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El daño que causo la ministra Esquivel
Rafael Cienfuegos Calderón El estigma del descredito y la desconfianza seguirá a la ministra Jazmín Esquivel tanto en su vida futura como ahora que se aferra a continuar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aduciendo que no tiene nada que ocultar ni de que avergonzarse. Continuaré trabajando intensamente. Y hoy más que nunca, por la dignidad de las personas, defendiendo la Constitución y los derechos humanos, así como los principios democráticos de México. No importa que se demuestre legalmente (si llega a suceder) que cometió plagio o si le retiran el título de licenciada en Derecho por “tomar” contenido de otra tesis para elaborar la suya y no importa tampoco que el presidente que combate la corrupción y propugna por la honestidad la defienda. Lo que sí importa es el daño que causa a la Suprema Corte al desprestigiarla, el daño que causa a la UNAM al poner en duda la calidad y profesionalismo de los estudiantes que prepara, y el daño que causa a la imagen del jefe del Poder Ejecutivo que la propuso como magistrada y que la impulso para que se convirtiera en presidenta del máximo órgano de justicia. Además de esas consecuencias, el caso del plagio propició que el presidente padre de la transformación arremetiera contra las autoridades universitarias con una nueva andanada de calificativos y acusaciones. A este respecto, expuso Mauricio Merino, investigador de la Universidad de Guadalajara (El Universal, 16-01-2023): Todo el escándalo derivado de la tesis de licenciatura de la ministra Yasmín Esquivel ha sido, para las autoridades de México, el producto de una conspiración. Alguien le deslizó los documentos copiados a Guillermo Sheridan (académico y periodista) quien, según los dichos del presidente de la República, es parte de un grupo perverso que no ha hecho más que dañar al país. Lo hicieron, entre otras inconfesables razones, para impedir que prosperara la muy profunda reforma judicial que habría emprendido el grupo de ministros afines al titular del Ejecutivo y ahora, encima, las corruptas autoridades de nuestra máxima casa de estudios le han tendido una trampa al gobierno pidiendo que sea la SEP quien decida sobre la validez del título otorgado a la ministra Esquivel. De su parte, la ministra también se ha llamado a agravio, convencida de la falta de ética de quienes urdieron esa conspiración que, además, forma parte de una deleznable conjura heteropatriarcal. A la ministra le asiste el derecho personal de decidir quedarse en la Suprema Corte, pero en realidad su permanencia depende de la evaluación que haga el Presidente. A él le conviene que esté ahí porque necesita aliados para enfrentar las controversias que hay contra el traslado de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa y las que se presenten contra las reformas a la Ley Electoral, si se aprueban en febrero. Empero, sin embargo, si estima que el impacto afecta su proyecto político podría darse el caso de que le pida a Yazmín Esquivel que presente su renuncia con la posibilidad de que le ofrezca un cargo en el gobierno transformador. En tanto, cada acción de trabajo que emprenda en la Corte estará marcada por la desconfianza, y el descredito es posible que la siga aun fuera de ese ámbito. Pero como escribió Carlos Puig (Milenio, 11-01-2023): Sabemos que en este país nadie renuncia a una posición de poder no importa lo que suceda (ni modo). Ella ha demostrado que quiere hacernos pensar que ella no hizo nada mal. Así que siendo este el país que es, seguramente ahí seguirá. Nadie la respetará demasiado, será una ministra cuestionada siempre, pero, eso sí, con toga y sueldo. Triste.
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Las presiones de la 4T a la Suprema Corte de Justicia
Rafael Cienfuegos Calderón El 2023 inició con la muy buena noticia de que la ministra Norma Piña fue electa presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), empero le siguió la muy mala noticia de que será víctima de fuertes presiones de parte de la Cuarta Transformación. El Presidente y los legisladores de Morena, del Trabajo y Verde harán lo que sea, como sea y a costa de lo que sea para lograr que se declaren constitucionales la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional y las reformas a la Ley Electoral, asuntos en los que la Suprema Corte tiene la última palabra. El motivo es que la nueva ministra presidenta tiene apego a la autonomía del Poder Judicial y ha ejercido libremente la crítica ante la intromisión de intereses externos en asuntos que le competen, como la del Poder Ejecutivo. El presidente que aspira alcanzar la transformación del país lo dijo muy claro al comentar el resultado de la votación: “la presidenta Norma Piña siempre ha votado contra las iniciativas que nosotros hemos defendido”, y “los ministros votaron en contra de los intereses de la Cuarta Transformación”. Por eso, sin Arturo Zaldívar (cercano y aliado), sin la llegada de Jazmín Esquivel (su favorita por incondicional) ni de Alfredo Gutiérrez (el “cuando menos”) y ante el respaldo que recibió la ministra Norma Piña, ha de preocuparle al jefe del gobierno del cambio la posibilidad de perder las batallas jurídicas que librarán en la Suprema Corte de Justicia la militarización de la Guardia Nacional y las reformas a la ley electoral por considerarse que violan la Constitución. Y la única manera que habría para lograr un fallo a favor de esas iniciativas presidenciales que aprobaron los legisladores afines a la 4T, es ejerciendo presión sobre la presidenta y los ministros del Poder Judicial, lo que vendría de los poderes Ejecutivo y Legislativo. El 11 de octubre pasado 49 senadoras y senadores de oposición interpusieron una demanda de acción de inconstitucionalidad en contra del Decreto en Materia de Guardia Nacional y Seguridad Pública publicado el 9 de septiembre de 2022 en el Diario Oficial de la Federación porque viola la Carta Magna al desplazar del ámbito civil al militar el control de la Guardia Nacional, además de que ello no garantiza la pacificación del país, el combate a la violencia que generan los organizaciones del crimen organizado ni la inseguridad que provoca miedo en la población. Sobre las reformas a leyes secundarias en materia electoral Movimiento Ciudadano, el PAN, el PRI y el PRD acordaron interponer recursos de inconstitucionalidad ante la Corte para frenar la calificada contra-reforma, y lo mismo harán los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) dado que valoran atenta contra la democracia, vulnera las capacidades operativas y pone en riesgo la calidad y organización de los procesos electorales. Hay que destacar que en acatamiento a la “obediencia ciega” que exige el presidente y padre de la transformación tanto a legisladores de su movimiento-partido Morena y rémoras del PT y PVEM, ambas reformas se aprobaron sin concesos y por mayoriteo, lo que hizo “felíz felíz” al Presidente. “Dicen que somos serviles al Presidente ¡a mucha honra!" expresó la diputada morenista Yeidckol Polevnsky (20-12-2022). Hay compromisos que están en el aire
Rafael Cienfuegos Calderón Cierto es que cuando el líder de la Cuarta Transformación asumió la presidencia el país estaba sumido en una profunda crisis de credibilidad y confianza a causa de la corrupción, el despilfarro de dinero del erario público y las mentiras del gobierno saliente. Como nuevo mandatario asumió el compromiso del cambio, mediante una declaración desterró el modelo neoliberal y para hacer la diferencia desde 2018 insiste en que “no son iguales”, aunque igual que como sus antecesores hizo promesas y asumió compromisos que hoy están en el aire. No ha podido pacificar al país, la violencia criminal está imparable con casi 140 mil homicidios dolosos, 30 mil desaparecidos e incremento de feminicidios en los últimos cuatro años a pesar de que el Ejército está en las calles; el sistema de salud que hizo crisis como efecto de la pandemia no se ha igualado al de Noruega o Dinamarca, desapareció el Seguro Popular, creó el Insabi y tras su fracaso hace unos meses lo suplió por el IMSS Bienestar, en tanto la falta de medicamentos persiste y empiezan a reaparecer enfermedades supuestamente erradicadas; la economía que en 2018 creció 2.5% decreció a 0.0% en 2019 (sin pandemia), en 2020 (con pandemia) subió 8.5%, en 2021 aunque llegó a 4.8% la recuperación no fue sostenida y para este año se espera cierre en 1.8% al alza, no 3% como dijo en su reciente informe del Zócalo, lejos del 6% anual que ofreció para el sexenio; la corrupción e impunidad persisten en el gobierno federal y el fraude millonario que se cometió en Seguridad Alimentaria Mexicana (Sagalmex) vía colocación de fondos públicos es el más revelador, sin que a más de un año haya proceso legal contra los funcionarios responsables; en el combate a la pobreza el saldo es negativo con un incremento de 3 millones 800 mil personas en esa condición Es ampliamente conocido que todo gobierno saliente hereda problemas, deudas y promesas incumplidas a quien lo sustituye, eso es común no solo en México, y el reto y obligación del que recién llega es hacerse cargo de los pendientes, atender cada situación de la mejor manera y evitar que en caso de no resolverlos también no empeoren. Es por eso que luego de cuatro años no se puede seguir dando como excusa que por el “cochinero” que dejaron los gobiernos del pasado no hay avances ni mejoría. Los programas, proyectos, estrategias y acciones que están en curso son del actual gobierno y si no hay cambio ni transformación es porque el trabajo no se está haciendo bien. Y si todo sigue igual en los próximos dos años, la corcholata que suceda al presidente igual heredara problemas y pendientes de los que es seguro no habrá queja, pues difícilmente culpará a quien la-lo llevó al poder, al que por el contrario tendrá que proteger con el manto de la impunidad para que no se afecte su impoluta imagen ni caiga en el descredito. Hará lo mismo que hacían los expresidentes priístas, ofrecer protección oficial, cubrir faltas y fallas y hacer como que todo está bien. No habrá reproches. Eso lo saben Sheinbaum, Ebrard y López, solo falta que el Presidente evalúe y decida quién le puede funcionar mejor porque una vez que deje el cargo no se sabe si mantendrá su popularidad, si será catalogado como buen gobernante o si, por desencanto, entre el “pueblo” y sus más fieles seguidores aparecerán los cuestionamientos y las críticas. Iguales no, ¿peores?
Rafael Cienfuegos Calderón Por más que digan que no son iguales, la realidad se impone. Que este gobierno no es como los de antes, de políticos vulgares interesados en el poder por el poder para beneficiarse y enemigos de la democracia, está en entre dicho porque los hechos exhiben que sí lo son y hasta llegan a ser peores en muchos casos. Colocan al transformador presidente y a miembros de las tribus que conforman su movimiento-partido Morena a la par de los de antes, solo que con una narrativa diferente. Hoy el fundador del partido en el poder y sus legisladores hacen lo que quieren, como quieren, cuando quieren y para lo que quieren porque son gobierno, detentan el poder y abusan, como hicieron los priístas. Fueron casi 70 años en los que impero la hegemonía de un solo partido en la presidencia de la República, la democracia no figuraba en la arena política, la oposición era ninguneada y las elecciones un fraude bajo el control del aparato gubernamental, y el partido oficial todo lo ganaba: presidencia, gubernaturas, presidencias municipales, diputaciones federales y locales y senadurías. Carro completo. La competencia entre partidos políticos era nula. Y precisamente regresar a ese escenario y a esas prácticas es lo que busca la reforma electoral del presidente que desconoce la lucha que inició en 1988 contra los fraudes y para implementar procesos electorales democráticos. Ricardo Pascoe Pierce (Excélsior 31-10-2022) recuerda que a partir del 6 de julio de ese año inició un cambió en la historia electoral y política de México porque la integración y funcionamiento del órgano electoral se volvió crucial y de conflicto entre la oposición y el oficialismo. Entre 1988 y 1996 hubo conflicto permanente sobre la credibilidad electoral. La disputa central era por la dependencia del órgano electoral de los intereses oficiales, por la urgencia de fomentar la confianza ciudadana en los resultados electorales y por asegurar la autonomía política y operativa del árbitro. Fue la reforma de 1996 la que dio autonomía al Instituto Federal Electoral (IFE), logrando nombrar un Consejo de Gobierno completamente separado del gobierno federal y de sus intereses. En las elecciones intermedias de 1997 el PRD ganó la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y la oposición obtuvo la mayoría en la Cámara de Diputados, por vez primera desde la Revolución, y en el 2000 inició la era de la alternancia democrática que perdura hasta hoy. Ahora, López Obrador, Morena y sus legisladores quieren volver el reloj al pasado, desapareciendo al Instituto Nacional Electoral (INE) para que el gobierno federal vuelva a tener el control de las elecciones. Aspiran volver al viejo régimen autoritario de antes de 1988. López Obrador no quiere más democracia, quiere más control político. No quiere elecciones libres, quiere elecciones a modo. Quiere concentrar todo el poder. Por lo que hace a Sheinbaum, Ebrard y López, las corcholatas del presidente del cambio, apoyan la (contra) reforma porque les conviene. Quieren el poder. Ante ello un importante sector de la población se manifestó en contra de la reforma y el atentado contra el INE. Aun así, el padre y líder de la transformación, que ya desechó la reforma electoral constitucional porque sabe que será rechazada en bloque por la oposición, enviará una nueva iniciativa a la Cámara de Diputados para hacer cambios legales (a modo ) a la Ley Electoral, que sería aprobada sin problema alguno. Iguales no, ¿peores? La calle, lugar de confort del Presidente
Rafael Cienfuegos Calderón ¿Por qué y para qué va a marchar el Presidente el domingo? ¿Porque en su ánimo caló la marcha del pasado día 13 y el rechazo a su gobierno? ¿Porque quiere hacer contrapeso a los 250 mil a 300 mil ciudadanos (según corresponsales extranjeros) que defendieron al INE? ¿Porque quiere mostrar el poder político que tiene antes de iniciar su quinto año de gobierno? ¿Para intimidar a la oposición que amenaza con rechazar en bloque su reforma político-electoral? ¿Para influir en los legisladores con la impresión de que es el “pueblo” el que quiere que se apruebe? ¿Para confrontar al “pueblo” bueno y sabio con los ciudadanos fifís, aspiracionistas, y antidemocráticos? ¿Para volver por sus fueros? Antes tomó la calle como activista y político de oposición, ahora lo hará como líder de la Cuarta Transformación. La calle y la plaza pública son su lugar de confort aunque dada su investidura las tuvo que cambiarlas por el estrado de Palacio Nacional. Expuso el jueves 16 que la convocatoria a la marcha que encabezará es para defender la reforma electoral y festejar cuatro años del cambio en el Zócalo. Sumándose a su llamado, Morena, movimiento-partido que creo, se apresta a organizar a miles para que desde el Ángel de la Independencia acompañen hacia el Zócalo a su líder. Los de Oaxaca anunciaron que movilizarán hacia la Ciudad de México a 20 mil personas; en Guerrero, el senador Félix Salgado Macedonio dijo que reclutará a miles de sus huestes, y así se han ido sumando. Hay que decir que se prevé un histórico “acarreo” (muy al estilo del PRI) dado que asistirán 22 gobernadores y los presidentes municipales de Morena, por lo que el Zócalo de la capital del país se atiborrará con gente de provincia. La que estará a prueba es Claudia Sheinbaum, anfitriona de la marcha y aspirante a la presidencia, toda vez que tiene en contra a nueve de los 16 alcaldes y eso puede restarle capacidad de convocatoria. La del próximo día 27 será la primera marcha que encabece un jefe del Poder Ejecutivo federal. En su trayectoria destacan dos éxodos por la democracia, el primero en 1991 y el segundo en 1995 de Tabasco a Ciudad de México ; en el 2000 ante la amenaza del desafuero, siendo jefe de Gobierno, guió la llamada “Marcha del Silencio”, del Museo de Antropología al Zócalo; en 2006 al perder la elección presidencial y alegar fraude pidió a sus seguidores instalar un plantón en el Zócalo y Paseo de la Reforma en demanda del conteo “voto por voto” “casilla por casilla”; en los siguientes años encabezó algunas movilizaciones destacando solo una de 2008, en defensa del petróleo; durante las elecciones presidenciales de 2012 (que también perdió) retomó actividades en las calles y cerró campaña con una marcha del Ángel al Zócalo; tras las elecciones convocó a una concentración multitudinaria contra la “imposición” de Peña Nieto como Presidente; en 2013 con la dirigencia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se movilizó para repudiar las reformas estructurales; luego participó en otra manifestación en defensa del petróleo y la economía popular. El domingo será su primera marcha después de la que lidero el 26 de junio de 2016 como político opositor para defender a los maestros de la reforma educativa de Peña Nieto. Lo dicho: guerrear en la calle es lo suyo. ¿Irá el Presidente en un segundo intento contra el INE?
Rafael Cienfuegos Calderón La presencia ciudadana en las calles y la exigencia de respetar la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE) echaron abajo la reforma política-electoral del padre de la Cuarta Transformación. Después de las multitudinarias marchas del domingo 13, reculó, en primera instancia, al sopesar que no tiene la mayoría de votos en el Congreso de la Unión para aprobar cambios a la Constitución. Empero para cumplir su propósito de que los consejeros y magistrados del INE y el Tribunal Electoral sean electos por el “pueblo” y se eliminen las 200 diputaciones plurinominales el Presidente dirigirá sus baterias contra la Ley Electoral, aunque con ello violente la Constitución. En la mañanera del martes informó que analiza enviar a la Cámara de Diputados una reforma a dicha ley ya que para eso si cuenta con la mayoría simple de Morena y aliados sin necesitar los votos del PRI. Esta es la segunda de tres vías que ATISBOS previó con antelación puede seguir el Presidente para buscar el control del INE desde el gobierno. Como no puede cambiar la Constitución ahora pretende ir contra las leyes secundarias de la Ley Electoral o, también, podría esperar a que en abril de 2023 se vayan cuatro consejeros del instituto, entre ellos el presidente. Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, comentó en sus redes sociales que las modificaciones que se quieran hacer a la Ley Electoral son inconstitucionales. Precisó que la Constitución dice que la Cámara de Diputados tiene 500 integrantes y que las consejerías del INE y magistraturas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no se someten al voto popular. El artículo 52 de la Constitución señala que la Cámara de Diputados estará integrada por 300 diputadas y diputados electos según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, así como por 200 diputadas y diputados que serán electos según el principio de representación proporcional, mediante el Sistema de Listas Regionales, votadas en circunscripciones plurinominales. El artículo 41, inciso V apartado A, que el consejero presidente y los consejeros electorales serán electos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados. Y el artículo 91, inciso X, que los magistrados electorales que integren las salas Superior y regionales serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ante estos mandatos, si el presidente del cambio sigue obstinado con tener autoridades electorales militantes, afines y comprometidos con su proyecto, no es descabellado pensar que el segundo intento del Presidente corra la misma suerte que el primero, que sea rechazado multitudinariamente en defensa de la Constitución por una ciudadanía consciente que ya se demostró a si misma que puede prescindir de los partidos y los políticos para ganar batallas por la democracia. El INE como institución goza de un alto prestigio y tiene el respaldo, la aceptación y confianza del electorado. Eso está ya demostrado y no se puede ignorar. Infantes y adolescentes excluidos
Rafael Cienfuegos Calderón “Sólo queremos que sean atendidos con privilegio las niñas y los niños de México. Para eso estamos trabajando. Esta administración procurará que la educación sea un derecho de todos y que no haya pobreza ni carencias en la satisfacción de necesidades básicas como ropa, calzado, salud o el derecho al estudio”, declaró el presidente transformador en Palacio Nacional ante infantes reunidos en el patio central al celebrar el Día del Niño de 2019. Del dicho al hecho hay un gran trecho, reza la frase popular. En el presupuesto de Egresos de la Federación para 2013 el gobierno del cambio fijó sus verdaderas prioridades (más dinero a los programas electo-sociales de reparto de dinero y sus megaobras) y menos presupuesto para atender las necesidades de niños, niñas y adolescentes. ¿Será porque no votan? El presupuesto que habrá de aprobarse en la Cámara de Diputados “invisibiliza” a la niñez y adolescencia y el partido oficial tiene los votos para no cambiarle ni una coma, señala Ana Lilia Herrera, diputada federal (El Universal, 04-11-2022). Un aspecto que preocupa es la distribución inequitativa por grupo etario en donde la primera infancia es la más afectada con la reducción de 36 mil 845 millones de pesos en el Programa de Abasto Social de Leche para la primera infancia; el Programa de salud materna, sexual y reproductiva, cuyos recursos para menores de 0 a 5 años serán menores en 222 millones; los Servicios de Estancias de Bienestar y Desarrollo (que presuntamente supliría la desaparición de las Estancias Infantiles) tiene un recorte de 842 millones; y la prevención y la atención de la salud a través del esquema básico de vacunación tendrá seis mil 506 millones menos –cifras oficiales indican que solo uno de cada tres menores lo tiene completo, hay baja cobertura y rebrote de sarampión y tuberculosis-; el Programa de Cultura Física y Deporte carecerá de 582 mil 214 millones –México ocupa el quinto lugar mundial en obesidad infantil-; al rubro Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes tendrá una baja de 133 mil 212 millones; y el programa dirigido a la atención de niñas, niños y adolescentes con discapacidad será menor en dos millones 021 mil -las reducciones son en comparación con los presupuestos asignados en 2022-. Con motivo del reciente Día del Niño, Saskia Niño de Rivera, presidenta de la organización Reinserta, expuso (El Universal, 21-04-2022) otra triste y lamentable realidad que no se atiende. En México siete niñas, niños o adolescentes son asesinados diario, 28% de desapariciones son de ellos, 460 mil son reclutados por la delincuencia organizada, 63% de menores de 14 años han sido violentados físicamente por familiares, más de un millón 700 mil trabajan de forma no permitida, 4.5 millones sufren ciberacoso, 200 mil niñas, niños y adolescentes son cooptados por redes de trata, 60% de la pornografía infantil se produce en México, 40% de los delitos sexuales son cometidos en su contra, 74% de adolescentes en conflicto con la Ley tuvieron contacto con grupos delictivos en sus comunidades, más de 500 mil tienen madres o padres privados de la libertad, más de 10 mil nacieron en presión en la última década y 45% fue revisado en cateos policiales. El fantasma del fraude electoral
Rafael Cienfuegos Calderón La Constitución enfrenta la embestida de una iniciativa de reforma porque el presidente quiere cambiar la realidad democrática del país y hacer que con una nueva ley y estructura las autoridades electorales respondan a sus intereses políticos y así afianzar su plan de transformación. La reforma no obedece al interés de los actores políticos y partidos de fortalecer la democracia (lejos, muy lejos está de eso) ni responde a demandas de electores inconformes con el instituto y el tribunal electorales. El Presidente presentó porque quiso la iniciativa que se discute en la Cámara de Diputados sin consultar a nadie para eliminar al Instituto Nacional Electoral (INE) y crear el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), para reducir los 11 consejeros del INE a siete del INEC y a magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) según para ahorrar, y para que el “pueblo” que no se equivoca, elija a personas honestas, democráticas y antifraude como autoridades electorales, a pesar del gasto que ello implica y de que los actuales árbitros que son garantía de certeza, confianza e imparcialidad tengan una aceptación de 68% y 63% entre votantes de 18 años de edad y más (El Financiero, encuesta de octubre), muy por arriba de diputados federales y locales, senadores y partidos políticos. El fantasma del fraude, parece ser, no lo deja ni a sol ni sombra desde la elección del 2006 en la que, acusa sin demostrar, le robaron el triunfo, y por ello insiste en que la reforma electoral es para evitar fraudes y que voten los muertos. Sin embargo, las organizaciones afines a Morena que respaldaron la revocación de mandato del Presidente sí recurrieron a los muertos para completar las firmas requeridas y a trampas para que se llevara a cabo, recordó Lorenzo Córdova, presidente del INE (25-10-2022) en la Escuela Judicial Electoral. Y en torno a la reforma esto ha acontecido: La mayoría del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) desmintió que haya aprobado una Recomendación para apoyar la transformación del INE y menos que lo calificara de "instrumento de sabotaje de la voluntad del pueblo", como aseguró la presidenta Rosario Piedra Ibarra. La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) considera regresiva la iniciativa presidencial de reforma electoral y advirtió que representa un agravio a la vida democrática. Lorenzo Córdova insistió en el riesgo de que políticamente sea capturado el INE luego de tres años de recortes por los que en el proceso de la revocación de mandato no cumplió con la ley al disminuir el número de urnas, y dejó sobre la mesa las siguientes incógnitas: ¿Qué pasaría si no se pudieran instalar las casillas en las elecciones de 2024? Si no se cumplen las condiciones se anula. ¿Qué tal que la nulidad puede acabar siendo provocada desde el poder al no generarse los recursos? El grupo parlamentario del PRI, encabezado por Alejandro Moreno, se dijo dispuesto a negociar una democracia "menos onerosa". El Instituto Belisario Domínguez de la Cámara de Senadores dio a conocer que la elección de consejeros y magistrados electorales por voto popular tendrá un costo mayor a 8 mil millones de pesos, que contrasta con el principio de austeridad que busca el gobierno con su reforma electoral. Tres vías de la 4T para controlar las elecciones
Rafael Cienfuegos Calderón El Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) enfrentan la amenaza antidemocrática del impulsor de la “histórica” Cuarta Transformación y de su movimiento-partido Morena y preocupa la posibilidad real de que queden bajo el control del gobierno del cambio y políticos que detentan el poder. Para ello hay tres vías por las que pueden transitar y que de seguro tienen bien analizadas: una, la iniciativa presidencial para reformar la Constitución que se discute ya en la Cámara de Diputados; dos, cambiar las leyes secundarias en materia electoral; tres, aprovechar el relevo de cuatro consejeros (entre ellos el presidente) que terminan su periodo en marzo de 2023. Para la primera (por fortuna) no tienen los votos de mayoría calificada requerida, para la segunda tendrían que violar (una vez más) la Constitución, y para la tercera (tristemente) la tienen más fácil para imponer personajes afines como consejeros, pues es el Presidente quien propone candidatos y los senadores los que eligen; si son rechazados, se presenta otra lista y si tampoco pasan el Ejecutivo federal los nombraría directamente. En cualquiera de los casos la muerte del INE tal y como lo conocemos, institución autónoma garante de procesos electorales confiables, constituiría un atentado a la democracia que se vive en México, que si bien imperfecta y novel, ha permitido la transición política pacífica al respetarse la voluntad ciudadana expresada en las urnas. El problema es que el presidente del cambio quiere una reforma y un árbitro electoral modo. ¿Para qué?, para tener el control de las elecciones de 2023 en el Estado de México y Coahuila y favorecer a los candidatos de su partido, lo mismo que la de 2024 para elegir presidente de la República y asegurar así la continuidad de su anhelado proyecto transformador con quien elija para sucederlo. Y para hacer realidad el deseo de su jefe, Adán Augusto López, el “machuchón” secretario de Gobernación (una de las tres corcholatas favoritas), adelantó que la reforma electoral que incluye la extinción del INE y la elección de sus consejeros por voto popular “va”, confiado en que al voto unido de diputados de Morena, el Trabajo y Verde, sumará al PRI, como lo hizo para que se aprobará la permanencia de las Fuerzas Militares en las calles hasta 2018, tras ofrecer impunidad a su líder Alejandro Moreno. Dice y no se equivoca Ricardo Raphael (Milenio 17-10-2022) que de salir airosa (la reforma electoral del Presidente), regresaría al país a la época en que el fraude en los comicios era nuestro principal dolor de cabeza. Va por el árbitro: lo quiere a modo y militante. Legislativamente la triada Morena-PT-PVEM no tiene mayoría para modificar la constitución, por lo que el “machuchón” buscará comprar conciencias entre los diputados de la supuesta oposición o chantajearlos, lo que le está resultando muy efectivo a la Cuarta Transformación. Empero si no es por ahí, irán por modificar las leyes secundarias o de plano esperarán la fecha del cambio de consejeros electorales. Como sea el INE y el TEPJF están bajo fuego y ni PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano dan visos de unidad para defenderlo, lo mismo que las agrupaciones políticas nacionales registradas en el instituto electoral. Y de los electores, ni hablar. México hace el trabajo sucio de la política migratoria
Rafael Cienfuegos Calderón El muro militar que implantó el presidente del gobierno de la supuesta Cuarta Transformación de la historia de México por presiones en 2019 de Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, es más efectivo para detener el flujo creciente de migrantes al vecino país, entre ellos miles de mexicanos, que la barrera física que se ha ido construyendo a lo largo de la frontera de ambos países. A partir de junio de ese año fueron desplegados en la frontera de México y Estados Unidos para auxiliar a los agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) 15 mil efectivos militares (Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, 20-07-2019) y seis mil más en el sur. Así respondió el Presidente a la amenaza de Trump de imponer impuestos arancelarios a las exportaciones mexicanas si no se detenía, como sea, pero de manera efectiva, el paso de migrantes a territorio norteamericano. Ante ello, el 27 de septiembre de 2019 el presidente de Estados Unidos declaró muy a su estilo en un video que circuló por las redes digitales: "Estoy usando a México para proteger nuestra frontera" y agradeció al gobierno por "poner 27 mil soldados en la frontera sur de los Estados Unidos". Como resultado en el territorio nacional hay miles de migrantes africanos, asiáticos y centroamericanos varados a los que se sumarán los venezolanos que está expulsando el gobierno de Joe Biden. Las duda está en cómo le va a hacer el gobierno del cambio para atender sus necesidades de alimentación, seguridad, salud y vivienda y hasta cuando, pues ello le implica gastar millones de pesos y si la economía que no crece ni hay signos de recuperación, las posibilidades de incrementar el presupuesto para la atención de migrantes es limitada. Máxime que se calcula que serán más de 200 mil venezolanos los que se quedarán a vivir en el corto plazo en México como resultado del acuerdo suscrito la semana pasada por los gobiernos mexicano y norteamericano (José Meléndez, corresponsal de El Universal, 14-10-2022). El muro humano del gobierno transformador está dando resultados aunque se ha distraído a más de 21 mil efectivos de la guardia, entre soldados y marinos, de su responsabilidad de atender la seguridad pública, atajar la violencia y pacificar al país, más que el físico levantado en los últimos años por los expresidentes Busch padre e hijo, Clinton y Obama. “Biden ha dicho de que no va a construir muro y está cumpliendo”. Es el único de los presidentes de los dos partidos que no tiene proyecto de construcción” (el Presidente 13-09-2022). Pero mientras el levantamiento físico del muro está suspendida, el muro militar de México ha aumentado en número y el máximo de guardias nacionales, soldado y marinos en las fronteras y líneas internas de contención llegó en mayo de 2022 a 28 mil 971, contra 21 mil 623 de enero de 2021, cuando Biden tomó el cargo. También el año pasado se incrementó casi al doble del de 2019 el número de migrantes retenidos en México, cuando el entonces presidente Trump lanzó sus amagos arancelarios, al llegar a 34 mil 778 en la frontera norte. Y en la frontera sur fueron asegurados 237 mil 277, lo que representa un crecimiento de 272% respecto de 2019, en acatamiento a la orden presidencial que recibió la Sedena de reforzar los operativos. Actualmente hay cinco líneas de contención en el territorio nacional: frontera con Estados Unidos, zona centro del país, frontera sur, zona costera y el Istmo de Tehuantepec. Así es que mientras el gobierno de la transformación de México hace el trabajo sucio y se encargue de la estadía en su territorio de los migrantes, Joe Biden no tiene de qué preocuparse ni la necesidad de continuar el levantamiento de un muro físico. |
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Rafael CienfuegosRafael Cienfuegos Calderón cursó la carrera de Periodismo y Comunicación Colectiva en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y se inició como reportero en 1978. Se ha desempeñado como tal en el periodismo escrito, principalmente, y ha incursionado en medios electrónicos (Canal Once Tv) y en noticieros de radio como colaborador. Archives
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