El dilema de SheinbaumRafael Cienfuegos Calderón
De acuerdo a la idea que tiene de la clase media su mentor político y jefe del gobierno del cambio, Claudia Sheinbaum es “aspiracionista” –quiere ser presidenta de la República-, carece de “escrúpulos morales” -violó la Constitución y la Ley Electoral para convertirse en candidata virtual-, y es “ambiciosa” –pide ganar carro completo en las elecciones de 2024- pues proviene de ese estrato social de población. Y de la clase media-media, no de la media-baja ni de la media-alta, que es vilipendiada por el dueño del micrófono de las conferencias mañaneras, irónicamente, necesita Sheinbaum el respaldo para obtener en la elección presidencial el 50% de la votación que legitime su posible triunfo. El problema que ello le implica, es que granjearse a la población clasemediera, que resulta ser la más afectada por la inseguridad y violencia, la inflación y el pago de impuestos, pero que mueve la economía nacional, la llevaría inevitablemente a contradecir al líder de la transformación que en su visión de país tiene a los pobres y marginados como los auténticos representantes del “pueblo”, en tanto que los integrantes de la clase media y alta son individualistas, dan la espalda al prójimo, son ambiciosos, tienden al conservadurismo, apoyan a gobiernos corruptos, y son partidarios de que el que no tranza no avanza. ¿Qué tendría que decirle a la población de clase media la virtual candidata de Morena y aliados para borrar los agravios proferidos por su creador, ganarse su confianza y a la postre su respaldo electoral sin provocar malestar en el inquilino de Palacio Nacional o hasta para no confrontarse con él? ¿Que ella no es igual? ¿Qué el presidente –que la hizo candidata- no quiso decir lo que dijo? ¿Qué ella los respeta porque es igual que ellos al provenir de ese estrato social? ¿Qué reconoce que son personas honestas y que su nivel socioeconómico es producto del trabajo y el esfuerzo? La verdad es que Sheinbaum no la tiene fácil. De la forma como se conduzca hacia la población de clase madia –alrededor de 44 millones, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)- dependerá el apoyo que tiene de quien siempre la ha impulsado políticamente y, a la vez, la aceptación o rechazo de ese ejercito de votantes que en 2021 jugo un papel decisivo en el triunfo de la oposición en 9 alcaldías de la Ciudad de México que gobernaba Morena siendo ella jefa de Gobierno. Lo que generó este cambio fue que la clase media capitalina salió a votar. De hecho, al hacer un análisis distrito por distrito una de las constantes más importantes es que donde hay mayor participación de la ciudadanía, el partido oficial tiende a perder la elección. Por este motivo, la participación de la clase media será el factor clave para la elección de la próxima presidenta, opina Jesús De los Ríos Granja (El Financiero, 12-10-2023).volume00 Y abunda: La clase media es la más golpeada literalmente por el presidente al llamarla aspiracionista y fifí. Esto juega en contra del régimen actual que busca la manera de dividir este voto con una eventual candidatura de Movimiento Ciudadano para desincentivar la participación haciendo sentir que ya ganaron, que de nada sirve salir a votar. Esta es su verdadera estrategia y la hemos visto burdamente reflejada en distintas “encuestas” que proclaman esa avasalladora victoria con la que tanto sueñan. Hay que señalar que el hoy presidente recibió en la elección de 2018 más de 15 millones de votos de la clase media, pero… ¿Sheinbaum los podrá persuadir?
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Tibia postura de México en política exteriorRafael Cienfuegos Calderón
Bajo el manto protector de la Constitución –a la que recurre, respeta y acata sólo cuando le conviene y cuando no la infringe e ignora- específicamente del artículo 89 que señala que el jefe del Poder Ejecutivo es el responsable de “dirigir” la política exterior del país, el presidente del cambio adoptó una postura neutral –tibia y no comprometedora- ante el ataque bélico del grupo terrorista Hamás de Palestina contra población civil de Israel que está siendo asesinada. Eso mismo es lo que hizo a principios de 2022 cuando Ucrania fue invadida y sometida a cruentos ataques que pusieron al descubierto la ambición expansionista, el poderío militar y la belicosidad de Rusia. En ese entonces no hubo condena enérgica del gobierno de México a la agresión, como tampoco la hay hoy. El 24 de febrero de 2022 el padre de la transformación que afirma que la mejor política exterior es una buena política interior, expuso: En términos de política exterior nos vamos a seguir conduciendo a favor del diálogo, promoviendo que no se utilice la fuerza, que no haya ninguna guerra. México es un país que siempre se ha pronunciado por la paz y la solución pacífica de las controversias. A unos días del ataque terrorista a Israel (10-10-2023) mencionó en la mañanera: “Nosotros estamos a favor de la paz, no consideramos que deba utilizarse la violencia; es muy claro el mandato de nuestra Constitución en cuanto a política exterior: no intervención, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de las controversias. Esa es nuestra postura, no queremos la guerra, no queremos la violencia”. Cuando ocurrió la invasión de Rusia a Ucrania hubo tibieza y ahora ante el ataque de Palestina a Israel hay nuevamente tibieza. No hay definición del jefe del gobierno que prefiere estar bien con Dios y con el Diablo. No hay condena a hechos que la comunidad internacional reprueba. El problema del inquilino de Palacio Nacional es la doble moral con que actúa. A Evo Morales, expresidente de Bolivia, lo protegió tras haber perdido el referéndum para reelegirse por cuarta ocasión al ofrecerle asilo político y lo trajo a México en vuelo especial de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM), y a Pedro Castillo que como presidente de Perú quiso dar un golpe de Estado vía la disolución del Congreso que lo había destituido, le expresa su total respaldo y desconoce a sus sucesora llamándola espuria, razón por la que están rotas las relaciones diplomáticas. ¿Dónde quedó el mandato constitucional de “no intervención, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de las controversias”? Ese principio rector de la política exterior mexicana lo maneja a su antojo el Presidente porque tiene el poder para hacerlo y abusa del mismo. En la mañanera del día 10 el maestro de ceremonia de la mañanera dijo no estar de acuerdo con el reclamo que la embajadora de Israel, Einat Kranz Neiger hizo al gobierno de México por no haber tomado una postura “enérgica” ante los crímenes cometidos contra civiles de su país, a ello adujo que es porque por mandato constitucional, México es un país pacifista, que aboga por los derechos humanos. La embajadora, dijo, tiene todo el derecho a decirlo porque somos libres, (pero) nosotros respetamos al gobierno de Israel (y) no queremos la guerra. Somos pacifistas, no queremos que se pierda la vida de ningún ser humano ya sea de Israel o de Palestina. Destino incierto el de MarceloRafael Cienfuegos Calderón
En el juego de la política partidista siempre hay ganadores y perdedores, y dados cargados a favor de alguien de los que aspiran a un cargo de elección popular sea para la presidencia de la República o para una regiduría. Ese es el caso de Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, a quienes no debió causar sorpresa alguna la decisión que tomó el jefe del gobierno del cambio y la transformación sobre quién contendería por Morena y aliados para sucederlo en 2024. Ambos sabían desde que fueron mencionados como corcholatas en junio de 2021 que había favoritismo, dados cargados, y a favor de quién. Empero para Ebrard lo peor no es haber perdido la elección interna de encuestas y consulta que ahora, sin calificarlo como un proceso fraudulento, impugna ante su partido y la autoridad judicial electoral a efecto de que se reponga el proceso cuando Sheinbaum está encarrilada en la precampaña adelantada. Lo que lo afecta es no poder asimilar que el líder moral y político de Morena, el presidente prodemocracia, prefirió a la exjefa de gobierno de la Ciudad de México -su hechura, su caja de resonancia y su más leal servidora- y no a él, aunque en su momento lo favoreció para que ascendiera en su carrera política. Los hechos exponen que en el año 2000 se hizo a un lado para darle el paso como candidato a la jefatura del entonces Distrito Federa, que ganó y luego, tras un proceso de selección interna del PRD para designar candidato a la presidencia de 2012, aceptó sin discutir el cerrado resultado que dio ventaja a quien, sin embargo, perdió ante Peña Nieto. Ahora, la situación en que se encuentra Marcelo Ebrard es deplorable. Está perdido, embrollado y sin posibilidad de recuperar la presencia política que tenía hace tres meses y que se ganó como secretario de Relaciones Exteriores y aspirante a la presidencia. Recrimina a Morena haber permitido irregularidades durante el proceso de selección, pero no saldrá del partido, anunció la formación de un grupo político paralelo al interior del mismo y la dirigencia nacional lo rechazó de inmediato, quiere que se desconozca a Sheinbaum como la coordinadora de los comités de defensa de la Cuarta Transformación y virtual candidata, pero no se enfrentará ni afectará políticamente al presidente, pese a que él la impuso por “dedazo”. Marcelo, el animal político que a lo largo de los años acumuló experiencia en partidos como el Revolucionario Institucional (PRI) de 1977 a 1995, Centro Democrático (PCD), de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano (MC) y Morena, como funcionario y luego como jefe del Gobierno de la Ciudad de México, y titular de Relaciones Exteriores en cuatro años del actual gobierno, perdió el rumbo. Se especula que buscará un acuerdo con MC para que lo acepte como candidato a la presidencia, aunque Samuel García, gobernador de Nuevo León, que es de casa, está apuntado. Sumarse a la candidatura de Xóchitl Gálvez podría ser opción para que mantenga presencia política, empero tendría que enfrentar el rechazo de panistas y priístas. Y tiene el recurso de seguir en Morena, disciplinarse y acatar las decisiones cupulares para estar en condiciones de pedir la coordinación legislativa en la Cámara de Senadores que planteó el presidente del cambio para el segundo lugar del proceso de selección interno o hasta un puesto en el próximo gabinete de gobierno. Violencia política y elecciones del 2024Rafael Cienfuegos Calderón
Actualmente la violencia política que se presenta durante los procesos electorales en varias regiones del país está dirigida hacia aspirantes de todos los partidos en campaña por un cargo de elección popular y autoridades públicas de todos los órdenes de gobierno. Las muertes violentas van en aumento desde 2012 y como parece ser no hay forma de detenerlas, es una preocupación para el 2024. Hay versiones de que la violencia política que se vive es producto de la pugna entre grupos de la delincuencia organizada por el control territorial y del poder público, de la economía, rutas y mercados, que los llevó a buscar de manera directa incursionar en las contiendas político-electorales. La consultoría Integralia hizo hincapié en la intervención de la delincuencia organizada en la afectación del proceso electoral 20202021 con acciones tales como interferir a través de actos de violencia política, financiamiento de campañas, injerencia en procesos de selección de candidatos y actos de intimidación y coacción de votantes y operadores políticos. El exsenador Ricardo Monreal y aspirante perdedor a la candidatura de Morena a la presidencia diseccionó en un artículo (Milenio, 12-09-2023) el problema de la violencia política e incluyó lo que dijo ante consejeras y consejeros de su partido: “No puedo dejar de mencionar al elefante en la sala; al enemigo público número uno de nuestra seguridad y nuestra democracia, que habrá de acechar no solo a Morena, sino a todos los actores políticos que concurrirán a la elección más grande de nuestra historia: la intromisión de la delincuencia organizada en el proceso electoral y su actuar violento”. Por lo anterior pidió: “Cuidemos el perfil de nuestros candidatos, su seguridad, sus financiamientos, sus campañas. Cero tolerancia a la menor injerencia de este cisne negro en el proceso electoral”. Sin duda su temor tiene fundamento en los datos que publicó: Mientras que las elecciones previas a 2012 registraron asesinatos de candidatos de manera aislada (dos en 2009, tres en 2010, ocho en 2011 y cinco en 2012), a partir de 2015 la cifra se elevó a 12 candidatos y autoridades victimados, para cuatriplicarse a 48 en 2018 (Hernández, 2020) y alcanzar el récord de 139 víctimas mortales en el proceso electoral de 2021 (61 personas políticas y 78 funcionarios de gobierno, según el índice de violencia política de Etellekt Consultores). Y la preocupación por la violencia en las elecciones de México generó llamados de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de los Estados Americanos ( OEA) para que las autoridades del gobierno garanticen un periodo postelectoral pacífico, y que investiguen los crímenes y las violaciones de derechos humanos que tuvieron lugar en el periodo previo a la votación y el día de las elecciones. En el recuento de los hechos violentos ocurridos en la recién pasada elección figuran homicidios, secuestros y amenazas como parte de las 782 agresiones que se perpetraron contra políticos y candidatos. Reportes periodísticos destacan que con 90 asesinatos y 693 agresiones contra político y candidatos, el proceso electoral de 2021 es el más violento de los últimos 20 años, a pesar de que el gobierno del presidente de la transformación implementó un protocolo para blindar de amenazas del “crimen organizado” y de “cuello blanco” a los candidatos. Expone Monreal que el asesinato de dirigentes e integrantes de movimientos de izquierda que actuaban en el ámbito sindical, rural y estudiantil corría a cargo de grupos oficiales de seguridad de manera selectiva, y que a partir de la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón, los grupos del crimen organizado son quienes de manera generalizada lo cometen en tiempos de elecciones o no pero contra candidatos, políticos y servidores públicos. Quitan dinero a cambio climáticoRafael Cienfuegos Calderón
En detrimento de las acciones para la Adaptación y Mitigación de los Efectos del Cambio Climático y en favor del Tren Maya, Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) -empresas productivas (¿?) del Estado mexicano altamente contaminantes -, el presidente del cambio y la trasformación, ordenó que en el presupuesto de 2024 se haga una millonaria reasignación de recursos. Pretende echar mano de 125 mil 937 millones 262 mil 357 pesos para el Tren Maya; de un mil 878 millones 394 mil 012 pesos para Pemex; y de 36 mil 872 millones 240 mil 446 pesos para la CFE, que estaban etiquetados en el gasto del gobierno para el cambio climático. Esas reasignaciones de recursos forman parte del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2024, que aunque la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reconoce que los efectos del cambio climático son un riesgo incluso económico, en el gasto gubernamental no se prioriza su atención. La importancia de la Adaptación y Mitigación de los Efectos del Cambio Climático radica en que las acciones de la primera permitan alterar comportamiento, prácticas, sistemas y -en algunos casos- forma de vida para proteger a nuestras familias, la economía y el entorno en que vivimos. Por lo que hace a las de la segunda evitar y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero hacia la atmósfera para evitar que el planeta se caliente de manera más extrema. Cuanto más mitiguemos más fácil será adaptarse a los cambios que ya no podemos evitar Y es a este rubro al que el presidente que inventó e impulsa la Cuarta Transformación quiere quitarle recursos el próximo año para destinarlos a las obras del Tren Maya, cuyo costo se triplicará por sobre la inversión inicial de 120 mil millones de pesos, a Pemex, expresa que está en constante rescate financiero por su onerosa deuda, pérdidas y pasivos, y a la CFE, que presenta condiciones similares de deterioro. Pero la reasignación presupuestal que afecta la política ambiental ocurrió también en 2023 cuando 254 millones 838 mil 263 pesos pasaron al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) para el Tren Maya; un mil 583 millones 651 mil 725 se asignaron a Pemex; y 21 mil 522 millones 649 mil 293 a la CFE. Al respecto organizaciones civiles en defensa del medio ambiente señalaron la incongruencia de destinar recursos del combate al cambio climático a empresas que producen energías fósiles y son altamente contaminantes, así como a la obra del Tren Maya, que tiene impactos socio-ambientales. En el contexto de una crisis energética global durante la 27ª Conferencia de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP27) de noviembre de 2022, el gobierno de México asumió compromisos y fijó metas climáticas a alcanzar para el 2030. El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) hizo un análisis al respecto y concluyó que en los últimos cuatro años se ha transitado en sentido contrario de la tendencia mundial hacia la descarbonización de las actividades económicas. Las distintas acciones implementadas o propuestas por el gobierno, particularmente en el ámbito legislativo y regulatorio no demuestran un compromiso creíble del Estado mexicano con la transición energética y carecen de una ruta crítica para su implementación. Y aunado a ello, el presupuesto de egresos de 2024 quitará recursos etiquetados para la Adaptación y Mitigación de los Efectos del Cambio Climático. Presupuesto electorero para 2024Rafael Cienfuegos Calderón
En el año electoral de 2024, el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) prioriza la política social con 543 mil 933 millones de pesos (26% más recursos que el presente año), con el propósito de que sus beneficios sigan llegando a más de 30 millones de familias que reciben cuando menos un apoyo económico directo y en efectivo de los programas del Bienestar. Al más importante de esos programas, el de Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores que tiene más de 12 millones de personas inscritas, se propone canalizar 465 mil 048.7 millones de pesos (37% más) que saldrán de los 543 mil 933 millones que se proyecta asignar de presupuesto a la Secretaría del Bienestar. Con ese monto se cubriría el aumento del dinero que se reparte bimestralmente de cuatro mil 800 pesos a seis mil y -especulando de mala leche-, el costo del voto que puedan emitir los electores mayores de 65 años a favor de la candidata presidencial del líder del cambio e inventor de la transformación. Acorde al lema “primero los pobres” del presidente del “pueblo” que el pasado 5 de enero expuso: “ayudando a los pobres va uno a la segura porque ya saben que cuando se necesite defender, en este caso la transformación, se cuenta con el apoyo de ellos”, la Secretaría de Hacienda diseñó una propuesta de gasto gubernamental que garantiza los recursos económicos para sostener la política de desarrollo social. Y pobres, hay muchos en el país. Son 46 millones 800 mil personas las que viven en pobreza (36.3% de la población total) de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Este organismo autónomo expone que mientras disminuyó en cinco millones 100 mil el número de quienes se encuentran en esa condición de vida al pasar de 51 millones 900 mil en 2018 a 46 millones 800 mil en 2022, se sumaron 400 mil a la pobreza extrema, de 8 millones 700 mil personas a 9 millones 100 mil. Para apoyarlos, entre 2019 y 2023, el presidente del cambio aumentó el gasto de los programas Pensión para las Personas Adultas Mayores, de 123 mil 092.2 millones de pesos a 339 mil 341.3 millones; de Becas de Educación Básica Benito Juárez, de 31 mil 733.1 millones a 34 mil 922.1 millones; de Universidades del Bienestar, de 1 mil 230 millones a 1 mil 476 millones; de Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez, de 21 mil 270 millones a 37 mil 554 millones; de Jóvenes Construyendo el Futuro, de 5 mil 317 millones a 23 mil 090 millones; de Sembrando Vida, de 18 mil 463 millones a 37 mil 136 millones; de Jóvenes Escribiendo el Futuro, de 9 mil 195 millones a 11 mil 162 millones; y de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, de 2 mil 413 millones a 2 mil 926 millones. Con esos recursos, según el gobierno del cambio, se atiende principalmente a los sectores más necesitados, pero las transferencias monetarias no llegan a todos los que tienen niveles mayores de pobreza por limitaciones en el acceso a los programas sociales. En 2018, las transferencias representaron 18.7% del total de los ingresos mensuales de las personas más pobres. Para 2020, esta proporción se redujo a 12.5%, de acuerdo al Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2022 del Coneval, indicó Rodolfo de la Torre, director de movilidad social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (Expansión Política, 12-09-2023). En opinión de Dalia Toledo, directora de Finanzas Públicas y Anticorrupción de Ethos, Innovación en Políticas Públicas (Expansión Política, 12-09-2023), ante algunas fallas detectadas en los programas sociales, como falta de transparencia en su operación y elección de beneficiarios, estas iniciativas abren la puerta a usarse con fines electorales. “Sabemos que, de cara a las elecciones de 2024, el gasto social se puede convertir en una poderosísima arma electoral”. Informe presidencial de medias verdades y falsedadesRafael Cienfuegos Calderón
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) cuya presidenta, Rosario Piedra Ibarra, es incondicional del jefe del gobierno federal y adepta de la cuarta transformación, tiene “otros datos” oficiales que confirman que las fuerzas armadas sí reprimen, sí torturan y sí desaparecen personas en agravio del “pueblo” y desmienten lo dicho en el Quinto Informe de Gobierno. Igual que en las conferencias mañaneras, en su último informe el presidente (que afirma no miente) dijo medias verdades y falseó la realidad al expresar en Campeche el 1 de septiembre: “Ahora no se reprime al pueblo, no se ordenan masacres, no hay tortura, no se desaparece a nadie, no se tolera la violación de los derechos humanos”. Ante la Comisión se han interpuesto mil 588 denuncias contra miembros del Ejército en lo que va del gobierno del cambio y 31 concluyeron en una recomendación al acreditarse faltas graves por actos de tortura, detenciones ilegales o arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales. Si tiene conocimiento de esos datos que forman parte de carpetas que debería estar investigando la cooptada Comisión que perdió autonomía con la llegada de la transformación (¿?), el presidente incurre en omisión, ocultamiento de información y falsedad de declaraciones. Pero si desconoce esos datos oficiales su situación es preocupante porque implica que le están ocultando información y/o lo engañan, de ahí que en el Informe rendido haya asegurado tras encomiar las labores de las Fuerzas Armadas que a diferencia de lo que sucedía en otros sexenios, en este se ha demostrado que sus integrantes no se encargan de reprimir, torturar o desaparecer a la población. “En vez de militarizar al país como sostienen nuestros opositores, estamos dejando de manifiesto que los marinos y los soldados son pueblo uniformado; servidores públicos ejemplares; trabajadores leales y patriotas. Si bien el número de quejas (mil 588) es bajo en comparación con los sexenios de Calderón (cuatro mil 483) y Peña Nieto (dos mil 435), no significa que las fuerzas castrenses hayan cambiado su forma de operar. De acuerdo con un informe de la plataforma Seguridad Ciudadana: La vía civil (El Financiero, 01-09-2023) del total de personas detenidas por el Ejército entre diciembre 2018 y el mismo mes del 2021, 30% padecieron alguna forma de violencia como golpes con manos, objetos o contra la pared o el piso, y 12% sufrió asfixia o lesiones causadas por descargas eléctricas, quemaduras, cuchillos, armas de fuego y golpes en los genitales. Entre el 26 y el 27 de febrero circuló información en redes sociales sobre la muerte de cinco jóvenes y uno más herido, en Nuevo Lareto, Tamaulipas, después de un ataque a balazos por parte de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Tras estos hechos, la Comisión inició la recomendación No. 95 VG/2023 con el fin de que Sedena realice las investigaciones correspondientes y determine si sus elementos cometieron posibles violaciones a derechos humanos. El 2 de marzo, cuatro elementos del Ejército relacionados con el cvaso fueron vinculados a proceso por desobediencia y delito del fuero militar. La realidad es que las Fuerzas Armadas están preparadas para realizar acciones de reacción armada ante ataques de bandas delincuenciales o del crimen organizado que generan la violencia homicida e inseguridad que se vive en el país, pero no para actuar como policía de vigilancia y prevención de delitos, de ahí que en cumplimiento de la orden presidencial de pacificar al país con abrazos, no balazos, incurra en delitos de represión, tortura, desaparición de personas y violación de derechos humanos. Nada personal, pero habrá venganza |
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Rafael CienfuegosRafael Cienfuegos Calderón cursó la carrera de Periodismo y Comunicación Colectiva en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y se inició como reportero en 1978. Se ha desempeñado como tal en el periodismo escrito, principalmente, y ha incursionado en medios electrónicos (Canal Once Tv) y en noticieros de radio como colaborador. Archives
August 2025
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