ATISBOS

Menos libertades ¿por seguridad?

Rafael Cienfuegos Calderón

Por incapacidad para pacificar al país, superar la inseguridad, frenar la delincuencia y violencia criminal  que dejaron casi 200 mil asesinatos el sexenio pasado y 21 mil en nueve meses del actual, legisladores progobiernistas aprobaron leyes que violentarán libertades fundamentales de la población si se abusa de ellas.

Y hay evidencias de que así será.  

Durante siete años los gobiernos de la Cuarta Transformación, su partido y legisladores han reformado en exceso la Constitución en detrimento de derechos e intereses comunes aprovechando el poder que ostentan.

De ahí los cuestionamientos:

¿”Pueblo” y ciudadanos tendrán menos libertades?

¿Vivirán indefensos bajo vigilancia del ojo avizor de las fuerzas del orden público?

¿Se violenta el derecho a la vida privada?

La presidenta Claudia Sheinbaum jura y perjura que no.

Pero sus simples dichos no son garantía.

¿Cómo confiar en que las atribuciones otorgadas a Ejército, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Centro Nacional de Inteligencia con las nuevas leyes no transgredirán los derechos de privacidad y libertad ahora que el espionaje masivo es legal?    

El día 2 diputados del oficialismo aprobaron la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión que desaparece el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y  crea la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) y la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).

Esta comisión normará las telecomunicaciones y la radiodifusión como servicios públicos de interés general y podrá suspender las transmisiones de medios de comunicación (radio y televisión) que violen los derechos de las audiencias.

Los senadores aprobaron el mismo día la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública para integrar un sistema de interconexión de datos públicos y privados a los que tendrán acceso las instituciones de seguridad.

La primera ley establece los mecanismos de coordinación y colaboración entre instituciones y autoridades en prevención, investigación y persecución de delitos. Subordina las acciones de investigación e inteligencia a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y permite a las instituciones de seguridad la interconexión, acceso, consulta e integración de la información contenida en las bases de datos y registros públicos y particulares de la Plataforma Central de Inteligencia.

Esta plataforma, a cargo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) estará interconectada a los sistemas de inteligencia de las instituciones de seguridad y a los registros y bancos de información en posesión de instituciones públicas y privadas.

Incluye a particulares que tengan sistemas de inteligencia, bases de datos y registros administrativos vehiculares y de placas, biométricos, telefónicos, fiscales de personas morales, de la propiedad y el comercio, catastros, de armas de fuego aseguradas o decomisadas y prestadores de servicios de seguridad privada.

Además, comprende los padrones de personas detenidas y sentenciadas, de servicios financieros, bancarios, de transporte, salud, telecomunicaciones, empresariales, comerciales, y “todos aquellos de donde se pueda extraer información, indicios, datos y pruebas para la generación de productos de inteligencia para la prevención, investigación y persecución de delitos”.

La segunda ley crea un Sistema Nacional de Información integrado por registros y bases de datos que permitirán a las instituciones de seguridad su consulta e interconexión.

Las instituciones policiales, de procuración de justicia y penitenciarias, y los Centros de Comando y Control podrán compartir, actualizar y consultar diariamente la información que “se clasificará como reservada” sobre detenciones, indagación criminal, personal de seguridad, equipo, armamento, medidas de protección y personas sentenciadas.

Saquen sus conclusiones.