“Pueblo” y ciudadanos ante la reforma JudicialRafael Cienfuegos Calderón
La reforma al Poder Judicial -obsesión del presidente inventor de la Cuarta Transformación y objetivo de la electa presidenta- la dan por hecho los partidos políticos del oficialismo ante el probable exceso de diputados que tendrán en la legislatura del Congreso. El actual mandatario la quiere para antes de que concluya su mandato tal cual la envió a la Cámara de Diputados, sin quitarle una coma, en tanto que la futura Jefa del Poder Ejecutivo propuso y logró que se abrieran foros para discutirla, analizarla y valorarla, se propongan adecuaciones, no propuestas alternas de cambio, antes de que para que sea aprobada. Por ello se están llevando a cabo parlamentos ciudadanos en los que especialistas, académicos, investigadores, juristas y abogados hablan de los pros y contras de la iniciativa de reforma presidencial, sin que se sepa si van a ser tomados en cuenta o no. Hasta ahí, parece que va bien. El tema es abordado por los especialistas. El inconveniente que no han tomado en cuenta el presidente del cambio y la presidenta de la continuidad, es que el “pueblo” que elegirá en votación abierta a ministros, magistrados, jueces y demás integrantes del Podres Judicial -más de mil 600- desconocen de qué trata la reforma. En junio pasado Claudia Sheinbaum dio a conocer los resultados de las encuestas que Morena encargó para tomar el pulso a la ciudadanía sobre la reforma judicial. De acuerdo al análisis de Alejandro Moreno (Director de Encuestas y Estudios de Opinión de El Financiero, 28-06-2024) los sondeos mostraron que: Alrededor de la mitad de las personas no están enteradas sobre el tema; una mayoría entre 55 y 61% cree que en el Poder Judicial predomina la corrupción; entre dos tercios y tres cuartas partes de la ciudadanía apoyan la propuesta de la elección popular; casi ocho de cada diez personas consideran necesaria una reforma judicial; y casi nueve de cada diez personas apoyan la creación de un órgano independiente que vigile al Poder Judicial de la Federación. En la encuesta nacional que realizó posteriormente El Financiero se confirma el desconocimiento de la gente sobre la reforma judicial, con 62%l, lo mismo que la percepción de corrupción, con 60%, que también la hay en los poderes Ejecutivo y Legislativo, con 60%; la mayoría no cree que la elección de magistrados, ministros y jueces disminuya la corrupción. El apoyo a elegir jueces por medio de elecciones es mayoritario con 59% pero menor al 64% de enero-junio; si se contrastan con otro método de selección que implica priorizar los conocimientos, la trayectoria y la imparcialidad, las elecciones de jueces tienen todavía menos apoyo. En otras palabras –señala Alejandro Moreno- el sentir de la opinión pública que midieron las encuestas de Morena no es definitivo y eso dificulta que se tomen con un carácter ejecutivo. La reforma judicial tiene aspectos que la gente no entiende a fondo. Lo anterior exhibe que la iniciativa de forma al Poder Judicial necesita una amplia difusión entre todos los sectores de la población pero no solo de los conceptos que interesas al gobierno sino también los pros y contras expuestos por los especialistas en los foros de discusión.
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El delincuente electoral que es PresidenteRafael Cienfuegos Calderón
Desde que adelantó en agosto de 2021 la carrera presidencial con sus corcholatas como posibles candidatos de Morena y partidos parásitos hasta la elección de 2024, el hoy gobernante se convirtió en delincuente electoral a sabiendas de que por su investidura no sería penalizado. Los delitos electorales que cometió el presidente del cambio y la transformación hasta tres días antes de las elecciones del 2 de junio, por veda, estuvieron a la vista y en todo momento al descubierto. Violentó la Constitución al no acatar el mandato de que ningún presidente puede intervenir en los procesos electorales, mismo que promovió en 2007 tras perder la elección presidencial de 2006 contra el panista Felipe Calderón para que como Vicente Fox, entonces mandatario, ninguno se entrometiera. Ya en el poder eso no le importó. Contrario a sus repetidos dichos de que respeta la ley electoral y que “nosotros no somos iguales”, luchamos por la democracia porque enfrentamos fraudes (14-05-2024), están 51 medidas cautelares que emitió en su contra el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). A pesar de que en enero de 2021 el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó ordenar al Presidente, gobernadores y servidores públicos abstenerse de hablar sobre la elección –intermedia- en actos públicos no hubo acatamiento y la falta fue constante hasta la de 2024. De acuerdo a la Ley General en Materia de Delitos Electorales un funcionario o servidor público de los gobiernos federal, estatal o municipal comete un delito electoral cuando, entre otras causas: Proporcione apoyo o preste algún servicio a un precandidato(a), partido político, coalición, agrupación política o candidato(a), sea que lo haga por sí mismo o a través de sus subordinados. El inventor de la transformación que ideológicamente se quiere imponer, impulsó, apoyó y promovió desde la presidencia a su hechura política, Claudia Sheinbaum, para ganar la elección y atacó a la oposición y su candidata, Xóchitl Gálvez, a la vez que puso al servicio de la campaña oficial a los Servidores de la Nación -empleados de la Secretaría del Bienestar- y a los gobernadores morenistas. Cometer ese delito electoral lo convierte en delincuente electoral al que, por ser el Presidente en turno, la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales no puede aplicar la ley para sancionarlo. Sabedor del fuero que ostenta y de la impunidad que le confiere, el Presidente actuó con premeditación, alevosía y ventaja para violar la Constitución y la Ley Electoral. Y -aunque a toro pasado- el Tribunal Electoral confirmó (17-07-2024) tres proyectos de sentencias en su contra por intromisión y generar inequidad en la contienda al hacer comentarios durante la campaña, usar recursos públicos, y difundir propaganda gubernamental en tiempo prohibido. No hay garantía de pensiones al 100%Rafael Cienfuegos Calderón
Si como estimó -con sus otros datos- el inventor de la Cuarta Transformación para garantizar a los trabajadores una pensión al 100% a partir del 1 de julio se reuniría 160 mil millones de pesos el Fondo de Pensiones para el Bienestar nació pobre. Esa cantidad de dinero fue inalcanzable y ni siquiera se llegó a los 64 mil 619 millones prometidos por el gobierno del cambio cuando anunció el nuevo plan de pensiones pues el fondo inició con 44 mil 894 millones. Y, eso, por las transferencias de las Afores (24 mil 238 millones de pesos); del Infonavit (seis mil 135 millones); del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (12 mil millones); y de otros (dos mil 518 millones). Y aunque el Fondo no tiene el dinero esperado, en los actuales momentos estelares de la 4T se festejó su nacimiento con los mejores deseos de éxito. Héctor Santana Suárez, titular de la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social de la Secretaría de Hacienda (SHCP) -mañanera del aún presidente (01-07-2024)- vaticinó que con los 44 mil 894 millones de pesos se garantiza cumplir los dos objetivos del fideicomiso que operará el Banco de México (BM) para realizar los pagos. La devolución a aquellos trabajadores que rebasan los 70 años y que quieran el dinero que tienen en cuentas inactivas, y el pago de complemento que garantice que quienes dejen de laborar por edad reciban -si tienen un salario inferior a 16 mil 777 pesos- el 100% de los ingresos que tenían en activo. La permanencia del fondo de pensiones y el pago al 100% del salario, sin embargo, no tienen garantía dada la carencia de recursos aunque el presidente que pronto se irá contempla diversas fuentes de recursos. Los 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF) que tienen 15 mil 800 millones de pesos y que los senadores desaparecieron. La confiscación de 40 mil millones de pesos que pertenecen a trabajadores con cuentas inactivas de Afore desde hace 10 años y que no los han reclamado después de cumplir 70 años de edad. El dinero que obtenga el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado y las utilidades –si es que llegan a tener- de los subsidiados Tren Maya, la aerolínea Mexicana de Aviación y el Tren Transístmico. Y los recursos de los ejercicios fiscales 2024 y 2025 provenientes de la enajenación de inmuebles propiedad del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Respecto a los fideicomisos del Poder Judicial hay una suspensión judicial definitiva sobre su desaparición que impide hacer uso del dinero. Y sobre el Fondo de Pensiones del Bienestar la Suprema Corte admitió a trámite (25-06-2024) la acción de inconstitucionalidad que diputados de oposición interpusieron contra el decreto que lo creó. |
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Rafael CienfuegosRafael Cienfuegos Calderón cursó la carrera de Periodismo y Comunicación Colectiva en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y se inició como reportero en 1978. Se ha desempeñado como tal en el periodismo escrito, principalmente, y ha incursionado en medios electrónicos (Canal Once Tv) y en noticieros de radio como colaborador. Archives
September 2024
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