Oídos sordos a alertas feminicidas
Rafael Cienfuegos Calderón

¡ALERTAS!- Establecida en 2007 con la creación de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la declaratoria de alerta de género corresponde a la Secretaría de Gobernación a solicitud de organismos de derechos humanos nacionales e internacionales y de la sociedad civil. A once años de distancia, dicho mecanismo que busca enfrentar y erradicar   el acoso callejero, laboral, escolar y doméstico, la discriminación y la violencia  feminicida en un determinado territorio del país, es deficiente, insuficiente y no garantiza a las mujeres calidad de vida libre de desigualdades. El motivo que dio a conocer la Secretaría de Gobernación a la Cámara de Diputados, es por “falta de protocolos de investigación y deficiente incorporación de la perspectiva de género en la investigación de delitos por las autoridades ministeriales y periciales; falta de homologación en las estrategias de formación de los y las funcionarios públicos que atienden situaciones de violencia contra las mujeres y niñas; deficiente capacidad para el registro estadístico de la incidencia delictiva”. La dependencia precisó que hay activos 29 mecanismos de alerta en 27 estados de la República, pero no todos se encuentran en pleno funcionamiento, de ellos 13 ya fueron declaradas, 9 están en proceso de cumplimiento y 7 no han sido declaradas. En la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Senadores tienen documentados alrededor de 950 feminicidios cometidos entre enero y abril de 2018, y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio cuantifica en seis mil 297 el número de mujeres asesinadas entre 2014 y 2017 en 25 estados, de los que solo mil 886 casos fueron investigados como feminicidios. El 8 de enero, en la pasada legislatura de la Cámara de Diputados, la Comisión Especial de Alerta de Género pidió a los gobiernos de los estados que tienen declaratoria de alerta de género publicar la información general y estadística sobre los casos de violencia, incluida la feminicida, a fin de integrar y transparentar sus bancos de datos, pero Baja California, Baja California Sur, Guerrero, Nayarit, San Luis Potosí, Tamaulipas y Yucatán se han negado y optan por la opacidad. A eso se debe que el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres sólo cuente con cifras sobre algunos tipos de violencia como la física, psicológica, económica, patrimonial y sexual, pero no sobre la violencia feminicida. 

Por otra parte, los jóvenes –rebeldes por naturaleza- tienen animadversión a las autoridades del orden público, desconfían, y ven en ellas la personificación del autoritarismo, la violación de derechos humanos y la corrupción. Y cómo convencerlos de que no es así si son acciones que las caracterizan. Además, a diario se enteran de los enfrentamientos entre policías, soldados y marinos con integrantes del crimen organizado, que están mucho mejor armados, y de las muertes que dejan de uno y otro bando. El 1 de enero de 2018 se publicó la queja de Jaime Rodríguez, gobernador de Nuevo León, en el sentido de que nadie quiere ser policía’’. “Tenemos 600 plazas de policías… ¿quién se avienta?, les pago el doble, ¿no?, el triple”, ofreció a jóvenes, de los que nadie levantó la mano. Van unos datos: el Consejo Nacional de Seguridad documentó que en 2017 murieron de manera violenta más de 500 policías estatales, municipales y federales; 181 ejecutados, 83 en enfrentamiento, 78 en accidente vehicular, 67 en emboscada, 37 al tratar de impedir robos, 29 por secuestro, 19 por caídas y accidentes diversos, 16 por suicidio, 12 por atender  una llamada de emergencia y ocho por causas desconocidas. El Estado de México ocupa el primer lugar en muertes de policías, 51, le siguen Chihuahua, 44, Guerrero, 39, Ciudad de México, 36, y Jalisco, 33. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía refieren que el 82% de los policías y agentes de tránsito en México, obtienen ingresos de dos y hasta cinco salarios mínimos de 88,36 pesos, y las remuneraciones de un soldado, de acuerdo a la Secretaría de Hacienda, son de 10 mil 953.9 pesos mensuales. Hay información que revela que como en Sinaloa y Tamaulipas, gobiernos de otras entidades y municipios van a estados pobres y con rezago educativo como Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Puebla a reclutar jóvenes, tengan o no vocación, ya que cada de que se lanza una convocatoria para nuevos policías, nadie acude a ocuparlas y, de los pocos que asisten, solo unos cuantos pasan las pruebas de confianza. El plan de seguridad pública de Andrés Manuel López Obrador va por 50 mil jóvenes para que se incorporen al Ejército, Marina, policías federal, estatal y municipal.
CONVOCATORIA.- Ya como Presidente de la República, lanzará la convocatoria en la que ofrecerá mejores condiciones laborales, buen sueldo, prestaciones y seguridad social. Él mismo, pedirá “que nos ayuden los jóvenes” “para que entre todos serenemos al país”. Independientemente del número de interesados, falta saber de dónde va a salir el dinero para la capacitación, los uniformes, los vehículos y, lo más importante, el salario, que podrían ser el principal incentivo, pues los vigentes son muy bajos, y la causa de actos de corrupción.
NUMERARIA.- En los estados y municipios del país hay alrededor de 331 mil personas que trabajan como policías o agentes de tránsito, 271 mil 751 son hombres y 59mil 249 mujeres; 54.1 % tienen estudios de preparatoria, bachillerato o carrera técnica, 8.8% cuenta con estudios superiores, y 37% educación básica; el 45.8% de los hombres tiene más de 39 años, siete de cada 10  trabaja más de 48 horas a la semana y 17% son solteros: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo  -julio 2017- del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
OPINIÓN.- Soy un convencido de que se requieren más elementos no solamente en el Ejército y la Marina sino también en todas las policías del país -opinó Miguel Ángel Mancera ex jefe de Gobierno de Ciudad de México y senador-, pero -para él- el reclutamiento de 50 mil jóvenes, debe estar acompañado de un plan integral para combatir la inseguridad, de otra forma, no se puede esperar que caigan los índices de delincuencia. Además –alertó- esa propuesta del presidente electo tendrá un alto costo.