Atentado contra la libertad de prensaRafael Cienfuegos Calderón
La Presidenta de la continuidad con cambio abrió un espacio especial de información (?) en el foro de la conferencia mañanera para la autodefensa de sus dichos y actos de gobierno y machacar con la verdad que quiera imponer cuando no guste, no convenga, estime falso o parte de una campaña de desprestigio lo que publican los medios de comunicación para informar a la opinión pública. Arrogarse el derecho de la verdad absoluta antes las críticas y cuestionamientos es exceso de soberbia y limita la libertad de expresión. Al gobierno corresponde, sí, cuando se difundan noticias falsas verificables, se hagan interpretaciones dolosas de hechos o haya difamación, recurrir al derecho de réplica, a los desmentidos y aclaraciones oficiales, a las instancias de transparencia y en caso extremo a las jurisdiccionales. En cambio, la presidenta Claudia Sheinbaum decidió abrir un espacio para que la consejera jurídica de la Presidencia, María Luisa Alcalde, desmienta la demasiada información noticiosa que lleva falsedades y aumentar la información –oficial- para que el pueblo de México se informe de manera directa. Eso lleva implícita la amenaza de que serán expuestos públicamente los medios, columnistas y líderes de opinión incómodos en lo que será un tribunal y la plataforma gubernamental para denostar, atacar y desacreditar a quienes osen criticar o cuestionar a gobernantes, funcionarios y políticos cuatroteros. Es la reedición del segmento de detección de mentiras ideado el sexenio pasado pero con la diferencia de que estará a cargo de “una funcionaria que debería encarnar una imparcialidad de Estado” y cuya opinión pesa en asuntos legales relacionados con los medios de comunicación (Ciro Gómez Leyva, Excélsior, 18-05-2026). En el pasado reciente y es previsible que ocurra nuevamente, lo que se provocó fue una confrontación de gobierno e instituciones con los medios de comunicación en la que privó el abuso del poder, la emisión de calumnias, el linchamiento, la violación del derecho a la privacidad, vulneración de la vida íntima y exposición de datos personales de comunicadores. Y pese a ello no se logró cambiar la percepción de incredulidad de la ciudadanía en cuanto a la supuesta verdad del gobernante ante a violencia e inseguridad, corrupción, enriquecimiento de morenistas y la existente narcopolítica. La ratificación de que ese es el propósito lo expuso la propia Presidenta (18-05-2026) al señalar que quienes escriben y difunden que existe un “narcogobierno” o un “narcopartido” son “las plumas del viejo régimen”. Casos específicos, mencionó a Raymundo Riva Palacio (El Financiero) y a Héctor Aguilar Camín (Milenio). México tiene (Francisco Garfias, Excélsior, 19-05-2026) un problema estructural de infiltración del narco en todos los niveles de poder desde hace décadas. Atribuirlo sólo a “plumas pagadas” o al pasado, como lo ha venido haciendo la Presidenta, es ignorar que la violencia y la corrupción persisten y que la 4T ha tenido sus propios escándalos. La libertad de expresión permite que periodistas y analistas critiquen sin ser automáticamente “del viejo régimen”. El programa se financia con presupuesto público que pertenece a toda la ciudadanía, sea cual sea su afinidad política. Destinarlo a refutar editoriales o a descalificar críticos compromete la neutralidad del gasto: los fondos comunes deben pagar deberes estatales -informar, transparentar, rendir cuentas-, no la posición de una parte en una controversia pública. Frente a una información inexacta sobre un acto de gobierno, el ordenamiento ofrece vías respetuosas de las libertades -el derecho de réplica, las aclaraciones oficiales, los portales de transparencia, las instancias jurisdiccionales-. Corrigen el error puntual sin instaurar una refutación sistemática desde el poder. Un programa semanal de postura oficial no llena vacío alguno: sustituye herramientas equilibradas por un instrumento estructuralmente desequilibrado, en el que la parte más poderosa se erige en árbitro permanente de las demás. El derecho a la información protege a las personas frente al poder. Una iniciativa que lo reorienta para proteger al poder frente a las personas no lo fortalece: lo desnaturaliza (Ernesto Villanueva, Proceso, 18-05-2026).
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Educación sujeta a ideologización cuatroteraRafael Cienfuegos Calderón
En el invento de la Cuarta Transformación la educación de calidad con óptimos niveles de aprendizaje, uso masivo de tecnologías modernas y capacitación de docentes con pedagogías innovadoras no tiene cabida. No se valora como motor de crecimiento económico del país ni de desarrollo social y cultural de “pueblo” y ciudadanos; en su planeación priva la ideologización. Los gobiernos 4T ajustaron el modelo educativo priorizando lo que consideran son los valores éticos con enfoque humanista y de justicia social, dejando de lado las herramientas cognitivas. Excluyeron de los planes de estudios los recursos mentales y tecnologicos que potencian, extienden o apoyan el pensamiento, la memoria y la resolución de problemas, necesarios para que los estudiantes estén mejor preparados, enfrenten la competitividad laboral y se adapten a los cambios del futuro. Por sobre la excelencia educativa y el aprendizaje, la ideologización de la enseñanza; en la modificación del contenido de los libros de texto gratuito la pedagogía fue sustituida por el adoctrinamiento político. El gobierno tiene un secretario de Educación Pública al que no importa cubrir el calendario escolar de 185 días efectivos del clases, atender el rezago académico, que las evaluaciones se hagan en tiempo y forma, dotar a los maestros de materiales educativos adecuados y que el Estado cumpla a los más de 23 millones de estudiantes de educación básica el derecho a recibir una enseñanza de calidad. Es tal la falta de capacidad de Mario Delgado, de sensibilidad y sensatez que afirmó (11-05-2026) horas antes de que la presidenta Claudia Shienbaum desechara su propuesta de cierre adelantado de clases, que se mantendrán las aulas abiertas hasta el 15 de julio “realmente sin un propósito pedagógico, solo por cumplir un conteo, se desvirtúa la dignidad docente y se convierte a la escuela en una estancia forzada. “Ese tiempo muerto a veces es burocracia que roba espacio a la convivencia familiar y a la salud mental de nuestra niñez”. “La escuela es un territorio de aprendizaje, no un lugar de resguardo”. También la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) –la de los acordones- abona al retroceso educativo. El día 7 avaló el Acuerdo 10/09/03 de la Secretaría de Educación Pública (SEP) que flexibiliza la evaluación en escuelas públicas y privadas de educación básica al impedir la reprobación de estudiantes que no hayan pasado hasta cuatro materias y elimina el requisito mínimo de 89% de asistencia para aprobar. La cuatrotera ministra Lenia Batres dice que es constitucional porque “garantiza” la calidad educativa, el interés superior de la niñez y previene la exclusión escolar, y se alinea con los sistemas de Dinamarca y Finlandia, donde la evaluación no depende estrictamente de calificaciones numéricas. “La educación de excelencia no se agota en registros de asistencias o en acreditaciones de asignaturas o grados mediante mediciones numéricas cuantitativas”, según ella. Y el día 11, la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM), dependiente de la SEP, informó que el 14 de mayo será día de descanso para directivos, decentes y personal de apoyo y asistencia a la educación igual que el día del Mestro y la Mestra. Eso, en reconocimiento a la labor desempeñada y a su compromiso permanente con el fortalecimiento de la educación pública. Por su parte, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) informó (12-05-2026) que el primer día de junio declararán huelga nacional y advirtió que no dará marcha a tras a sus demandas que entregó el 1 de mayo a la SEP. Redobla Trump amenas y presiones contra MéxicoRafael Cienfuegos Calderón Si en el gobierno federal pensaron que la estrategia antidrogas de Estados Unidos se iba a limitar a solicitar la detención y extradición de Rubén Rocha Moya, nueve funcionarios y un senador de la República de Sinaloa por sus nexos con carteles del crimen organizado y tráfico de estupefacientes, se equivocaron. La administración Trump quiere de México resultados medibles de sus acciones contra los cárteles y contempla la intervención de fuerzas militares y sanciones económicas y financieras si evalúa que el gobierno no hace lo suficiente. También erraron si creyeron que bastarían las declaraciones reprobatorias de la presidenta Claudia Sheinbaum contra la embestida del gobierno vecino, socio comercial y amigo, para calmar los ánimos. La mandataria acusa intervencionismo, denuncia que son actos político-electorales, advierte que México no es piñata de nadie y asegura (05-05-2026) que ninguna potencia extranjera dirá a los mexicanos cómo gobernarnos. Desafortunadamente nada contiene al gobierno de Donald Trump. La nueva estrategia antidrogas de Estados Unidos, avalada por el presidente y hecha pública el lunes reciente, es más agresiva. Condiciona el apoyo bilateral a las detenciones, procesos y extradiciones y advierte sobre la utilización de “todas las herramientas diplomáticas, de inteligencia, militares y económicas disponibles” contra los cárteles. Describe a México como el principal corredor de drogas hacia Estados Unidos y como el espacio donde operan con mayor fuerza los cárteles responsables de la producción y tráfico de fentanilo y metanfetamina. Señala que las organizaciones criminales actúan con altos niveles de impunidad en partes del territorio mexicano, desafiando la autoridad del Estado y utilizando violencia extrema para controlar rutas de contrabando. Plantea una ofensiva contra los cárteles que clasifica como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO) y equipara el impacto de las drogas sintéticas con el de armas de destrucción masiva; reforzar el control fronterizo, desmantelar las cadenas globales de suministro de precursores químicos y reducir la demanda interna mediante prevención, tratamiento y una política cultural “libre de drogas”. Sujeta la cooperación al cumplimiento de las exigencias de Estados Unidos. La asistencia en capacitación, inteligencia y apoyo operativo dependerá de las acciones concretas del gobierno mexicano y de resultados tangibles como arrestar, procesar y extraditar a los líderes de las organizaciones criminales y destruir laboratorios de drogas sintéticas. El Departamento de Estado, mediante la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL), en coordinación con el Departamento de Justicia y el apoyo del Departamento de Guerra, “liderará los esfuerzos diplomáticos y de justicia para asegurar una cooperación sólida, sostenida y medible para identificar y desmantelar organizaciones de narcotráfico transnacionales (TCO) y las de narcotráfico extranjeras (FTO) que operan en su territorio. Establece que la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) trabaje con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, mientras que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) encabezará sanciones contra líderes, facilitadores y redes de los cárteles. Prevé sanciones económicas severas contra empresas o cualquier entidad comercial, extranjera o nacional que no proteja su cadena de suministro de la explotación por parte de organizaciones de narcotráfico transnacionales (TCO). El Departamento del Tesoro podrá negar a empresas el acceso al sistema financiero de los Estados Unidos. Paralelamente, el Departamento de Justicia emprenderá acciones penales contra empresas y ejecutivos que, a sabiendas o por negligencia deliberada, faciliten el comercio ilícito de drogas y precursores químicos. El documento advierte sobre la activación de autoridades militares y de defensa nacional como respuesta a una amenaza nacional tras la designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras. “Si no hacen su trabajo, nosotros lo haremos”, advierte Trump a México (06-05-2026) sobre el narcotráfico. Hay 132 mil personas desaparecidas y se minimiza el problemaRafael Cienfuegos Calderón
La constante en el incremento de desapariciones de personas es prueba fehaciente de que el problema es real y que ha derivado en una crisis de derechos humanos que el gobierno no resuelve, minimiza y rechaza que sean forzadas y sistemática. En 2022 las desapariciones rebasaron las 100 mil y a partir de ahí hubo aumentos de 7.3% en 2023, 6.3% en 2024, y 12% en 2015, y la tendencia sigue a la alza (Informe Nacional de personas desaparecidas 2025, Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia). Al 27 de marzo de 2026, el rEGISTRO nACIONAL DE pERSONAS dESAPRECIDAS (RNPDNO) tenía el reporte de 132 mil 534 personas desaparecidas, 90% de los casos concentrados en las últimas dos décadas. En promedio hubo 40 desapariciones diarias en el último año y del total de los casos 36% carece de información suficiente para su búsqueda efectiva. Con base en los datos disponibles el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sostiene que hay indicios fundados de que en México se han cometido y se cometen desapariciones forzadas de forma sistemática, por lo que activó el procedimiento del artículo 34 para llevar el caso a la Asamblea General del organismo. El informe emitido incomodó a la Presidenta. Reaccionó con enojo visible y descalificaciones, quejándose de la omisión de resultados del esfuerzo que hace el gobierno para atender el problema. “Negó su validez sugiriendo que el problema está mal descrito o mal interpretado. Ahí empieza el verdadero escándalo; no en la existencia del informe, sino en la incapacidad del poder para dejarse interpelar y discutir una categoría jurídica, una metodología o el alcance técnico de una expresión tan grave como crimen de lesa humanidad”. El informe del Comité rompe la coartada del poder mexicano: fingir que mientras el crimen organizado ejecuta y entierra, el Estado conserva una inocencia abstracta (Ignacio Morales Lechuga, ex procurador general de la Republica, El Universal, 10-04-2026). México es miembro de la ONU, organismo internacional con facultades para evaluar el cumplimiento de los derechos humanos, señalar omisiones y exhortar a que se atiendan los casos de violaciones a los mismos, por lo que el gobierno debe aceptar que el Comité contra la Desaparición Forzada cumplió su función. En opinión de Kenya López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados (El Universal, 10-04-2026) la decisión del comité de solicitar que la Asamblea General de la ONU aborde con urgencia la situación en México no debe verse como un ataque, sino como una oportunidad. Esta intervención –estima- abre una puerta para atender la crisis con apoyo técnico, recursos y el acompañamiento especializado que el problema exige. Lo delicado es que la ONU advierte indicios fundados de que estas desapariciones podrían constituir crímenes de lesa humanidad al realizarse de forma generalizada o sistemática. “Cada vez que el poder responde con orgullo herido en lugar de responder con duelo, búsqueda y verdad, vuelve a desaparecer a los desaparecidos” (Ignacio Morales Lechuga). Amnistía Internacional, por su parte, urgió (13-04-2026) declarar la crisis de desapariciones en México como emergencia nacional y respaldó al Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU para la activación del Artículo 34 de la convención internacional. La magnitud del problema –señala- se refleja en los 2,341 colectivos de familiares que buscan personas y en el hallazgo de 5 mil 696 fosas clandestinas. Trenes que matan ecosistemas y genteRafael Cienfuegos Calderón Los trenes Maya e Interoceánico tienen en común ser proyectos ferroviarios ideados para perdurar como legado del inventor de la Cuarta Transformación, haberse construido en tiempo record, superar su costo proyectado, y destruir ecosistemas; además, que el primero presenta fallas estructurales y que el segundo tuvo un accidente mortal. Como candidato en 2006, 2012 y 2018 el expresidente del cambio planteó revivir los servicios ferroviarios de pasajeros y al arribar al poder puso en marcha esa política; sin proyectos ejecutivos terminados ni estudios de impacto ambientales iniciaron las licitaciones. Benjamín Alemán Castilla, exdirector de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario de México, explicó (El País, 03-01-2026) que los proyectos ferroviarios de enorme tamaño y complejidad como el Tren Maya y el Tren Interoceánico, suelen ser a mediano y largo plazo, con tiempos de construcción más allá de una década para que la planeación sea adecuada, se respeten las leyes ambientales y hagan pruebas de funcionamiento. En el sexenio de López Obrador, las prisas por inaugurar estos proyectos antes de dejar el poder en 2024 fueron evidentes. Destacó como una proeza haber logrado levantar, en solo cinco años, megaproyectos tan complicados. No importó vulnerar las leyes ambientales, generar conflictos sociales y crear problemas de contaminación y deforestación, ni los grandes sobrecostos. Para acelerar los trabajos, a mediados del sexenio repartió los proyectos. A la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena) el Tren Maya –su costo superó los 500 mil millones de pesos-, y a la Secretaría de Marina (Semar) el Tren Interoceánico –con gasto de 62 mil millones de pesos a 2026-, y ordenó terminarlos en los tres años siguientes. Hace unos días la organización Sálvame del Tren denunció hundimiento de los pilotes colocados en cenotes y cavernas del Tramo 5 del Tren Maya, entre Cancún y Tulum. Videos tomados por el ingeniero civil yucateco, Wilberth Esquivel, muestran a personal del Ejército apuntalando pilotes -de los que se colocaron miles a gran profundidad-, lo que evidencia hundimientos en la estructura por la perforación masiva en roca caliza y el peso y vibración del tren, señala el ambientalista, José Urbina. Tras su publicación, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró (08-04-2026) que “no hay ningún problema en este momento con el Tren Maya” Desde que se hizo se garantizó la seguridad estructural de la construcción. Del Tren Interoceánico -que descarriló el 28 de diciembre dejando 14 muertos y decenas de heridos en la Línea Z, una de las tres rutas que conforman el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec que une el Pacífico con el Golfo de México-, Alemán Castilla refiere que se ha mencionado que iba a mucha velocidad, lo que pudo ser por quedarse sin frenos por defecto de origen del material rodante. De acuerdo a la información disponible, la Secretaría de Marina compró vagones y locomotoras estadounidenses e inglesas de los años 70 y 80 que se reacondicionaron. También pudo ser que la velocidad no fuera compatible con las características geométricas del tramo, con su curvatura y su pendiente. Otra posible explicación es sí el balasto, la piedra que se usa bajo los durmientes de las vías para dar estabilidad y soporte, era de baja calidad. Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), reiteró (08-04-2026) que el descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca, no se debió a un problema en la obra. Después de una inspección minuciosa se corroboró la calidad de la vía, durmientes, fijaciones, balastro y locomotoras en el punto de la Línea Z y cumplen con la norma. Los responsables -el despachador del tren y el maquinista- están en proceso por homicidio y lesiones culposas. Mentiras que se dicen como verdadesRafael Cienfuegos Calderón
El gobierno pretende que se crea “su verdad” cuando hay dudas de que sea cierta. Cuando hay evidencias de que la utiliza como velo para cubrir lo que el gobierno transformador hace para quedar bien con una Persona Políticamente Expuesta (PPE) como lo es el expresidente de la República. La presidenta Claudia Sheinbaum expuso (24-03-2026) su verdad: la cancelación de permisos a diversas organizaciones de la sociedad civil para operar como donatarias fue resultado de evaluaciones técnicas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y “no de una decisión política” del gobierno. También Gari Flores Hernández González, Administrador General de Recaudación dio a conocer la suya (23-03-2026): el SAT no persigue a (Organizaciones no Gubernamentales (ONGs) donatarias críticas del gobierno. La otra verdad es que el SAT dio a la asociación civil “Humanidad con América Latina”, promovida por el expresidente, el carácter de donataria a solo días de haber sido fundada para recibir fondos de ayuda a Cuba. El funcionario del SAT explicó que cuando un contribuyente incumple un requisito, no procede su registro, no puede tener autorización para ser donataria. Informó que el año pasado 270 donatarias de un padrón de más de 2 mil fueron dadas de baja por no presentar el documento que acredite que las investigaciones que realizan son de carácter científico, de acuerdo al rubro de su registro. Para abundar en detalles ATISBOS retoma algunos de los puntos que Maite Azuela planteó en El Universal (19-03-2026). Humanidad con América Latina, A.C. se constituyó el 17 de febrero de 2026 y, en catorce días hábiles, obtuvo del SAT la autorización como donataria. En un país donde las organizaciones que trabajan en campo enfrentan procesos largos, desgastantes y muchas veces infructuosos, esa velocidad no es un dato administrativo: es una señal. La duda no es retórica, es técnica: ¿qué autoridad emitió la constancia de actividades a una organización sin historial?, ¿con qué evidencia se acreditó lo que no podía acreditarse por tiempo?, ¿qué criterio se utilizó y por qué no es aplicable al resto? Para las organizaciones nuevas sin trayectoria no hay constancia; sin constancia no hay autorización; sin autorización no hay donativos. En campo, esto se traduce en proyectos que no logran arrancar, equipos que se diluyen y comunidades que pierden acompañamiento. Por eso, cuando aparece una autorización en tiempo récord, no solo sorprende: obliga a revisar si el sistema opera con criterios consistentes o diferenciados. En el plano legal una donataria autorizada no puede destinar recursos a fines distintos de su objeto social ni canalizar donativos a entidades no autorizadas. Según el expresidente los recursos se utilizarían para adquirir, entre otros bienes, petróleo con destino a Cuba. Surge una pregunta: ¿en qué fracción del artículo 79 de la Ley de Impuesto sobre la Renta (LISR) encaja esa actividad como susceptible de donativos deducibles? La claridad en este punto no es opcional, es indispensable. Existe además un componente de prevención que no debe omitirse. López Obrador es una Persona Políticamente Expuesta (PEP). La canalización de recursos desde su plataforma hacia una asociación y eventualmente hacia un tercer país debería activar mecanismos de monitoreo conforme a la Ley Antilavado y a los estándares internacionales de cumplimiento. La presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que en su gobierno “todo se fiscaliza”. Esa afirmación establece que es un Estado que revisa sin excepciones, sin privilegios y con consistencia. Corresponde entonces a las autoridades evaluar este caso con el mismo rigor que otros, particularmente aquellos donde organizaciones de base han sido objeto de escrutinio estricto. Aquí no está en juego una narrativa, sino la congruencia del sistema fiscal. Fracasa reforma electoral; sigue el Plan BRafael Cienfuegos Calderón
El partido de la Cuarta Transformación que gobierna el país, 24 estados y 733 municipios, que controla los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y cuyos diputados y senadores aprueban reformas a la Constitución y leyes sin consenso y sin quitarles una sola coma, no pudo sacar adelante la reforma político electoral. Se quedó solo. Concentra el poder político pero no controla a los partidos, ni a los aliados del Verde Ecologista de México (PEVEM) y del Trabajo (PT) ni a Acción Nacional (PAN), el Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC). Ayer en la Cámara de Diputados la reforma de la presidenta Claudia Sheinbaum fue rechazada, lo que constituye su primer fracaso político, aunque ella no lo acepte como tal. En la sesión hubo 259 votos a favor, los del bloque morenista, 234 en contra y una abstención, Se quedaron lejos de los 334 de la mayoría calificada que se necesita para cambiar los 11 artículos de la Constitución relacionados con el sistema político-electoral. Ese primer fracaso político de la actual mandataria estaba anunciado. Desde hace días se conocía la negativa de los partidos a que se reduzca el financiamiento público que reciben y a aceptar la fórmula propuesta para elegir a los diputados plurinominales. El Verde y el PT evidenciaron que el partido y la presidenta “todos poderosos” los necesitan, que sin sus votos no podrán hacer cambio alguno a la Constitución. No les llegaron al precio y por votar en contra la iniciativa presidencial fue bateada. Antes de la votación, al emitir su posicionamiento los partidos contrarios a Morena dejaron claro el porqué de su rechazó: Ivonne Ortega (MC), remarcó que no apoyarán una iniciativa “que venga del poder” y propuso una nueva propuesta de reforma electoral a partir de la “pluralidad” entre todos los partidos. Rubén Moreira (PRI), señaló que si bien están a favor de bajar el costo de los procesos electorales, la reforma no es pareja. “Ustedes los del régimen lo que quieren son elecciones de baja calidad para agandallarse todo; quieren provocar que los recursos de los oligarcas, que les va bien en su gobierno, y del crimen organizado, entren a las elecciones”. Carlos Puente Salas (PVEM), expuso que apoyan una reducción del financiamiento público pero este debe ser igualitario tanto en recursos económicos como en el acceso a los tiempos de radio y televisión y que así todas las fuerzas políticas tengan las mismas condiciones de competencia. Por el PAN, José Elías Lixa destacó que no habrá concesos para una reforma electoral porque Morena eligió ignorar cualquier propuesta de otros partidos, incluidos sus aliados. El morenista Ricardo Monreal reafirmó el apoyo a la reforma electoral de Claudia Sheinbuam y afirmó que las declaraciones de la oposición “son narrativas falsas” para persuadir a los mexicanos. Y, anunció que seguirán firmes con la presidenta. Lo que sigue es la presentación del Plan B mediante el cual la presidenta sí podrá triunfar para modificar el sistema político-electoral de acuerdo a la conveniencia e intereses del proyecto de transformación al que da continuidad. Para cambiar las leyes secundarias no necesita la mayoría calificada, basta con la mayoría simple y esa la tiene por si solo Morena, por lo que puede desechar los votos de verdes y petistas junto con los del resto de los partidos de la oposición. Ante el posible fracaso, habrá plan BRafael Cienfuegos Calderón
El cuasi partido hegemónico de la Cuarta Transformación y la presidenta de su segunda etapa en el gobierno están pasando las de Caín con la reforma electoral. A pesar de detentar casi todo el poder no tienen los votos para aprobarla y hacerla constitucional. Han de estar lamentándose por asociarse con dos partidos arribistas que desde siempre han interpuesto sus intereses políticos y económicos a los acuerdos, que sirvieron a los gobiernos del PRI y PAN, como ahora a Morena, y cuya moneda de cambio es la negociación. Pero, como reza el dicho: “no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre”. Bajo una alianza de intereses Morena concedió a los partidos Verde Ecologista de México (PVEM) y del Trabajo (PT) un poder que políticamente no tenían y si estos se aprovechan del mismo en beneficio propio, la culpa no es de ellos sino de quien se los facilitó por exceso de confianza. La propuesta de la mandataria Claudia Sheinbaum ya se encuentra en la Cámara de Diputados -04-03-2026- con el riesgo real de no ser aprobada. Sus aliados la rechazan en rebelión porque tal y como la quiere imponer los minimiza y da menos dinero. Adelantándose a lo que llegue a ocurrir, la Presidenta señaló -25-02-2026- que si no prospera su propuesta “no será un fracaso político”, que cumplió con uno de los 100 compromisos que contrajo al asumir el cargo y que el pueblo se encargará de juzgar a los opositores, en referencia a verdes y petistas, que –afirmó- “quieren mantener privilegios”. Sin embargo, si la reforma no pasa aunque la totalidad de diputados del partido oficial la voten a favor sin quitarle una coma y el PT y sus legisladores cedan, esa sería una derrota política por tratarse de un asunto eminentemente político. Eso, estigmatizaría a Sheinbaum, como estigmatizó a su antecesor por fracasar con los planes A, B y C para refirmar el sistema político. Ella, como lo hizo él, confió en que la mayoría legislativa de la triada Morena-PVEM-PT bastaría para dar a la 4T la anhelada reforma ignorando a la oposición -PAN, PRI y Movimiento ciudadano-, pero no contó con la “traición” –así lo califican los morenos- de sus aliados. Ante este escenario, la Presidenta expresó -04-03-2026- que ya tiene un plan B, del que en su momento dará detalles. Legislativamente ha de tratarse de cambiar las leyes secundarias que rigen la Ley Electoral, para lo que no se necesita mayoría calificada y con los votos que tiene el partido gubernamental lo puede hacer solo. De ser así, la inventada Cuarta Transformación tendría en esencia un sistema político electoral apegado a lo que persigue el proyecto de reforma hoy rechazado, darle supremacía de Morena. Además, se mantendría la hoy deteriorada alianza con los partidos parásitos, de los que no puede alejarse, porque para el gobierno “democrático” es fundamental mantener la mayoría legislativa tras las elecciones del 2027. Desafío al poder de la PresidentaRafael Cienfuegos Calderón El movimiento-partido en el poder va con la presidenta Claudia Sheinbaum por el cuarto intento para cambiar el sistema político-electoral luego de los tres fallidos durante el primer gobierno de la Cuarta Transformación, los planes A, B, y C. La presidenta de la continuidad dio a conocer (25-02-2026) su propuesta de reforma electoral sin acuerdos con la oposición; no del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, sino del Verde Ecologista de México (PVEM) y el Trabajo (PT). Morena y la mandataria, Claudia Sheinbaum, no obstante el poder político que ostentan al controlar los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, no convencieron a sus exigentes “aliados” a quienes dan cuatro días para reflexionar. La reforma llegará al Congreso de la Unión el día 28 sin tener segura la mayoría legislativa para cambiar la Constitución. El riesgo político para la Presidenta es que la reforma no se apruebe y que el cuarto intento por abaratar las elecciones y eliminar 200 diputaciones plurinominales, sea también un fracaso. El poder acumulado por los partidos parásitos que desde 2018 se cuelgan electoralmente de Morena los anima a desafiar a la Presidenta, que se vio obligada a reunirse (23-02-2026) sin llegar a acuerdos con los petistas Alberto Anaya, Reginaldo Sandoval, Benjamín Robles y Pedro Vázquez, y los verdes Carlos Puente y Jorge Emilio González. Ella quiere imponer sus condiciones y ambos partidos las rechazan, ella quiere darles menos dinero y ellos están por preservar el negocio, ella propone cambiar el método de designación de los plurinominales y ellos ven el riesgo de convertirse en minorías parlamentarias, ella afirma que la reforma reconoce la diversidad política y ellos creen que se creará un partido hegemónico de Estado. En la conferencia del martes Sheinbaum precisó que sin el apoyo de los aliados se impulsará la reforma electoral porque “así lo demanda el pueblo”. “Es un asunto de cumplir con lo que nos comprometimos”. Ayer dio a conocer la reforma afirmando que no habrá un partido de Estado al mantenerse la pluralidad política con la representación proporcional, y advirtiendo a los partidos Verde y del Trabajo que serán juzgados por la ciudadanía si no la apoyan. Los puntos torales son: reducir 25% el costo de las elecciones, disminuir sueldos y bonos a consejeros y altos mandos del INE, que los 500 integrantes de la Cámara de Diputados sean electos por votación directa, 30 de ellos por distrito electoral, que el número de regidores sea como máximo de 154, que el INE tenga acceso oportuno a operaciones financieras de partidos y personas para mayor control. Facilitar el voto en el extranjero para que la población migrante elija ocho diputados, que los tiempos de transmisión en radio y televisión en periodo electoral se reduzcan de 487 a 35 por emisora, que se regule el uso de la Inteligencia Artificial prohibiendo bots en campañas y garantizar cómputos distritales inmediatos tras una elección. Que la democracia participativa se amplié a estados y municipios con el uso de nuevas tecnologías, eliminar el nepotismo para que los cargos de elección popular no se hereden, y que a partir de 2030, ningún cargo de elección popular podrá reelegirse de manera inmediata. “En caso de que la reforma no sea aprobada, no representará una derrota política” (Sheinbaum). Decisión, acción y rompimientoRafael Cienfuegos Calderón
Por fin, el gobierno de la federación se decidió a actuar. Con mano firme y decisión propia la presidenta Claudia Sheinbaum rompió con lo que hizo mal y le heredó su antecesor en materia de seguridad. Luego del sexenio fallido de la Cuarta Transformación que no pacificó al país con la “ocurrencia” de los abrazos no balazos y que fue carta blanca para la impunidad de los carteles de la droga y delincuencia organizada que asesinan, amenazan, extorsionan y atemorizan a la población, hubo acción a sabiendas de que la reacción podría ser violenta. Tal como ocurrió. Hubo balaceras, bloqueos carreteros, quema de vehículos y comercios que provocaron caos, violencia, temor e incertidumbre en 23 estados del país. Los hechos álgidos por la respuesta de grupos criminales ocurrieron en Jalisco, particularmente en Tapalpa, donde fue herido y capturado “El Mencho”, líder y fundador del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), pero también en Guadalajara, su zona metropolitana, y Puerto Vallarta. La presidenta Claudia Sheinbaum ordenó a Ejército, Marina y Guardia Nacional, bajo la coordinación del gabinete de seguridad, preparar y ejecutar el operativo para detener a Nemesio Segura Cervantes, lo que ocurrió exitosamente el domingo con el apoyo de inteligencia militar de Estados Unidos. Ese día se actuó y se ejerció el uso legítimo de la fuerza del Estado para hacer cumplir la ley y otorgar seguridad a la población. De acuerdo con los reportes periodísticos no hubo ataques directos contra la población civil y los del operativo y su resultado indicaron que por la noche del día 22 la situación ya estaba bajo control de las fuerzas del orden; “El Mencho” murió durante su traslado en avión militar a la Ciudad de México. En opinión de Salvador García Soto (El Universal, 23-02-2026) al ir en contra del capo más buscado y peligroso, el que controlaba la mayor parte del tráfico de drogas, como el fentanilo, entre México y Estados Unidos, Sheinbaum desmiente y exhibe las supuestas “razones humanitarias” que esgrimió López Obrador para soltar a Ovidio Guzmán López, aquel 17 de octubre de 2019 durante el “Culiacanazo”, cuando el entonces presidente paró el operativo militar que ya tenía detenido al hijo del Chapo Guzmán y ordenó soltarlo con el argumento de que los narcos del Cártel de Sinaloa atacarían a la población civil si no lo hacía. Ahora, ¿qué sigue? Porque falta limpiar el país de los carteles que se disputan el control territorial, el tráfico de drogas, la extorsión y otras actividades ilícitas en diversas regiones del país -el de Sinaloa, de Tijuana, del Golfo, La Familia Michoacana, los Unidos (alianzas), el Santa Rosa de Lima, de Caborca, el Independiente de Acapulco, El Guerreros Unidos, el Unión Tepito y Los Viagra. O, ¿el golpe asestado al CJNG, que de acuerdo a reportes opera en 27 estados, va a quedar como llamarada de petate? |
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Rafael CienfuegosRafael Cienfuegos Calderón cursó la carrera de Periodismo y Comunicación Colectiva en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y se inició como reportero en 1978. Se ha desempeñado como tal en el periodismo escrito, principalmente, y ha incursionado en medios electrónicos (Canal Once Tv) y en noticieros de radio como colaborador. Archives
May 2026
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