ATISBOS

Hay 132 mil personas desaparecidas y se minimiza el problema

​Rafael Cienfuegos Calderón

La constante en el incremento de desapariciones de personas es prueba fehaciente de que el problema es real y que ha derivado en una crisis de derechos humanos que el gobierno no resuelve, minimiza y rechaza que sean forzadas y sistemática.

En 2022 las desapariciones rebasaron las 100 mil y a partir de ahí hubo  aumentos de 7.3% en 2023, 6.3% en 2024, y 12% en 2015, y la tendencia sigue a la alza (Informe Nacional de personas desaparecidas 2025, Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia).

Al 27 de marzo de 2026, el rEGISTRO nACIONAL DE pERSONAS dESAPRECIDAS (RNPDNO) tenía el reporte de 132 mil 534 personas desaparecidas, 90% de los casos concentrados en las últimas dos décadas.   En promedio hubo 40 desapariciones diarias en el último año y del total de los casos 36% carece de información suficiente para su búsqueda efectiva.

Con base en los datos disponibles el Comité contra la Desaparición Forzada de la  Organización de las Naciones Unidas (ONU) sostiene que hay indicios fundados de que en México se han cometido y se cometen desapariciones forzadas de forma sistemática, por lo que activó el procedimiento del artículo 34 para llevar el caso a la Asamblea General del organismo.

El informe emitido incomodó a la Presidenta. Reaccionó con enojo visible y descalificaciones, quejándose de la omisión de resultados del esfuerzo que hace el gobierno para atender el problema.

“Negó su validez   sugiriendo que el problema está mal descrito o mal interpretado. Ahí empieza el verdadero escándalo; no en la existencia del informe, sino en la incapacidad del poder para dejarse interpelar y discutir una categoría jurídica, una metodología o el alcance técnico de una expresión tan grave como crimen de lesa humanidad”.

El informe del Comité rompe la coartada del poder mexicano: fingir que mientras el crimen organizado ejecuta y entierra, el Estado conserva una inocencia abstracta  (Ignacio Morales Lechuga, ex procurador general de la Republica, El Universal, 10-04-2026).

México es miembro de la ONU, organismo internacional con  facultades para evaluar el cumplimiento de los derechos humanos,  señalar omisiones y exhortar a que se atiendan los casos de violaciones a los mismos, por lo que el gobierno debe aceptar que el Comité contra la Desaparición Forzada cumplió su función.

En opinión de Kenya López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados (El Universal, 10-04-2026) la decisión del comité de solicitar que la Asamblea General de la ONU aborde con urgencia la situación en México no debe verse como un ataque, sino como una oportunidad.

Esta intervención –estima- abre una puerta para atender la crisis con apoyo técnico, recursos y el acompañamiento especializado que el problema exige. Lo delicado es que la ONU advierte indicios fundados de que estas desapariciones podrían constituir crímenes de lesa humanidad al realizarse de forma generalizada o sistemática.

“Cada vez que el poder responde con orgullo herido en lugar de responder con duelo, búsqueda y verdad, vuelve a desaparecer a los desaparecidos” (Ignacio Morales Lechuga).

Amnistía Internacional, por su parte, urgió (13-04-2026) declarar la crisis de desapariciones en México como emergencia nacional y respaldó al Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU para la activación del Artículo 34 de la convención internacional.
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La magnitud del problema –señala- se refleja en los 2,341 colectivos de familiares que buscan personas y en el hallazgo de 5 mil 696 fosas clandestinas.