Por otra parte, los jóvenes –rebeldes por naturaleza- tienen animadversión a las autoridades del orden público, desconfían, y ven en ellas la personificación del autoritarismo, la violación de derechos humanos y la corrupción. Y cómo convencerlos de que no es así si son acciones que las caracterizan. Además, a diario se enteran de los enfrentamientos entre policías, soldados y marinos con integrantes del crimen organizado, que están mucho mejor armados, y de las muertes que dejan de uno y otro bando. El 1 de enero de 2018 se publicó la queja de Jaime Rodríguez, gobernador de Nuevo León, en el sentido de que nadie quiere ser policía’’. “Tenemos 600 plazas de policías… ¿quién se avienta?, les pago el doble, ¿no?, el triple”, ofreció a jóvenes, de los que nadie levantó la mano. Van unos datos: el Consejo Nacional de Seguridad documentó que en 2017 murieron de manera violenta más de 500 policías estatales, municipales y federales; 181 ejecutados, 83 en enfrentamiento, 78 en accidente vehicular, 67 en emboscada, 37 al tratar de impedir robos, 29 por secuestro, 19 por caídas y accidentes diversos, 16 por suicidio, 12 por atender  una llamada de emergencia y ocho por causas desconocidas. El Estado de México ocupa el primer lugar en muertes de policías, 51, le siguen Chihuahua, 44, Guerrero, 39, Ciudad de México, 36, y Jalisco, 33. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía refieren que el 82% de los policías y agentes de tránsito en México, obtienen ingresos de dos y hasta cinco salarios mínimos de 88,36 pesos, y las remuneraciones de un soldado, de acuerdo a la Secretaría de Hacienda, son de 10 mil 953.9 pesos mensuales. Hay información que revela que como en Sinaloa y Tamaulipas, gobiernos de otras entidades y municipios van a estados pobres y con rezago educativo como Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Puebla a reclutar jóvenes, tengan o no vocación, ya que cada de que se lanza una convocatoria para nuevos policías, nadie acude a ocuparlas y, de los pocos que asisten, solo unos cuantos pasan las pruebas de confianza. El plan de seguridad pública de Andrés Manuel López Obrador va por 50 mil jóvenes para que se incorporen al Ejército, Marina, policías federal, estatal y municipal.
CONVOCATORIA.- Ya como Presidente de la República, lanzará la convocatoria en la que ofrecerá mejores condiciones laborales, buen sueldo, prestaciones y seguridad social. Él mismo, pedirá “que nos ayuden los jóvenes” “para que entre todos serenemos al país”. Independientemente del número de interesados, falta saber de dónde va a salir el dinero para la capacitación, los uniformes, los vehículos y, lo más importante, el salario, que podrían ser el principal incentivo, pues los vigentes son muy bajos, y la causa de actos de corrupción.
NUMERARIA.- En los estados y municipios del país hay alrededor de 331 mil personas que trabajan como policías o agentes de tránsito, 271 mil 751 son hombres y 59mil 249 mujeres; 54.1 % tienen estudios de preparatoria, bachillerato o carrera técnica, 8.8% cuenta con estudios superiores, y 37% educación básica; el 45.8% de los hombres tiene más de 39 años, siete de cada 10  trabaja más de 48 horas a la semana y 17% son solteros: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo  -julio 2017- del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
OPINIÓN.- Soy un convencido de que se requieren más elementos no solamente en el Ejército y la Marina sino también en todas las policías del país -opinó Miguel Ángel Mancera ex jefe de Gobierno de Ciudad de México y senador-, pero -para él- el reclutamiento de 50 mil jóvenes, debe estar acompañado de un plan integral para combatir la inseguridad, de otra forma, no se puede esperar que caigan los índices de delincuencia. Además –alertó- esa propuesta del presidente electo tendrá un alto costo.

 El motivo de la controversia sería la malversación de mil 311 millones de pesos en las secretarías de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, que documentó y denunció la Auditoría Superior de la Federación (ASF). El sábado 15 López Obrador expreso a los reporteros que Rosario Robles es un chivo expiatorio y que las acusaciones en medios de comunicación sobre desvíos millonarios ocurridos durante su gestión en la Sedesol y  la Sedatu son un circo, como otros, porque a los de la mafia del poder y a algunos medios (prensa, radio y televisión) les gusta mucho ofrecer circo a la gente, lo han hecho los últimos 30 años, y nosotros ya no queremos eso. Para contextualizar: el 10 de enero de 2018 la ASF presentó ante la Procuraduría General de la República tres denuncias penales por malos manejos de casi 540 millones de pesos que la Sedesol entregó mediante convenios a tres universidades en 2015, año en que fueron secretarios Rosario Robles y José Antonio Meade (candidato del PRI a la presidencia). Y hace unos días, se dieron a conocer nuevos desvíos en la Sedatu por 700 millones de pesos.  No obstante, Rosario Robles, que contó con la protección de Peña Nieto, además de declararse inocente, exigir pruebas y pedir que la investiguen, recibe la absolución adelantada del presidente electo, a quien como jefa de Gobierno ayudó a ganar la elección del Distrito Federal en el 2000. Hay que resaltar que al calificar a Robles de chivo expiatorio, López Obrador no solo la defiende, sino que desacredita el trabajo de revisión de la cuenta pública que hizo la auditoría en la Sedesol y la Sedatu e incurre en el delito de encubrimiento ante un posible acto de corrupción. Por otra parte, será difícil que Monreal, coordinador de los senadores de Morena, logre que el Poder Legislativo finque responsabilidades a funcionarios salientes, como Robles, porque su líder y guía,  al que le deben el cargo que ahora ostentan, ya dijo que no se va a perseguir a nadie. Ni modo que lo contradigan.
CONGRUENCIA.- ¿Creerá López Obrador que porque él ya lo decidió, los mexicanos que votaron el 1 de julio contra la corrupción, el enriquecimiento inexplicable y  la impunidad, están de acuerdo en que perdone a los servidores públicos deshonestos? Ha dicho, una y otra vez, que el pueblo decide y manda, y si quiere ser congruente con su decir, necesita saber si la gente quiere perdón o castigo para los corruptos. Aunque la respuesta parece obvia, debería aprovechar las giras de agradecimiento por el país para preguntar.
EXENTOS.- Por ser federal, la nueva Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos no aplicará a los gobernadores que ganan más de los 108 mil pesos mensuales que recibirá el Presidente de la República. Destacan Martín Orozco, Aguascalientes ($245,742); Miguel Márquez, Guanajuato ($222,025); Arturo Núñez, Tabasco ($179,428); Alfredo del Mazo ($174,409); Alejandro Moreno Cárdenas, Campeche ($167,661); Aristóteles Sandoval ($166,195); Javier Corral, Chihuahua ($163,381); y Carlos Joaquín González, Quintana Roo ($160,667).
ATRACTIVO.- Los tabuladores de los estados arrojan para Miguel Riquelme, Coahuila ($158,835); Antonio Echevarría, Nayarit ($155.301); Héctor Astudillo, Guerrero($146,911); José Rosas Aispuro, Durango ($141,697); Rolando Zapata Bello, Yucatán ($141,152), Juan Manuel Carreras, San Luis Potosí ($137,746); Carlos Mendoza Davis, Baja California Sur ($118,972); Alejandro Tello, Zacatecas ($113,526); y Francisco Domínguez, Querétaro ($109,504). Económicamente resulta más atractivo ser gobernador que Presidente de la República.
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De acuerdo a sus dichos el próximo presidente aplicará borrón y cuenta nueva, lo que hubo de tener contentos y sin preocupaciones al presidente saliente Enrique Peña Nieto y los miembros de su gabinete a la hora de reunirse el pasado 20 de agosto con el próximo jefe del Ejecutivo federal y su equipo para iniciar formalmente la transición de la administración pública. Pero qué va a pasar si se encuentran desfalcos, desvíos de recursos públicos e inadecuado manejo de la deuda que por  9.9 billones de pesos   heredará el nuevo gobierno al incrementarse 4 billones en los últimos seis años. Si López Obrador finco su estrategia de campaña en el combate a la corrupción y la impunidad y el día que tuvo el primer encuentro con Peña Nieto anunció que junto con los mexicanos va a arrancar de raíz el régimen corrupto, de injusticias y de privilegios, sería un contrasentido que tapara las irregularidades que se lleguen a detectar, además de que se convertiría en cómplice de corrupción. Aunque en su ánimo esté no iniciar procesos penales contra malos funcionarios, su principal obligación con los millones que votaron por él es combatir la corrupción sin miramientos y trátese de quien se trate, pues en la expectativa que creó de un gobierno honesto y justo contra la impunidad radica su legitimidad. Por tanto, le favorecería que la entrega recepción de la administración fuera transparente y abierta, y que se informe oportuna y adecuadamente el estado real en que recibe las dependencias del gobierno federal.
SIMBÓLICA.- El ejercicio de consulta que ordenó el Presidente de la República electo se realice el 28 de octubre para que la ciudadanía determine el futuro del nuevo aeropuerto en construcción, carece de sustento legal, tendrá un carácter simbólico y quedará como bandera política. No hay ley que la norme u obligue a atender el resultado. El Instituto Nacional Electoral aclaro que para que el resultado de una consulta popular sea vinculante, una de las condiciones es que se realice el mismo día de una elección federal. La próxima es el 2021.
DROGAS.- Olga Sánchez Cordero y Arturo Durazo Moreno propuestos para ocupar las secretarías de Gobernación y de Seguridad Pública, se han manifestado a favor de la despenalización de la mariguana tanto para uso lúdico como medicinal. Ella sostiene que para pacificar al país es necesaria la despenalización de las drogas, en tanto que él apela a la libertad de las personas para decidir qué consumir o qué no. Solo falta saber cuál es la postura que al respecto tiene Andrés Manuel López Obrador.
LIBRE.- Con la bendición del Presidente de la República electo y el fuero que tendrá como legislador en la Cámara de Senadores, luego de 12 años de autoexilio, Napoleón Gómez Urrutia vivirá felíz y contento en México. Los próximos seis años, la impunidad que le da el fuero lo mantendrá libre del proceso judicial por el supuesto fraude de 55 millones de dólares en agravio del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana. El 15 de septiembre podrá gritar “Como México no hay dos”.