El doble discurso del domingo en el ZócaloRafael Cienfuegos Calderón
En la narrativa de la presidenta Claudia Sheinbaum empiezan a aparecer dobles mensajes que en el caso concreto de la corrupción ponen en duda su palabra empeñada de combatirla y castigar con la ley a quienes incurran en delitos. El domingo dijo textual: se han empeñado en separarnos, en que rompamos. Pero eso no va a ocurrir -en referencia al expresidente-. Momentos después expuso: quien traicione al pueblo, quien robe al pueblo, enfrenta la justicia. El poder no es para enriquecerse, es para servir con humildad. Los recursos públicos son sagrados -en referencia a los recientes escándalos de corrupción. Primero la lealtad, luego la amenaza. En ese sentido sus dichos son contradictorios. Revelan el doble discurso que está incorporando a su estilo de gobernar, quizá por la herencia que recibió de un gobernante que decía una cosa y hacía otra. Definitivamente ella no va a romper con él por razones que son obvias. Le debe su carrera pública y política. Y, eso, solo se paga con gratitud y lealtad. Y son precisamente esos valores los motivos que tiene para no romper con el inventor de la Cuarta Transformación, ni disgustarlo ni cuestionarlo ni contradecirlo y mucho menos exponerlo. Pero para cumplir la sentencia de que quien traicione al pueblo, quien robe al pueblo, enfrenta la justicia, debe evitar que el manto de la impunidad -distintivo de la 4T- proteja a quienes en el ejercicio de la administración pública o de la política incurren en delitos o se enriquecen. Si su propósito es aplicar sin distingo el peso de la ley a quien sea corrupto debe pugnar porque se investigue a fondo cualquier caso, particularmente el del huachicol fiscal por más de 600 mil millones de pesos (Grisel Galeano García, Procuradora Fiscal de la Federación en el sexenio pasado) ya que involucra a mandos de la Secretaría de Marina y a miembros distinguidos del movimiento-partido político en el poder. Hacerlo le implicaría ir contra personajes cercanos al expresidente y miembros de su gobierno, lo que provocaría el deterioro o rompimiento de la relación. Pero ella no quiere eso. En los días consecutivos “pueblo” y ciudadanos sabrán si el de la presidenta Sheinbaum es un doble discurso. El que demuestra lealtad ciega, aunque implique complicidad, y el que demuestra que tiene temple para gobernar con apego a la ley, aunque caiga quien caiga. Porque, del dicho al hecho hay un gran trecho.
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Hay la percepción de que Sheinbaum va bienRafael Cienfuegos Calderón
Concluido el primer año del gobierno de la “continuidad con cambio” la popularidad de la presidenta Claudia Sheinbaum está al alza con un respaldo de “pueblo” y ciudadanía de 73%, aunque inseguridad, corrupción y economía son los mayores problemas no resueltos. El segundo año lo inicia con una desaprobación del 27% en el desempeño de su gestión y el rechazó al aumento de impuestos que contempla el proyecto de Presupuesto de Ingresos 2026 a tabaco y cigarros, refrescos y bebidas azucaradas. De acuerdo a la encuesta de septiembre de El Financiero, la Presidenta supera el porcentaje de popularidad que tuvo el mismo mes de 2021 su antecesor y maestro en política, ayudada por de la forma como se desempeñó en la ceremonia del Grito de Independencia que le mereció 70% de opiniones favorables. La popularidad de la mandataria es muy alta (73%) en comparación con la calificación que le dan en honestidad (64% a favor), liderazgo (66%) y capacidad para dar resultados (54%). En cuanto a las acciones del gobierno para mejorar las condiciones de seguridad 52% afirmó que es el principal problema, sobre el combate de la corrupción -verbigracia el huachicol fiscal- la percepción es que se ha agravado y 75% de los encuestados dieron una opinión negativa, lo mismo que en el manejo de la economía sobre el que 43% tiene no tiene opinión positiva. La encuesta de opinión reveló que lo más positivo del primer año de Sheinbaum es la política de apoyos sociales -reparto de dinero a 32 millones de personas a través de pensiones, becas y programas- con 75% de respuestas a favor. El manejo de la seguridad pública recibió calificación desfavorable de 53% y sobre el combate al crimen organizado 75% dio una respuesta favorable. El 48% de los encuestados tiene la percepción de que hay avances en educación y pobreza, 44% opina lo mismo en cuanto a salud pública, 39% en el combate al huachicol y respecto al desempeño de Petróleos Mexicanos (Pemex) 36% ve mejoras, 29% empeoramiento y 32% no ve cambios. Pero considerando que apenas ha transcurrido un año del sexenio resulta difícil evaluar si la presidenta Sheinbaum está gobernando bien y si las estrategias para resolver los grandes problemas que visibiliza la población ofrecerán resultados positivos. En el segundo año tendrá sus propios presupuestos de ingresos y egresos, elaborados con base en las prospecciones de crecimiento económico y desarrollo que se espera alcanzar, pues hay que recordar que los de este año se elaboraron con base en el criterio del anterior presidente, el primero de la Cuarta Transformación. Democráticamente llegaron al poder pero…Rafael Cienfuegos Calderón La democracia estorba e incomoda a los gobiernos de cualquier ideología cuando llegan al poder, por eso, con excesivo ejercicio de poder la atacan y debilitan e impiden la alternancia política. Es el caso de la supuesta Cuarta Transformación. Para prolongar su estadía en el gobierno y mantener el poder político “absoluto” que tiene no solo ha colonizado las instituciones que dan certeza a las elecciones con resultados confiables y las convalidan -el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial (TEPJF)- sino que pretende implementar una democracia a modo con una nueva Ley Electoral que se estrenará en las elecciones de 2027. Lo cuestionable es que el fundador del movimiento-partido Morena e inventor del presumido proyecto de la transformación y su heredera, la presidenta Claudia Sheinbaum, arribaron al poder político enarbolando la bandera de la democracia y con consignas de tendencia izquierdista para desterrar las prácticas y vicios del otrora partido hegemónico que impidieron por décadas la equidad, la limpieza y la credibilidad de las elecciones. Pero… ya en el poder se les olvidó. Hacen lo mismo y hasta cosas peores. Abusan del poder, ignoran y ningunean a los partidos opositores, actúan políticamente como partido de Estado, se hacen de mayorías legislativas con triquiñuelas y asumen que el voto mayoritario que recibieron en 2024 les da derecho a hacer lo que quieran. En ese contexto la Presidenta conformó una comisión oficial para que redacte a partir de sus intereses y propósitos de largo plazo la propuesta de nueva Ley Electoral que presentará en febrero al Congreso de la Unión para que apruebe los cambios constitucionales que estima pertinentes. Para darle un tinte “democrático” al trabajo de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral se convocará a una consulta en la que población expresará si está de acuerdo con que se cambien la actual ley y se invitará a miembros de la academia, el sector privado, organizaciones civiles y demás a que participen, opinen y hagan propuestas en los foros que están previstos. La cuestión es para qué si no les otorgarán derecho a voto. Igual que como ocurrió con la reforma al Poder Judicial. Mientras, en la campaña oficial de promoción se hace notar a los votantes que -así como ellos afirman- la Ley Electoral actual es obsoleta, contraria a los principios democráticos y no responde a los nuevos tiempos de transformación del país. Vale la pena hacer notar que en su lucha por “fortalecer” la democracia y hacerla inclusiva los políticos que eran de oposición y hoy militan en el partido que es gobierno bregaron para llegar al poder y combatieron a los grupos que dominaban la vida política del país. Irónicamente, una vez que llegaron a la escalera que conduce al poder y subieron al primer peldaño se aferraron a alcanzar el último y una vez que llegaron a la cima se olvidaron de defender, preservar y fortalecer la democracia. Hoy están empeñados en destruir la escalera para que nadie más pueda alcanzar el poder (Lorenzo Córdova, exconsejero presidente del INE). "Vamos bien”; homicidios dolosos a la bajaRafael Cienfuegos Calderón
La estrategia nacional de seguridad está dando buenos resultados a decir de la gobernante Claudia Sheinbaum. Los datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) así lo indican. Sin embargo, se pueden aceptar como “ciertos” los reportes oficiales que se presentan periódicamente sobre la incidencia de violencia homicida siendo que por estrategia y/o control de daños los gobiernos, sean del signo ideológico que sean, tienden a “maquillarlos” para crear la percepción de que las acciones de seguridad son adecuadas. Cuando los abrazos, no balazos y los otros datos estaban de boga en la narrativa presidencial las cifras sobre las víctimas de asesinatos violentos, siempre a la baja, se contraponían con los de organizaciones civiles dedicadas a dar seguimiento a la problemática de inseguridad. Ahora, en este segundo capítulo de la Cuarta Transformación, se exaltan las operaciones conjuntas de Ejército, Marina y Guardia Nacional por el continuo decomiso de drogas y la detención de capos del crimen organizado. Pero en cuanto a los homicidios dolosos el promedio diario de septiembre 2024 a febrero de 2025 fue de 74.6 y en los primeros siete meses de 2025, el 51.5% se concentraron en Guanajuato, Chihuahua, Sinaloa, Baja California, Estado de México, Guerrero y Michoacán. En su reporte de enero a abril de este año sobre violencia y pacificación la organización México Evalúa destaca que la cifra nacional oficial no siempre refleja la realidad y que según el Sistema Nacional de Seguridad Pública en 13 entidades han disminuido los actos de violencia mientras que en 12 no dan tregua y se mantienen o incrementan. El reporte más reciente en cuanto a seguridad se refiere lo dio la Presidenta en su Primer Informe de Gobierno y de acuerdo a los datos oficiales los homicidios dolosos disminuyeron 25% en los primeros 11 meses de su gestión. Atribuyó este logro a una estrategia de seguridad sustentada en cuatro ejes y la implementación de programas clave con un enfoque que se basa en una estrategia integral, a diferencia de administraciones anteriores que se centraban únicamente en el combate a la violencia. El primer eje es la atención a las causas, enfocándose en atender las raíces de la violencia, a través de programas sociales y la promoción de oportunidades para los jóvenes, con el objetivo de prevenir su incorporación a actividades delictivas. El segundo es el reforzamiento de la Guardia Nacional con 130 mil elementos desplegados en el territorio para garantizar la seguridad de la población y la reforma que la adscribió a la Secretaría de la Defensa Nacional para reforzar su operatividad y coordinación. El tercero es el fortalecimiento de la inteligencia e investigación con inversiones en la mejora de las capacidades de inteligencia e investigación para desarticular a las organizaciones criminales de manera más efectiva. Finalmente, la coordinación y estrecha colaboración con los gobiernos estatales. De enero a junio de 2024 se registraron 15 243 homicidios dolosos y en todo ese año hubo 33 241 presuntos homicidios -Instituto Nacional de Geografía e Informática (Inegi), 01-08-2025-. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registró dos mil 281 homicidios dolosos en mayo de 2024, mientras que en mayo de 2025 fueron mil 722 asesinatos. La vieja y nueva Suprema Corte a decir de un lacayo de la 4TRafael Cienfuegos Calderón
El coordinador de Política y Gobierno de la Presidencia, ministro retirado y expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, “escupe para arriba y la saliva le cae en la cara”. Dice que la actual Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fue autocomplaciente y confundió independencia con militancia partidista, que se refugió en alianzas con grupos opositores y convirtió la “defensa de la democracia” en un pretexto para frenar transformaciones con respaldo popular, y que dejó de ejercer su papel como tribunal constitucional para jugar un rol de oposición política, generando desconfianza y alejándose de las causas de la gente. Las conjeturas de Zaldívar (Milenio, 26-08-2025) dan pie para cuestionar su rol como presidente de la Corte, pues en los últimos seis años se puso de “tapete” del Poder Ejecutivo. Fue instrumento para tratar de prolongar dos años -al 2024- la subordinación del máximo órgano de justicia y salvar posibles conflictos por la elección presidencial. Eso no prosperó y renunció. Norma Piña lo sustituyó y por hacer valer la división de poderes fue atacada, calumniada y señalada como enemiga del gobierno y de quien lo encabeza. Zaldívar juzga que la Corte dejó de ejercer como tribunal constitucional para jugar un rol de oposición política, contrario al subordinamiento que mostró ante el poder. Como integrante de esa Corte -diciembre de 2009 a noviembre de 2023- el hoy “arribista” de la Cuarta Transformación y empleado de la Presidenta se cura en salud y olvida que fue cómplice y solapador de abusos legislativos y presidenciales. Ahora con juzgadores electos Zaldívar anhela que la Corte deje de ser un reducto cerrado de élites, sea una institución abierta, plural y responsable que no recele el cambio social y entienda que su función es acompañar el proceso democrático -¿el de la 4T?-, garantizar los derechos y la vigencia de la Constitución. La nueva Corte -opina- habrá de construir legitimidad a partir de las sentencias; “la legitimidad judicial no se consolida con votos, sino con argumentos”. Deberá demostrar capacidad para decidir con rigor técnico, imparcialidad y transparencia, ofreciendo razones persuasivas y resolviendo conforme a hechos y pruebas, no prejuicios ni ocurrencias. Tiene que afirmar su independencia con razonamientos, calidad de pruebas, capacidad de juzgar y sin presiones ni complacencias, mostrar que no será rehén del cálculo político -con la Presidenta y Morena encima ¿cómo?- sino un tribunal imparcial que decida en función del derecho y la justicia. Desarrollar una jurisprudencia capaz de afianzar los derechos sociales como vivienda, salud, trabajo educación y alimentación, y consolidar un marco constitucional de verdadera igualdad sustantiva, es su reto. Una Corte legítima deberá hablar el lenguaje de la gente, explicar sus decisiones con claridad, abrirse al escrutinio público y generar canales de comunicación que hagan de la justicia un proceso transparente y comprensible -¿por eso va a sesionar en plazas públicas? Ante todo, ser una Suprema Corte al servicio del pueblo, que no se deba a una élite política o económica. Que escuche y defienda los reclamos de igualdad y dignidad de todos los mexicanos. ¡Vaya curva de aprendizaje que iniciarán el lunes los novatos juzgadores! La prisión preventiva quita la libertad a milesRafael Cienfuegos Calderón En el país hay quienes son culpables de un delito comprobado y están libres sin ser molestados por las autoridades encargadas de proteger, dar confianza y alejar a la población de riesgos y peligros. También hay miles de hombres y mujeres recluidos en cárceles deplorables a causa de la prisión preventiva oficiosa cuya aplicación se intensificó a partir de 2024. Cualquier ciudadano y gente del “pueblo” puede ser privado de la libertad e ir a prisión por el simple hecho de ser “señalado” como presunto delincuente, su culpabilidad o inocencia no importa. Puede estar en prisión meses o años en tanto no se lleve a cabo su juicio y se dicte sentencia. Así ordena la reforma constitucional de 2024 en materia penal -prisión preventiva oficiosa- del gobierno transformador, que en lugar de aminorar la tipificación de los delitos los ha ampliado. La población está indefensa ante la arbitrariedad. No hay garantías ni derechos ante el poder otorgado a las autoridades para encarcelar sin respeto a la presunción de inocencia. Ese instrumento del punitivismo que rompe cualquier alegato sobre el presunto respeto a los derechos humanos sirve, por supuesto, políticamente. Para presumir que “algo” se está haciendo en seguridad (Carlos Puig, Milenio, 19-06-2025). La reforma al artículo 19 de la Constitución (13-11-2024) establece que el juez ordenará la prisión preventiva oficiosa contra alguien que sea “señalado” por abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, extorsión, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción por enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo a transporte de carga, robo de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, desaparición forzada de personas y cometida por particulares, violencia con armas y explosivos, uso de armas exclusivas del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, atentar contra la seguridad de la nación, la salud, el libre desarrollo de la personalidad, contrabando, falsear comprobantes fiscales, introducción, desvío, producción, preparación, enajenación, adquisición, importación, exportación, transportación, almacenamiento y distribución de precursores y sustancias químicas esenciales para drogas sintéticas y fentanilo. Por alguno de estos delitos -real o inventado- hay 97 mil 710 personas en prisión sin sentencia, de un total de 248 mil 361 personas privadas de la libertad en 275 centros de reclusión estatales y federales cuya capacidad es para 224 mil. Hay sobrepoblación de 23 mil 855 personas y desde que la presidenta Claudia Sheinbaum asumió el poder se ha encarcelado a 13 mil a causa de la prisión preventiva (datos del más reciente informe del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social, Carlos Puig, Milenio, 07-08-2025). Así la impartición de la justicia en los tiempos estelares de la Cuarta Transformación. Reparto de dinero contra la pobrezaRafael Cienfuegos Calderón Verdad: Quienes actualmente son pobres nacieron en familias pobres que como sus antecesores fueron pobres y forman parte del llamado “círculo vicioso de la pobreza”. Mentira: Los programas sociales permiten que las personas que los reciben tengan mejores ingresos y que salgan de la pobreza. Verdad: en México más de 50 millones de personas no tienen acceso a los servicios de salud. Mentira: México tiene un sistema de salud mejor que el de Dinamarca y atiende a toda la población. Las verdades y mentiras son tema puesto que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informará en unos días sobre el estado de la pobreza y pobreza extrema en el país. En el gobierno de la “continuidad con cambio” están entusiasmados en espera de que los resultados del último trabajo del extinto Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) desde 2022, muestren una baja. Ello -dicen- por el impacto que tiene en el ingreso de las familias el dinero que se reparte con los programas sociales, aunque en realidad solo ayuda a sobrevivir con un poco menos de pobreza. Pero, a la vez, deben estar inquietos por lo que se revele en cuanto a los rezagos en salud, educación, calidad, espacios y servicios básicos de la vivienda, seguridad social, y alimentación nutritiva y calidad, que impactan en el nivel de pobreza. Las pensiones y becas de los programas sociales han servido para incentivar el consumo interno y que la gente menos favorecida económicamente pueda adquirir algunos productos básicos, pero no alcanzan para acabar con el círculo vicioso de la pobreza. Quienes son pobres en la actualidad, nacieron en familias cuyas cabezas también nacieron pobres al igual que sus antecesores, y si aunque por el dinero que reciben bimestralmente han logrado amainar sus carencias, seguirán siendo pobres si tienen alguna carencia social. El mayor rezago de la población, en general, y de los pobres y pobres extremos, en particular, es el de acceso a la salud. La encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2024 del Inegi -30-07-2025- reveló que las familias gastaron en promedio trimestral mil 605 pesos en la atención y cuidado de la salud; en 2018 el monto fue de mil 136 pesos. En el sexenio anterior el gasto en salud se incrementó 41%. La medición del gasto de bolsillo permite evaluar la capacidad de los sistemas de salud para cubrir las necesidades de la población y los costos pagados por las familias en consultas médicas, hospitalizaciones, vacunas, fármacos y otros insumos o servicios. De acuerdo con el Coneval, México duplicó la población que enfrentó carencia de servicios de salud al pasar de 20 millones 100 mil personas en 2018 a 50 millones 400 mil en 2022. Claudia Maldonado, investigadora académica del Coneval, precisa que a pesar de que hay una recuperación del ingreso, tenemos una permanencia notable de las carencias sociales. ATISBOS El gobierno de la 4T oculta despilfarro al “pueblo”Rafael Cienfuegos Calderón
Concebidas para convertirse en obras emblemáticas del primer gobierno de la transformación y perdurar, el Aeropuerto Felipe Ángeles, el Tren Maya y la refinería Olmeca de Dos bocas están convertidas en elefantes blancos a los que en un intento porque generen algún beneficio y avancen les inyectan diariamente dinero público vía subsidios. Su fracaso como negocios del Estado mexicano es evidente. Son financieramente inviables y hoy el tren y la refinería requieren más inversión pública para que queden terminados al 100%, independientemente del costo y sobrecosto que registran desde su inicio. Son un fracaso porque el aeropuerto de Santa Lucía no es de primer mundo ni podrá sustituir al de la Ciudad de México en la movilidad de pasajeros, el tren no avanza hacia el desarrollo económico del sureste del país, y la refinería no produce gasolina y diésel en los volúmenes previstos ni contribuye a la autosuficiencia energética Contrariamente son una sangría para la economía, que no crece. Inexplicable es que pese a ser negocios improductivos se les sigua otorgando presupuesto cada año. Además, su costo real, con la ampliación de los gastos que se les ha autorizado se desconoce porque están protegidos -o séase, están ocultos-. Son miles de millones de pesos los que se han despilfarrado y el gobierno no quiere que el “pueblo” se entere. El anterior gobierno declaró las megaobras asunto de interés público y “seguridad nacional”, por lo que el aeropuerto y el tren que son administrados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la refinería a cargo de Petróleos Mexicanos (Pemex) están en absoluta opacidad, sin rendición de cuentas. Fue en 2021 cuando el expresidente protegió –ocultó la información- de todas las obras en comunicaciones, telecomunicaciones, aduanas, fronteras, hidráulicas e hídricas, medio ambiente, turísticas, salud y vías férreas, lo que impide conocer en detalle contratos y costos. Luego, para oficializar la opacidad, en mayo de 2023 emitió un decreto sobre la construcción y operación de proyectos de la 4T y lo publicó en el Diario Oficial. De la Federación. Quedaron blindados contra el escrutinio público: la construcción, funcionamiento, mantenimiento, operación, espacios, bienes de interés público, ejecución y administración de la infraestructura de transportes, de servicios y polos de desarrollo “para el bienestar” y los aeropuertos de Palenque, Chetumal y Tulum. El documento especifica que la “seguridad nacional” debe entenderse “desde una perspectiva estratégica, porque intentará anticiparse a los riesgos y amenazas; amplia, porque buscará amparar a la totalidad del conjunto social; transversal, porque involucrará a las instituciones y a los sectores nacionales que deban participar en su gestión; e integral, porque estará supeditada a una sola doctrina y estrategia. Es decir, se debe garantizar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado democrático, así como un desempeño de gobierno ético y transparente, al mismo tiempo que fortalecer un modelo de seguridad con profundo sentido humano” (Carlos Marín, Milenio, 08-05-2025). Menos libertades ¿por seguridad?Rafael Cienfuegos Calderón
Por incapacidad para pacificar al país, superar la inseguridad, frenar la delincuencia y violencia criminal que dejaron casi 200 mil asesinatos el sexenio pasado y 21 mil en nueve meses del actual, legisladores progobiernistas aprobaron leyes que violentarán libertades fundamentales de la población si se abusa de ellas. Y hay evidencias de que así será. Durante siete años los gobiernos de la Cuarta Transformación, su partido y legisladores han reformado en exceso la Constitución en detrimento de derechos e intereses comunes aprovechando el poder que ostentan. De ahí los cuestionamientos: ¿”Pueblo” y ciudadanos tendrán menos libertades? ¿Vivirán indefensos bajo vigilancia del ojo avizor de las fuerzas del orden público? ¿Se violenta el derecho a la vida privada? La presidenta Claudia Sheinbaum jura y perjura que no. Pero sus simples dichos no son garantía. ¿Cómo confiar en que las atribuciones otorgadas a Ejército, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Centro Nacional de Inteligencia con las nuevas leyes no transgredirán los derechos de privacidad y libertad ahora que el espionaje masivo es legal? El día 2 diputados del oficialismo aprobaron la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión que desaparece el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y crea la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) y la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT). Esta comisión normará las telecomunicaciones y la radiodifusión como servicios públicos de interés general y podrá suspender las transmisiones de medios de comunicación (radio y televisión) que violen los derechos de las audiencias. Los senadores aprobaron el mismo día la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública para integrar un sistema de interconexión de datos públicos y privados a los que tendrán acceso las instituciones de seguridad. La primera ley establece los mecanismos de coordinación y colaboración entre instituciones y autoridades en prevención, investigación y persecución de delitos. Subordina las acciones de investigación e inteligencia a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y permite a las instituciones de seguridad la interconexión, acceso, consulta e integración de la información contenida en las bases de datos y registros públicos y particulares de la Plataforma Central de Inteligencia. Esta plataforma, a cargo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) estará interconectada a los sistemas de inteligencia de las instituciones de seguridad y a los registros y bancos de información en posesión de instituciones públicas y privadas. Incluye a particulares que tengan sistemas de inteligencia, bases de datos y registros administrativos vehiculares y de placas, biométricos, telefónicos, fiscales de personas morales, de la propiedad y el comercio, catastros, de armas de fuego aseguradas o decomisadas y prestadores de servicios de seguridad privada. Además, comprende los padrones de personas detenidas y sentenciadas, de servicios financieros, bancarios, de transporte, salud, telecomunicaciones, empresariales, comerciales, y “todos aquellos de donde se pueda extraer información, indicios, datos y pruebas para la generación de productos de inteligencia para la prevención, investigación y persecución de delitos”. La segunda ley crea un Sistema Nacional de Información integrado por registros y bases de datos que permitirán a las instituciones de seguridad su consulta e interconexión. Las instituciones policiales, de procuración de justicia y penitenciarias, y los Centros de Comando y Control podrán compartir, actualizar y consultar diariamente la información que “se clasificará como reservada” sobre detenciones, indagación criminal, personal de seguridad, equipo, armamento, medidas de protección y personas sentenciadas. Saquen sus conclusiones. La Presidencia quiere controlar la informaciónRafael Cienfuegos Calderón
La Conferencia del “Pueblo” de la presidenta Claudia Sheinbaum heredó el ejército de youtubers, blogueros y plataformas digitales que creó la Coordinación General de Comunicación Social de la pasada Presidencia de la República y lo mantiene activo porque permite el lucimiento con preguntas a modo y que el gobierno difunda lo que le interesa. Evitar incomodar a quién gobierna es la tarea asignada. Con ese modus operandi lo que exponen en la mañanera la Presidenta y sus invitados tiene resonancia en los llamados medios de comunicación alternos que están a su servicio, aunque informativamente carezca de interés periodístico. Porque por mucho que sea la Presidenta quien ofrece la conferencia lo que informa y declara no siempre es trascendente y en ocasiones choca con la realidad que se vive. A ello obedece que los temas de la mañanera no se publiquen siempre en las primeras planas de los diarios ni sean de apertura en noticieros de radio y televisión y que tengan que competir con información de impacto que se generan en otro ámbito. Indefectiblemente si se habla de inseguridad y violencia la respuesta es que delitos, homicidios y feminicidios van a la baja, que se detiene a integrantes del crimen organizado y decomisan fentanilo y otras drogas; si es de economía, que todo va bien y descalifican los pronósticos a la baja de organismos internacionales; si es de salud, que el programa Medico en tu casa está en marcha y se trabaja en el abasto de medicamentos; si es de Trump, que hay que mantener la calma. Nada nuevo. Nada de interés. Nada que repercuta para la solución de los múltiples problemas que hay en el país. Hay indicios de que a la poca o limitada difusión de lo que se dice en la mañanera –salvo, claro, la amplitud que tiene en los medios de comunicación comodines- obedecen los 30 nuevos lineamientos que emitió la Coordinación de Comunicación Social de la Presidencia para regir la conferencia.Los puntos 28 y 30 son polémicos y preocupantes. El primero porque advierte que “se verificará que la información que se genere sea difundida y se vea reflejada en materiales periodísticos, a través de las plataformas, canales o impresiones de los medios convencionales y alternativos”. Acaso va a suplir a los editores de los medios que son quienes valoran y jerarquizan la información para determinar qué se publica y qué no o hasta arrogarse el derecho y la atribución de manejar la política editorial de los medios. El segundo porque constituye una amenaza. La “transgresión” de cualquiera de los lineamientos será causa de sanciones: cancelación temporal o permanente de la acreditación del reportero o el medio de comunicación. Y eso que no hay autoritarismo. |
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Rafael CienfuegosRafael Cienfuegos Calderón cursó la carrera de Periodismo y Comunicación Colectiva en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y se inició como reportero en 1978. Se ha desempeñado como tal en el periodismo escrito, principalmente, y ha incursionado en medios electrónicos (Canal Once Tv) y en noticieros de radio como colaborador. Archives
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