga de enfermedades crónicas mantienen presión sobre un sistema de salud que sigue con recursos insuficientes. Para el próximo año el sector salud contará con un presupuesto de 996 mil 528 millones de pesos, 2.6% del Producto Interno Bruto (PIB), cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que ese porcentaje sea de 6%, y aunque el aumento respecto a 2025 es de 5.9%, resulta insuficiente ante las carencias que se acumulan y acrecientan. Para dimensionar el problema el análisis ejemplifica que en 2018 la población que se encontraba en pobreza fue de 41.9% y al cierre de 2024 se redujo a 29.6%. En ese mismo periodo, la población sin acceso a servicios de salud pasó de 16.2% del total a 34.2%, lo que significó un aumento de 20 millones 100 mil personas a 44 millones 500 mil. Lo anterior provoca que millones de personas tengan que sacar de su bolsillo para cubrir el costo de la atención médica en consultorios particulares como los que hay en las farmacias y el de los medicamentos. Implica, además, que el Estado no está cumpliendo a cabalidad con su mandato de garantizar el derecho a una salud de calidad, pues en el gobierno del segundo periodo de la supuesta Cuarta Transformación se mantiene la insuficiencia presupuestal. Para 2026 se destinará 2.6% del PIB, en el sexenio pasado fue 2.6%, en el de Peña Nieto, 2.5% y en el de Calderón, 2.2%, y es por eso que la salud del sector salud se va deteriorando cada vez más. A pesar de la deplorable situación el gobierno publicó el Programa Sectorial de Salud (PSS) 2025-2030 que junto con el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2026 delinea el rumbo del sistema de salud pública, que para Karla Suárez, de Integralia (Expansión, 02-10-2025) contempla un programa con ambiciones transformadoras frente a un financiamiento que apenas sostiene la operación cotidiana. El diagnóstico reconoce los rezagos históricos: cobertura insuficiente, infraestructura desigual, cadenas de suministro frágiles, recursos humanos limitados, una alta prevalencia de enfermedades crónicas y la permanencia de un sistema fragmentado y con grandes desigualdades entre regiones. Ante ello plantea como objetivos estratégico: garantizar el acceso universal, mejorar la calidad y la capacidad resolutiva, asegurar el abasto de medicamentos, fortalecer la prevención, modernizar el sistema y reducir las brechas en poblaciones vulnerables. Empero el problema no radica en el cómo, sino en el con qué. Así es que mientras la asignación de presupuesto anual no vaya en consonancia con las necesidades el número de mexicanos que vive en pobreza en lugar de aminorar va a seguir creciendo. Pobres resultados de la 4T en siete añosRafael Cienfuegos Calderón
El invento de la Cuarta Transformación que se incorporó como política pública del gobierno desde el arribo del movimiento-partido Morena al poder, está por cumplir siete años. Con ese motivo se prepara la magna marcha-concentración a la que convocó la Presidenta de la República para el 6 de diciembre en el Zócalo. Esa será una oportunidad imperdible para que Claudia Sheinbaum reafirme el respaldo popular que tiene, destaque las políticas impulsadas en esos años - aunque los pobres resultados están a la vista- y distraiga a “pueblo” y ciudadanos de los conflictos y problemas que su gobierno no logra resolver. Simultáneamente, Morena mostrará músculo político y una vez más la capacidad que tiene para movilizar gente y abarrotar el Zócalo de la Ciudad de México con el respaldo de sus 24 gobernadores a los que, por otra parte, la presidenta pidió que informen directamente a la población los logros del primer año de su gobierno. Según la visión de Sheinbaum la mayoría de los mexicanos están de acuerdo con la Cuarta Transformación. En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas expuso (21-11-2025) que “todos los sectores sociales, empresarios, trabajadores, comerciantes, campesinos y agricultores, están de acuerdo con la transformación que inició en nuestro país”. ¿Y los bloqueos de carreteras, y las movilizaciones de jóvenes de la generación Z, y de mujeres? Aseguró que el movimiento transformador “está fuerte” y que, pese a la existencia de sectores que buscan mantener o recuperar “privilegios”, estos no lograrán “traicionar al pueblo”. Sobre la concentración Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena, señaló que es una reunión para informar sobre el movimiento y opinó que la presidenta “tiene derecho a expresar su verdad sobre las políticas públicas implementadas en estos siete años”. ¿Cuál verdad?, porque en el recuento de los “máximos logros” destacan la baja de la economía que hasta el 2018 fue de 2% promedio anual a 0.8% en todo el sexenio anterior y a 0.3 o 0.5% al finalizar 2025, y el aumento de la deuda externa a 633 mil 751 millones de dólares que requirió un desembolso de 267 mil 499 millones de pesos para pagar intereses en los primeros cuatro meses de este año. También las millonarias inversiones en megaobras insignia de la transformación a las que subsidia el gobierno para que operen -Aeropuerto Felipe Ángeles, Tren Maya y refinería Olmeca de Dos Bocas-; la desaparición de los organismos del Estado que eran autónomos; los fraudes de 15 mil millones de pesos en la paraestatal Seguridad Alimentaria Mexicana (Sagalmex) y de 13 mil millones de pesos en la compra a sobreprecios de medicamentos. Y, el control de los poderes Legislativo y Judicial por el Ejecutivo, que implica la desaparición de la división e independencia de los tres poderes como lo establece la Constitución, y la cooptación de los órganos electorales: Instituto Nacional Electoral (INE) y Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) con mayoría de consejeros y magistrados pro-gobierno. La movilización social apanica al gobiernoRafael Cienfuegos Calderón Al gobierno que preside el movimiento-partido Morena y que enarbola la bandera de la paz, la justicia y la libertad las manifestaciones y marchas sociales provocan pánico y en su narrativa para denostarlas arguyen que son promovidas y pagadas por la oposición política y hasta por grupos extranjeros que quieren debilitarlo. No da crédito al hartazgo de la población ante la persistente inseguridad y la infrenable violencia criminal, los escándalos de enriquecimiento y la corrupción en las altas esferas del poder. La actual mandataria se niega a aceptar que aunque tenga 70% en promedio de popularidad hay gente del “pueblo” y ciudadanos que están descontentos por la inseguridad en que viven y porque la acción del gobierno se centra en combatir al crimen organizado cuando las desapariciones, los robos y asaltos violentos en hogares y vía pública son perpetrados por delincuentes comunes que también asesinan. Manifestaciones y marchas para protestar por la inseguridad y exigir resultados tangibles a las autoridades federales, estatales y municipales que cada vez se muestran más impotentes, se llevan a cabo desde hace décadas y de todas se acusa a supuestos o reales enemigos del gobierno y grupos de poder que quieren dañarlo y desestabilizar al país. Sobre la marcha más reciente, la de la Generación Z, la presidenta Claudia Sheinbaum dio su versión en la mañanera del “Pueblo” (15-11-2025). El objetivo no era llegar a palacio, sino generar confrontamiento con las autoridades; la mayoría de los asistentes eran adultos, no jóvenes; habían rostros conocidos que participaron en “la marea rosa”; llamó la atención la presencia del conocido bloque negro que se fue contra la policía para golpearlos; en México no hay represión contra los jóvenes. Si resulta tan amenazante para la estabilidad del gobierno, pregunta Carlos Loret de Mola (El Universal, 19-11-2025) ¿por qué del Bloque Negro no dicen nada?, ¿por qué no los exhiben en la mañanera?, ¿por qué no los señalan y estigmatizan?, ¿realmente los tienen identificados o ni siquiera eso han podido? Y como para el senador de Morena, Adán Augusto López, nada es fortuito (la marcha de la Generación Z) es una embestida desde la parte más oscura de la derecha mexicana, incluso con participación internacional de la ultraderecha, el fascismo, en contra del gobierno de Claudia Sheinbaum. Las marchas más significativas por la inseguridad, violencia y corrupción y en las que la sociedad ha manifestado su hartazgo, han ocurrido en 1997, 2004, 2008, 2011, 2014 y 2020 (El Universal) y la del 2025 el día 15 del mes en curso. Pero… nada ha cambiado. La injusticia, la violencia, la inseguridad y la corrupción persisten. Lo único nuevo es el retorno de la represión policial contra los manifestantes. Revocación de mandato y multielecciones en 2027Rafael Cienfuegos Calderón Claudia Sheinbaum, que afirma “está comprometida con los principios democráticos del país”, ya se destapó para estar presente en las boletas electorales del proceso de 2027. Respaldó (11-11-2025) la iniciativa de su movimiento-partido para reformar el artículo 35 de la Constitución y adelantar la consulta de revocación de mandato prevista hasta ahora para 2028. Su excusa es –para seguir a tono con la “austeridad republicana”- ahorrarle al “pueblo” los cinco mil millones de pesos que se estima de gasto para la celebración de ese ejercicio ciudadano. Lo que no tiene pretexto es la “intromisión” del gobierno, sus funcionarios, empleados y dependencias del Estado como promotores de la revocación, cuando corresponde a la ciudadanía solicitarlo, porque pervierte ese derecho para que exprese con “plena libertad” si está o no de acuerdo en que ella siga gobernando. La decisión, no obstante, ya la tomó la Presidenta. “Los diputados -de Morena- plantearon una iniciativa de ley para que se hiciera en 2027, que es algo que analizar, no aprobar así rápido, al vapor. Pero es una buena propuesta. ¿Por qué lo digo? Porque se hace al mismo tiempo que la otra elección -la intermedia- y no se tienen que destinar más recursos al siguiente año. Ya nada más eso es un argumento suficiente". Ahora falta que los legisladores del oficialismo empiecen a procesar la iniciativa de reforma pospuesta unos días, la analicen y discutan –es un decir- en la Cámara de Diputados y la apruebe sin consenso y de prisa -es un hecho- como acostumbran morenos y parásitos aliados. Voces contrarias a la postura de Sheinbaum y sus legisladores plantean que reformar la Constitución para adelantar la revocación y mezclarla con la elección de diputados federales (500), gobernadores (17), diputados locales de 31 estados alcaldes de 30 estados, más 850 integrantes del Poder Judicial que faltan, provocará confusión, estrés y desinterés en los electores. Que haya una boleta más, la de la popular presidenta, implica, por otra parte, la promoción de candidatos del partido en el gobierno en los estados donde los actuales mandatarios están sumamente desacreditados por incapacidad, violación de derechos ciudadanos y sospechas de vínculos con organizaciones criminales y de tráfico de drogas. El objetivo es -no se necesita ser pitonisa para saberlo- consolidar el poderío político del grupo gobernante, no ahorrar recursos. Pretenden mantener la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, ampliar el control a casi todas las entidades del país y afianzar y legitimar a Claudia Sheinbaum con un plebiscito disfrazado de revocación de mandato. En apoyo el oficialismo contará para 2027 con la nueva Ley Electoral que preparan funcionarios designados por la presidenta y con un Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) integrado por magistrados afines al proyecto de transformación. |
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Rafael CienfuegosRafael Cienfuegos Calderón cursó la carrera de Periodismo y Comunicación Colectiva en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y se inició como reportero en 1978. Se ha desempeñado como tal en el periodismo escrito, principalmente, y ha incursionado en medios electrónicos (Canal Once Tv) y en noticieros de radio como colaborador. Archives
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