Guardia Nacional y pacificación del paísRafael Cienfuegos Calderón
A la Guardia Nacional (GN), que cumplió siete años como responsable de la seguridad pública junto con el Ejército y la Marina, la presidenta Claudia Sheinbaum, le reconoció ser parte de la reducción “sin precedentes” de 46% en los homicidios dolosos, y le recordó que “su misión es proteger la paz”. Un año antes de que se creara, en 2019, el promedio diario de homicidios era de 92; en 2024 bajó a 82, en 2025 a 52.4 y a la mitad de 2026 los casos son 47.3 diarios De acuerdo a esos datos oficiales, parece innegable que la Estrategia Nacional de Seguridad de la que la Guardia Nacional es uno de sus pilares está dando buenos resultados Sin embargo, ¿por qué no se pacifica al país, no hay mayor seguridad pública, no disminuyen la violencia y la extorsión, y a diario la población es vulnerada? Durante la celebración del séptimo aniversario -el martes- la mandataria fue elocuente: “mientras el amor por México y por el pueblo permanezcan vivos en cada uno de ustedes nuestra nación seguirá caminando con la frente en alto, libre, soberana y orgullosa de su destino. Porque quien sirve con honestidad al pueblo, sirve a la patria; y ustedes, Guardia Nacional, están haciendo historia”. Con un presupuesto de 150 mil millones de pesos como parte de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y ahora integrada a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la GN pasó de 70 mil elementos en 2019 a 125 mil y se espera crezca a 170 mil al concluir el sexenio. Se creó con 70% de integrantes del Ejército y la Marina, el resto procedía de la extinta Policía Federal; de ahí que la Guardia sea considerada un cuerpo de seguridad militarizado con funciones policiales. El 30 de junio de 2025 la presidenta Claudia Sheinbaum, expuso que “algunos piensan que la Guardia Nacional es parte del Ejército Mexicano y no, es parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, que es diferente. Tiene su propia comandancia, sus propios oficiales, su propia formación, su sentido propio, separado del Ejército”. Aún con esa explicación persiste la polémica por la militarización de ese cuerpo de seguridad que nació con naturaleza civil, y hay la percepción de que sus resultados son limitados. De acuerdo con el informe que presentó la organización Causa Común ante el Senado de la República el año pasado, la Guardia Nacional reportó siete detenciones por día. Realizó 90 mil 332 detenciones y únicamente 2 mil 814 personas fueron puestas a disposición. Esto es que se requieren 45 elementos para realizar la detención y puesta a disposición de una persona ante el ministerio público. Aunque por ley los guardias están obligados a tener el Certificado Único Policial (CUP), que acredita la aptitud para ingresar o permanecer en las instituciones de seguridad pública, no todos contaban con ese documento. Entre 2019 y abril de 2024 fue entregado el CUP a 96 mil 732 elementos de los 133 mil que la integran, tres de cada cuatro mostraron tener los conocimientos, el perfil y las aptitudes para desempeñar su cargo, pero los demás operaron de forma irregularidad. La GN tiene 16 recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y a mayo de 2024, esta institución y las secretarías de la Defensa Nacional y Marina acumularon 4 mil 800 quejas por violaciones a los derechos humanos, refiere el Quinto Informe del Observatorio de la Guardia Nacional.
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Sheinbaum en busca de sus lealesRafael Cienfuegos Calderón Luego de que heredó 24 gobernadores y un Congreso Legislativo de políticos que no le son afines porque los designó el expresidente cuatrotero, la presidenta Claudia Sheinbaum, se apresta a seleccionar de entre sus allegados a los de su mayor confianza para que sean candidatas-candidatos a las 17 gubernaturas y 500 diputaciones federales que se elegirán en 2027. Morena se adelanta a la fecha que marca la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Lgipe) para el inicio del proceso electoral -1 de septiembre- e incurre en una ilegalidad y el instituto y el tribunal electorales la pasan por alto. Abrió del 22 al 27 de junio el registro de aspirantes a coordinadores estatales de defensa de la transformación y la soberanía nacional, membrete con que disfrazará las campañas anticipadas de quienes serán sus candidatos. Ello provocó desbandada de legisladores que solicitaron licencia -30 al martes- y que la Presidenta enviara –jueves 18- el mensaje de que los legisladores que pidan licencia no tienen garantía de que obtengan la candidatura a una gubernatura. Félix Salgado Macedonio tiene en contra el acuerdo interno de Morena y la postura de ella de rechazo al nepotismo y quiere relevar a su hija en la gubernatura de Guerrero. A Julieta Ramírez el gobierno del Estados Unidos le retiro la visa, a Armando Ayala y a Pavel Janero Velásquez se les acusa de supuestos vínculos con el crimen organizado o con personas relacionadas con este y a Raúl Morón, la viuda de Carlos Manzo, expresidente municipal en Michoacán asesinado, le imputa ser uno de los autores intelectuales de su crimen (Reforma, 18-06-2026). Claudia Sheinbaum y la líder de su partido han expuesto que quieren candidatos probos, de buena reputación, que acrediten estar libres de escándalos legales, sin antecedentes de corrupción ni vínculos con el crimen organizado. En cuanto a la Cámara de Diputados, para el trienio 2027-2030 la Presidenta necesita mayoría calificada para hacer las reformas constitucionales que crea necesarias y fortalecer el avance y permanencia de la inventada cuarta transformación, como la político-electoral, por ejemplo, en la que su antecesor y ella han fracasado. Alcanzar ese objetivo va a depender de las candidaturas que impulsen Morena -en lo particular- y las que surjan en coalición con los partidos parásitos Verde Ecologista y del Trabajo. El control del Poder Legislativo le es preciso a la segunda presidenta de la 4T para gobernar y garantizar los presupuestos de los programas sociales de reparto de dinero y continuar la construcción de vías para trenes de pasajeros y carga –para 2030 se espera que tenga 3 mil kilómetros-. Esa será la obra insignia de su sexenio. El reto es que no se equivoque con los candidatos que designe. Principalmente en los estados donde se relevará a gobernadores que están en la mira de Estados Unidos por supuestos nexos con grupos criminales: Rubén Rocha, Sinaloa; Alfonso Durazo, Sonora; Alfredo Ramírez Bedolla, Michoacán; y María del Pilar Álvarez, Baja California. Por el momento, el desfile de suspirantes que, entre porras de acarreados, llegan al World Trade Center de la Ciudad de México para registrarse, seguirá hasta el sábado. Es a fuerzas; no hay libertad alternaRafael Cienfuegos Calderón La obligación que impuso el gobierno para que los usuarios de telefonía celular se registren choca con la negativa de hacerlo. Hay desconfianza sobre el uso que se haga de los datos personales, temor de ser vigilados y que se viole el derecho a la privacidad. La presidenta afirma que “no se va a vigilar sino que es para combatir el delito de extorsión”; los usuarios no lo creen, dudan y hasta han preferido desconectar sus móviles. En los primeros tres meses del año 3 millones 260 mil usuarios de telefonía se desconectaron (The Competitive Intelligence Unit (CIU), 02-06-2026); y de 162 millones 200 mil líneas existentes el registro al 12 de junio fue de 59 millones 167 mil (Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT). El plazo para que los usuarios de telefonía móvil hagan el registro que vincula su línea de celular a la Clave Única de Registro de Población (CURP) vence el 30 de junio y a partir del 1 de julio quienes no lo hagan se quedarán sin servicio. La imposición gubernamental se fundamenta en que la extorsión es un delito que no logran controlar y constituye un negocio ilícito de miles de millones de pesos que se realiza mayormente por medio de las líneas móviles de telefonía; la negativa de los usuarios radica en que la autoridad ha ampliado la red de vigilancia a la población otorgando facultades discrecionales al Ejército, Marina y Guardia Nacional bajo el argumento de que sólo así podrá garantizar seguridad, combatir la delincuencia. Vistas así las cosas, a ambos asiste razón. Un hecho. El delito de extorsión tiene varias modalidades y entre las más comunes están las redes sociales, mensajes de texto, el watsapp y llamadas telefónicas directas a celular o a líneas fijas, también el cobro de derecho de piso y de todas se valen las organizaciones del crimen organizado. Otro hecho. A través del proceso de militarización de la seguridad pública en el país se ha otorgado a las fuerzas armadas un margen amplio de decisión y acción para realizar detenciones, operativos e investigaciones sin contrapesos civiles, que incluye el uso de tecnologías de rastreo y monitoreo masivo que vulneran la privacidad e integridad de la población. De enero de 2019 a junio de 2025 la extorsión es el delito que en promedio diario ha crecido 27.7% (Secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, 08-07-2025). A nivel nacional de enero a noviembre de 2023, se registraron 10 mil 255 víctimas, en 2019 hubo nueve mil 003 y en 2018 fueron seis mil 895, de acuerdo a los informes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). ¿Quién no ha recibido una comunicación con tentativa de extorsión? ¿Cuántos la han librado? ¿Cuantos han caído? Para que la extorsión se persiga de oficio, la denuncia no debe descansar en la víctima, quien la asumirá es el Estado (Claudia Sheinbaum). Una vez hecho el registro de la línea móvil cualquier persona puede llamar de manera anónima, sin dar su nombre al 089 y las unidades que se dedican al secuestro y que también van a perseguir la extorsión se encargarán de investigar. ¡Vaya dilema! Los usuarios no tienen opción. El registro es a fuerzas. Mundial pasa prueba inauguralRafael Cienfuegos Calderón
El Mundial de Fútbol 2026 inició sin incidentes previos a la inauguración y ese es motivo para festejar, además, por el marcador del primer juego pero no así por el desempeño de los seleccionados mexicanos. Los ojos del mundo fueron testigos de ello. Los nubarrones que amenazaron con desatar la tormenta se disiparon pese a las controversias que hay entre grupos diversos de población inconforme y el gobierno federal. El Estadio Azteca-Banorte registró lleno total desde antes de la hora del show; el cerco de seguridad con miles de elementos de la policía, Ejército, Marina y Guardia Nacional frenó a manifestantes; y el Fan Fest del Zócalo –rodeado de plantones- recibió a miles de aficionados. Desde temprana hora del jueves hasta la hora de la inauguración fuera del estadio y sus alrededores todo estuvo en calma bajo la vigilancia de 11 mil 209 elementos federales y capitalinos de seguridad y 923 vehículos a cargo del Plan Kukulcán que al cerrar el libre paso en los principales acceso evitó la llegada de maestros, madres buscadoras de desaparecidos, personal del Poder Judicial, y del grupo de choque denominado bloque negro. Por seguridad, la presidenta Claudia Sheinbaum y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, no asistieron al Fan Fest del Zócalo y prefirieron ir al Deportivo Hermanos Galeana de la alcaldía Gustavo A. Madero a ver la inauguración. Integrantes de colectivos de madres buscadoras que se colaron entre los asistentes a la plancha del Zócalo evidenciaron la crisis de desapariciones que se vive en México y unieron sus voces para gritar “México es campeón en desapariciones”. La marcha de los maestros de la CNTE se topó con los bloqueos de las fuerzas públicas en el cruce de la Calzada de Tlalpan y la avenida División del Norte rumbo al sur, motivo por el que no lograron su objetivo de boicotear la inauguración mundialista. En el lugar encontraron un primer bloque de contención con policías ubicados detrás de dos grandes cajas de camión y bloques de concreto y antes que ellos a una valla humana cuyos integrantes vestían de blanco y pantalón de mezclilla que se autodenominaron “voluntarios de la paz”. En tanto, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, que encabeza la comisión gubernamental en la mesa de negociación con los representantes de la CNTE junto con Mario Delgado, secretario de Educación Pública y Martí Batres, director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado, está en espera de la respuesta a los ofrecimientos hechos. Entre los que se tiene conocimiento está fortalecer el Fondo de Pensiones para el Bienestar y el sistema Pensionissste, pero los maestros de la disidencia quieren la abrogación de la Ley del Issste, a lo que la presidenta Sheinbaum ha dicho que no es posible por las limitaciones presupuestales que hay. Si bien la inauguración del Mundial transcurrió afortunadamente sin incidentes, ello no implica que la amenaza de boicot no exista para los juegos próximos tanto en la Ciudad de México como en Guadalajara y Monterrey. Gobierno de la CDMX se suma a bloqueos vialesRafael Cienfuegos Calderón
Los habitantes de la Ciudad de México no son rehenes únicamente de los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), lo serán también del gobierno capitalino que desplegará un cerco de seguridad alrededor del Estadio Banorte-Ciudad de México. Si la CNTE desquicia el tráfico y la movilidad desde el mes pasado con bloqueos en Paseo de la Reforma, Bucareli, Insurgentes, Circuito Interior y mantiene un plantón alrededor del Zócalo, el jueves 11 de junio la autoridad local hará lo mismo con un operativo vial en Calzada de Tlalpan, Periférico Sur, Avenida del Imán, Insurgentes Sur, Eje 3 Sur y vías principales de acceso al estadio. Primero, Clara Brugada, jefa de Gobierno, planteó suspender clases en escuelas públicas los días de juegos para evitar los embotellamientos viales y el entorpecimiento de la movilidad y facilitar a los aficionados internacionales y nacionales el arribo al estadio. Luego, con el mismo fin, Mario Delgado, titular de la secretaría encargada de la política educativa, quiso dar madruguete con el cierre anticipado del ciclo escolar el 5 de junio cuando la fecha oficial de término es el 15 de julio, Y, ayer, una información que circula en la red con fecha de elaboración del 20 de mayo, da cuenta de los cierres viales que se implementarán por la inauguración del Mundial de las 00:00 horas a las 23:59 con afectación de mayor impacto en las zonas de Coapa, Taxqueña, Coyoacán, Tlalpan y Xochimilco. Cabe destacar que la misma carece de referencias oficiales del gobierno como el emblema o la leyenda “Ciudad de México, Capital de la Transformación” pero el gráfico que se muestra es muy claro. El perímetro de seguridad abarca dos kilómetros alrededor del estadio con cierre total a la circulación vehicular y acceso restringido, cierres parciales para tránsito local y restricción de acceso con control de flujo vehicular. Para que “pueblo” y ciudadanos sorteen los inconvenientes se propone como alternativas de movilidad usar las líneas 2 del Metro para ir a Tlalpan y 3 para Coyoacán, el Metrobus líneas 1 de Indios Verdes a El Caminero y las líneas del Trolebús que corren sobre Eje 2 y Eje 6. Las rutas vehiculares alternas sugeridas son Anillo Periférico por fuera del perímetro, Eje 6 sur -Avenida del Taller-, Eje 8 -Ermita Iztapalapa-, Avenida Universidad y Calzada de la Viga. Se recomienda anticipar traslados, uso de transporte público, consultar en tiempo real el estado del tráfico y atender las instrucciones de las autoridades. La Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegará un megaoperativo de seguridad con más de 56 mil policías para cubrir el estadio, corredores turísticos, zonas hoteleras y las 16 alcaldías. De lo anterior ATISBOS cuestiona: ¿Por qué un partido de futbol tiene que alterar la rutina de los habitantes de la ciudad? ¿Por qué el gobierno capitalino –pero también el federal- privilegia la comodidad de los turistas que asistirán a los partidos por sobre la de sus gobernados? ¿Por qué se suspenden clases en las escuelas de educación básica el día 11? ¿Por qué no se resuelven los problemas de tránsito y movilidad de siempre? ¿Por qué con motivo del Mundial se realizan trabajos de remodelación en la línea dos del Metro y otras, obras urbanas en Tlalpan y se embellece el Paseo de la Reforma? Y finalmente: ¿Por qué “pueblo” y ciudadanos tienen que pagar las consecuencias por la realización de un evento deportivo convertido en negocio y exclusionista que solo beneficia a la FIFA y a empresarios de las líneas aéreas, hoteleros, restauranteros y del entretenimiento, y que no a todas y todos importa? Gobierno frena con policías antimotines a la CNTERafael Cienfuegos Calderón
El lunes reciente hubo un adelanto de lo que será la pugna por el Zócalo de la Ciudad de México. Los gobiernos federal y local lo tienen reservado para el Fan Fest que celebrará la realización de un mundial de fútbol en México por tercera ocasión y en el que el “pueblo” podrá ver en pantalla gigante y gratis todos los partidos, como lo hará la presidenta Claudia Sheinbaum el día del juego inaugural. Los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) lo quieren para instalar el plantón con que acompañaran la huelga nacional programada para el 1 de junio; y adelantaron las marchas y bloqueos para presionar al gobierno federal y satisfaga sus demandas. A comienzos de semana la plaza fue defendida con toletes y escudos en mano y gases por parte de elementos del cuerpo antidisturbios del gobierno de la ciudad que impidieron que los docentes concluyeran una marcha de protesta con la toma del Zócalo. Información periodística precisó que hubo enfrentamientos en avenida Juárez y que posteriormente en 5 de Mayo ocurrieron escaramuzas y persecuciones entre uniformados y profesores, la policía los cercó con escudos y lanzó gases para dispersarlos. Luego de esos hechos, a las 12:52 horas la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, publicó en la red que en el gobierno “garantizamos el respeto a la libre manifestación”. Tras ser replegados y frenados el lunes en su camino al Zócalo, los maestros se plantaron en 5 de Mayo y montaron carpas y tiendas de campaña; el martes por la mañana iniciaron movilizaciones que desquiciaron la movilidad. Bloquearon Paseo de la Reforma y Avenida Juárez a la altura de El Caballito y posteriormente Bucareli, en las inmediaciones de la secretaría de Gobernación, donde bloquearon con un plantón. Palacio Nacional, como medida preventiva, fue blindado y sus accesos resguardados; las calles aledañas al Zócalo, Tacuba y Correo Mayor, fueron rodeadas por elementos de la policía capitalina que apostaron grúas y camiones antimotines. El libre paso al primer cuadro del Centro Histórico fue prohibido para las personas que no demuestren luego de presentar una identificación oficial que viven o trabajan en la zona, de otra forma no hay acceso. A unos días de que inicie el Mundial de Fútbol el gobierno de la Ciudad de México sitia y asegura el Zócalo y calles adyacentes. Bajo esas condiciones, el acceso de los asistentes al Fan Fest del mundial futbolero que durará del 11 de junio al 19 de julio, será rígidamente controlado. La CNTE reiteró la amenaza de bloquear los accesos al estadio Banorte si no reciben respuesta favorable y sus integrantes se encuentran cerca, muy cerca del Zócalo. Por los antecedentes bélicos de la CNTE no se pueden descartar actos de provocación y enfrentamientos violentos en los días por venir, pero también, porque los gobiernos federal y de la ciudad no permitirán que se entorpezcan los festejos del mundial. La segunda mesa de negociación en Gobernación, el miércoles, fue suspendida al retirarse la comisión de la CNTE a causa del ataque armado contra maestros y maestras en Villa de Mitla, Oaxaca, donde mantenían un bloqueo carretero. Atentado contra la libertad de prensaRafael Cienfuegos Calderón
La Presidenta de la continuidad con cambio abrió un espacio especial de información (?) en el foro de la conferencia mañanera para la autodefensa de sus dichos y actos de gobierno y machacar con la verdad que quiera imponer cuando no guste, no convenga, estime falso o parte de una campaña de desprestigio lo que publican los medios de comunicación para informar a la opinión pública. Arrogarse el derecho de la verdad absoluta antes las críticas y cuestionamientos es exceso de soberbia y limita la libertad de expresión. Al gobierno corresponde, sí, cuando se difundan noticias falsas verificables, se hagan interpretaciones dolosas de hechos o haya difamación, recurrir al derecho de réplica, a los desmentidos y aclaraciones oficiales, a las instancias de transparencia y en caso extremo a las jurisdiccionales. En cambio, la presidenta Claudia Sheinbaum decidió abrir un espacio para que la consejera jurídica de la Presidencia, María Luisa Alcalde, desmienta la demasiada información noticiosa que lleva falsedades y aumentar la información –oficial- para que el pueblo de México se informe de manera directa. Eso lleva implícita la amenaza de que serán expuestos públicamente los medios, columnistas y líderes de opinión incómodos en lo que será un tribunal y la plataforma gubernamental para denostar, atacar y desacreditar a quienes osen criticar o cuestionar a gobernantes, funcionarios y políticos cuatroteros. Es la reedición del segmento de detección de mentiras ideado el sexenio pasado pero con la diferencia de que estará a cargo de “una funcionaria que debería encarnar una imparcialidad de Estado” y cuya opinión pesa en asuntos legales relacionados con los medios de comunicación (Ciro Gómez Leyva, Excélsior, 18-05-2026). En el pasado reciente y es previsible que ocurra nuevamente, lo que se provocó fue una confrontación de gobierno e instituciones con los medios de comunicación en la que privó el abuso del poder, la emisión de calumnias, el linchamiento, la violación del derecho a la privacidad, vulneración de la vida íntima y exposición de datos personales de comunicadores. Y pese a ello no se logró cambiar la percepción de incredulidad de la ciudadanía en cuanto a la supuesta verdad del gobernante ante a violencia e inseguridad, corrupción, enriquecimiento de morenistas y la existente narcopolítica. La ratificación de que ese es el propósito lo expuso la propia Presidenta (18-05-2026) al señalar que quienes escriben y difunden que existe un “narcogobierno” o un “narcopartido” son “las plumas del viejo régimen”. Casos específicos, mencionó a Raymundo Riva Palacio (El Financiero) y a Héctor Aguilar Camín (Milenio). México tiene (Francisco Garfias, Excélsior, 19-05-2026) un problema estructural de infiltración del narco en todos los niveles de poder desde hace décadas. Atribuirlo sólo a “plumas pagadas” o al pasado, como lo ha venido haciendo la Presidenta, es ignorar que la violencia y la corrupción persisten y que la 4T ha tenido sus propios escándalos. La libertad de expresión permite que periodistas y analistas critiquen sin ser automáticamente “del viejo régimen”. El programa se financia con presupuesto público que pertenece a toda la ciudadanía, sea cual sea su afinidad política. Destinarlo a refutar editoriales o a descalificar críticos compromete la neutralidad del gasto: los fondos comunes deben pagar deberes estatales -informar, transparentar, rendir cuentas-, no la posición de una parte en una controversia pública. Frente a una información inexacta sobre un acto de gobierno, el ordenamiento ofrece vías respetuosas de las libertades -el derecho de réplica, las aclaraciones oficiales, los portales de transparencia, las instancias jurisdiccionales-. Corrigen el error puntual sin instaurar una refutación sistemática desde el poder. Un programa semanal de postura oficial no llena vacío alguno: sustituye herramientas equilibradas por un instrumento estructuralmente desequilibrado, en el que la parte más poderosa se erige en árbitro permanente de las demás. El derecho a la información protege a las personas frente al poder. Una iniciativa que lo reorienta para proteger al poder frente a las personas no lo fortalece: lo desnaturaliza (Ernesto Villanueva, Proceso, 18-05-2026). Educación sujeta a ideologización cuatroteraRafael Cienfuegos Calderón
En el invento de la Cuarta Transformación la educación de calidad con óptimos niveles de aprendizaje, uso masivo de tecnologías modernas y capacitación de docentes con pedagogías innovadoras no tiene cabida. No se valora como motor de crecimiento económico del país ni de desarrollo social y cultural de “pueblo” y ciudadanos; en su planeación priva la ideologización. Los gobiernos 4T ajustaron el modelo educativo priorizando lo que consideran son los valores éticos con enfoque humanista y de justicia social, dejando de lado las herramientas cognitivas. Excluyeron de los planes de estudios los recursos mentales y tecnologicos que potencian, extienden o apoyan el pensamiento, la memoria y la resolución de problemas, necesarios para que los estudiantes estén mejor preparados, enfrenten la competitividad laboral y se adapten a los cambios del futuro. Por sobre la excelencia educativa y el aprendizaje, la ideologización de la enseñanza; en la modificación del contenido de los libros de texto gratuito la pedagogía fue sustituida por el adoctrinamiento político. El gobierno tiene un secretario de Educación Pública al que no importa cubrir el calendario escolar de 185 días efectivos del clases, atender el rezago académico, que las evaluaciones se hagan en tiempo y forma, dotar a los maestros de materiales educativos adecuados y que el Estado cumpla a los más de 23 millones de estudiantes de educación básica el derecho a recibir una enseñanza de calidad. Es tal la falta de capacidad de Mario Delgado, de sensibilidad y sensatez que afirmó (11-05-2026) horas antes de que la presidenta Claudia Shienbaum desechara su propuesta de cierre adelantado de clases, que se mantendrán las aulas abiertas hasta el 15 de julio “realmente sin un propósito pedagógico, solo por cumplir un conteo, se desvirtúa la dignidad docente y se convierte a la escuela en una estancia forzada. “Ese tiempo muerto a veces es burocracia que roba espacio a la convivencia familiar y a la salud mental de nuestra niñez”. “La escuela es un territorio de aprendizaje, no un lugar de resguardo”. También la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) –la de los acordones- abona al retroceso educativo. El día 7 avaló el Acuerdo 10/09/03 de la Secretaría de Educación Pública (SEP) que flexibiliza la evaluación en escuelas públicas y privadas de educación básica al impedir la reprobación de estudiantes que no hayan pasado hasta cuatro materias y elimina el requisito mínimo de 89% de asistencia para aprobar. La cuatrotera ministra Lenia Batres dice que es constitucional porque “garantiza” la calidad educativa, el interés superior de la niñez y previene la exclusión escolar, y se alinea con los sistemas de Dinamarca y Finlandia, donde la evaluación no depende estrictamente de calificaciones numéricas. “La educación de excelencia no se agota en registros de asistencias o en acreditaciones de asignaturas o grados mediante mediciones numéricas cuantitativas”, según ella. Y el día 11, la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM), dependiente de la SEP, informó que el 14 de mayo será día de descanso para directivos, decentes y personal de apoyo y asistencia a la educación igual que el día del Mestro y la Mestra. Eso, en reconocimiento a la labor desempeñada y a su compromiso permanente con el fortalecimiento de la educación pública. Por su parte, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) informó (12-05-2026) que el primer día de junio declararán huelga nacional y advirtió que no dará marcha a tras a sus demandas que entregó el 1 de mayo a la SEP. Redobla Trump amenas y presiones contra MéxicoRafael Cienfuegos Calderón Si en el gobierno federal pensaron que la estrategia antidrogas de Estados Unidos se iba a limitar a solicitar la detención y extradición de Rubén Rocha Moya, nueve funcionarios y un senador de la República de Sinaloa por sus nexos con carteles del crimen organizado y tráfico de estupefacientes, se equivocaron. La administración Trump quiere de México resultados medibles de sus acciones contra los cárteles y contempla la intervención de fuerzas militares y sanciones económicas y financieras si evalúa que el gobierno no hace lo suficiente. También erraron si creyeron que bastarían las declaraciones reprobatorias de la presidenta Claudia Sheinbaum contra la embestida del gobierno vecino, socio comercial y amigo, para calmar los ánimos. La mandataria acusa intervencionismo, denuncia que son actos político-electorales, advierte que México no es piñata de nadie y asegura (05-05-2026) que ninguna potencia extranjera dirá a los mexicanos cómo gobernarnos. Desafortunadamente nada contiene al gobierno de Donald Trump. La nueva estrategia antidrogas de Estados Unidos, avalada por el presidente y hecha pública el lunes reciente, es más agresiva. Condiciona el apoyo bilateral a las detenciones, procesos y extradiciones y advierte sobre la utilización de “todas las herramientas diplomáticas, de inteligencia, militares y económicas disponibles” contra los cárteles. Describe a México como el principal corredor de drogas hacia Estados Unidos y como el espacio donde operan con mayor fuerza los cárteles responsables de la producción y tráfico de fentanilo y metanfetamina. Señala que las organizaciones criminales actúan con altos niveles de impunidad en partes del territorio mexicano, desafiando la autoridad del Estado y utilizando violencia extrema para controlar rutas de contrabando. Plantea una ofensiva contra los cárteles que clasifica como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO) y equipara el impacto de las drogas sintéticas con el de armas de destrucción masiva; reforzar el control fronterizo, desmantelar las cadenas globales de suministro de precursores químicos y reducir la demanda interna mediante prevención, tratamiento y una política cultural “libre de drogas”. Sujeta la cooperación al cumplimiento de las exigencias de Estados Unidos. La asistencia en capacitación, inteligencia y apoyo operativo dependerá de las acciones concretas del gobierno mexicano y de resultados tangibles como arrestar, procesar y extraditar a los líderes de las organizaciones criminales y destruir laboratorios de drogas sintéticas. El Departamento de Estado, mediante la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL), en coordinación con el Departamento de Justicia y el apoyo del Departamento de Guerra, “liderará los esfuerzos diplomáticos y de justicia para asegurar una cooperación sólida, sostenida y medible para identificar y desmantelar organizaciones de narcotráfico transnacionales (TCO) y las de narcotráfico extranjeras (FTO) que operan en su territorio. Establece que la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) trabaje con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, mientras que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) encabezará sanciones contra líderes, facilitadores y redes de los cárteles. Prevé sanciones económicas severas contra empresas o cualquier entidad comercial, extranjera o nacional que no proteja su cadena de suministro de la explotación por parte de organizaciones de narcotráfico transnacionales (TCO). El Departamento del Tesoro podrá negar a empresas el acceso al sistema financiero de los Estados Unidos. Paralelamente, el Departamento de Justicia emprenderá acciones penales contra empresas y ejecutivos que, a sabiendas o por negligencia deliberada, faciliten el comercio ilícito de drogas y precursores químicos. El documento advierte sobre la activación de autoridades militares y de defensa nacional como respuesta a una amenaza nacional tras la designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras. “Si no hacen su trabajo, nosotros lo haremos”, advierte Trump a México (06-05-2026) sobre el narcotráfico. Hay 132 mil personas desaparecidas y se minimiza el problemaRafael Cienfuegos Calderón
La constante en el incremento de desapariciones de personas es prueba fehaciente de que el problema es real y que ha derivado en una crisis de derechos humanos que el gobierno no resuelve, minimiza y rechaza que sean forzadas y sistemática. En 2022 las desapariciones rebasaron las 100 mil y a partir de ahí hubo aumentos de 7.3% en 2023, 6.3% en 2024, y 12% en 2015, y la tendencia sigue a la alza (Informe Nacional de personas desaparecidas 2025, Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia). Al 27 de marzo de 2026, el rEGISTRO nACIONAL DE pERSONAS dESAPRECIDAS (RNPDNO) tenía el reporte de 132 mil 534 personas desaparecidas, 90% de los casos concentrados en las últimas dos décadas. En promedio hubo 40 desapariciones diarias en el último año y del total de los casos 36% carece de información suficiente para su búsqueda efectiva. Con base en los datos disponibles el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sostiene que hay indicios fundados de que en México se han cometido y se cometen desapariciones forzadas de forma sistemática, por lo que activó el procedimiento del artículo 34 para llevar el caso a la Asamblea General del organismo. El informe emitido incomodó a la Presidenta. Reaccionó con enojo visible y descalificaciones, quejándose de la omisión de resultados del esfuerzo que hace el gobierno para atender el problema. “Negó su validez sugiriendo que el problema está mal descrito o mal interpretado. Ahí empieza el verdadero escándalo; no en la existencia del informe, sino en la incapacidad del poder para dejarse interpelar y discutir una categoría jurídica, una metodología o el alcance técnico de una expresión tan grave como crimen de lesa humanidad”. El informe del Comité rompe la coartada del poder mexicano: fingir que mientras el crimen organizado ejecuta y entierra, el Estado conserva una inocencia abstracta (Ignacio Morales Lechuga, ex procurador general de la Republica, El Universal, 10-04-2026). México es miembro de la ONU, organismo internacional con facultades para evaluar el cumplimiento de los derechos humanos, señalar omisiones y exhortar a que se atiendan los casos de violaciones a los mismos, por lo que el gobierno debe aceptar que el Comité contra la Desaparición Forzada cumplió su función. En opinión de Kenya López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados (El Universal, 10-04-2026) la decisión del comité de solicitar que la Asamblea General de la ONU aborde con urgencia la situación en México no debe verse como un ataque, sino como una oportunidad. Esta intervención –estima- abre una puerta para atender la crisis con apoyo técnico, recursos y el acompañamiento especializado que el problema exige. Lo delicado es que la ONU advierte indicios fundados de que estas desapariciones podrían constituir crímenes de lesa humanidad al realizarse de forma generalizada o sistemática. “Cada vez que el poder responde con orgullo herido en lugar de responder con duelo, búsqueda y verdad, vuelve a desaparecer a los desaparecidos” (Ignacio Morales Lechuga). Amnistía Internacional, por su parte, urgió (13-04-2026) declarar la crisis de desapariciones en México como emergencia nacional y respaldó al Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU para la activación del Artículo 34 de la convención internacional. La magnitud del problema –señala- se refleja en los 2,341 colectivos de familiares que buscan personas y en el hallazgo de 5 mil 696 fosas clandestinas. |
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Rafael CienfuegosRafael Cienfuegos Calderón cursó la carrera de Periodismo y Comunicación Colectiva en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y se inició como reportero en 1978. Se ha desempeñado como tal en el periodismo escrito, principalmente, y ha incursionado en medios electrónicos (Canal Once Tv) y en noticieros de radio como colaborador. Archives
June 2026
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