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¿Hasta cuándo el neoliberalismo servirá de pretexto al Presidente?
Rafael Cienfuegos Calderón Aunque del presidente del cambio y la supuesta transformación se puede esperar desde un chiste, una ocurrencia, un despropósito, una reacción iracunda o una declaración simplista ante hechos reales que lastiman a la ciudadanía y al “pueblo” sabio y bueno que tanto mienta, como haber llegado en los primeros seis meses del año a 183 mil 789 víctimas de algún delito del fuero común, de acuerdo a cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), no deja de sorprender la ligereza con que rehúye su responsabilidad por el fracaso de la estrategia de seguridad pública que está muy lejos de pacificar el territorio nacional. La política neoliberal de los últimos 30 años le ha servido al Presidente para tener a quien culpar de los problemas que hoy padece el país, dañan a la población y que lejos de resolverse se agravan. Sin embargo, se los achaca al pasado aunque van más de tres años y medio de que asumió el gobierno. Por eso no sorprende que el jueves en la mañanera haya dicho que el asesinato de Luz Raquel Padilla en Zapopan, Jalisco, a quien rociaron con líquido solvente y prendieron fuego, se debe “al proceso de individualización que se impulsó en el periodo neoliberal”. O sea, la inseguridad, la violencia, los homicidios dolosos y los feminicidios del presente son causa del pasado y el gobierno transformador no es ni responsable ni tiene culpa. Cuestionado por los casos de Luz Raquel Padilla y Debanhi Escobar, por las agresiones contra mujeres y por la estrategia del gobierno para tratar estos asuntos respondió: “Mire, hay que ver las cosas en el fondo, las causas. Y aunque algunos no coincidan con mi manera de pensar, además no tienen por qué coincidir, cada quien es libre y no puede haber un pensamiento único, yo atribuyo, quizá por mi formación profesional, por mi formación en la ciencia social, atribuyo todo esto al proceso de individualización que se impulsó en el periodo neoliberal”. “Durante mucho tiempo se hicieron a un lado los valores, los valores morales, culturales, espirituales y se elevó a rango supremo lo material, eso es parte de la política neoliberal, había que triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Son de los daños que causó la política neoliberal, que no se reflejan en lo económico, incluso en lo material”. Ante esto resulta inevitable preguntarse: ¿Qué sería del gobernante del cambio sin el neoliberalismo? ¿Qué falta en el proceso de la transformación para ya no revertir sino siquiera aminorar los problemas que hay? ¿Acaso el Presidente no tiene la capacidad para hacer mejor las cosas que su antecesor? ¿Qué tanto tiempo le seguirá sirviendo al gobernante del cambio el neoliberalismo para liberarse de la responsabilidad que rehúye por la violencia, inseguridad, asesinatos, extorsiones, robos, secuestros, trata de personas y feminicidios? ¿Qué más se puede esperar de un presidente cuya fantasiosa visión le hace creer que el país va bien, que el suyo es un buen gobierno y que la población vive feliz?
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La Cuarta Transformación empodera a Fuerzas Armadas
Rafael Cienfuegos Calderón ¿Por qué y para qué?, son preguntas para las cuales no se tiene una respuesta clara cuando se trata de explicar el empoderamiento que ha dado a las Fuerzas Armadas el Presidente, aunque estas no han logrado ya no evitar sino atenuar el daño que causan en la población las organizaciones del crimen organizado y las bandas delincuenciales. Lo que sí está claro es que en el proceso de la cuarta transformación que busca imponer a toda costa el jefe del gobierno del cambio el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional tienen una participación amplia en áreas vitales para el funcionamiento económico, político y social del país. La presidencia actual, expone María Ampara Casar (Excélsior 13-07-2022) ha fortalecido a las Fuerzas Armadas a una velocidad y en una magnitud inusitadas, además de mantenerles un régimen de excepción impenetrable porque todo es clasificado. Aunque no se ha llegado a revertir la máxima política civilizatoria de que las Fuerzas Armadas no intervengan en la disputa por el poder, sin duda, sí la de exceder de manera extraordinaria sus funciones con más de un centenar de tareas: seguridad pública, contención de la migración, proyectos ferroviarios y aeroportuarios, reforestación; protección de oleoductos, aduanas, construcción de sucursales bancarias, reparto de vacunas, robo de combustible, aduanas… Por si fuera poco, el presupuesto de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha crecido 50% entre 2018 y 2021, sin contar los recursos destinados a la Guardia Nacional, que en 2022 alcanzaron los 60 mil millones de pesos. Dato curioso (indica): Las Fuerza Armadas no reclamaron ni el aumento presupuestal ni las nuevas tareas, el nuevo gobierno se los regaló. Esta situación que podría implicar que las Fuerzas Armadas sientan que tienen derecho a ser parte de la élite gobernante, será un problema en el corto plazo si la o el próximo presidente de la República quisiera modificar el trato preferente que tienen hoy. Va un ejemplo: El 75% de las utilidades de los aeropuertos Felipe Ángeles, de Tulum, de Chetumal y de Palenque, y del Tren Maya (a partir de que las haya) serán para el pago de jubilaciones a militares y marinos por la decisión del presidente del cambio de que las Fuerzas Armadas administren esas obras de transporte público a través de una empresa paraestatal denominada Olmeca, Maya, Mexica por 50 años, con posibilidad de que se amplié medio siglo mediante la renovación de la concesión. Pensar que por “patriotismo” los mandos militares pudieran renunciar al control de esos negocios o que dejen que se los arrebaten es sueño guajiro, máxime que la concesión fue un regalo del Presidente de la República, el Máximo Jefe de las Fuerzas Armadas. Y a todo esto hay que sumar la entrega del territorio nacional a la Sedena para que realice tareas de seguridad pública, si es que las cámaras de Diputados y Senadores aprueban la reforma constitucional del presidente para que la Guardia Nacional opere bajo su control. El presidente del cambio habla, Durazo actúa
Rafael Cienfuegos Calderón Contrario al presidente transformador que insulta, critica y recrimina a periodistas, columnistas y medios de comunicación por cuestionar en la información diaria la estrategia de seguridad del gobierno del cambio para pacificar al país en lugar de exaltar su efectividad y buenos resultados, en tanto que acumula muertes de comunicadores (a octubre de 2021, la Secretaría de Gobernación reportó 47 en el documento "Agravios contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas", entre enero y febrero cinco más fueron asesinados, y a la fecha se han sumado siete, en total 64 en tres años y medio del gobierno del cambio), el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo (exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana), contagiado (quizá) por la tirria manifiesta de su exjefe contra el gremio periodístico, decidió amordazar y amedrentar por la vía penal a la prensa para que deje de informar sobre la violencia e inseguridad que hay en el estado. Publicó el 6 de junio enmiendas al artículo 167 del Código Penal para incorporar el decreto 40 que establece: “Al que por cualquier medio y fuera de los supuestos autorizados por la ley audiograbe, comercialice, comparta, difunda, distribuya, entregue, exponga, envíe, filme, fotografíe, intercambie, oferte, publique, remita, reproduzca, revele, transmita o videograbe imágenes, audios, videos o documentos de cadáveres o parte de ellos que se encuentren relacionados con una investigación penal, de las circunstancias de la muerte o de las lesiones que éstos presenten, sea en el lugar de los hechos o en cualquier domicilio público o privado, se le impondrá de cuatro a 10 años de prisión y multa por un importe equivalente de 100 a 150 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización”. En comparación con el Presidente, Durazo no denostó, no criticó y no se quejó de la prensa ni se enojó, optó por la mano dura y la intimidación penal para silenciar a los periodistas con los instrumentos represivos del gobierno en un intento por ocultar la realidad. Ante esta agresión y violación a la libertad de expresión y de prensa las organizaciones Reporteros Sin Fronteras, Comité de Protección de Periodistas de Nueva York, Propuesta Cívica y Artículo 19 alzaron la voz para expresar que la modificación al Código Penal no cumple los objetivos de reducir la violencia o proteger a las víctimas de ésta, sino que generan un efecto de censura sobre información de relevancia pública, como es la inseguridad. Las conductas que castiga el decreto 40 son tantas, que podrían generar interpretaciones subjetivas y restrictivas, y su aplicación discrecional y arbitraria en detrimento del ejercicio periodístico, la libertad de expresión y el derecho a informar. Los conceptos que utiliza son tan abiertos como “compartir”, “enviar” o “difundir”, que ponen no sólo a integrantes de la prensa en riesgo de ser injustamente procesados y penalizados, sino incluso a cualquiera que utilice redes sociales y comparta las mismas noticias o imágenes que reciban. Cabe señalar que mientras el Presidente clama por la liberación del exhaker Julian Assange, fundador de WikiLeanks, acusado de 18 delitos por Estados Unidos, entre ellos espionaje, por publicar registros militares información confidencial y cables diplomáticos que según han puesto vidas en peligro, el columnista mexicano Mario Maldonado es perseguido por la Fiscalía General de la República. Tiene abierta una investigación por difundir un material que se publicó en YouTube e involucra al fiscal Alejandro Gertz Manero. Ciudad de México: ¿la más segura?
Rafael Cienfuegos Calderón Si se acepta como válido y apegado a la realidad el dato de que en promedio diario ocurren 1.6 homicidios dolosos en la Ciudad de México es viable pensar que la capital del país es la menos violenta, pero dista mucho de ser la más segura. En mayo de 2022 se denunciaron 21 mil 095 presuntos delitos de secuestro, robo con violencia a transeúntes, casa habitación, comercios y de vehículos, desaparición forzada, extorsión, feminicidio y trata de personas. En la incidencia delictiva nacional el Estado de México ocupa el primer lugar con 36 mil 582 y Guanajuato el tercero con 12 mil 368 delitos. Según la jefa de Gobierno (17 de mayo) de los primeros cuatro meses de 2019 al mismo periodo de 2022 los homicidios dolosos pasaron de 5.1 a 1.9 en promedio diario y en mayo pasado bajaron a 1.6. Un análisis del periódico Reforma con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), expone que en los 40 meses que van del gobierno de Claudia Sheinbaum se han registrado, incluidos los feminicidios que desde 2018 se contabilizan, 4 mil 36 homicidios dolosos, mientras que en el mismo lapso de Miguel Ángel Mancera fueron 2 mil 717; en el de Marcelo Ebrard, 2 mil 509, y en el de Andrés Manuel López Obrador, 2 mil 580. Datos del análisis de la organización México Evalúa (Animal Político, 17 de junio 2022) indican que a pesar de que las autoridades de la Ciudad de México destacan disminución en los homicidios, eso no ocurre en las alcaldías de Tláhuac, Azcapotzalco y Xochimilco. En esta última detectó un aumento de 50%, al pasar de 18 asesinatos en los primeros cuatro meses de 2021 a 27 en el mismo periodo de 2022, siendo más evidente el alza en homicidios contra mujeres, pues éstos se triplicaron al pasar de dos a siete. En cuanto al delito de narcomenudeo, en el 2021 hubo 84 denuncias, pero entre enero y abril de este año van 93, de acuerdo con datos del SESNSP. Otra información, la del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México señala que las alcaldías Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza, Benito Juárez e Iztacalco superan el promedio de incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes. Entre enero y octubre de 2021 la ciudad registró una tasa de 360.9 ilícitos de alto impacto y el de las alcaldías aludidas fue de 634.4, 539.6, 495.3, 408.2 y 397.5, respectivamente. Por otra parte, en el gobierno de Sheinbaum el número de mujeres desaparecidas creció 900% en comparación con la administración anterior. De acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, el número de mujeres desaparecidas y no localizadas en la capital pasó de 93 entre el 5 de diciembre de 2012 y el 16 de junio del 2016, a 930 del 5 de diciembre de 2018 al 16 de junio de 2022. De esa cifra 50 están entre 0-4 años de edad; 35, entre 5 y 9; 126, entre 10 y 14; 256, entre 15 y 19, y 79 entre 20 y 24. A partir de esos datos, el informe Trata De Personas y Desaparición de Mujeres en la Ciudad de México, realizado por la Comisión de Búsqueda local en 2021, plantea que una de las posibles causas de ese delito es la trata de personas. Así que ¿qué tan segura se puede considerar es la Ciudad de México? Toman vuelo las pérdidas económicas del AIFA
Rafael Cienfuegos Calderón La primera mega obra emblemática de la Cuarta Transformación puesta en marcha, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), tiene pérdidas que suman millones de pesos. Para rescatarlo el gobierno del cambio recurre a la transferencia de recursos vía subsidio. De esa forma, con los impuestos que paga el “pueblo”, cubre las pérdidas que tiene y que no dejará de tener en tanto no sea un negocio financieramente rentable. Tras ser inaugurado el 21 de marzo la facturación diaria del AIFA en el primer mes fue de 9 mil 946 pesos, contra 748 mil 746 pesos que se gastaron para que operara, lo que da un déficit de 738 mil 800 pesos. ¿Con qué cubrió el gobierno ese monto?, con los impuestos del “pueblo”. La revelación de la mala situación financiera del nuevo aeropuerto fue hecha por Aldo Munguía al publicar en El Financiero la información proporcionada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la autoridad del AIFA en respuesta a solicitudes de transparencia. Al cumplir 30 días de operaciones registró ingresos por 308 mil 331 pesos en tanto que los gastos operativos fueron de 23 millones 211 mil 143 pesos, lo que arrojó una pérdida de 22 millones 900 mil pesos. El 21 de junio la terminal aérea militar y comercial de Santa Lucía cumplió tres meses con el mismo número de vuelos desde su inauguración por falta de demanda de viajeros, por lo que el quebranto económico acumulado al mantenerse sin cambio el costo operativo, es de 69 millones 634 mil 361 pesos. Además, en el AIFA hay 193 espacios asignados para renta de locales y de ellos solo 85 están contratados. El aeropuerto Felipe Ángeles, obra emblemática del gobierno del presidente de la transformación junto con el Tren Maya y la refinería Dos bocas, que tuvo un costo de construcción (según datos oficiales) de 75 mil millones de pesos de recursos públicos (aunque trascendió que superó los 84 mil millones), presenta una situación financiera de inviabilidad que es difícil predecir cuánto tiempo durará y hasta cuándo tendrá que subsidiarse. Quizá por esto no puede dejarse de comparar con el proyecto del Aeropuerto Internacional de México en Texcoco, de inversión privada, que se canceló ya avanzada la obra por el resultado de la consulta popular impuesta por el Presidente para decidir su suerte y en la que participaron un millón 067 mil 859 personas, menos del 1% del padrón electoral. Pero en su afán por impulsar al Felipe Ángeles para que tome vuelo, el promotor de la 4T ha planteado a las aerolíneas un paquete de estímulos para que migren 20% de sus vuelos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Pablo Casas Lías, director del Instituto Nacional de Investigaciones Jurídico Aeronáuticas (INIJA) dijo a El Financiero que Volaris, que prevé tener cien operaciones por semana en la nueva terminal, obtendrá beneficios en costos aeroportuarios 40% más bajos, y en el aeropuerto de Toluca, que es también competencia para el AIFA, con mejor infraestructura y vías establecidas de comunicación, no como en Santa Lucía que carece de ellas, el gobierno dará incentivos hasta del 70%. Con ello, a las pérdidas económicas que tiene el aeropuerto de Santa Lucía, que se cubren con los impuestos del “pueblo”, se sumarán los recursos que las aerolíneas dejen de pagar por la vía de impuestos bajos por uso de las terminales aéreas, que serán un subsidio gubernamental para el sector privado. La oposición no sabe qué hacer y da patadas de ahogado
Rafael Cienfuegos Calderón Después del fracaso electoral del 5 de junio, que es secuela del crecimiento político-territorial que inició el movimiento-partido Morena en 2018 y que hoy se traduce en 22 gobiernos estatales en su poder, la oposición coaligada aún en Va por México no sabe qué hacer, está extraviada, debilitada y, en el caso del PRI y el PRD, al borde de la extinción. En esa condición a los opositores partidistas no les queda más que dar patadas de ahogado y oponerse, sin estrategia política estructurada, a las declaraciones, imposiciones, actos de autoridad, decisiones, reformas legales, ocurrencias y dichos del presidente del cambio, quien no se equivoca al afirmar que PAN, PRI y PRD “no proponen nada, solo se dedican a estorbar y a bloquear a su gobierno”. El Presidente reta a los partidos de Va por México a dar nombres de quienes podrían ser sus candidatos a la presidencia de la República en 2024, como lo ha hecho él, y se burla porque no tienen respuesta, lo único que atinan hacer es dar declaraciones de prensa y, en efecto, ninguno cuenta con un militante que tenga presencia suficiente para contrarreste el arrastre político nacional y la popularidad del Presidente y alcanzar a sus corcholatas: Claudia, Marcelo y Adán Augusto. Dijo el promotor de la transformación que después de los resultados de las pasadas elecciones se pensaría que en la oposición habría una revisión, un replanteamiento, análisis y autocrítica que la lleve a rectificar, pero no, es más de lo mismo. Criticó que PAN, PRI y PRD no vayan a respaldar su iniciativa de reforma electoral (como lo anunciaron) porque quieren seguir con los fraudes teniendo consejeros (del Instituto Nacional Electoral (INE) que burlan la voluntad del “pueblo” y son antidemocráticos. Sin embargo, en esto desacierta el Presidente. Desde que los ciudadanos son funcionarios de casilla en los comicios que organiza y avala el INE, no hay posibilidad de fraude y sí garantía de certeza, limpieza y trasparencia. Sobre la reforma para incorporar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa, el titular del gobierno federal adelantó que también va a ser rechazada porque lo que quieren es que se resucite a la Policía Federal y que se controle desde la Secretaría de Gobernación sin profesionalismo, disciplina, honestidad y lealtad al “pueblo”, como antes. Empero contrario a su visión, lo que motiva el rechazo (inclusive de la población) es la militarización de la seguridad pública del país. En las instalaciones del 98 Batallón de Infantería recalcó el día 10 que las cosas ya cambiaron porque es el “pueblo” el que “manda” y “decide”. Pero esto tiene sus asegunes. Que se sepa, el “pueblo” no le pidió esas reformas ni resolvió nada sobre la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, el Tren Maya y la refinería Dos Bocas. Mientras, el PAN, el PRI y el PRD presentaron una “moratoria constitucional” para no aprobar en el tiempo que resta de la actual legislatura ninguna iniciativa de reforma a la Constitución, en respuesta a la “intromisión” del gobierno federal en las recientes campañas políticas y por la “cerrazón” de Morena y el presidente de la República al diálogo. No son políticos democráticos, son autoritarios
Rafael Cienfuegos Calderón La dirigencia del movimiento-partido Morena es dictatorial. Denunció judicialmente a los opositores del presidente del cambio que quiere imponer a toda costa su visión de país y una transformación que no se sabe en qué consiste, para que sean perseguidos y encarcelados por la Fiscalía General de la República, que dicho sea de paso, es una autoridad sumisa al Poder Ejecutivo. Se asume defensora de la democracia, respetuosa de las libertades consagradas en la Constitución como derechos individuales, y apegada a la legalidad, empero la dirigencia de Mario Delgado, en consonancia con las actitudes asumidas por el fundador y líder moral de Morena luego de que la reforma en materia eléctrica fue rechazada, es verdugo político de los 223 diputados del PRI, PAN, PRD y MC a quienes sometió a linchamiento ciudadano, exhibió como “traidores a la patria” y acusó formalmente por “actos contra la independencia, soberanía e integridad de la nación mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero”. Eso es lo que fundamentó Delgado ante la Fiscalía no obstante que los denunciados, como miembros del Poder Legislativo, ejercieron su derecho a votar como les dictó su conciencia o arbitrio, interés o voluntad, sobre la iniciativa de reforma presentada por el Presidente. La persecución político-judicial de los opositores a un gobierno es característica de una dictadura, de regímenes políticos que no garantizan la libertad de expresión, y que no reconocen como legítimo el pluralismo político. A decir de José Weldenberg (El Universal 07-06-2022) “no son políticos democráticos, son autoritarios, carentes de ética y proclives al despotismo”. Pero sea como sea, la denuncia la presentó el 31 de mayo con apego al artículo 123 del código penal federal, que prevé penas de prisión de cinco a cuarenta años a los mexicanos que cometan alguno de los 14 supuestos considerados como “traición a la patria”. Ahora son los 223 diputados federales, pero antes seis consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) que votaron a favor de suspender temporalmente la organización de la consulta de revocación de mandato, fueron denunciados ante la instancia judicial acusados de abuso de autoridad y coalición de servidores públicos, y 31 científicos tienen procesos abiertos presumiblemente por el delito de delincuencia organizada ante supuestas asignaciones millonarias a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). Sobre a denuncia contra los diputados el exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cossío, estima que ni mediante un juicio penal o político podría demandarse responsabilidad alguna a quienes votaron en contra de la reforma eléctrica. En un artículo para El País, consideró “sumamente restringidas” las opciones de llevarlos ante los tribunales. “Tendría que probarse la vinculación individual de las acciones concretas con un Gobierno o grupo extranjero para conseguir el voto o, más complejo aún, la existencia de un interés directo y autónomo en tal sentido”. Elecciones de Estado en la 4T
Rafael Cienfuegos Calderón El próximo 5 de junio el Presidente de la transformación se deleitará con el triunfo electoral que le dará a su movimiento-partido Morena el uso del poder del Estado y su maquinaria. Quintana Roo, Tamaulipas, Hidalgo, Aguascalientes, Durango y Oaxaca son el laboratorio de la elección de Estado que a partir de los resultados se mejorará y afianzará para replicarla en 2023 en Coahuila y Estado de México, y en 2024 al renovar la presidencia de la República, gubernaturas en Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz, Yucatán y la Ciudad de México, y las cámaras de diputados y senadores. La contienda de este año es una prueba con la que el presidente busca que su partido sea fuerza política hegemónica como lo fue por siete décadas el PRI, aunque para ello viole la Ley Electoral y se rompa el equilibrio de la equidad democrática, como se hacía antes. Mario Delgado, líder de Morena llamó (16-05-2022) a los secretarios de Estado y gobernadores a apoyar las campañas de sus candidatos haciéndoles notar que no por ocupar ese cargo se olviden que deben apoyar al partido. Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno, Adán Augusto López y Marcelo Ebrard, secretarios de Gobernación y de Relaciones Exteriores, y Ricardo Monreal, líder de los senadores de Morena, aspirantes a la presidencia, respondieron y se placearon por los seis estados los fines de semana, lo mismo que gobernadores. Eso llevó a la coalición Va por México (PAN, PRI, PRD) a presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en la que dicen acreditar el gasto ilegal de recursos públicos, violaciones a la norma electoral y el uso de servicios públicos federales, por lo que demandó sanciones. Nada ocurrió, y el proselitismo político-gubernamental se hizo sin recato y sin respeto a la ley electoral. Si la prueba de elección de Estado le sale bien a Morena y gana cuatro o cinco estados (Durango y Aguascalientes tienen competencia cerrada), tendría 20 o 21 de las 32 entidades federativas en su poder. A ello Ricardo Monreal (Milenio 31-05-2022) suma que es mayoría en 18 congresos locales y que el año pasado en las elecciones municipales fue el partido que más ganó en solitario (246), PRI (218) y el PAN (185). Hoy, en los 100 municipios más poblados del país, donde habitan 68 millones, la mitad de la población nacional, Morena y sus aliados gobiernan más de la tercera parte. Destacó la rápida consolidación de su partido en todo el país: nacido en 2014, en solo cuatro años alcanzó la Presidencia de la República; en ocho, ya es fuerza estatal y municipal, y en 10, podría refrendar la titularidad del Ejecutivo federal. No obstante descarta que esta transición termine en la restauración del sistema de partido hegemónico, que Morena sea un nuevo PRI. Eso está por verse. Ese crecimiento político y territorial se debe, hay que anotar, al Presidente y su popularidad, a su activismo, a la narrativa mañanera de que los neoliberales y conservadores son los responsables los problemas que hay en el país, al uso del aparato gubernamental en apoyo a los candidatos y a la ausencia de oposición. Van casi cuatro años y no hay contrapeso político al poder que concentra y ejerce el Presidente, de ahí que las del domingo, las de 2023 y 2024 serán sin problema elecciones de Estado en las que se viole la ley, se gasten recursos públicos y se activen funcionarios y servidores gubernamentales en tareas partidistas, y, además, se usen electoralmente los programas sociales de reparto de dinero. Otra vez son tema los asesinatos de mujeres
Rafael Cienfuegos Calderón Diga lo que diga el gobierno del cambio y maneje como maneje sus datos, lo innegable, lo real, lo lamentable, es que la estrategia de política pública (si es que la hay) para proteger a las mujeres de la violencia, trata de personas, violación y asesinatos de odio, es un total y rotundo fracaso. Y es por eso que este espacio de periodismo de opinión seguirá exponiendo, por convicción y compromiso, que no han servido de nada los instrumentos jurídicos que hay para garantizar y lograr que las mujeres en México vivan libres de mal tratos y sin miedo, y denunciando la indolencia con la que los gobiernos federal, estatal y municipal y autoridades encargadas de impartir justicia propician que la impunidad impere en grado máximo. El mes de abril de los tres años anteriores y del presente ofrece la evidencia. Ocurrieron 82 feminicidios en 2022, igual número en 2021, 73 en 2020 y 68 en 2019 (en diciembre de 2018, al inicio del gobierno del cambio, 101). Ante ello se manipulan los datos oficiales y/o se dan amañados con el fin de falsear la realidad y/o confundir. En su informe del 20 de mayo, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) afirmó que en abril de este año los feminicidios habían bajado 26.8% con respecto a agosto de 2021, cuando hubo el máximo histórico de 112 asesinatos de mujeres. ¿Por qué hizo la comparación con agosto del año anterior y no con abril como corresponde? ¿Por qué no con el mes que le antecedió, marzo, tanto de 2021 como de 2022? La respuesta es evidentemente, porque no hay decremento alguno y por el contrario la tendencia se mantiene a la alza. Para conocer el avance o retroceso de los feminicidios en México, El Financiero analizó los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y comparó los asesinatos de mujeres ocurridos en los meses de abril del gobierno de López Obrador. Hubo más feminicidios en abril de 2022 que en 2021, 2020 y 2019. En abril de 2018 con Peña Nieto hubo 81, y en diciembre, primer mes del nuevo gobierno, se llegó al récord histórico de 101. Para abril de 2019, el reporte fue de 68; en 2020 hubo 73; en 2021 fueron 82 (ese año es hasta ahora el más violento contra las mujeres con mil 16); y la cifra de abril de 2022 también es de 82, lo que indica que no hay disminución. En enero pasado el registro total fue de 79 feminicidios; en febrero, 83; en marzo, mes del Día Internacional de la Mujer, 75; y en abril 82. Además, este año han aumentado otros delitos que atentan contra la integridad y dignidad de la mujer, como trata de personas, lesiones culposas, homicidios culposos, y violación. La violencia feminicida es una tragedia nacional que, como se expuso anteriormente en esta columna, es superada por la tragedia de tener un gobierno que no sabe qué hacer ni cómo responder a las mujeres que exigen la protección y seguridad a que tienen derecho. La insistencia de los medios de comunicación de todo tipo para informar sobre la violencia y los asesinatos de mujeres permitirá que estas sean visibilizadas y que dejen de ser menospreciadas e ignoradas por un gobierno falto de sensibilidad, respeto y responsabilidad, y que para la sociedad el número de feminicidios no sea solo una estadística ni se convierta en algo habitual, por el contrario, que lo sienta como un problema para el que se exige atención y solución. Ser popular a pesar de los pesares
Rafael Cienfuegos Calderón Quienes apoyan al Presidente y lo colocan en la categoría del más popular (o populista) en la historia reciente de México, que oscilan según encuestas entre el 56 y 60% de la población, son en su mayoría los económicamente desfavorecidos que mantienen la esperanza de que en algún momento su situación de vida habrá de mejorar, así como los beneficiarios de los programas sociales que reciben en efectivo subsidios por 445 mil 520 millones de pesos en 2022 (100 mil millones de pesos más respecto al año pasado, Secretaría de Hacienda). Pero que sea popular y carismática la persona que ocupa la presidencia, que conecte con el ciudadano de a pie, que diga lo que piensa, que haga lo que manda el “pueblo”, que sea dicharachero y ocurrente, que no mienta, que cumpla sus promesas, que batalle con los problemas que heredó de gobiernos neoliberales, con las secuelas de la pandemia y con grupos de conservadores y fifís, que combata la pobreza, que lo manchen familiares involucrados en escándalos de corrupción, que proteja a delincuentes, que elogie a Trump, que ataque y difame a la UNAM, al INE, a periodistas y columnistas, que defienda a dictadores, que no acepte críticas, y que a toda costa quiera imponer su particular proyecto de transformación, no equivale a que sea un buen gobernante. El Presidente está reprobado por la inseguridad y violencia, por el estancamiento económico y el desempleo y por la corrupción que impera en el gobierno. Aunque como escribió en Milenio Jorge Zepeda Patterson (17-05-2022) “el problema con el “populismo” es que razonablemente ejecutado funciona muy bien desde la perspectiva de las mayorías, y López Obrador ha ganado la narrativa de cara a los sectores populares. El “México profundo” siente que por vez primera en Palacio Nacional hay alguien que habla en su nombre y fustiga a los de arriba, que ha elevado 60% el salario mínimo, entrega 3 mil 850 pesos bimestrales a 8 millones de ancianos, ayuda que para muchos evita la miseria absoluta, y que en general dispersa de manera directa cerca de 700 mil millones de pesos anuales entre la población necesitada. A su decir, la aprobación de López Obrador obedece a que aun cuando no esté exento de errores, su gobierno ha tomado acciones que buscan mejorar la condición de la población necesitada, que en el país es mayoría. La encuesta de El Financiero (02-05-2022) revela que 55% de mexicanos estima que el presidente y su gobierno ha transformado algo o mucho al país, 44% dice que poco o nada; 56% lo aprueba y 42 lo desaprueba; 38% considera que el país está mejor que antes, 37% que está igual y 23% que está peor; 63% reprueba al gobierno en el manejo de la seguridad pública; 49% en el combate a la corrupción; y 42% en cómo lleva la economía; 32% tiene un ánimo pesimista en cuanto a las posibilidades de encontrar trabajo; y 41% está en un ánimo malo o muy malo sobre su situación económica y financiera personal. |
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Rafael CienfuegosRafael Cienfuegos Calderón cursó la carrera de Periodismo y Comunicación Colectiva en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y se inició como reportero en 1978. Se ha desempeñado como tal en el periodismo escrito, principalmente, y ha incursionado en medios electrónicos (Canal Once Tv) y en noticieros de radio como colaborador. Archives
May 2026
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