Seguirá el nepotismo político hasta 2030Rafael Cienfuegos Calderón
Los primeros cambios políticos de la presidenta de la continuidad en favor de la democracia que dan un atisbo de hacía dónde podrían ir las reformas constitucionales en materia electoral, ya son un hecho. La Cámara de Senadores aprobó la no reelección continua y la eliminación del nepotismo, solo que tendrá efecto hasta 2030 y no en 2027. Para conseguir el cambio de fecha los legisladores de Morena y los parásitos y mercenarios del Verde Ecologista de México (PVEM) y del Trabajo (PT) hicieron de las suyas. Trampa -acusó la oposición-. Luego de que la iniciativa de reforma presidencial fue aprobada en lo general por el PRI, el PAN y Movimiento Ciudadano como la envió la Presidenta para 2027, la triada política del oficialismo presentó una propuesta a través del morenista Adán Augusto López y del verde Manuel Velasco para diferir la fecha al 2030. Como son mayoría, la votaron a favor. Una primera lectura sería que la presidenta Claudia Sheinbaum lo pensó mejor y cambio de idea o que la convencieron de la inconveniencia de provocar descontento entre los aliados del PVEM pues necesitan sus votos para asegurar la aprobación de las reformas constitucionales que sostengan el segundo piso de la Cuarta Transformación. Una segunda es que los senadores de Morena -porque les es perjudicial- pasaron por alto la orden de legislar contra el nepotismo para que gubernaturas y presidencias municipales no se hereden a familiares y la no reelección consecutiva. La tercera el riesgo de división y desbandada de prominentes miembros de Morena por ver afectados sus intereses políticos al perder las posibilidades de ser candidatos a suceder en el gobierno a un familiar cercano. Ahí están Félix Salgado Macedonio -Guerrero, Saúl Monreal –Zacatecas-, Ruth Miriam González -San Luis Potosí-, y Mariana Rodríguez -Nuevo León-. Sobre que si cambio de idea por conveniencia política hay que decir que tendría sentido. Si quiere que sus iniciativas de reformas a la Constitución como la energética y la eléctrica, por ejemplo, se aprueben sin quitarles una coma, no puede prescindir del respaldo del partido Verde. En cuanto a la supuesta desobediencia no tiene mucho sustento toda vez que en México las hojas de los árboles no se mueven si la Presidenta no sopla. Si Adán Augusto López y Manuel Velasco propusieron la modificación de la iniciativa contra el nepotismo fue con su anuencia. Divisionismo ha habido siempre en el movimiento-partido de la Presidenta. En su interior confluyen personajes de militancia política e intereses diferentes que conviven entre la unión y el divisionismo, y si la reforma antinepotismo se aplicara en 2027 no pasaría gran cosa. ¿Adónde irían que más valgan? Ahora bien, en la conferencia del “pueblo” del miércoles, Sheinbaum pidió a los integrantes de su movimiento político que, aunque en la Constitución se establezca la prohibición hasta 2030, no postulen a familiares a cargos de elección popular en 2027, pues se “vería muy mal”. Apela a la ética moral de los políticos de Morena, PT y PVEM, pero la mayoría carecen de ella.
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La judicial; primera farsa electoral del sexenioRafael Cienfuegos Calderón A los únicos que importa la desaseada elección de jueces, magistrados y ministros del nuevo Poder Judicial, es a sus promotores que quieren el dominio de los tres Poderes de la Unión. A la presidenta Claudia Sheinbaum -que heredó la reforma judicial de su padre político-, a los legisladores del oficialismo -que cambiaron la Constitución por “lealtad ciega”-, al Tribunal Electoral –opositor de los amparos judiciales- y al Instituto Electoral -responsable de llevarla a cabo-. Al “pueblo”, al que embaucan con la patraña de que va a hacer historia al renovar con su voto al Poder Judicial que será del “pueblo” y para el “pueblo”, le importa poco por carecer de información precisa y confiable y por tratarse de un asunto eminentemente político. Lo que la Presidenta, diputados, senadores y dirigentes de Morena piden al “pueblo” es que sustituya a los actuales integrantes –salvo a Yasmín Esquivel, Lenia Batres y Loretta Ortiz, que les son útiles, por otros que sirvan a sus intereses. Eso de que habrá pronta y expedita impartición de justicia, imparcialidad, autonomía y auténtico Estado de derecho como cacarean está por verse. Por el cochinero en que los poderes Ejecutivo y Legislativo han convertido el proceso, la elección carece de credibilidad, confiabilidad y legalidad. La elección de integrantes del Poder Judicial es una farsa que se montó para asumir el control del Poder Judicial y eliminar en la práctica la división de poderes y el contrapeso al ejercicio del poder. El desaseo con que se conduce permite prever que el resultado carecerá de legitimidad, no será confiable ni representativo aunque lo avalen el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf). El voto no será razonado ni libre ni secreto si lo que se propala es información falsa y si mayoritariamente son simpatizantes y militantes azuzados y movilizados por Morena los que sufraguen por los favoritos. La elección de juzgadores es inédita y compleja. Se votará por 881 de entre cuatro mil 224 candidatos y ello implicará dificultades para ciudadanos y gente del “pueblo” acostumbrados históricamente a sufragar en comicios federales por un presidente de la República, 500 diputados y 128 senadores. Francisco Abundis, director de Parametría, estimó (Milenio, 25-09-2024) que lo más probable es que una elección de jueces, magistrados, ministros no convoque a muchos más ciudadanos que otros ejercicios de democracia directa. En la revocación de mandato participaron 15 millones 100 mil votantes, en la consulta del aeropuerto de Texcoco, un millón 67 mil 859 y en la consulta para juzgar a los expresidentes, seis millones 600 mil. A tres meses y días de la elección, el partido en el poder y grupos con capacidad de movilización -sindicatos oficialistas- se preparan para aleccionar a sus huestes a que voten por los jueces, magistrados y ministros que les convengan y sean afines a la Presidenta y contribuyan a la edificación del segundo piso de la inventada Cuarta Transformación. ¿Qué hacer con los migrantes?Rafael Cienfuegos Calderón
Ser indefinidamente humanitario con los migrantes deportados y con los que no cejan en su empeño de ir a Estados Unidos cruzando el territorio mexicano pese al peligro que implica, será complicado y una gran responsabilidad para el gobierno. El costo económico es incalculable y una crisis social por pobreza, violación de derechos humanos, discriminación e injusticia, puede ser inminente. Ambos factores colocan a la presidenta Claudia Sheinbaum en una encrucijada. Enviar inmediatamente a los migrantes centroamericanos, cubanos, haitianos, venezolanos y colombianos a sus países o asistirlos lo mejor posible en sanidad, alimentación, alojamiento, empleos y seguridad durante su estancia El problema a atender es mayúsculo. Hay miles que están varados en el territorio nacional y son cientos los que ingresan para ir en caravanas que no se detienen rumbo a Estados Unidos sin importarles la militarización de las fronteras. Francisco Garduño, el director del Instituto Nacional de Migración (INM) absuelto de la muerte de 40 migrantes centroamericanos detenidos en sus instalaciones convertidas en cárcel y que se incendiaron, informó (16-01-2025): En los últimos seis años 10 millones 500 mil personas de 16 millones que caminaron por territorio nacional lograron cruzar la frontera con Estados Unidos. Y unos seis millones 300 mil provenientes de 182 países, principalmente del continente americano, África y Asia, han permanecido en el país desde 2019. El "Foro de Consulta para una Migración Ordenada, Segura y Regular", de la Secretaría de Gobernación, sirvió al funcionario para exponer sin un dejo de remordimiento por el mal trato que el INM da a los migrantes: "Es desgarrador” observar las condiciones de las personas migrantes que tienen como objetivo llegar al sueño americano de Estados Unidos y no se los permiten. Si Garduño se refiere al horror que viven a partir de que se quedan del lado mexicano, tiene toda la razón, “es desgarrador”. Está documentado que los agentes de migración y la Guardia Nacional los persiguen, detienen y encierran en instalaciones inadecuadas como si fueran los delincuentes que acusa Trump son. Dijo que a las autoridades migratorias corresponde recibir cada año a 41 millones de turistas migrantes regulares que merecen “atención especial “; vigilar a los asentados en el territorio y a los que arriban ilegal y cotidianamente; y “cumplir” la política de atención humanitaria y de “respeto” a los derechos humanos. Contrario a los dichos de Garduño, el Instituto para la Seguridad y la Democracia A.C. sostiene desde 2013 que en las condiciones actuales del INM, no existe instrumento de gestión pública del gobierno cuyas capacidades instaladas hagan posible llevar a los hechos una política migratoria soportada en los principios de hospitalidad y solidaridad, equidad entre nacionales y extranjeros, unidad familiar y respeto irrestricto de los derechos humanos de los migrantes, sea cual fuere su, género, etnia, edad y situación migratoria. ¿Cuánto tiempo podrá hacer frente el gobierno a las deportaciones y al cruce ilegal de migrantes al territorio? Los claroscuros de la tregua Sheinbaum-TrumpRafael Cienfuegos Calderón
A partir del martes 4 inició la tregua temporal que acordaron los gobiernos de México y Estados Unidos en cuanto a los aranceles unilaterales de Donald Trump y la búsqueda de acuerdos mediante la negociación que empuja Claudia Sheinbaum. En los siguientes 30 días la presidenta espera tener información precisa de lo que realmente quiere su homólogo como resultado las negociaciones que iniciaron el lunes en materia comercial y de seguridad después de la llamada telefónica que sostuvieron. Las condiciones del presidente norteamericano fueron reforzar militarmente la frontera norte, frenar el tráfico de drogas –fentanilo- y contener a los migrantes para que no lleguen a Estados Unidos. Lo primero ya se cumple y si la orden a la Guardia Nacional es que haga tareas de patrulla fronteriza, el tercer punto podría irse atendido. Lo realmente complicado es la manera en que se pueda evitar el trasiego de drogas dado que ello se hace de diversas maneras: contrabando hormiga, red de correos, empaque en condones, embalaje con varias capas de polietileno, látex o cera. Además de uso de aviones privados y de carga, submarinos, embarcaciones sumergibles y semisumergibles, de suministro, pesqueras, portacontenedores y lanchas rápidas, autobuses, vagones de ferrocarril, remolques de tractores, automóviles y vehículos interestatales, privados y comerciales. Por otra parte, se desconoce cómo van a evaluar los gobiernos de Estados Unidos y México los resultados sobre drogas y migrantes y el combate al tráfico de armas de fuego de alto calibre. ¿Acaso Trump y Sheinbaum se exigirán informes diarios? ¿Qué va a pasar si al término del impasse arancelario Trump estima que no se hizo gran cosa o si Sheinbaum reclama que siguen llegando armas? ¿Terminará en fracaso lo que el día 3 ambos festejaron como un triunfo del diálogo y los compromisos? ¿Se aplicarán mutuamente aranceles -25% a las exportaciones mexicanas- y un porcentaje no dado a conocer del plan B a las ventas norteamericanas? ¿Después del 4 de marzo iniciará una guerra comercial bilateral? Pareciera que son cuestiones intrascendentes, empero de alguna manera la presidenta y el presidente tienen que medir los resultados y el cumplimiento de los compromisos que se impusieron. De la evaluación que hagan y de lo satisfechos que queden Claudia Sheinbaum y Donald Trump con los resultados, dependerá el futuro de la relación México- Estados Unidos, de sus economías y del intercambio comercial. De ella se puede esperar mesura, apertura al diálogo y negociación de acuerdos, así lo ha mostrado. De él cualquier cosa dado su carácter explosivo, amenazante, confrontativo, su complejo de superioridad y su cerrazón. Será un mes de incertidumbre. Un manto de ilegalidad cubre la elección de juzgadoresRafael Cienfuegos Calderón
Al evidente desaseo en la elección de nuevos integrantes del Poder Judicial - convertido en circo- los máximos representantes de la inventada Cuarta Transformación suman la violación de la reforma constitucional que hicieron al poder del Estado mexicano encargado de impartir justicia y hacer cumplir las leyes de la Constitución. La presidenta Claudia Sheinbaum, los coordinadores de Morena en las cámaras de Diputados y Senadores, Ricardo Monreal y Adán Augusto López , y la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Mónica Soto, con la complicidad de la presidenta consejera del Instituto Nacional Electoral (INE) Guadalupe Taddei, son los infractores. Los líderes legislativos de Morena afirman que ya no hay impedimento para que avance la evaluación de los candidatos a jueces, magistrados y ministros que le correspondían al Poder Judicial luego de que el Tribunal Electoral “determinó” que la Cámara de Senadores la lleve a cabo. Gerardo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva del Senado, quien puso en duda el trabajo que hizo el comité de evaluación del Poder Judicial antes de suspender el proceso por un recurso de amparo, informó que solicitarán el listado completo de las personas que pasarán a la tómbola prevista para el día 31 aunque la podrían adelantar al 30. Tal parece que la 4T tiene planchada la elección aunque violando el mandato de la reforma judicial. Carlos Marín expuso con claridad y argumentos la ilegalidad en que incurren (Milenio Diario, 28-01-2025). De acuerdo a lo contenido en el artículo Décimo Primero transitorio del decreto de reforma constitucional publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 2024, la regla señala que los órganos del Estado y toda autoridad jurisdiccional deberán atenerse a su literalidad y no habrá lugar a interpretaciones análogas o extensivas que pretendan inaplicar, suspender, modificar o hacer nugatorios sus términos o su vigencia, ya sea de manera total o parcial. El artículo 96, fracción III, segundo párrafo de la Constitución dispone, en su literalidad, que Los Poderes que no remitan sus postulaciones al término del plazo previsto en la convocatoria no podrán hacerlo posteriormente. Y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (artículo 500, numeral 9) establece que las autoridades que no remitan postulaciones al término del plazo previsto en la convocatoria respectiva estarán impedidas para hacerlo posteriormente. De la literalidad de los preceptos se desprende que el Poder que no postule a sus candidatos al cierre de la convocatoria no lo puede hacer posteriormente: el hipotético Poder en cuestión no postularía candidato, ni siquiera bajo un argumento de “cumplimiento sustituto” porque no cabe la posibilidad de que un órgano jurisdiccional modifique los términos, aun parcialmente, del decreto de reforma. Si un Poder no remite al Senado el listado aprobado de sus candidatos, no podrá hacerlo nadie más. No está previsto que un Poder distinto pueda enviar la lista de candidatos de otro Poder, simplemente porque tal supuesto no figura en la destructiva reforma constitucional ni en su atropellada y mañosa legislación secundaria… |
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Rafael CienfuegosRafael Cienfuegos Calderón cursó la carrera de Periodismo y Comunicación Colectiva en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y se inició como reportero en 1978. Se ha desempeñado como tal en el periodismo escrito, principalmente, y ha incursionado en medios electrónicos (Canal Once Tv) y en noticieros de radio como colaborador. Archives
August 2025
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