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Notimex: dos años en huelga
Rafael Cienfuegos Calderón La huelga de Notimex (Agencia de Noticias del Estado Mexicano) que estalló el 21 de febrero de 2020 es un conflicto laboral que no se resuelve porque al gobierno del cambio no le importa. No escucha, después de dos años, las demandas de reporteros, corresponsales, correctores, editores y administrativos sindicalizados, pero, en cambio, organizó y promovió, en evidente violación a la autonomía sindical, la elección del líder de trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex). Días previos al estallido de la huelga del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex (SutNotimex) por desacuerdos en la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo y violaciones al contrato vigente y despidos de personal por parte de la directora Sanjuana Martínez, el presidente transformador dijo: “estos movimientos son un derecho de los trabajadores” y “no hay que tenerle miedo a la huelga”; instó a las partes a buscar el diálogo, confió en que el litigio lo habrá de resolver la autoridad laboral, y afirmó "no soy fifí”, no puedo ir en contra de los trabajadores ni dar instrucciones para perjudicarlos; ese 29 de enero de 2020 Jesús Ramírez, titular de Comunicación Social de la Presidencia, recibió la orden de intervenir como árbitro en el conflicto. Antes, el 19 de julio de 2019, ante las protestas por los despidos injustificados, la directora de la agencia de noticias dio a conocer que son parte de la política de austeridad. En conferencia, dijo que la plantilla se redujo 27%, luego del memorándum que envió el presidente López Obrador el 3 de mayo para aplicar medidas de austeridad y no permitir duplicidad de plazas. Y mientras la huelga persiste, en actitud contraria a la apatía que tiene con los sindicalizados de Notimex, el 1 de febrero reciente el Presidente se felicitó porque por primera vez en la historia se llevó a cabo en el sindicato petrolero una elección con la participaron mayoritaria de los trabajadores, y porque ya no hay sindicatos al servicio del gobierno ni candidatos favoritos, como en el pasado. Pero también, por primera vez, hay que destacar, un gobierno interviene pública y directamente en la vida interna de un sindicato al organizar la elección del líder y habilitar a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) el Sistema Remoto de Votación Laboral (Sirvolab) para el registro y la votación. Y no solo eso, para “garantizar” el voto libre de los petroleros y evitar fraude, el Presidente hizo, por primera vez en Palacio Nacional, una pasarela con las y los más de 20 aspirantes involucrándose personalmente en un evento exclusivo de los trabajadores de una empresa del Estado mexicano, mientras que en el caso de Notimex, también entidad del Estado, es indiferente no obstante el fracaso de las secretarias de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y del Trabajo, Luisa María Alcalde, y el vocero presidencial Jesús Ramírez, en las pláticas para resolver la huelga. En este momento la relación laboral está rota y los temas pendientes son la demanda de incremento salarial y prestaciones, los despidos de trabajadores y el pago de salarios caidos. Los trabajadores reclaman al Presidente su intervención para que cesen el hostigamiento judicial contra los representantes sindicales, la violación de los derechos laborales y humanos, y que haya solución.
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Declaración de guerra
Rafael Cienfuegos Calderón El Presidente se está embrollado con un asunto que daña y debilita su investidura y del cual posiblemente no saldrá bien librado. El pleito que mantiene desde que asumió el cargo con periodistas, medios de comunicación, columnistas y líderes de opinión que cuestionan sus actos y las acciones del gobierno, que bautizó del cambio, en lugar de “exaltar” lo que dice en las conferencias, el “combate” de la corrupción por la que hubo que desmantelar instituciones, el “beneficio” para el desarrollo del país y el bienestar de la gente de las magnas obras con las que la Cuarta Transformación quiere dejar huella, y los “esfuerzos” por pacificar al país con “abrazos, no con balazos”, lo hace ver como un gobernante intolerante, necio, autoritario y vengativo que está en contra de las libertades que ofrece la vida en democracia. El lunes 14, el pleito contra el periodismo, a decir de Javier Tejado Dondé (El Universal, 15-02-2022), escaló a niveles inimaginables. Luego de que el viernes anterior exhibió los supuestos ingresos económicos del periodista Carlos Loret de Mola, sin explicar cómo los consiguió (¿en venganza porque hizo pública la vida de rico de su primogénito?-, el Presidente pidió al Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) una investigación para conocer la procedencia del dinero que gana no solo el comunicador sino también su esposa, pero, además, adelanto lo que hará para enfrentar a la prensa que considera enemiga. Tejado Dondé lo sintetiza así: 1) publicará las propiedades (bienes) de periodistas y dueños de medios de comunicación, lo que significa usar tanto al Sistema de Administración Tributaria (SAT) como a los registros públicos de la propiedad; 2) buscará que el INAI pida y entregue información de salarios de comunicadores, a pesar de que éstos no son funcionarios públicos, ni su ingreso viene del gobierno; 3) buscará concesionar todos los medios de comunicación -no nada más la radio y la TV- para que los impresos y las redes sociales tengan obligación de transparentar recursos y salarios de periodistas. Para materializarse, estos tres puntos requieren de profundos cambios legales, incluso a nivel constitucional, y parece que ha dado la señal para que legisladores de la 4T avancen en su redacción; y 4) dejar ver que quienes simpatizan con él son más que los que acuden a redes sociales o publican columnas. A todas luces lo anterior es desde su anuncio una declaración de guerra por parte del jefe del Poder Ejecutivo contra quienes en el libre ejercicio de la libertad de prensa y de expresión cumplen con el compromiso de mantener informada a la sociedad, y cuya tarea y razón de ser es cuestionar los actos de gobierno, no aplaudirlos. Nada para la novel democracia mexicana
Rafael Cienfuegos Calderón La incipiente democracia mexicana vivirá el 10 de abril un hecho que de no haberlo pervertido políticamente sería histórico. El proceso de revocación de mandato, por el contrario, quedará marcado como el “pretexto” democrático a través del cual los ciudadanos decidirán la permanencia del presidente del cambio y la transformación en lugar de votar porque deje o no el cargo. Así la revocación se convierte de facto en una ratificación de mandato, que es lo que quiere el Presidente. Él decidió someterse a juicio popular, él envió a la Cámara de Diputados la iniciativa de Ley de Revocación de Mandato, y él es quien la promueve como ejercicio democrático de participación ciudadana, pervirtiendo el proceso y quitándole al “pueblo” que lo quiere, que lo cuida, que lo apoya, que manda y entre el que es muy popular, el derecho de solicitar la revocación de un gobernante al Congreso. Y la pregunta, que no es una sino dos, desvirtúa y pervierte más el proceso. En la boleta los participantes leerán ¿Estás de acuerdo en que a Andrés Manuel López Obrador, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de confianza o que siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo? Alfonso Pérez Daza, catedrático de la UNAM dice en El Universal (09-02-2022) que la naturaleza de una revocación de mandato es que el pueblo ejerza su soberanía para destituir del cargo a un funcionario público antes de que concluya el periodo de su mandato y que la tradición jurídica señala que la ciudadanía es la que solicita que se inicie el proceso. Contrario a ello, en este caso fue el Presidente quien promovió a través de su partido político el inicio del proceso de revocación, no porque quiera dejar anticipadamente el poder, sino porque calcula que es prácticamente imposible que salgan a votar en su contra más del 40% de los inscritos en el Listado Nominal, más de 37 millones de mexicanos. Considerando los antecedentes de poca participación ciudadana en los procesos democráticos de voto directo, y conociendo que siempre hay alto abstencionismo, sabe el Presidente que no se alcanzará el porcentaje requerido para que le revoquen el mandato. En este contexto ¿qué va a aportar a la novel democracia ese proceso que costará más de mil 700 millones de pesos, en el que se calcula, de acuerdo a las encuestas, votarán de 13 a 17 millones en más de 57 mil casillas, que no las 164 mil que se requieren para equipararse a una elección de Presidente de la República, como lo establece la Ley de Revocación de Mandato? Nada. Lo que sí es seguro, es que más del 90% ratificará al Presidente y que éste, empoderado, arreciará su campaña sucia contra el Instituto Nacional Electoral (INE) al que pretende sustituir por un órgano apéndice del gobierno mediante la reforma política que prepara. Educación superior y universidades “patito”
Rafael Cienfuegos Calderón El gobierno de la transformación le apuesta a la “mediocridad” de la educación superior con la improvisación de 140 sedes de las Universidades para el Bienestar que preparan profesionistas para atender las necesidades y problemas de las zonas marginadas del país. Estas universidades “patito”, porque la mayoría carece de registro y la validez de planes de estudio no está plenamente acreditada, recibirán este año, no obstante, un presupuesto de mil 89 millones de pesos. La calidad de la educación y la excelencia académica es lo de menos. A la 4T lo que le importa es dar cabida sin examen de admisión a los jóvenes que quieran estudiar una licenciatura tengan buena, regular o mala calificación previa. ¿Para qué impulsar instituciones de educación superior de reconocido prestigio nacional e internacional como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad de Guadalajara (UdeG) o el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) si las universidades del gobierno del cambio recibe a quienes no aprueban el examen de admisión en instituciones públicas, son 100% gratuitas y otorgan becas? Dice su líder que la Cuarta Transformación está democratizando la educación superior (¿aunque sea mediocre?) y por eso seguirá con la apertura de más planteles (la meta del sexenio son 200). Ese proyecto de educación puede ser responsable, por improvisado, de la formación de profesionistas preparados ideológicamente pero con deficiencias de conocimientos para responder a las exigencias del mercado de trabajo, que los pondría en riesgo de incorporarse al ejército de desempleados; en consecuencia, habrá nuevas generaciones de jóvenes defraudados, frustrados y resentidos. Y como para la improvisación no hay límite, es posible que en la visión de María Elena Álvarez-Buylla, directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), enemiga de la “ciencia neoliberal”, este la idea de abrir en esas universidades posgrados y evitar que los egresados caigan en la tentación de estudiar una maestría o doctorado en alguna institución del extranjero porque “eso es como comer comida chatarra”. La evaluación que hizo el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) al programa 100 Universidades para el Bienestar Benito Juárez García en 2019, destaca que no todos los planes de estudio tienen certificación y validez oficial, falta de documentación del procedimiento para ejecutar obras en las sedes educativas, y poca claridad en los criterios para asignar más de 75% del presupuesto a los proyectos. |
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Rafael CienfuegosRafael Cienfuegos Calderón cursó la carrera de Periodismo y Comunicación Colectiva en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y se inició como reportero en 1978. Se ha desempeñado como tal en el periodismo escrito, principalmente, y ha incursionado en medios electrónicos (Canal Once Tv) y en noticieros de radio como colaborador. Archives
September 2024
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