A esta habrán de seguir, según el senador y líder del grupo parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, las consultas sobre el corredor transístmico, las zonas económicas francas y, por supuesto, el ejercicio político de la revocación de mandato. Para que ocurra lo anterior será necesario modificar, con toda celeridad, el artículo 35 de la Constitución Política referente a la figura de la consulta popular, lo cual ocurrirá sin mayor problema ya que los legisladores de Morena en las cámaras de Diputados y Senadores harán valer su mayoría ante la endeble oposición del PRI, PAN y PRD. Escribió el senador (Milenio Diario 30-10-2018) que dicho artículo tal y como está ahora, trae más candados que Houdini en un acto de escapismo e ilusionismo, y como lo que se quiere es que ese ejercicio de democracia participativa directa sea una práctica cotidiana, ordinaria, segura, válida y accesible a todos, y no haya duda de su importancia como fuente de legitimidad y gobernabilidad, lo que sigue es promover las reformas legales. “Pareciera –dice en su artículo- que el capital financiero estuviese reñido con la democracia participativa directa. Algo que no debiera ser así, ya que la tendencia democrática es que los grandes proyectos de infraestructura presenten el mayor grado de aceptación ciudadana por su menor impacto ambiental, su mayor rentabilidad social y su menor carga fiscal para los gobiernos involucrados”. ¿Pero de qué candados habla el senador Monreal? La Constitución señala que las consultas sobre temas de trascendencia nacional se sujetarán a: ser convocadas por el Congreso de la Unión a petición del Presidente de la República, o el 33% de los integrantes de cualquiera de las cámaras del Congreso de la Unión, o los ciudadanos, en un número de al menos 2% de los inscritos en la lista nominal de electores, que cuando participe 40% de los empadronados el resultado será vinculatorio para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales, y que la Suprema Corte de Justicia tiene que avalar el tema y las preguntas. La cuestión es ¿qué van a quitar si siguen en la frecuencia de que lo que decidió poco más de un millón de ciudadanos a favor de Santa Lucía, Ciudad de México, Toluca vale por los más de 80 millones que integran el Padrón Electoral? Desde ahora se puede vislumbrar, lo acepten o no los promotores de la reforma constitucional, que ésta será a modo y por mayoriteo, pues el objetivo es allanar el camino a los proyectos de la Cuarta Transformación.
MULTIPARTIDISTA.- No cabe duda que a Morena llega lo mejor de lo mejor de la política mexicana. En su afán de allegarse más adeptos y legisladores abre la puerta a personas de dudosa calidad moral, ética e ideología. Un ejemplo: la diputada de Nuevo León, Delfina de los Santos, quien en dos meses cambió tres veces de partido. El 5 de septiembre renunció al Partido del Trabajo (PT) y se adhirió al Partido Encuentro Social (PES), al que dejó de pertenecer el 4 de noviembre y, ahora, forma parte de la bancada de legisladores de Morena.
RECHAZO.- Por ejercer de facto el gobierno en Venezuela, Nicolás Maduro no debe estar presente en la toma de posesión de los presidentes electos de México, Andrés Manuel López Obrador, y de Brasil, Jair Bolsonaro. Así lo piden 19 expresidentes iberoamericanos en un documento que compartió vía Twitter, Jorge “Tuto” Quiroga de Bolivia, a los nuevos gobiernos de México y Brasil. El Grupo de Lima –del que forman parte-, recuerdan, acordó no reconocer la narcotiranía de Maduro, denunciada por crímenes de lesa humanidad.
ACTIVISMO.- A través del video "Arriba el Telón" de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, el cineasta Alejandro González Iñárritu participa en el promocional de la campaña   a favor de una Fiscalía General de la República independiente, autónoma y eficaz, y llama a sumarse a los esfuerzos de la iniciativa #FiscalíaQueSirva. Asegura que la gente no confía en las procuradurías y fiscalías por la impunidad que impera, motivo por el que deben ser independientes del presidente, los gobernadores y partidos políticos.

Oídos sordos a alertas feminicidas
Rafael Cienfuegos Calderón

¡ALERTAS!- Establecida en 2007 con la creación de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la declaratoria de alerta de género corresponde a la Secretaría de Gobernación a solicitud de organismos de derechos humanos nacionales e internacionales y de la sociedad civil. A once años de distancia, dicho mecanismo que busca enfrentar y erradicar   el acoso callejero, laboral, escolar y doméstico, la discriminación y la violencia  feminicida en un determinado territorio del país, es deficiente, insuficiente y no garantiza a las mujeres calidad de vida libre de desigualdades. El motivo que dio a conocer la Secretaría de Gobernación a la Cámara de Diputados, es por “falta de protocolos de investigación y deficiente incorporación de la perspectiva de género en la investigación de delitos por las autoridades ministeriales y periciales; falta de homologación en las estrategias de formación de los y las funcionarios públicos que atienden situaciones de violencia contra las mujeres y niñas; deficiente capacidad para el registro estadístico de la incidencia delictiva”. La dependencia precisó que hay activos 29 mecanismos de alerta en 27 estados de la República, pero no todos se encuentran en pleno funcionamiento, de ellos 13 ya fueron declaradas, 9 están en proceso de cumplimiento y 7 no han sido declaradas. En la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Senadores tienen documentados alrededor de 950 feminicidios cometidos entre enero y abril de 2018, y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio cuantifica en seis mil 297 el número de mujeres asesinadas entre 2014 y 2017 en 25 estados, de los que solo mil 886 casos fueron investigados como feminicidios. El 8 de enero, en la pasada legislatura de la Cámara de Diputados, la Comisión Especial de Alerta de Género pidió a los gobiernos de los estados que tienen declaratoria de alerta de género publicar la información general y estadística sobre los casos de violencia, incluida la feminicida, a fin de integrar y transparentar sus bancos de datos, pero Baja California, Baja California Sur, Guerrero, Nayarit, San Luis Potosí, Tamaulipas y Yucatán se han negado y optan por la opacidad. A eso se debe que el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres sólo cuente con cifras sobre algunos tipos de violencia como la física, psicológica, económica, patrimonial y sexual, pero no sobre la violencia feminicida. 

Por otra parte, los jóvenes –rebeldes por naturaleza- tienen animadversión a las autoridades del orden público, desconfían, y ven en ellas la personificación del autoritarismo, la violación de derechos humanos y la corrupción. Y cómo convencerlos de que no es así si son acciones que las caracterizan. Además, a diario se enteran de los enfrentamientos entre policías, soldados y marinos con integrantes del crimen organizado, que están mucho mejor armados, y de las muertes que dejan de uno y otro bando. El 1 de enero de 2018 se publicó la queja de Jaime Rodríguez, gobernador de Nuevo León, en el sentido de que nadie quiere ser policía’’. “Tenemos 600 plazas de policías… ¿quién se avienta?, les pago el doble, ¿no?, el triple”, ofreció a jóvenes, de los que nadie levantó la mano. Van unos datos: el Consejo Nacional de Seguridad documentó que en 2017 murieron de manera violenta más de 500 policías estatales, municipales y federales; 181 ejecutados, 83 en enfrentamiento, 78 en accidente vehicular, 67 en emboscada, 37 al tratar de impedir robos, 29 por secuestro, 19 por caídas y accidentes diversos, 16 por suicidio, 12 por atender  una llamada de emergencia y ocho por causas desconocidas. El Estado de México ocupa el primer lugar en muertes de policías, 51, le siguen Chihuahua, 44, Guerrero, 39, Ciudad de México, 36, y Jalisco, 33. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía refieren que el 82% de los policías y agentes de tránsito en México, obtienen ingresos de dos y hasta cinco salarios mínimos de 88,36 pesos, y las remuneraciones de un soldado, de acuerdo a la Secretaría de Hacienda, son de 10 mil 953.9 pesos mensuales. Hay información que revela que como en Sinaloa y Tamaulipas, gobiernos de otras entidades y municipios van a estados pobres y con rezago educativo como Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Puebla a reclutar jóvenes, tengan o no vocación, ya que cada de que se lanza una convocatoria para nuevos policías, nadie acude a ocuparlas y, de los pocos que asisten, solo unos cuantos pasan las pruebas de confianza. El plan de seguridad pública de Andrés Manuel López Obrador va por 50 mil jóvenes para que se incorporen al Ejército, Marina, policías federal, estatal y municipal.
CONVOCATORIA.- Ya como Presidente de la República, lanzará la convocatoria en la que ofrecerá mejores condiciones laborales, buen sueldo, prestaciones y seguridad social. Él mismo, pedirá “que nos ayuden los jóvenes” “para que entre todos serenemos al país”. Independientemente del número de interesados, falta saber de dónde va a salir el dinero para la capacitación, los uniformes, los vehículos y, lo más importante, el salario, que podrían ser el principal incentivo, pues los vigentes son muy bajos, y la causa de actos de corrupción.
NUMERARIA.- En los estados y municipios del país hay alrededor de 331 mil personas que trabajan como policías o agentes de tránsito, 271 mil 751 son hombres y 59mil 249 mujeres; 54.1 % tienen estudios de preparatoria, bachillerato o carrera técnica, 8.8% cuenta con estudios superiores, y 37% educación básica; el 45.8% de los hombres tiene más de 39 años, siete de cada 10  trabaja más de 48 horas a la semana y 17% son solteros: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo  -julio 2017- del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
OPINIÓN.- Soy un convencido de que se requieren más elementos no solamente en el Ejército y la Marina sino también en todas las policías del país -opinó Miguel Ángel Mancera ex jefe de Gobierno de Ciudad de México y senador-, pero -para él- el reclutamiento de 50 mil jóvenes, debe estar acompañado de un plan integral para combatir la inseguridad, de otra forma, no se puede esperar que caigan los índices de delincuencia. Además –alertó- esa propuesta del presidente electo tendrá un alto costo.

 El motivo de la controversia sería la malversación de mil 311 millones de pesos en las secretarías de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, que documentó y denunció la Auditoría Superior de la Federación (ASF). El sábado 15 López Obrador expreso a los reporteros que Rosario Robles es un chivo expiatorio y que las acusaciones en medios de comunicación sobre desvíos millonarios ocurridos durante su gestión en la Sedesol y  la Sedatu son un circo, como otros, porque a los de la mafia del poder y a algunos medios (prensa, radio y televisión) les gusta mucho ofrecer circo a la gente, lo han hecho los últimos 30 años, y nosotros ya no queremos eso. Para contextualizar: el 10 de enero de 2018 la ASF presentó ante la Procuraduría General de la República tres denuncias penales por malos manejos de casi 540 millones de pesos que la Sedesol entregó mediante convenios a tres universidades en 2015, año en que fueron secretarios Rosario Robles y José Antonio Meade (candidato del PRI a la presidencia). Y hace unos días, se dieron a conocer nuevos desvíos en la Sedatu por 700 millones de pesos.  No obstante, Rosario Robles, que contó con la protección de Peña Nieto, además de declararse inocente, exigir pruebas y pedir que la investiguen, recibe la absolución adelantada del presidente electo, a quien como jefa de Gobierno ayudó a ganar la elección del Distrito Federal en el 2000. Hay que resaltar que al calificar a Robles de chivo expiatorio, López Obrador no solo la defiende, sino que desacredita el trabajo de revisión de la cuenta pública que hizo la auditoría en la Sedesol y la Sedatu e incurre en el delito de encubrimiento ante un posible acto de corrupción. Por otra parte, será difícil que Monreal, coordinador de los senadores de Morena, logre que el Poder Legislativo finque responsabilidades a funcionarios salientes, como Robles, porque su líder y guía,  al que le deben el cargo que ahora ostentan, ya dijo que no se va a perseguir a nadie. Ni modo que lo contradigan.
CONGRUENCIA.- ¿Creerá López Obrador que porque él ya lo decidió, los mexicanos que votaron el 1 de julio contra la corrupción, el enriquecimiento inexplicable y  la impunidad, están de acuerdo en que perdone a los servidores públicos deshonestos? Ha dicho, una y otra vez, que el pueblo decide y manda, y si quiere ser congruente con su decir, necesita saber si la gente quiere perdón o castigo para los corruptos. Aunque la respuesta parece obvia, debería aprovechar las giras de agradecimiento por el país para preguntar.
EXENTOS.- Por ser federal, la nueva Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos no aplicará a los gobernadores que ganan más de los 108 mil pesos mensuales que recibirá el Presidente de la República. Destacan Martín Orozco, Aguascalientes ($245,742); Miguel Márquez, Guanajuato ($222,025); Arturo Núñez, Tabasco ($179,428); Alfredo del Mazo ($174,409); Alejandro Moreno Cárdenas, Campeche ($167,661); Aristóteles Sandoval ($166,195); Javier Corral, Chihuahua ($163,381); y Carlos Joaquín González, Quintana Roo ($160,667).
ATRACTIVO.- Los tabuladores de los estados arrojan para Miguel Riquelme, Coahuila ($158,835); Antonio Echevarría, Nayarit ($155.301); Héctor Astudillo, Guerrero($146,911); José Rosas Aispuro, Durango ($141,697); Rolando Zapata Bello, Yucatán ($141,152), Juan Manuel Carreras, San Luis Potosí ($137,746); Carlos Mendoza Davis, Baja California Sur ($118,972); Alejandro Tello, Zacatecas ($113,526); y Francisco Domínguez, Querétaro ($109,504). Económicamente resulta más atractivo ser gobernador que Presidente de la República.
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