ATISBOS

La prisión preventiva quita la libertad a miles

Rafael Cienfuegos Calderón

En el país hay quienes son culpables de un delito comprobado y están libres sin ser molestados por las autoridades encargadas de proteger, dar confianza y alejar a la población de riesgos y peligros. También hay miles de hombres y mujeres recluidos en cárceles deplorables a causa de la prisión preventiva oficiosa cuya aplicación se intensificó a partir de 2024.

Cualquier ciudadano y gente del “pueblo” puede ser privado de la libertad e ir a prisión por el simple hecho de ser “señalado” como presunto delincuente, su culpabilidad o inocencia no importa.

Puede estar en prisión meses o años en tanto no se lleve a cabo su juicio y se dicte sentencia.

Así ordena la reforma constitucional de 2024 en materia penal -prisión preventiva oficiosa- del gobierno transformador, que en lugar de aminorar la tipificación de los delitos los ha ampliado.

La población está indefensa ante la arbitrariedad.

No hay garantías ni derechos ante el poder otorgado a las autoridades para encarcelar sin respeto a la presunción de inocencia.

Ese instrumento del punitivismo que rompe cualquier alegato sobre el presunto respeto a los derechos humanos sirve, por supuesto, políticamente. Para presumir que “algo” se está haciendo en seguridad (Carlos Puig, Milenio, 19-06-2025).

La reforma al artículo 19 de la Constitución (13-11-2024) establece que el juez ordenará la prisión preventiva oficiosa contra alguien que sea “señalado” por abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, extorsión, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción por enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo a transporte de carga, robo de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, desaparición forzada de personas y cometida por particulares, violencia con armas y explosivos, uso de armas exclusivas del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, atentar contra la seguridad de la nación, la salud, el libre desarrollo de la personalidad, contrabando, falsear comprobantes fiscales, introducción, desvío, producción, preparación, enajenación, adquisición, importación, exportación, transportación, almacenamiento y distribución de precursores y sustancias químicas esenciales para drogas sintéticas y fentanilo.

Por alguno de estos delitos -real o inventado- hay 97 mil 710 personas en prisión sin sentencia, de un total de 248 mil 361 personas privadas de la libertad en  275 centros de reclusión estatales y federales  cuya capacidad es para 224 mil.

Hay sobrepoblación de 23 mil 855 personas y desde que la presidenta Claudia Sheinbaum asumió el poder se ha encarcelado a 13 mil a causa de la prisión preventiva (datos del más reciente informe del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social, Carlos Puig, Milenio, 07-08-2025).

Así la impartición de la justicia en los tiempos estelares de la Cuarta Transformación.