ATISBOS

Gobierno cuatrotero va por control de medios de comunicación

Rafael Cienfuegos

La ambición del proyecto político-ideológico de la supuesta cuarta transformación de tener más poder del que ya tiene al concentrar en la figura presidencial el del Ejecutivo, Legislativo y Judicial,  y tener capturados los órganos electorales no tiene límite.

Quiere el control de los medios de comunicación de radio y televisión y en su momento el de periódicos impresos y plataformas digitales. Le incomodan las críticas y cuestionamientos, la exhibición de lo que oculta,  niega y dice como verdad a medias, y la exposición de actos de corrupción y enriquecimiento.

Tiene en la mira a los concesionarios de los medios electrónicos con los lineamientos de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión que contempla ampliar a plataformas digitales y  prensa escrita para regularlos, aunque vulnere el derecho de las personas de decidir libremente qué ver, qué oír y qué leer.

El objetivo de la Presidenta, de acuerdo al proyecto de Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias que presentó (28-07-2026) la Consejera Jurídica, Luisa María Alcalde, es que desde el poder se determine el contenido de la información y cuál considera falsa o descontextualizada.

Para ello están a consulta pública vía internet hasta el 21 de agosto los nuevos lineamientos que según se dice “garantizarán” la protección y los derechos de las audiencias y sancionarán a los concesionarios de radio y televisión que no las cumplan.

Con ese “disfraz” el gobierno atenta contra la libertad de prensa y propicia un retroceso democrático. Se arroga el derecho de censurar la información que le es adversa y molesta a los políticos del partido en el poder, censura a medios de comunicación, reporteros, columnistas y líderes de opinión que son el único contrapeso real al abuso del poder.

Dice Claudia Sheinbaum (28-07-2026) que los lineamientos no tienen relación con la censura, que el objetivo es la autorregulación respetando la pluralidad, ya que el derecho a la información veraz es constitucional.

La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión planteó en un comunicado que los lineamientos que regirán la aplicación de la nueva ley son ambiguos y dan lugar a la discrecionalidad del gobierno, puntos que entre otros hay que corregir para evitar una “regresión democrática y atentar contra la libertad de expresión”.

Precisa que el proyecto permite al gobierno definir qué es información falsa y cuál está descontextualizada, desvirtúa los mecanismos de autorregulación y anula al defensor de las audiencias que quedaría como subordinado a la autoridad.

La realidad es que el gobierno  amenaza la libertad de expresión, viola el derecho de las audiencias al imponerle lo que han de ver, escuchar y leer, atenta contra los medios al cambiar sus mecanismos de autorregulación y desautorizar las decisiones de los defensores de las audiencias que serán revisadas  para decidir qué contenidos se transmiten y cuáles no.

Por cierto, no fue Norma Solano, responsable de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) que tuvo injerencia directa en la elaboración detallada de los lineamientos referidos quien los dio a conocer,  sino Luisa María Alcalde, la consejera que tiene el encargo presidencial de señalar en la conferencia mañanera lo que es información falsa y desmentir a los medios.

Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19 y Relator Especial sobre la Libertad de Opinión y de Expresión de la ONU, advirtió (Reforma, 29-07-2026) que los lineamientos que buscan regular noticias y opiniones con el pretexto de garantizar los derechos de las audiencias colocan a México al lado de países autocráticos como Venezuela, Cuba Nicaragua, Sudan, Malasia y Tailandia.