"Vamos bien”; homicidios dolosos a la bajaRafael Cienfuegos Calderón
La estrategia nacional de seguridad está dando buenos resultados a decir de la gobernante Claudia Sheinbaum. Los datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) así lo indican. Sin embargo, se pueden aceptar como “ciertos” los reportes oficiales que se presentan periódicamente sobre la incidencia de violencia homicida siendo que por estrategia y/o control de daños los gobiernos, sean del signo ideológico que sean, tienden a “maquillarlos” para crear la percepción de que las acciones de seguridad son adecuadas. Cuando los abrazos, no balazos y los otros datos estaban de boga en la narrativa presidencial las cifras sobre las víctimas de asesinatos violentos, siempre a la baja, se contraponían con los de organizaciones civiles dedicadas a dar seguimiento a la problemática de inseguridad. Ahora, en este segundo capítulo de la Cuarta Transformación, se exaltan las operaciones conjuntas de Ejército, Marina y Guardia Nacional por el continuo decomiso de drogas y la detención de capos del crimen organizado. Pero en cuanto a los homicidios dolosos el promedio diario de septiembre 2024 a febrero de 2025 fue de 74.6 y en los primeros siete meses de 2025, el 51.5% se concentraron en Guanajuato, Chihuahua, Sinaloa, Baja California, Estado de México, Guerrero y Michoacán. En su reporte de enero a abril de este año sobre violencia y pacificación la organización México Evalúa destaca que la cifra nacional oficial no siempre refleja la realidad y que según el Sistema Nacional de Seguridad Pública en 13 entidades han disminuido los actos de violencia mientras que en 12 no dan tregua y se mantienen o incrementan. El reporte más reciente en cuanto a seguridad se refiere lo dio la Presidenta en su Primer Informe de Gobierno y de acuerdo a los datos oficiales los homicidios dolosos disminuyeron 25% en los primeros 11 meses de su gestión. Atribuyó este logro a una estrategia de seguridad sustentada en cuatro ejes y la implementación de programas clave con un enfoque que se basa en una estrategia integral, a diferencia de administraciones anteriores que se centraban únicamente en el combate a la violencia. El primer eje es la atención a las causas, enfocándose en atender las raíces de la violencia, a través de programas sociales y la promoción de oportunidades para los jóvenes, con el objetivo de prevenir su incorporación a actividades delictivas. El segundo es el reforzamiento de la Guardia Nacional con 130 mil elementos desplegados en el territorio para garantizar la seguridad de la población y la reforma que la adscribió a la Secretaría de la Defensa Nacional para reforzar su operatividad y coordinación. El tercero es el fortalecimiento de la inteligencia e investigación con inversiones en la mejora de las capacidades de inteligencia e investigación para desarticular a las organizaciones criminales de manera más efectiva. Finalmente, la coordinación y estrecha colaboración con los gobiernos estatales. De enero a junio de 2024 se registraron 15 243 homicidios dolosos y en todo ese año hubo 33 241 presuntos homicidios -Instituto Nacional de Geografía e Informática (Inegi), 01-08-2025-. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registró dos mil 281 homicidios dolosos en mayo de 2024, mientras que en mayo de 2025 fueron mil 722 asesinatos.
0 Comments
La vieja y nueva Suprema Corte a decir de un lacayo de la 4TRafael Cienfuegos Calderón
El coordinador de Política y Gobierno de la Presidencia, ministro retirado y expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, “escupe para arriba y la saliva le cae en la cara”. Dice que la actual Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fue autocomplaciente y confundió independencia con militancia partidista, que se refugió en alianzas con grupos opositores y convirtió la “defensa de la democracia” en un pretexto para frenar transformaciones con respaldo popular, y que dejó de ejercer su papel como tribunal constitucional para jugar un rol de oposición política, generando desconfianza y alejándose de las causas de la gente. Las conjeturas de Zaldívar (Milenio, 26-08-2025) dan pie para cuestionar su rol como presidente de la Corte, pues en los últimos seis años se puso de “tapete” del Poder Ejecutivo. Fue instrumento para tratar de prolongar dos años -al 2024- la subordinación del máximo órgano de justicia y salvar posibles conflictos por la elección presidencial. Eso no prosperó y renunció. Norma Piña lo sustituyó y por hacer valer la división de poderes fue atacada, calumniada y señalada como enemiga del gobierno y de quien lo encabeza. Zaldívar juzga que la Corte dejó de ejercer como tribunal constitucional para jugar un rol de oposición política, contrario al subordinamiento que mostró ante el poder. Como integrante de esa Corte -diciembre de 2009 a noviembre de 2023- el hoy “arribista” de la Cuarta Transformación y empleado de la Presidenta se cura en salud y olvida que fue cómplice y solapador de abusos legislativos y presidenciales. Ahora con juzgadores electos Zaldívar anhela que la Corte deje de ser un reducto cerrado de élites, sea una institución abierta, plural y responsable que no recele el cambio social y entienda que su función es acompañar el proceso democrático -¿el de la 4T?-, garantizar los derechos y la vigencia de la Constitución. La nueva Corte -opina- habrá de construir legitimidad a partir de las sentencias; “la legitimidad judicial no se consolida con votos, sino con argumentos”. Deberá demostrar capacidad para decidir con rigor técnico, imparcialidad y transparencia, ofreciendo razones persuasivas y resolviendo conforme a hechos y pruebas, no prejuicios ni ocurrencias. Tiene que afirmar su independencia con razonamientos, calidad de pruebas, capacidad de juzgar y sin presiones ni complacencias, mostrar que no será rehén del cálculo político -con la Presidenta y Morena encima ¿cómo?- sino un tribunal imparcial que decida en función del derecho y la justicia. Desarrollar una jurisprudencia capaz de afianzar los derechos sociales como vivienda, salud, trabajo educación y alimentación, y consolidar un marco constitucional de verdadera igualdad sustantiva, es su reto. Una Corte legítima deberá hablar el lenguaje de la gente, explicar sus decisiones con claridad, abrirse al escrutinio público y generar canales de comunicación que hagan de la justicia un proceso transparente y comprensible -¿por eso va a sesionar en plazas públicas? Ante todo, ser una Suprema Corte al servicio del pueblo, que no se deba a una élite política o económica. Que escuche y defienda los reclamos de igualdad y dignidad de todos los mexicanos. ¡Vaya curva de aprendizaje que iniciarán el lunes los novatos juzgadores! La prisión preventiva quita la libertad a milesRafael Cienfuegos Calderón En el país hay quienes son culpables de un delito comprobado y están libres sin ser molestados por las autoridades encargadas de proteger, dar confianza y alejar a la población de riesgos y peligros. También hay miles de hombres y mujeres recluidos en cárceles deplorables a causa de la prisión preventiva oficiosa cuya aplicación se intensificó a partir de 2024. Cualquier ciudadano y gente del “pueblo” puede ser privado de la libertad e ir a prisión por el simple hecho de ser “señalado” como presunto delincuente, su culpabilidad o inocencia no importa. Puede estar en prisión meses o años en tanto no se lleve a cabo su juicio y se dicte sentencia. Así ordena la reforma constitucional de 2024 en materia penal -prisión preventiva oficiosa- del gobierno transformador, que en lugar de aminorar la tipificación de los delitos los ha ampliado. La población está indefensa ante la arbitrariedad. No hay garantías ni derechos ante el poder otorgado a las autoridades para encarcelar sin respeto a la presunción de inocencia. Ese instrumento del punitivismo que rompe cualquier alegato sobre el presunto respeto a los derechos humanos sirve, por supuesto, políticamente. Para presumir que “algo” se está haciendo en seguridad (Carlos Puig, Milenio, 19-06-2025). La reforma al artículo 19 de la Constitución (13-11-2024) establece que el juez ordenará la prisión preventiva oficiosa contra alguien que sea “señalado” por abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, extorsión, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción por enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo a transporte de carga, robo de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, desaparición forzada de personas y cometida por particulares, violencia con armas y explosivos, uso de armas exclusivas del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, atentar contra la seguridad de la nación, la salud, el libre desarrollo de la personalidad, contrabando, falsear comprobantes fiscales, introducción, desvío, producción, preparación, enajenación, adquisición, importación, exportación, transportación, almacenamiento y distribución de precursores y sustancias químicas esenciales para drogas sintéticas y fentanilo. Por alguno de estos delitos -real o inventado- hay 97 mil 710 personas en prisión sin sentencia, de un total de 248 mil 361 personas privadas de la libertad en 275 centros de reclusión estatales y federales cuya capacidad es para 224 mil. Hay sobrepoblación de 23 mil 855 personas y desde que la presidenta Claudia Sheinbaum asumió el poder se ha encarcelado a 13 mil a causa de la prisión preventiva (datos del más reciente informe del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social, Carlos Puig, Milenio, 07-08-2025). Así la impartición de la justicia en los tiempos estelares de la Cuarta Transformación. Reparto de dinero contra la pobrezaRafael Cienfuegos Calderón Verdad: Quienes actualmente son pobres nacieron en familias pobres que como sus antecesores fueron pobres y forman parte del llamado “círculo vicioso de la pobreza”. Mentira: Los programas sociales permiten que las personas que los reciben tengan mejores ingresos y que salgan de la pobreza. Verdad: en México más de 50 millones de personas no tienen acceso a los servicios de salud. Mentira: México tiene un sistema de salud mejor que el de Dinamarca y atiende a toda la población. Las verdades y mentiras son tema puesto que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informará en unos días sobre el estado de la pobreza y pobreza extrema en el país. En el gobierno de la “continuidad con cambio” están entusiasmados en espera de que los resultados del último trabajo del extinto Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) desde 2022, muestren una baja. Ello -dicen- por el impacto que tiene en el ingreso de las familias el dinero que se reparte con los programas sociales, aunque en realidad solo ayuda a sobrevivir con un poco menos de pobreza. Pero, a la vez, deben estar inquietos por lo que se revele en cuanto a los rezagos en salud, educación, calidad, espacios y servicios básicos de la vivienda, seguridad social, y alimentación nutritiva y calidad, que impactan en el nivel de pobreza. Las pensiones y becas de los programas sociales han servido para incentivar el consumo interno y que la gente menos favorecida económicamente pueda adquirir algunos productos básicos, pero no alcanzan para acabar con el círculo vicioso de la pobreza. Quienes son pobres en la actualidad, nacieron en familias cuyas cabezas también nacieron pobres al igual que sus antecesores, y si aunque por el dinero que reciben bimestralmente han logrado amainar sus carencias, seguirán siendo pobres si tienen alguna carencia social. El mayor rezago de la población, en general, y de los pobres y pobres extremos, en particular, es el de acceso a la salud. La encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2024 del Inegi -30-07-2025- reveló que las familias gastaron en promedio trimestral mil 605 pesos en la atención y cuidado de la salud; en 2018 el monto fue de mil 136 pesos. En el sexenio anterior el gasto en salud se incrementó 41%. La medición del gasto de bolsillo permite evaluar la capacidad de los sistemas de salud para cubrir las necesidades de la población y los costos pagados por las familias en consultas médicas, hospitalizaciones, vacunas, fármacos y otros insumos o servicios. De acuerdo con el Coneval, México duplicó la población que enfrentó carencia de servicios de salud al pasar de 20 millones 100 mil personas en 2018 a 50 millones 400 mil en 2022. Claudia Maldonado, investigadora académica del Coneval, precisa que a pesar de que hay una recuperación del ingreso, tenemos una permanencia notable de las carencias sociales. ATISBOS El gobierno de la 4T oculta despilfarro al “pueblo”Rafael Cienfuegos Calderón
Concebidas para convertirse en obras emblemáticas del primer gobierno de la transformación y perdurar, el Aeropuerto Felipe Ángeles, el Tren Maya y la refinería Olmeca de Dos bocas están convertidas en elefantes blancos a los que en un intento porque generen algún beneficio y avancen les inyectan diariamente dinero público vía subsidios. Su fracaso como negocios del Estado mexicano es evidente. Son financieramente inviables y hoy el tren y la refinería requieren más inversión pública para que queden terminados al 100%, independientemente del costo y sobrecosto que registran desde su inicio. Son un fracaso porque el aeropuerto de Santa Lucía no es de primer mundo ni podrá sustituir al de la Ciudad de México en la movilidad de pasajeros, el tren no avanza hacia el desarrollo económico del sureste del país, y la refinería no produce gasolina y diésel en los volúmenes previstos ni contribuye a la autosuficiencia energética Contrariamente son una sangría para la economía, que no crece. Inexplicable es que pese a ser negocios improductivos se les sigua otorgando presupuesto cada año. Además, su costo real, con la ampliación de los gastos que se les ha autorizado se desconoce porque están protegidos -o séase, están ocultos-. Son miles de millones de pesos los que se han despilfarrado y el gobierno no quiere que el “pueblo” se entere. El anterior gobierno declaró las megaobras asunto de interés público y “seguridad nacional”, por lo que el aeropuerto y el tren que son administrados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la refinería a cargo de Petróleos Mexicanos (Pemex) están en absoluta opacidad, sin rendición de cuentas. Fue en 2021 cuando el expresidente protegió –ocultó la información- de todas las obras en comunicaciones, telecomunicaciones, aduanas, fronteras, hidráulicas e hídricas, medio ambiente, turísticas, salud y vías férreas, lo que impide conocer en detalle contratos y costos. Luego, para oficializar la opacidad, en mayo de 2023 emitió un decreto sobre la construcción y operación de proyectos de la 4T y lo publicó en el Diario Oficial. De la Federación. Quedaron blindados contra el escrutinio público: la construcción, funcionamiento, mantenimiento, operación, espacios, bienes de interés público, ejecución y administración de la infraestructura de transportes, de servicios y polos de desarrollo “para el bienestar” y los aeropuertos de Palenque, Chetumal y Tulum. El documento especifica que la “seguridad nacional” debe entenderse “desde una perspectiva estratégica, porque intentará anticiparse a los riesgos y amenazas; amplia, porque buscará amparar a la totalidad del conjunto social; transversal, porque involucrará a las instituciones y a los sectores nacionales que deban participar en su gestión; e integral, porque estará supeditada a una sola doctrina y estrategia. Es decir, se debe garantizar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado democrático, así como un desempeño de gobierno ético y transparente, al mismo tiempo que fortalecer un modelo de seguridad con profundo sentido humano” (Carlos Marín, Milenio, 08-05-2025). Menos libertades ¿por seguridad?Rafael Cienfuegos Calderón
Por incapacidad para pacificar al país, superar la inseguridad, frenar la delincuencia y violencia criminal que dejaron casi 200 mil asesinatos el sexenio pasado y 21 mil en nueve meses del actual, legisladores progobiernistas aprobaron leyes que violentarán libertades fundamentales de la población si se abusa de ellas. Y hay evidencias de que así será. Durante siete años los gobiernos de la Cuarta Transformación, su partido y legisladores han reformado en exceso la Constitución en detrimento de derechos e intereses comunes aprovechando el poder que ostentan. De ahí los cuestionamientos: ¿”Pueblo” y ciudadanos tendrán menos libertades? ¿Vivirán indefensos bajo vigilancia del ojo avizor de las fuerzas del orden público? ¿Se violenta el derecho a la vida privada? La presidenta Claudia Sheinbaum jura y perjura que no. Pero sus simples dichos no son garantía. ¿Cómo confiar en que las atribuciones otorgadas a Ejército, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Centro Nacional de Inteligencia con las nuevas leyes no transgredirán los derechos de privacidad y libertad ahora que el espionaje masivo es legal? El día 2 diputados del oficialismo aprobaron la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión que desaparece el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y crea la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) y la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT). Esta comisión normará las telecomunicaciones y la radiodifusión como servicios públicos de interés general y podrá suspender las transmisiones de medios de comunicación (radio y televisión) que violen los derechos de las audiencias. Los senadores aprobaron el mismo día la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública para integrar un sistema de interconexión de datos públicos y privados a los que tendrán acceso las instituciones de seguridad. La primera ley establece los mecanismos de coordinación y colaboración entre instituciones y autoridades en prevención, investigación y persecución de delitos. Subordina las acciones de investigación e inteligencia a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y permite a las instituciones de seguridad la interconexión, acceso, consulta e integración de la información contenida en las bases de datos y registros públicos y particulares de la Plataforma Central de Inteligencia. Esta plataforma, a cargo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) estará interconectada a los sistemas de inteligencia de las instituciones de seguridad y a los registros y bancos de información en posesión de instituciones públicas y privadas. Incluye a particulares que tengan sistemas de inteligencia, bases de datos y registros administrativos vehiculares y de placas, biométricos, telefónicos, fiscales de personas morales, de la propiedad y el comercio, catastros, de armas de fuego aseguradas o decomisadas y prestadores de servicios de seguridad privada. Además, comprende los padrones de personas detenidas y sentenciadas, de servicios financieros, bancarios, de transporte, salud, telecomunicaciones, empresariales, comerciales, y “todos aquellos de donde se pueda extraer información, indicios, datos y pruebas para la generación de productos de inteligencia para la prevención, investigación y persecución de delitos”. La segunda ley crea un Sistema Nacional de Información integrado por registros y bases de datos que permitirán a las instituciones de seguridad su consulta e interconexión. Las instituciones policiales, de procuración de justicia y penitenciarias, y los Centros de Comando y Control podrán compartir, actualizar y consultar diariamente la información que “se clasificará como reservada” sobre detenciones, indagación criminal, personal de seguridad, equipo, armamento, medidas de protección y personas sentenciadas. Saquen sus conclusiones. La Presidencia quiere controlar la informaciónRafael Cienfuegos Calderón
La Conferencia del “Pueblo” de la presidenta Claudia Sheinbaum heredó el ejército de youtubers, blogueros y plataformas digitales que creó la Coordinación General de Comunicación Social de la pasada Presidencia de la República y lo mantiene activo porque permite el lucimiento con preguntas a modo y que el gobierno difunda lo que le interesa. Evitar incomodar a quién gobierna es la tarea asignada. Con ese modus operandi lo que exponen en la mañanera la Presidenta y sus invitados tiene resonancia en los llamados medios de comunicación alternos que están a su servicio, aunque informativamente carezca de interés periodístico. Porque por mucho que sea la Presidenta quien ofrece la conferencia lo que informa y declara no siempre es trascendente y en ocasiones choca con la realidad que se vive. A ello obedece que los temas de la mañanera no se publiquen siempre en las primeras planas de los diarios ni sean de apertura en noticieros de radio y televisión y que tengan que competir con información de impacto que se generan en otro ámbito. Indefectiblemente si se habla de inseguridad y violencia la respuesta es que delitos, homicidios y feminicidios van a la baja, que se detiene a integrantes del crimen organizado y decomisan fentanilo y otras drogas; si es de economía, que todo va bien y descalifican los pronósticos a la baja de organismos internacionales; si es de salud, que el programa Medico en tu casa está en marcha y se trabaja en el abasto de medicamentos; si es de Trump, que hay que mantener la calma. Nada nuevo. Nada de interés. Nada que repercuta para la solución de los múltiples problemas que hay en el país. Hay indicios de que a la poca o limitada difusión de lo que se dice en la mañanera –salvo, claro, la amplitud que tiene en los medios de comunicación comodines- obedecen los 30 nuevos lineamientos que emitió la Coordinación de Comunicación Social de la Presidencia para regir la conferencia.Los puntos 28 y 30 son polémicos y preocupantes. El primero porque advierte que “se verificará que la información que se genere sea difundida y se vea reflejada en materiales periodísticos, a través de las plataformas, canales o impresiones de los medios convencionales y alternativos”. Acaso va a suplir a los editores de los medios que son quienes valoran y jerarquizan la información para determinar qué se publica y qué no o hasta arrogarse el derecho y la atribución de manejar la política editorial de los medios. El segundo porque constituye una amenaza. La “transgresión” de cualquiera de los lineamientos será causa de sanciones: cancelación temporal o permanente de la acreditación del reportero o el medio de comunicación. Y eso que no hay autoritarismo. El INE, comparsa de Morena y la PresidentaRafael Cienfuegos Calderón
El INE que preside Guadalupe Taddei como consejera presidenta le cumplió a la 4T -con la que simpatiza- al avalar los resultados de la elección de miembros del Poder Judicial; como se vislumbraba. Para el árbitro electoral no fue una “elección de Estado” ni hubo violación a la ley ni intervención de Morena ni uso de recursos públicos de los gobiernos federal, estatal y municipal ni inducción del voto ni acordones como propaganda. El INE hace el trabajo sucio para quedar bien con la titular del Poder Ejecutivo, Claudia Sheinbaum. Actuó como apéndice del gobierno federal a costa de su reputación y confiabilidad y generó dudas de si es “garante” de los procesos electorales y “defensor” de la democracia. Aun así, su labor no satisfizo al grupo que ostenta el poder político. No se librará de ser transformado en su estructura, nombre, el número de consejeros e independencia como lo contempla la Reforma Política del Plan C que propuso el expresidente e hizo suya la presidenta en turno al incluirla en los 100 compromisos de su gobierno. El todo poderos partido oficial y Claudia Shjeinbaum quieren un árbitro electoral complaciente y controlado como los poderes Legislativo y Judicial para que le sea útil en 2027 cuando se elegirán 500 diputados federales, 16 gobernadores y la otra mitad de juzgadores del Poder Judicial. Y no se diga para el 2030 en que se renovará la Presidencia de la República. A efecto de que se eternice el proyecto de “transformación y cambio” y se garantice el triunfo electoral de quién ella designe para sucederla, Sheinbaum necesita un INE comparsa. La reforma político-electoral ya fue anunciada e incluirá al INE, al Tribunal Electoral, a partidos políticos y a candidatos plurinominales de las cámaras de diputados y senadores. El 24 de junio en la Conferencia del Pueblo la presidenta informó que presentará una reforma electoral que en el caso del INE obedece –entre otras cosas- a que se extralimitó en el conteo de los votos de la elección judicial. “Desde mi punto de vista se extralimitó en decir que había votos que no deberían haberse incorporado al resultado final, esa es labor del Tribunal Electoral, no del INE. Ahora quieren revisar quién sabe qué tantas cosas, cuando no es su atribución". Previo a la reciente elección ATISBOS planteó que el INE corría un gran riesgo ante la incertidumbre de cómo iba a resultar por su complejidad, limitación del presupuesto y no estar preparado para un proceso sin precedentes. Si el resultado respondía a los intereses de Morena y su presidenta, como ocurrió aiga sido como aiga sido, el triunfo sería de ellos, no del INE como organizador. Pero como hubo “anomalías” y la máxima autoridad electoral se atrevió a exhibirlas tendrá que padecer las consecuencias. Ahora solo falta de que Tribunal Electoral haga lo mismo: legitimar la farsa que fue la elección judicial. ¿Fue el Poder Judicial desnaturalizado?Rafael Cienfuegos Calderón
Arturo Saldívar, quien no se negó a prolongar dos años su estancia como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) –de cuatro a seis- como lo quería el gobernante del sexenio pasado para que concibiera la reforma Judicial que le obsesionaba y que en 2018 rechazó la idea de elegir por voto popular a jueces, magistrados y ministros porque podría “desnaturalizar por completo el Poder Judicial”, hoy como Coordinador de Política y Gobierno de la Presidencia afirma que la nueva integración de la Corte encarna un modelo de juez más libre, igualitario y dispuesto a transformar. Por eso sostiene (Milenio-17-06-2025) que “la Corte no necesita más ministros de carrera. Necesita más ministras y ministros con carácter, principios y empatía”. ¿El juez imparcial es de carrera judicial? –se preguntó-. A la luz de los hechos, esa consigna no es más que un intento de blindar privilegios tras el lenguaje de la imparcialidad. Pero la historia ya cambió. Hoy, el pueblo vigila. Hoy, la justicia se construye desde abajo –se respondió-. El ministro que se integró a la Suprema Corte de Justicia el 1 de diciembre de 2009, que fue presidente de la misma del 2 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2022 y que renunció el 15 de noviembre de 2023 al no proceder la ampliación en el cargo expuso en 2018: “Me parece que el más popular o el más simpático o el que logra generar más empatía con la ciudadanía no necesariamente es el mejor ministro o juez… porque recuerden que en muchas ocasiones los jueces tenemos que ser impopulares”. Advirtió que ese proceso podría “desnaturalizar” por completo el Poder Judicial. Los jueces constitucionales son un cargo técnico que tiene que estar designado o nombrado a través de un proceso técnico y a través de perfiles adecuados. En marzo de este año, como funcionario del gobierno federal dijo (Canal 11 TV pública) que de ser aprobada la reforma, las elecciones indirectas de ministros y ministras -es decir, con la gente votando por candidatos previamente postulados por los tres poderes–, pueden ser “una apuesta a la sabiduría del pueblo”. Puede ser arriesgada pero quizás valga la pena. A su decir el derecho no puede ser un instrumento de poder, sino una herramienta de liberación. Y en su colaboración para Milenio se autoalabó como parte de un grupo de juzgadores que en su paso por la Corte emprendieron una revolución por los derechos humanos cuando el Poder Judicial estaba capturado por el nepotismo, tráfico de influencias, desprecio por los justiciables y la corrupción. Fuimos nosotros quienes impulsamos los derechos de las mujeres, las niñas, niños y adolescentes, las personas de la diversidad sexual, las personas con discapacidad, las personas de pueblos y comunidades indígenas, el debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho de las víctimas a conocer la verdad, entre muchos otros criterios garantistas. No a la toga; ocurrencia que apoya el partido gobernanteRafael Cienfuegos Calderón Apenas era candidato y ya tenía la ocurrencia de no usar toga en la Sala Superior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Para ello anunció que revisaría la normatividad que regula las sesiones y si eso no es suficiente impulsaría las reformas que correspondan. Pero ¡”oh sorpresa”! Morena, el poderoso movimiento-partido se le adelantó. Ayer presentó la iniciativa de ley para eliminar el uso de la toga en el máximo tribunal del país. Afirma que representa lejanía y elitismo y que en la nueva era de la justicia mexicana los ministros deben estar cerca del “pueblo”. Hugo Aguilar Ortiz, virtual ganador del cargo de ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia en la simulada elección de juzgadores con más de seis millones de votos (Instituto Nacional Electoral) lo dijo muy claro: en lo personal, “no voy a usar toga”. No se quiere convertir en un funcionario tradicional ni perder su origen de indígena oaxaqueño. “Voy a marcar esta diferencia, que en la Corte está un indígena, y vamos a llevar los trajes de gala de los pueblos y comunidades indígenas, esa es la propuesta que yo voy a hacer”. Argumentó: “hemos tenido casos en donde personas indígenas ocupan algún escaño, ocupan algún espacio de poder y se pierden, se olvidan de sus bases”, (entrevista SDPNoticias, 12-05-2025). Quien fue incluido por el comité de evaluación del Poder Ejecutivo en la lista de candidatos que recibió el Senado de la República y que apareció en primer lugar en los acordeones que distribuyó Morena entre su clientela electoral de entre los cuatro hombres favoritos, planeaba revisar la normatividad específica que regula las sesiones de la Corte y de ser necesario reformarla. Pero esa chamba se la van a ahorrar los diputados del partido oficial que presume que como resultado de la elección de ministros, magistrados y jueces el Poder Judicial será independiente y estará al servicio del “pueblo”. Como reza el refrán, “el hábito no hace al monje”, la toga no le quita a quién la porta su origen ni lo hace fifí ni lo lleva a renegar de quién es. En ese sentido, si el virtual presidente de la SCJN está orgullo de su origen indígena ¿por qué el temor de “perderse” u “olvidarse de sus bases”? En la historia de la Corte Suprema Benito Juárez era el único indígena que había presidido el máximo órgano de justicia del Estado y, ahora, Aguilar Ortiz recibirá esa distinción que nadie le puede rebatir aunque su elección haya sido amañada. De Juárez no hay evidencia de que usara toga. Esta se convirtió en prenda formal para los ministros de la Corte a partir de 1941 cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto presidencial que estableció su uso obligatorio en las sesiones. |
Categories
All
Rafael CienfuegosRafael Cienfuegos Calderón cursó la carrera de Periodismo y Comunicación Colectiva en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y se inició como reportero en 1978. Se ha desempeñado como tal en el periodismo escrito, principalmente, y ha incursionado en medios electrónicos (Canal Once Tv) y en noticieros de radio como colaborador. Archives
August 2025
|
