Oídos sordos a alertas feminicidas
Rafael Cienfuegos Calderón

¡ALERTAS!- Establecida en 2007 con la creación de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la declaratoria de alerta de género corresponde a la Secretaría de Gobernación a solicitud de organismos de derechos humanos nacionales e internacionales y de la sociedad civil. A once años de distancia, dicho mecanismo que busca enfrentar y erradicar   el acoso callejero, laboral, escolar y doméstico, la discriminación y la violencia  feminicida en un determinado territorio del país, es deficiente, insuficiente y no garantiza a las mujeres calidad de vida libre de desigualdades. El motivo que dio a conocer la Secretaría de Gobernación a la Cámara de Diputados, es por “falta de protocolos de investigación y deficiente incorporación de la perspectiva de género en la investigación de delitos por las autoridades ministeriales y periciales; falta de homologación en las estrategias de formación de los y las funcionarios públicos que atienden situaciones de violencia contra las mujeres y niñas; deficiente capacidad para el registro estadístico de la incidencia delictiva”. La dependencia precisó que hay activos 29 mecanismos de alerta en 27 estados de la República, pero no todos se encuentran en pleno funcionamiento, de ellos 13 ya fueron declaradas, 9 están en proceso de cumplimiento y 7 no han sido declaradas. En la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Senadores tienen documentados alrededor de 950 feminicidios cometidos entre enero y abril de 2018, y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio cuantifica en seis mil 297 el número de mujeres asesinadas entre 2014 y 2017 en 25 estados, de los que solo mil 886 casos fueron investigados como feminicidios. El 8 de enero, en la pasada legislatura de la Cámara de Diputados, la Comisión Especial de Alerta de Género pidió a los gobiernos de los estados que tienen declaratoria de alerta de género publicar la información general y estadística sobre los casos de violencia, incluida la feminicida, a fin de integrar y transparentar sus bancos de datos, pero Baja California, Baja California Sur, Guerrero, Nayarit, San Luis Potosí, Tamaulipas y Yucatán se han negado y optan por la opacidad. A eso se debe que el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres sólo cuente con cifras sobre algunos tipos de violencia como la física, psicológica, económica, patrimonial y sexual, pero no sobre la violencia feminicida. 

Por otra parte, los jóvenes –rebeldes por naturaleza- tienen animadversión a las autoridades del orden público, desconfían, y ven en ellas la personificación del autoritarismo, la violación de derechos humanos y la corrupción. Y cómo convencerlos de que no es así si son acciones que las caracterizan. Además, a diario se enteran de los enfrentamientos entre policías, soldados y marinos con integrantes del crimen organizado, que están mucho mejor armados, y de las muertes que dejan de uno y otro bando. El 1 de enero de 2018 se publicó la queja de Jaime Rodríguez, gobernador de Nuevo León, en el sentido de que nadie quiere ser policía’’. “Tenemos 600 plazas de policías… ¿quién se avienta?, les pago el doble, ¿no?, el triple”, ofreció a jóvenes, de los que nadie levantó la mano. Van unos datos: el Consejo Nacional de Seguridad documentó que en 2017 murieron de manera violenta más de 500 policías estatales, municipales y federales; 181 ejecutados, 83 en enfrentamiento, 78 en accidente vehicular, 67 en emboscada, 37 al tratar de impedir robos, 29 por secuestro, 19 por caídas y accidentes diversos, 16 por suicidio, 12 por atender  una llamada de emergencia y ocho por causas desconocidas. El Estado de México ocupa el primer lugar en muertes de policías, 51, le siguen Chihuahua, 44, Guerrero, 39, Ciudad de México, 36, y Jalisco, 33. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía refieren que el 82% de los policías y agentes de tránsito en México, obtienen ingresos de dos y hasta cinco salarios mínimos de 88,36 pesos, y las remuneraciones de un soldado, de acuerdo a la Secretaría de Hacienda, son de 10 mil 953.9 pesos mensuales. Hay información que revela que como en Sinaloa y Tamaulipas, gobiernos de otras entidades y municipios van a estados pobres y con rezago educativo como Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Puebla a reclutar jóvenes, tengan o no vocación, ya que cada de que se lanza una convocatoria para nuevos policías, nadie acude a ocuparlas y, de los pocos que asisten, solo unos cuantos pasan las pruebas de confianza. El plan de seguridad pública de Andrés Manuel López Obrador va por 50 mil jóvenes para que se incorporen al Ejército, Marina, policías federal, estatal y municipal.
CONVOCATORIA.- Ya como Presidente de la República, lanzará la convocatoria en la que ofrecerá mejores condiciones laborales, buen sueldo, prestaciones y seguridad social. Él mismo, pedirá “que nos ayuden los jóvenes” “para que entre todos serenemos al país”. Independientemente del número de interesados, falta saber de dónde va a salir el dinero para la capacitación, los uniformes, los vehículos y, lo más importante, el salario, que podrían ser el principal incentivo, pues los vigentes son muy bajos, y la causa de actos de corrupción.
NUMERARIA.- En los estados y municipios del país hay alrededor de 331 mil personas que trabajan como policías o agentes de tránsito, 271 mil 751 son hombres y 59mil 249 mujeres; 54.1 % tienen estudios de preparatoria, bachillerato o carrera técnica, 8.8% cuenta con estudios superiores, y 37% educación básica; el 45.8% de los hombres tiene más de 39 años, siete de cada 10  trabaja más de 48 horas a la semana y 17% son solteros: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo  -julio 2017- del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
OPINIÓN.- Soy un convencido de que se requieren más elementos no solamente en el Ejército y la Marina sino también en todas las policías del país -opinó Miguel Ángel Mancera ex jefe de Gobierno de Ciudad de México y senador-, pero -para él- el reclutamiento de 50 mil jóvenes, debe estar acompañado de un plan integral para combatir la inseguridad, de otra forma, no se puede esperar que caigan los índices de delincuencia. Además –alertó- esa propuesta del presidente electo tendrá un alto costo.

El antes y el después del miércoles 2 de octubre del 68
Rafael Cienfuegos Calderón
 
Anterior al estudiantil de1968 en México habían ocurrido ya movimientos sociales que igual que este fueron combatidos con violencia y dejaron un número incierto de muertos y heridos: el magisterial y ferrocarrilero de 1958 y el de médicos de 1964, que si bien surgieron a partir de demandas diferentes, tuvieron como incentivo desafiar el autoritarismo que prevalecía en el gobierno y que se imponía a través de la represión, la persecución, el encarcelamiento, la tortura y el asesinato.
 
Igualmente, después del 68 surgieron otros movimientos de origen diverso que se distinguieron de los primeros, porque sus propósitos estaban mayormente cargados al logro de cambios relacionados con la democracia, el combate al monopolio político del PRI y a hacer posible la alternancia del poder, que ocurrió por vez primera en el 2000 y se prologó al 2012, año en que el PRI recupera el gobierno, el cual pierde, nuevamente, en el 2018, ante el novel movimiento-partido Morena.
 
Una faceta de las primeras manifestaciones sociales es la de los tiempos en que los pueblos indígenas se levantaron en contra de los conquistadores españoles para recuperar aquello que les había sido arrebatado e impedir la dominación, así como las que provocaron los invasores franceses y norteamericanos.
 
Posteriormente, desde el Magonismo hasta el Zapatismo y de ahí a la mitad del Siglo XX el clamor de justicia social del pueblo no ha cambiado, en tanto que la consigna de rechazar los gobiernos conservadores y autoritarios sigue vigente.
 
Hago esta introducción para referirme a lo expuesto por el exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Juan Ramón de la Fuente, al inicio del ciclo de conferencias "50 años, Tlatelolco, el 68 visto en el 2018" organizado por la Fundación Elena Poniatowska, que se inserta en el cúmulo de actividades previstas para festejar el inicio del Movimiento Estudiantil de 1968.
 
Entre ellas, las de la(UNAM, que incluye El Memorial del 68 en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, la instalación (en este recinto) del Comité Interuniversitario M68: Ciudadanías en Movimiento, en el que participan las universidades Iberoamericana (UIA) y Autónoma de Chapingo (UACH), el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y El Colegio de México (COLMEX), la creación de un macro repositorio digital con documentos, imágenes y grabaciones de más de 30 archivos públicos y privados sobre los movimientos sociales, políticos y culturales más significativos del 1968 a la fecha, además de la publicación  de un suplemento de cuatro planas anexado a la Gaceta UNAM, en el que se cuentan cronológicamente los sucesos del movimiento.
 
El 1 de agosto en la casa que alberga la referida fundación, Juan Ramón de la Fuente,  (futuro representante de México ante la ONU, designado por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador), abrió con una exposición de la que extraigo lo siguiente:  
 
Hablar del 68 desde el 2018, es considerar de manera muy clara, que el triunfo contundente de Andrés Manuel López Obrador es resultado del movimiento del 68.
La democracia avanzó en México, hay más apertura y nuevas formas de organización política, impensable hace unos cuantos años,
A partir de 1968 ocurrió una serie de cambios que continúan vigentes e hicieron posible pasar de un esquema monopartidista a uno pluripartidista, y al triunfo de la izquierda en las urnas.
Sobre estos dichos, presento mi punto de vista.
 
El movimiento estudiantil -50 años después- por ser el de mayor resonancia nacional e internacional (porque puso al descubierto la cerrazón y arbitrariedad del gobierno, porque canceló el anhelo de justicia, y porque el asesinato de centenas o miles de jóvenes, mujeres y hombres, a la orden de un presidente que no consentía la protesta social, negado al diálogo, violador de los derechos humanos e impositivo, ocurrió en la antesala de los Juegos Olímpicos), es, sin duda, un referente de peso en el descontento social acumulado desde principios del siglo pasado y el clamor popular por un cambio en la conducción del gobierno, que derivaron  en el triunfo del novel movimiento-partido y su candidato a la Presidencia de la República, López Obrador.
 
Sin embargo, considerar que la protesta estudiantil fue el detonador del cambio que hoy se vive como resultado del voto que emitieron 30 millones de mexicanos sin tomar en cuenta los movimientos que ocurrieron antes y después del 2 de octubre, me parece extralimitado.
 
Hay que tener bien en cuenta que las demandas no eran de carácter político, no tenían relación con los planteamientos de los partidos, no buscaban un cambio de régimen político ni el derrocamiento del gobierno.
 
Además de la petición de establecer un diálogo público con las autoridades para la negociación,  el pliego petitorio consistió en: 1- Libertad a los presos políticos. 2- Destitución de los jefes de la policía y de los granaderos. 3- Extinción del Cuerpo de Granaderos. 4- Derogación de los artículos 145 y 145 bis del Código Penal Federal, relativos al delito de disolución social. 5- Indemnización a los familiares de los muertos y heridos desde el inicio del conflicto. 6- Deslinde de responsabilidades de los actos de represión y vandalismo por parte de las autoridades mediante la policía, los granaderos y el Ejército.
 
Sobre que a partir del 68 se dio un cambio en las estructuras sociales que propició el surgimiento de la democracia e hizo posible pasar del monopartidismo al pluripartidismo, habría que analizarlo.
 
Me parece pertinente hacer notar que ese cambio lo promovieron hasta años después, en 1988, políticos del hegemónico partido oficial, el PRI, que inconformes por ser excluidos del poder que detentaban unos cuantos se revelaron y escindieron.
 
A la lucha de estos expriistas por el cambio político, social y económico, atraídos por sus discursos, en los que introdujeron los conceptos de igualdad, justicia y democracia, se sumaron los líderes de las agrupaciones sociales que surgieron a partir de la década de los 70s y que se autoproclamaban de izquierda.
 
Sin embargo, los protagonistas de la aventura por la instauración de un régimen de gobierno democrático distinto al PRI, encabezado por la llamada izquierda -aunque se les adelantó la derecha del PAN como consecuencia de la primera alternancia-, fueron políticos que alegando antidemocracia partidista salieron de las  filas tricolores en 1987 e iniciaron un movimiento que, 30 años después, derivó en su arribo al poder arropados por López Obrador.
 
Entre los personajes que provocaron la primera gran ruptura en el PRI y que abrieron la posibilidad real de sacar del gobierno al partido hegemónico y hacerle contrapeso politico, destacan: Cuauhtémoc Cárdenas –dos veces candidato presidencial, fundador y líder del PRD, primer Jefe de Gobierno electo del ex Distrito Federal, y autoexcluido del nuevo gobierno-; Porfirio Muñoz Ledo –defensor de Gustavo Díaz Ordaz después de la represión y asesinato de estudiantes en Tlatelolco, a quien elogió por su valentía para salvar a México, fundador y dirigente del PRD, candidato presidencial del PARM, legislador  del PT, y ahora diputado de Morena y presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados-; e Ifigenia Martínez –fundadora del PRD, diputada federal y senadora, integrante de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, y actual senadora de Morena.
 
A ellos se sumó Heberto Castillo (precursor –en mi opinión- de la izquierda mexicana junto con Valentín Campa y Demetrio Vallejo), activista visible que apoyo los movimientos magisterial, ferrocarrilero, de médicos y el estudiantil de 1968, por el que después de resistir oculto más de 6 meses, fue encarcelado en Lecumberri hasta mayo de 1971. Promovió la creación del Partido Mexicano de los Trabajadores en 1974, del que fue diputado, y con la fusión de organizaciones que se autodenominaban de izquierda, fundó el Partido Mexicano Socialista (1987). Siendo candidato a la presidencia en 1988, declinó para apoyar a Cuauhtémoc Cárdenas.
 
Los dirigentes de los partidos Auténtico de la Revolución Mexicana, Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, y Popular Socialista, así como los de la Coalición Obrera, Campesina y Estudiantil del Istmo (COCEI), la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), la Asamblea de Barrios (creada tras los terremotos de 1985), la Unión de Colonias Populares, la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ) y la Central Campesina Cardenista (CCC), se unieron al Frente Democrático Nacional (antecedente del PRD).
 
En 1988, con el fraude electoral que el PRI-Gobierno de Miguel de la Madrid (Presidente de la República) y Manuel Bartlett (secretario de Gobernación y hoy en día nominado para dirigir la CFE en el nuevo gobierno), cometió contra Cuauhtémoc Cárdenas para imponer a Carlos Salinas de Gortari, se dio la primera agresión contra la democracia y el grupo de políticos que suspiraban por ella se dieron cuenta que no sería nada fácil ganarla.
 
Respecto a que el movimiento que triunfó en las recién pasadas elecciones, como consecuencia del cambio que generó el movimiento del 68 en la estructura social es de izquierda, me surgen los siguientes cuestionamientos:  
 
¿A caso es Morena un movimiento-partido de izquierda?
 
En el confluyen expriistas, experredistas, expanistas, expetistas, oportunistas, nacionalistas, reformistas, conservadores, socialistas, anarquistas, sindicalistas y empresarios, así como tecnócratas neoliberales camuflados de republicanos, que hacen imposible que se le aprecie como tal.
 
Y ¿qué decir de los antecedentes partidistas de su fundador, López Obrador, que era militante del PRI en 1988, año en el que nace la que llama “Mafia del Poder”?
 
Cuauhtémoc Cárdenas y Graco Ramírez (gobernador de Morelos) dan testimonio del origen político del presidente electo, el primero en su libro Sobre mis pasos, y el segundo en respuesta al cuestionamiento del sitio web Verificado, de Milenio.
 
¿Ser honesto y amar a la gente, es ser de izquierda?
¿Pretender recuperar los valores y principios para regenerar la vida política del país, lo es?
¿Combatir la desigualdad bajo la consigna de “primero los pobres”?
¿Exhibir los vicios y el fracaso del neoliberalismo, es suficiente para considerarse político de izquierda?
 
ANTES DEL 68
 
En México ocurrieron movimientos sociales anteriores de gran trascendencia política y social que padecieron, igual que el estudiantil, la intransigencia de los gobiernos en turno, que con garrote, cárcel y balas impusieron su autoritarismo.
 
Finalizaba el siglo XIX, y en el México predominantemente rural, surge el Movimiento Magonista influenciado por el pensamiento anarquista y liberal de los hermanos Ricardo, Jesús y Enrique Flores Magón, en densa de las causas indígenas.
 
La guerrilla de los Yaquis. Movimiento indígena que surgió a finales del siglo XIX ante el arrebato de sus tierras por parte de terratenientes, y que fue férreamente perseguido por el régimen de Porfirio Díaz. Su principal líder, el Jefe Tetabiate, muere en 1901 después de las batallas de Baagum, Nogales y Mazocoba, en las que los generales del régimen asesinaron a miles de Yaquis. Tiempo después el Movimiento Yaqui se une a las filas de los Magonistas.
 
1906 – Huelga de Cananea y Río Blanco. El 1 de junio en las minas de Cananea, Sonora -explotadas por la compañía Cananea Consolidated Copper Company-, 2000 mineros hartos del sometimiento, las condiciones inhumanas y el trato despótico que recibían, iniciaron la primer huelga registrada en la historia de México, considerada precursora de la Revolución Mexicana. Los huelguistas fueron reprimidos y asesinados por los estadounidenses encargados de la seguridad y, posteriormente, por mercenarios del vecino país a los que el Estado mexicano permitió la entrada.
 
1910 – Revolución Mexicana. Desde finales del siglo XIX las condiciones laborales en México eran muy similares a las de los feudos de la edad media en Europa. La esclavitud había desaparecido en la Constitución pero aún existía en las haciendas, donde los campesinos eran obligados a permanecer cautivos si tenían adeudos con los patrones, en tanto que, en las industrias, las jornadas laborales eran inhumanas, el salario muy bajo y el trato cruel. Los patrones pagaban a los jornaleros con fichas que solo podían canjear en las tiendas de raya donde los productos se vendían a granel y a precios inflados. Como consecuencia el pueblo comenzó a organizarse y surgieron múltiples movimientos armados, entre ellos los dirigidos por Francisco Villa y Emiliano Zapata. Tras derrocar el régimen Porfirista, Francisco I. Madero llega a la presidencia y se redacta una nueva Constitución en 1917, en la que se incluyen los derechos sociales a la educación, a la libertad de expresión y a la huelga. Y en el artículo 3o se defiende la educación básica laica y gratuita, en el 27 la propiedad de la tierra y en el 123 los derechos del trabajador.
 
1926 – Movimiento Cristero. De 1926 a 1929 durante el gobierno de Plutarco Elías Calles surge un movimiento armado a cargo del clero católico que se oponía a las reformas que le retiraban la autonomía a las organizaciones religiosas, les impedía la realización de actividades fuera de los templos y participar en la política, así como poseer propiedades. El movimiento armado se dio principalmente en las zonas rurales del centro y occidente del país, comenzando en Jalisco. Finalmente depusieron las armas en el siguiente sexenio, en el que gobernó el presidente Emilio Portes Gil.
 
1953 – Movimiento Feminista. Un grupo de mujeres organizadas emprendieron una larga y extenuante lucha por el reconocimiento de su ciudadanía. En 1923, Elvia Carrillo Puerto fue electa diputada en Yucatán, cargo que tiene que abandonar a causa de amenazas de muerte; nuevamente resulta electa en San Luis Potosí, pero el Colegio Electoral no reconoce su triunfo. En 1953 es cuando las organizaciones feministas logran el derecho al voto y la igualdad de derechos constitucionales. México fue uno de los países que más tardó en reconocer este derecho.
 
1958 - Movimiento magisterial. En él participaron intelectuales, obreros y profesionistas  que fueron reprimidos por el gobierno del presidente Adolfo López Mateos. En 1956 el Frente Sindical Magisterial, encabezado por Othón Salazar, organizó la lucha de la sección novena del SNTE por mejoraras salariales y en pleno periodo electoral, los maestros de primaria emplazaron a huelga a la SEP con la demanda de 14 por ciento de aumento. La respuesta de las autoridades no se hizo esperar y la represión dejó varios muertos y docenas de heridos. Posteriormente, cuando el magisterio se proponía realizar una manifestación para exigir el reconocimiento de una nueva diligencia sindical y apoyar las demandas de los ferrocarrileros, fueron violentamente agredidos; Othón Salazar y los principales dirigentes fueron aprehendidos y torturados.

1958-1964 - Movimiento Ferrocarrilero. En este sexenio que inició en plena efervescencia de la lucha sindical ferrocarrilera por mejoras salariales y democracia sindical, el sistema político estuvo a punto de colapsar en medio de una difícil situación económica que amenazaba con frenar el crecimiento de años anteriores. Ante ello, Adolfo López Mateos suprimió de raíz todo movimiento que amenazara la estabilidad social del régimen, no solo de manera legal sino también con el empleo de la fuerza pública, como condición para lograr la reactivación de la economía. La represión estuvo presente a lo largo del movimiento y como resultado 150 ferrocarrileros, entre ellos los dirigentes Demetrio Vallejo y Valentín Campa –fundador del Partido Socialista Unificado de México y candidato presidencial- fueron encarcelados acusados de comunistas.

1964 - Movimiento Médico. Inició por motivos económicos y se convirtió en un movimiento por la democracia sindical y la autonomía con respecto al Estado, que desafió al régimen y demostró que el hartazgo social ante un gobierno totalitario y represivo estaba llegando a su límite. El gobierno priísta respondió con la represión, la ocupación militar de unidades médicas y despidos masivos.  
 
1968 -Movimiento Estudiantil. Participaron estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, las universidades Iberoamericana, La Salle y Benemérita Autónoma de Puebla, el Colegio de México, y la Escuela de Agricultura de Chapingo, a quienes se unieron profesores, intelectuales, amas de casa, obreros, profesionistas y burócratas. Fue un movimiento que desafió el autoritarismo del gobierno, demandó diálogo, exigió respeto al derecho de libre expresión y alzó la voz contra la represión. La respuesta para contenerlo fue la persecución, el encarcelamiento y el asesinato.  En la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, donde ocurrió la matanza el 2 de octubre, se le puso fin. El número de muertos, heridos y desaparecidos se desconoce hasta ahora, y a pesar de que está ampliamente documentada la agresión que cometieron elementos policiales vestidos de civil y del Ejército, las autoridades castrenses insisten en que dispararon contra la multitud únicamente para defenderse, ya que fueron víctimas de una emboscada. Previo a esa fecha, ocurrió la toma violenta de la Preparatoria 1 de San Ildefosno, el 26 de julio, con el empleo de una bazuca para derribar el portón, la ocupación militar de la Ciudad Universitaria el 18 de septiembre, y la férrea defensa que hicieron los estudiantes politécnicos de las instalaciones del Casco de Santo Tomás, entre el 21 y 24 del mismo mes, días en que confrontaron a elementos de la Policía Montada y Soldados.
 
DESPUÉS DEL 68.
 
1971 - Jueves de Corpus o el “Halconazo”. Al inicio de su gobierno Luis Echeverría Álvarez anunció reformas de apertura democrática en el país, permitió el regreso de algunos líderes del movimiento estudiantil de 1968 exiliados en Chile y la excarcelación de presos, entre ellos José Revueltas y Heberto Castillo. Los estudiantes estaban entusiasmados y creyeron que habría oportunidades para regresar a las calles y manifestarse en contra del gobierno. El conflicto entre la Universidad Autónoma de Nuevo León y el gobernador por la reducción del presupuesto y la intensión de suprimir la autonomía, motivo que estudiantes de la UNAM y el Politécnico convocaran a una manifestación masiva de apoyo para el día 10 de junio. La marcha inició en el Casco de Santo Tomás y su destino era el Zócalo. Las calles estaban bloqueadas por granaderos y agentes policiacos, y había tanques antimotines y transportes del Ejército. Pero un grupo integrado por jóvenes -al que se conoció como “Los Halcones”- fue el que confrontó a los marchistas, primero,  con varas de bambú, palos de kendo y porras que manejaban diestramente, y posteriormente, con armas de alto calibre. La policía capitalina observó  impasible la agresión.
 
1988 – Fraude Electoral. En las elecciones presidenciales de ese año hubo descontento entre los partidos y organizaciones de la llamada izquierda por la suposición de un fraude electoral que arrebató el triunfo a Cuauhtémoc Cárdenas. Carlos Salinas de Gortari llegó al poder mediante la “caída” del sistema a la hora crítica del conteo de votos, lo que presagio el fraude. El resultado oficial fue cuestionado como ilegal por todos los actores políticos, con excepción de los priistas. Sin embargo el sistema político establecido actuó sin dilación y lo sacó adelante con la calificación de la Cámara de Diputados, de mayoría priísta, y la abstención del PAN.
 
1994 – Movimiento Zapatista. El 1 de enero de 1994 surge en Chiapas el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) integrado en su mayoría por indígenas, cuyo líder encapuchado –que no era indígena- enarbolaba principios marxistas. Ese mismo día entró en vigor el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Los zapatistas emiten la Declaración de la Selva Lacandona en la que se declaran en guerra –sin ser un ejército- contra el gobierno de Salinas de Gortari y piden trabajo, tierra, salud, educación y más derechos básicos. La zona es militarizada y la persecución se prolonga hasta el momento en que inician las pláticas de pacificación. Marcos, el autodenominado subcomandante, aprovecha ese tiempo para llevar a cabo una campaña mediática que trascendió fronteras y lo hizo mundialmente famoso.
 
1999 – Huelga de la UNAM. Las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México aprueban un aumento en las cuotas de inscripción de 20 centavos a 10 salarios mínimos para las preparatorias y 15 para las licenciaturas. El 20 de abril de 1999 un grupo de estudiantes inconformes inició la huelga que permaneció por más de 9 meses. En noviembre de ese año renuncia Francisco Barnes a la rectoría y el presidente Ernesto Zedillo ordena la entrada de la Policía Federal Preventiva al campus universitario para recuperar las instalaciones. Días después, nombra rector a Juan Ramón de la Fuente. Alrededor de 600 activistas fueron detenidos.
 
2001 – Movimiento de Atenco. El Presidente Vicente Fox pretendía construir un aeropuerto en Texcoco, Estado de México, cuyas tierras ejidales se pagarían a un muy bajo precio. Inconformes, los pobladores se organizaron y formaron el Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra que se manifestó en contra del decreto de expropiación de los títulos de propiedad de más de cuatro mil familias, cuyas tierras se encontraban en San Salvador Atenco. Un día después de la publicación del decreto, los integrantes del frente toman las calles del Distrito Federal (hoy Ciudad de México) en protesta, portando machetes y palos, al tiempo que se amparaban legalmente. El 8 de julio la manifestación que intentó llegar al Aeropuerto Internacional Benito Juárez fue bloqueada, y se registró un enfrentamiento con elementos de seguridad pública. El resultado, varios heridos, una persona fallecida, y la detención de los líderes del movimiento.
 
2006 – La APPO. En mayo de 2006 los maestros entregaron un pliego petitorio a Ulises Ruiz, gobernador de Oaxaca. Al no recibir respuesta, inician un plantón en el Centro Histórico de la ciudad capital seguido de varias megamarchas. El 14 de junio los cuerpos de seguridad intentan desalojar el plantón pero fracasan; el secretario de Gobierno y el director de Seguridad Pública son destituidos. La organización se intensifica y a los maestros se suman agrupaciones civiles para conformar la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO). Hubo mesas de diálogo con los gobiernos federal y estatal para reanudar las clases, canceladas cinco meses atrás. Al 17 de noviembre de 2006, los reportes de la APPO daban cuenta de 17 muertos y alrededor de cuarenta detenidos, como resultado de los enfrentamientos con la Policía Federal Preventiva.
 
2006 – Movimiento de Andrés Manuel López Obrador. La elección presidencial de ese año, está registrada como la más cerrada y controversial que se haya dado en el país. La mañana del lunes 3 de julio, cuando los resultados oficiales fueron hechos públicos, dieron al candidato del PAN, Felipe Calderón, un estrecho margen de ventaja (0,1%) sobre el candidato del PRD, Andrés Manuel López Obrador, siendo que los resultados preliminares mostraban una amplia ventaja de este. Se habló de una falla en el sistema del IFE en la madrugada, durante la cual el candidato del PAN rebasaba  por décimas a su oponente. Esto detonó molestia e inconformidad entre los votantes generando diversas manifestaciones en varias partes del país, principalmente en la capital. López Obrador y el PRD no reconocieron el resultado y surge la demanda del conteo voto por voto y casilla por casilla. López Obrador pide a sus seguidores, aglutinados por miles en el Zócalo, iniciar ese domingo un plantón permanente que se extendió por la calle de Madero y las avenidas Juárez y Reforma, hasta el Auditorio Nacional, y se autoproclamó Presidente Legítimo.
 
Mi propósito con la anterior reflexión, es hacer hincapié en que el descontento social, la lucha por la instauración de un sistema político democrático y el anhelo por un gobierno que enarbole ideales de justicia e igualdad, datan de antes del siglo XX, cuya expresión fueron los movimientos sociales anteriores y posteriores al del 68, que es menester tomar en cuenta para explicarse el resultado de las elecciones presidenciales del 1 de julio.

 El motivo de la controversia sería la malversación de mil 311 millones de pesos en las secretarías de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, que documentó y denunció la Auditoría Superior de la Federación (ASF). El sábado 15 López Obrador expreso a los reporteros que Rosario Robles es un chivo expiatorio y que las acusaciones en medios de comunicación sobre desvíos millonarios ocurridos durante su gestión en la Sedesol y  la Sedatu son un circo, como otros, porque a los de la mafia del poder y a algunos medios (prensa, radio y televisión) les gusta mucho ofrecer circo a la gente, lo han hecho los últimos 30 años, y nosotros ya no queremos eso. Para contextualizar: el 10 de enero de 2018 la ASF presentó ante la Procuraduría General de la República tres denuncias penales por malos manejos de casi 540 millones de pesos que la Sedesol entregó mediante convenios a tres universidades en 2015, año en que fueron secretarios Rosario Robles y José Antonio Meade (candidato del PRI a la presidencia). Y hace unos días, se dieron a conocer nuevos desvíos en la Sedatu por 700 millones de pesos.  No obstante, Rosario Robles, que contó con la protección de Peña Nieto, además de declararse inocente, exigir pruebas y pedir que la investiguen, recibe la absolución adelantada del presidente electo, a quien como jefa de Gobierno ayudó a ganar la elección del Distrito Federal en el 2000. Hay que resaltar que al calificar a Robles de chivo expiatorio, López Obrador no solo la defiende, sino que desacredita el trabajo de revisión de la cuenta pública que hizo la auditoría en la Sedesol y la Sedatu e incurre en el delito de encubrimiento ante un posible acto de corrupción. Por otra parte, será difícil que Monreal, coordinador de los senadores de Morena, logre que el Poder Legislativo finque responsabilidades a funcionarios salientes, como Robles, porque su líder y guía,  al que le deben el cargo que ahora ostentan, ya dijo que no se va a perseguir a nadie. Ni modo que lo contradigan.
CONGRUENCIA.- ¿Creerá López Obrador que porque él ya lo decidió, los mexicanos que votaron el 1 de julio contra la corrupción, el enriquecimiento inexplicable y  la impunidad, están de acuerdo en que perdone a los servidores públicos deshonestos? Ha dicho, una y otra vez, que el pueblo decide y manda, y si quiere ser congruente con su decir, necesita saber si la gente quiere perdón o castigo para los corruptos. Aunque la respuesta parece obvia, debería aprovechar las giras de agradecimiento por el país para preguntar.
EXENTOS.- Por ser federal, la nueva Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos no aplicará a los gobernadores que ganan más de los 108 mil pesos mensuales que recibirá el Presidente de la República. Destacan Martín Orozco, Aguascalientes ($245,742); Miguel Márquez, Guanajuato ($222,025); Arturo Núñez, Tabasco ($179,428); Alfredo del Mazo ($174,409); Alejandro Moreno Cárdenas, Campeche ($167,661); Aristóteles Sandoval ($166,195); Javier Corral, Chihuahua ($163,381); y Carlos Joaquín González, Quintana Roo ($160,667).
ATRACTIVO.- Los tabuladores de los estados arrojan para Miguel Riquelme, Coahuila ($158,835); Antonio Echevarría, Nayarit ($155.301); Héctor Astudillo, Guerrero($146,911); José Rosas Aispuro, Durango ($141,697); Rolando Zapata Bello, Yucatán ($141,152), Juan Manuel Carreras, San Luis Potosí ($137,746); Carlos Mendoza Davis, Baja California Sur ($118,972); Alejandro Tello, Zacatecas ($113,526); y Francisco Domínguez, Querétaro ($109,504). Económicamente resulta más atractivo ser gobernador que Presidente de la República.
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