Atentado contra la libertad de prensaRafael Cienfuegos Calderón
La Presidenta de la continuidad con cambio abrió un espacio especial de información (?) en el foro de la conferencia mañanera para la autodefensa de sus dichos y actos de gobierno y machacar con la verdad que quiera imponer cuando no guste, no convenga, estime falso o parte de una campaña de desprestigio lo que publican los medios de comunicación para informar a la opinión pública. Arrogarse el derecho de la verdad absoluta antes las críticas y cuestionamientos es exceso de soberbia y limita la libertad de expresión. Al gobierno corresponde, sí, cuando se difundan noticias falsas verificables, se hagan interpretaciones dolosas de hechos o haya difamación, recurrir al derecho de réplica, a los desmentidos y aclaraciones oficiales, a las instancias de transparencia y en caso extremo a las jurisdiccionales. En cambio, la presidenta Claudia Sheinbaum decidió abrir un espacio para que la consejera jurídica de la Presidencia, María Luisa Alcalde, desmienta la demasiada información noticiosa que lleva falsedades y aumentar la información –oficial- para que el pueblo de México se informe de manera directa. Eso lleva implícita la amenaza de que serán expuestos públicamente los medios, columnistas y líderes de opinión incómodos en lo que será un tribunal y la plataforma gubernamental para denostar, atacar y desacreditar a quienes osen criticar o cuestionar a gobernantes, funcionarios y políticos cuatroteros. Es la reedición del segmento de detección de mentiras ideado el sexenio pasado pero con la diferencia de que estará a cargo de “una funcionaria que debería encarnar una imparcialidad de Estado” y cuya opinión pesa en asuntos legales relacionados con los medios de comunicación (Ciro Gómez Leyva, Excélsior, 18-05-2026). En el pasado reciente y es previsible que ocurra nuevamente, lo que se provocó fue una confrontación de gobierno e instituciones con los medios de comunicación en la que privó el abuso del poder, la emisión de calumnias, el linchamiento, la violación del derecho a la privacidad, vulneración de la vida íntima y exposición de datos personales de comunicadores. Y pese a ello no se logró cambiar la percepción de incredulidad de la ciudadanía en cuanto a la supuesta verdad del gobernante ante a violencia e inseguridad, corrupción, enriquecimiento de morenistas y la existente narcopolítica. La ratificación de que ese es el propósito lo expuso la propia Presidenta (18-05-2026) al señalar que quienes escriben y difunden que existe un “narcogobierno” o un “narcopartido” son “las plumas del viejo régimen”. Casos específicos, mencionó a Raymundo Riva Palacio (El Financiero) y a Héctor Aguilar Camín (Milenio). México tiene (Francisco Garfias, Excélsior, 19-05-2026) un problema estructural de infiltración del narco en todos los niveles de poder desde hace décadas. Atribuirlo sólo a “plumas pagadas” o al pasado, como lo ha venido haciendo la Presidenta, es ignorar que la violencia y la corrupción persisten y que la 4T ha tenido sus propios escándalos. La libertad de expresión permite que periodistas y analistas critiquen sin ser automáticamente “del viejo régimen”. El programa se financia con presupuesto público que pertenece a toda la ciudadanía, sea cual sea su afinidad política. Destinarlo a refutar editoriales o a descalificar críticos compromete la neutralidad del gasto: los fondos comunes deben pagar deberes estatales -informar, transparentar, rendir cuentas-, no la posición de una parte en una controversia pública. Frente a una información inexacta sobre un acto de gobierno, el ordenamiento ofrece vías respetuosas de las libertades -el derecho de réplica, las aclaraciones oficiales, los portales de transparencia, las instancias jurisdiccionales-. Corrigen el error puntual sin instaurar una refutación sistemática desde el poder. Un programa semanal de postura oficial no llena vacío alguno: sustituye herramientas equilibradas por un instrumento estructuralmente desequilibrado, en el que la parte más poderosa se erige en árbitro permanente de las demás. El derecho a la información protege a las personas frente al poder. Una iniciativa que lo reorienta para proteger al poder frente a las personas no lo fortalece: lo desnaturaliza (Ernesto Villanueva, Proceso, 18-05-2026).
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Educación sujeta a ideologización cuatroteraRafael Cienfuegos Calderón
En el invento de la Cuarta Transformación la educación de calidad con óptimos niveles de aprendizaje, uso masivo de tecnologías modernas y capacitación de docentes con pedagogías innovadoras no tiene cabida. No se valora como motor de crecimiento económico del país ni de desarrollo social y cultural de “pueblo” y ciudadanos; en su planeación priva la ideologización. Los gobiernos 4T ajustaron el modelo educativo priorizando lo que consideran son los valores éticos con enfoque humanista y de justicia social, dejando de lado las herramientas cognitivas. Excluyeron de los planes de estudios los recursos mentales y tecnologicos que potencian, extienden o apoyan el pensamiento, la memoria y la resolución de problemas, necesarios para que los estudiantes estén mejor preparados, enfrenten la competitividad laboral y se adapten a los cambios del futuro. Por sobre la excelencia educativa y el aprendizaje, la ideologización de la enseñanza; en la modificación del contenido de los libros de texto gratuito la pedagogía fue sustituida por el adoctrinamiento político. El gobierno tiene un secretario de Educación Pública al que no importa cubrir el calendario escolar de 185 días efectivos del clases, atender el rezago académico, que las evaluaciones se hagan en tiempo y forma, dotar a los maestros de materiales educativos adecuados y que el Estado cumpla a los más de 23 millones de estudiantes de educación básica el derecho a recibir una enseñanza de calidad. Es tal la falta de capacidad de Mario Delgado, de sensibilidad y sensatez que afirmó (11-05-2026) horas antes de que la presidenta Claudia Shienbaum desechara su propuesta de cierre adelantado de clases, que se mantendrán las aulas abiertas hasta el 15 de julio “realmente sin un propósito pedagógico, solo por cumplir un conteo, se desvirtúa la dignidad docente y se convierte a la escuela en una estancia forzada. “Ese tiempo muerto a veces es burocracia que roba espacio a la convivencia familiar y a la salud mental de nuestra niñez”. “La escuela es un territorio de aprendizaje, no un lugar de resguardo”. También la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) –la de los acordones- abona al retroceso educativo. El día 7 avaló el Acuerdo 10/09/03 de la Secretaría de Educación Pública (SEP) que flexibiliza la evaluación en escuelas públicas y privadas de educación básica al impedir la reprobación de estudiantes que no hayan pasado hasta cuatro materias y elimina el requisito mínimo de 89% de asistencia para aprobar. La cuatrotera ministra Lenia Batres dice que es constitucional porque “garantiza” la calidad educativa, el interés superior de la niñez y previene la exclusión escolar, y se alinea con los sistemas de Dinamarca y Finlandia, donde la evaluación no depende estrictamente de calificaciones numéricas. “La educación de excelencia no se agota en registros de asistencias o en acreditaciones de asignaturas o grados mediante mediciones numéricas cuantitativas”, según ella. Y el día 11, la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM), dependiente de la SEP, informó que el 14 de mayo será día de descanso para directivos, decentes y personal de apoyo y asistencia a la educación igual que el día del Mestro y la Mestra. Eso, en reconocimiento a la labor desempeñada y a su compromiso permanente con el fortalecimiento de la educación pública. Por su parte, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) informó (12-05-2026) que el primer día de junio declararán huelga nacional y advirtió que no dará marcha a tras a sus demandas que entregó el 1 de mayo a la SEP. Redobla Trump amenas y presiones contra MéxicoRafael Cienfuegos Calderón Si en el gobierno federal pensaron que la estrategia antidrogas de Estados Unidos se iba a limitar a solicitar la detención y extradición de Rubén Rocha Moya, nueve funcionarios y un senador de la República de Sinaloa por sus nexos con carteles del crimen organizado y tráfico de estupefacientes, se equivocaron. La administración Trump quiere de México resultados medibles de sus acciones contra los cárteles y contempla la intervención de fuerzas militares y sanciones económicas y financieras si evalúa que el gobierno no hace lo suficiente. También erraron si creyeron que bastarían las declaraciones reprobatorias de la presidenta Claudia Sheinbaum contra la embestida del gobierno vecino, socio comercial y amigo, para calmar los ánimos. La mandataria acusa intervencionismo, denuncia que son actos político-electorales, advierte que México no es piñata de nadie y asegura (05-05-2026) que ninguna potencia extranjera dirá a los mexicanos cómo gobernarnos. Desafortunadamente nada contiene al gobierno de Donald Trump. La nueva estrategia antidrogas de Estados Unidos, avalada por el presidente y hecha pública el lunes reciente, es más agresiva. Condiciona el apoyo bilateral a las detenciones, procesos y extradiciones y advierte sobre la utilización de “todas las herramientas diplomáticas, de inteligencia, militares y económicas disponibles” contra los cárteles. Describe a México como el principal corredor de drogas hacia Estados Unidos y como el espacio donde operan con mayor fuerza los cárteles responsables de la producción y tráfico de fentanilo y metanfetamina. Señala que las organizaciones criminales actúan con altos niveles de impunidad en partes del territorio mexicano, desafiando la autoridad del Estado y utilizando violencia extrema para controlar rutas de contrabando. Plantea una ofensiva contra los cárteles que clasifica como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO) y equipara el impacto de las drogas sintéticas con el de armas de destrucción masiva; reforzar el control fronterizo, desmantelar las cadenas globales de suministro de precursores químicos y reducir la demanda interna mediante prevención, tratamiento y una política cultural “libre de drogas”. Sujeta la cooperación al cumplimiento de las exigencias de Estados Unidos. La asistencia en capacitación, inteligencia y apoyo operativo dependerá de las acciones concretas del gobierno mexicano y de resultados tangibles como arrestar, procesar y extraditar a los líderes de las organizaciones criminales y destruir laboratorios de drogas sintéticas. El Departamento de Estado, mediante la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL), en coordinación con el Departamento de Justicia y el apoyo del Departamento de Guerra, “liderará los esfuerzos diplomáticos y de justicia para asegurar una cooperación sólida, sostenida y medible para identificar y desmantelar organizaciones de narcotráfico transnacionales (TCO) y las de narcotráfico extranjeras (FTO) que operan en su territorio. Establece que la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) trabaje con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, mientras que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) encabezará sanciones contra líderes, facilitadores y redes de los cárteles. Prevé sanciones económicas severas contra empresas o cualquier entidad comercial, extranjera o nacional que no proteja su cadena de suministro de la explotación por parte de organizaciones de narcotráfico transnacionales (TCO). El Departamento del Tesoro podrá negar a empresas el acceso al sistema financiero de los Estados Unidos. Paralelamente, el Departamento de Justicia emprenderá acciones penales contra empresas y ejecutivos que, a sabiendas o por negligencia deliberada, faciliten el comercio ilícito de drogas y precursores químicos. El documento advierte sobre la activación de autoridades militares y de defensa nacional como respuesta a una amenaza nacional tras la designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras. “Si no hacen su trabajo, nosotros lo haremos”, advierte Trump a México (06-05-2026) sobre el narcotráfico. |
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Rafael CienfuegosRafael Cienfuegos Calderón cursó la carrera de Periodismo y Comunicación Colectiva en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y se inició como reportero en 1978. Se ha desempeñado como tal en el periodismo escrito, principalmente, y ha incursionado en medios electrónicos (Canal Once Tv) y en noticieros de radio como colaborador. Archives
May 2026
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