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Marcelo y la antidemocracia de Morena Rafael Cienfuegos Calderón De las tres corcholatas más visibles, Marcelo Ebrard es el de mayor trayectoria y experiencia política, empero, eso, al parecer, no le alcanza para darse cuenta que la elección de candidato del movimiento-partido Morena no tiene ni tendrá piso parejo, que el procedimiento de elección por encuesta no será democrático, y que no habrá confianza en el resultado. ¿A caso no percibe que los dados están cargados a favor de Claudia Sheinbaum? Ella es aclamada como “presidenta” por una mayoría de amlo-simpatizantes que parece están convencidos de que como es el designio del presidente para que dé continuidad a su proyecto político de transformación, sin quitarle una coma, tienen que impulsarla, respaldarla y apoyarla? En estricto sentido Ebrard supera políticamente a Sheinbaum, pero ambos serán los contendientes de importancia de Morena, toda vez que Adán Augusto López, que hace el papel de comparsa en el juego sucesorio, es posible se retire en octubre luego de la primera encuesta. Pero entre sus limitantes están que no se hizo en el movimiento lepezobradorista, como ella, sino que se sumó a este, y que no es caja de resonancia de los dichos del Presidente ni los asume abiertamente como verdad absoluta ni los defiende como si fueran propios, como sí lo hace Sheinbaum en una exhibición de “lealtad ciega”. Las encuestas que elaboran o encargan algunos periódicos muestran un sube y baja para ambos en la preferencia y en ocasiones empate técnico. Pero la constancia con que el líder de la llamada Cuarta Transformación defiende a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México en los actos mañaneros (a pesar de los hechos), la elogia y califica de buena gobernante, persona trabajadora y honesta, hace pensar que en el momento de la definición la cargada de militantes y simpatizantes morenistas se inclinará a su favor. Aun así, Ebrard mantiene viva la esperanza de ganar las encuestas que aplicarán dos casas demoscópicas independientes, pero con las preguntas que habrá de elaborar la dirigencia de Morena, misma que avalará los resultados. ¿Qué tendría que suceder para que él se haga de la candidatura presidencial? Van tres escenarios: Que la imagen de Sheinbaum caiga a niveles que pongan en duda la garantía de triunfo electoral en 2024, pues como figura pública se ha ido desgastando en lo que va de la larga sucesión presidencial adelantada a causa de decisiones de gobierno equivocadas y el agravamiento de problemas que aquejan a los pobladores de la ciudad, como los del Metro, por ejemplo. Que las inconformidades de Canadá y Estados Unidos por el incumplimiento del TMEC por parte de México aumenten y se recrudezcan al grado de poner en riesgo la relación comercial, Para hacerles frente el gobierno lo necesitaría para negociar y llegar a acuerdos favorables dada la presencia que tiene ante los gobiernos socios. Que busque y obtenga el cobijo de otro partido político. En tanto, el secretario de Relaciones Exteriores se muestra optimista respecto al método de selección aunque pide que se realice con criterios que garanticen piso parejo y transparencia para que se acepte el resultado, con debates para que la población se entere de lo que propone cada quien, con aspirantes que hayan renunciado a su cargo público previó a la celebración de la primera encuesta y que se haga una sola y clara pregunta: ¿Quién quieres que sea (el candidato)?
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La orden del Presidente
Rafael Cienfuegos Calderón Asumiendo el papel de recadero de quien lo incluyó en la tripleta de corcholatas para que aspire a la candidatura del movimiento–partido en el poder a la presidencia de la República, Adán Augusto López, secretario de Gobernación (SG), fue a decir a los diputados oficialistas que la elección de los cuatro consejeros del Instituto Federal Electoral (INE) que habrán de tomar posesión en abril, “va a ser por insaculación” (sorteo o tómbola). Si eso es lo que quiere el presidente del cambio, su plan ha de ser tener una mayoría de consejeros electorales afines a su proyecto político en caso de que no se aprueben en las cámaras de diputados y senadores las reformas electorales, o de que, si pasan, la Suprema Corte de Justicia las declare inconstitucionales. La orden del Presidente ya fue emitida y la elección por insaculación de los nuevos consejeros electorales, incluido el presidente del INE es, según Adán Augusto López, para eliminar la necesidad de que Morena tenga que “suplicar” a los partidos de oposición la construcción de una artificial mayoría constitucional para elegirlos en el Pleno de la Cámara de Diputados. Eso descarta, de entrada, la posibilidad de que haya negociación y acuerdos parlamentarios. Sin embargo, la elección de quienes reemplazarán a Lorenzo Córdova, Roberto Ruiz, Ciro Murayama y Adriana Favela en el Consejo General del INE, no puede eludir el procedimiento que establece el artículo 41 de la Constitución. Que la Cámara de Diputados, de acuerdo a sus atribuciones, abrirá el proceso para designar un comité técnico de evaluación integrado por siete personas de reconocido prestigio, que recibirá la lista completa de los aspirantes, evaluará el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales, así como su idoneidad para desempeñar el cargo, seleccionará a los mejores evaluados y remitirá la relación correspondiente al órgano de dirección política de la cámara para que proceda a la votación. Solo que no haya consenso entre los partidos por diferencias irreconciliables ni se alcancen las dos terceras partes de los votos, se prevén dos insaculaciones, una en el pleno del órgano legislativo y otra, en caso extremo, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Por tanto, la elección a modo de los consejeros que quiere el presidente para transformar la democracia y de la que ya tomaron nota los diputados oficialistas, no podrá transitar salvo que se violente la Constitución. Que quizá sea eso lo que se pretende dada la contundencia de las palabras del secretario de Gobernación en la reunión plenaria de los legisladores de Morena: la elección de los nuevos consejeros “va a ser por insaculación”. “Así se puede y se debe elegir”. Cabe recordar que como resultado de los cuestionamientos respecto de la injerencia de los partidos en el nombramiento de consejeros, la reforma electoral de 2014 que transformó al Instituto Federal Electoral (IFE) en INE, incluyó en la Constitución varias novedades, entre ellas la participación de la sociedad civil en parte del proceso y mecanismos para destrabar eventuales desacuerdos que pudieran obstruir la elección. Sin embargo, el procedimiento se ha ido integrando con procesos y candados que generan dudas. Además, el procedimiento tiene cuatro etapas a cubrir e incluye un mecanismo mixto que contempla tanto la opinión de integrantes de la sociedad civil, como la de los diputados en la fase de evaluación y selección de perfiles, pero sólo los diputados eligen mediante sus votos en sesión plenaria. La rebatiña en la arena política por el control del INE mediante la integración de su Consejo General ya inició y falta ver la reacción de la oposición que hasta ahora ha asumido la defensa de la autoridad electoral con firmeza, lo mismo que las organizaciones civiles que tomaron las calles en varias ciudades del país el pasado 13 de noviembre y que se aprestan a hacerlo otra vez el próximo día 26 con la proclama “Mi voto no se toca”. Desconfianza en la política
Rafael Cienfuegos Calderón El alto grado de desconfianza que hay entre partidos y actores políticos obliga a la celebración de acuerdos o pactos previos a los procesos electorales aunque no se respeten ni se cumplan. Esa es una tradición de la cultura político-electoral de México que sirve nada más para que los líderes de partidos y candidatos se exhiban en las precampañas y campañas al contender por una presidencia municipal, una gubernatura y hasta la presidencia de la República. Ante la proximidad de la elección de julio para gobernador del Estado de México se firmó el Pacto por la Integridad del Proceso Electoral Estatal 2022-2023. Años antes (27 junio de 2012) los aspirantes presidenciales Josefina Vázquez Mota, Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador y Gabriel Cuadri firmaron un “inédito” pacto que los comprometía a respetar el resultado electoral, propiciar la civilidad política y respetar la ley; empero, el abanderado del PRD-PT-MC no lo cumplió y alego fraude del PRI. Ante esa obstinada y constante desconfianza y por presión de los partidos se sumó al trabajo del Instituto Federal Electoral (INE) la fiscalización de gastos de los partidos políticos y candidatos para que no rebasen los topes de campaña, limitar la participación de dinero privado e impedir el uso de recursos económicos de procedencia ilícita, atender las denuncias por actos anticipados de campaña y por la promoción de candidatos con recursos públicos, lo que aumentó el costo de los procesos electorales. La desconfianza propicia el desconocimiento de los resultados electorales y el triunfo del adversario bajo la acusación de fraude. Esa desconfianza contamina a los votantes que al descalificar a partidos y candidatos optan por no acudir a las urnas el día de la elección o por anular su voto. Si la aún incipiente democracia mexicana no avanza ni se consolida es por la desconfianza que hay y que en tiempos electorales se quiere suplir artificialmente con pactos o acuerdos. En el documento firmado en el Estado de México los dirigentes de Morena, PAN, PRD, PRI, Movimiento Ciudadano, PVEM y Nueva Alianza exponen que México tiene un sistema de elecciones y justicia electoral sólidos, legítimos y reconocidos por políticos y ciudadanos como garante de procesos democráticos, libres, justos y competitivos, sin embargo existen amenazas al sistema democrático. La más palpable es la violencia, que ensombrece los comicios, además de la violación de derechos humanos, la corrupción y la discriminación, el uso indebido de recursos públicos y el financiamiento ilícito, amenazas a las instituciones y prácticas como compra y coacción del voto, velada o directa. Estos delitos electorales afectan la legitimidad de las personas electas y la confianza de la ciudadanía. Ante ello acordaron respetar la ley electoral, los procesos y procedimientos que en ella se establecen; apegar sus conductas a los principios democráticos; contribuir a la celebración de un proceso electoral profesional, imparcial y transparente, y canalizar y procesar las diferencias a través de los cauces institucionales. Sin embargo, el día 24 en el Instituto Electoral de la entidad los representantes partidistas se enfrentaron con acusaciones mutuas de corrupción. El presidente INE, Lorenzo Córdova calificó de preocupante la polarización e intolerancia que existe en la discusión pública sobre los procesos electorales del Estado de México y Coahuila, que son la antesala de las elecciones más grandes de la historia que habrán en 2024. El daño que causo la ministra Esquivel
Rafael Cienfuegos Calderón El estigma del descredito y la desconfianza seguirá a la ministra Jazmín Esquivel tanto en su vida futura como ahora que se aferra a continuar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aduciendo que no tiene nada que ocultar ni de que avergonzarse. Continuaré trabajando intensamente. Y hoy más que nunca, por la dignidad de las personas, defendiendo la Constitución y los derechos humanos, así como los principios democráticos de México. No importa que se demuestre legalmente (si llega a suceder) que cometió plagio o si le retiran el título de licenciada en Derecho por “tomar” contenido de otra tesis para elaborar la suya y no importa tampoco que el presidente que combate la corrupción y propugna por la honestidad la defienda. Lo que sí importa es el daño que causa a la Suprema Corte al desprestigiarla, el daño que causa a la UNAM al poner en duda la calidad y profesionalismo de los estudiantes que prepara, y el daño que causa a la imagen del jefe del Poder Ejecutivo que la propuso como magistrada y que la impulso para que se convirtiera en presidenta del máximo órgano de justicia. Además de esas consecuencias, el caso del plagio propició que el presidente padre de la transformación arremetiera contra las autoridades universitarias con una nueva andanada de calificativos y acusaciones. A este respecto, expuso Mauricio Merino, investigador de la Universidad de Guadalajara (El Universal, 16-01-2023): Todo el escándalo derivado de la tesis de licenciatura de la ministra Yasmín Esquivel ha sido, para las autoridades de México, el producto de una conspiración. Alguien le deslizó los documentos copiados a Guillermo Sheridan (académico y periodista) quien, según los dichos del presidente de la República, es parte de un grupo perverso que no ha hecho más que dañar al país. Lo hicieron, entre otras inconfesables razones, para impedir que prosperara la muy profunda reforma judicial que habría emprendido el grupo de ministros afines al titular del Ejecutivo y ahora, encima, las corruptas autoridades de nuestra máxima casa de estudios le han tendido una trampa al gobierno pidiendo que sea la SEP quien decida sobre la validez del título otorgado a la ministra Esquivel. De su parte, la ministra también se ha llamado a agravio, convencida de la falta de ética de quienes urdieron esa conspiración que, además, forma parte de una deleznable conjura heteropatriarcal. A la ministra le asiste el derecho personal de decidir quedarse en la Suprema Corte, pero en realidad su permanencia depende de la evaluación que haga el Presidente. A él le conviene que esté ahí porque necesita aliados para enfrentar las controversias que hay contra el traslado de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa y las que se presenten contra las reformas a la Ley Electoral, si se aprueban en febrero. Empero, sin embargo, si estima que el impacto afecta su proyecto político podría darse el caso de que le pida a Yazmín Esquivel que presente su renuncia con la posibilidad de que le ofrezca un cargo en el gobierno transformador. En tanto, cada acción de trabajo que emprenda en la Corte estará marcada por la desconfianza, y el descredito es posible que la siga aun fuera de ese ámbito. Pero como escribió Carlos Puig (Milenio, 11-01-2023): Sabemos que en este país nadie renuncia a una posición de poder no importa lo que suceda (ni modo). Ella ha demostrado que quiere hacernos pensar que ella no hizo nada mal. Así que siendo este el país que es, seguramente ahí seguirá. Nadie la respetará demasiado, será una ministra cuestionada siempre, pero, eso sí, con toga y sueldo. Triste. Las presiones de la 4T a la Suprema Corte de Justicia
Rafael Cienfuegos Calderón El 2023 inició con la muy buena noticia de que la ministra Norma Piña fue electa presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), empero le siguió la muy mala noticia de que será víctima de fuertes presiones de parte de la Cuarta Transformación. El Presidente y los legisladores de Morena, del Trabajo y Verde harán lo que sea, como sea y a costa de lo que sea para lograr que se declaren constitucionales la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional y las reformas a la Ley Electoral, asuntos en los que la Suprema Corte tiene la última palabra. El motivo es que la nueva ministra presidenta tiene apego a la autonomía del Poder Judicial y ha ejercido libremente la crítica ante la intromisión de intereses externos en asuntos que le competen, como la del Poder Ejecutivo. El presidente que aspira alcanzar la transformación del país lo dijo muy claro al comentar el resultado de la votación: “la presidenta Norma Piña siempre ha votado contra las iniciativas que nosotros hemos defendido”, y “los ministros votaron en contra de los intereses de la Cuarta Transformación”. Por eso, sin Arturo Zaldívar (cercano y aliado), sin la llegada de Jazmín Esquivel (su favorita por incondicional) ni de Alfredo Gutiérrez (el “cuando menos”) y ante el respaldo que recibió la ministra Norma Piña, ha de preocuparle al jefe del gobierno del cambio la posibilidad de perder las batallas jurídicas que librarán en la Suprema Corte de Justicia la militarización de la Guardia Nacional y las reformas a la ley electoral por considerarse que violan la Constitución. Y la única manera que habría para lograr un fallo a favor de esas iniciativas presidenciales que aprobaron los legisladores afines a la 4T, es ejerciendo presión sobre la presidenta y los ministros del Poder Judicial, lo que vendría de los poderes Ejecutivo y Legislativo. El 11 de octubre pasado 49 senadoras y senadores de oposición interpusieron una demanda de acción de inconstitucionalidad en contra del Decreto en Materia de Guardia Nacional y Seguridad Pública publicado el 9 de septiembre de 2022 en el Diario Oficial de la Federación porque viola la Carta Magna al desplazar del ámbito civil al militar el control de la Guardia Nacional, además de que ello no garantiza la pacificación del país, el combate a la violencia que generan los organizaciones del crimen organizado ni la inseguridad que provoca miedo en la población. Sobre las reformas a leyes secundarias en materia electoral Movimiento Ciudadano, el PAN, el PRI y el PRD acordaron interponer recursos de inconstitucionalidad ante la Corte para frenar la calificada contra-reforma, y lo mismo harán los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) dado que valoran atenta contra la democracia, vulnera las capacidades operativas y pone en riesgo la calidad y organización de los procesos electorales. Hay que destacar que en acatamiento a la “obediencia ciega” que exige el presidente y padre de la transformación tanto a legisladores de su movimiento-partido Morena y rémoras del PT y PVEM, ambas reformas se aprobaron sin concesos y por mayoriteo, lo que hizo “felíz felíz” al Presidente. “Dicen que somos serviles al Presidente ¡a mucha honra!" expresó la diputada morenista Yeidckol Polevnsky (20-12-2022). Hay compromisos que están en el aire
Rafael Cienfuegos Calderón Cierto es que cuando el líder de la Cuarta Transformación asumió la presidencia el país estaba sumido en una profunda crisis de credibilidad y confianza a causa de la corrupción, el despilfarro de dinero del erario público y las mentiras del gobierno saliente. Como nuevo mandatario asumió el compromiso del cambio, mediante una declaración desterró el modelo neoliberal y para hacer la diferencia desde 2018 insiste en que “no son iguales”, aunque igual que como sus antecesores hizo promesas y asumió compromisos que hoy están en el aire. No ha podido pacificar al país, la violencia criminal está imparable con casi 140 mil homicidios dolosos, 30 mil desaparecidos e incremento de feminicidios en los últimos cuatro años a pesar de que el Ejército está en las calles; el sistema de salud que hizo crisis como efecto de la pandemia no se ha igualado al de Noruega o Dinamarca, desapareció el Seguro Popular, creó el Insabi y tras su fracaso hace unos meses lo suplió por el IMSS Bienestar, en tanto la falta de medicamentos persiste y empiezan a reaparecer enfermedades supuestamente erradicadas; la economía que en 2018 creció 2.5% decreció a 0.0% en 2019 (sin pandemia), en 2020 (con pandemia) subió 8.5%, en 2021 aunque llegó a 4.8% la recuperación no fue sostenida y para este año se espera cierre en 1.8% al alza, no 3% como dijo en su reciente informe del Zócalo, lejos del 6% anual que ofreció para el sexenio; la corrupción e impunidad persisten en el gobierno federal y el fraude millonario que se cometió en Seguridad Alimentaria Mexicana (Sagalmex) vía colocación de fondos públicos es el más revelador, sin que a más de un año haya proceso legal contra los funcionarios responsables; en el combate a la pobreza el saldo es negativo con un incremento de 3 millones 800 mil personas en esa condición Es ampliamente conocido que todo gobierno saliente hereda problemas, deudas y promesas incumplidas a quien lo sustituye, eso es común no solo en México, y el reto y obligación del que recién llega es hacerse cargo de los pendientes, atender cada situación de la mejor manera y evitar que en caso de no resolverlos también no empeoren. Es por eso que luego de cuatro años no se puede seguir dando como excusa que por el “cochinero” que dejaron los gobiernos del pasado no hay avances ni mejoría. Los programas, proyectos, estrategias y acciones que están en curso son del actual gobierno y si no hay cambio ni transformación es porque el trabajo no se está haciendo bien. Y si todo sigue igual en los próximos dos años, la corcholata que suceda al presidente igual heredara problemas y pendientes de los que es seguro no habrá queja, pues difícilmente culpará a quien la-lo llevó al poder, al que por el contrario tendrá que proteger con el manto de la impunidad para que no se afecte su impoluta imagen ni caiga en el descredito. Hará lo mismo que hacían los expresidentes priístas, ofrecer protección oficial, cubrir faltas y fallas y hacer como que todo está bien. No habrá reproches. Eso lo saben Sheinbaum, Ebrard y López, solo falta que el Presidente evalúe y decida quién le puede funcionar mejor porque una vez que deje el cargo no se sabe si mantendrá su popularidad, si será catalogado como buen gobernante o si, por desencanto, entre el “pueblo” y sus más fieles seguidores aparecerán los cuestionamientos y las críticas. Iguales no, ¿peores?
Rafael Cienfuegos Calderón Por más que digan que no son iguales, la realidad se impone. Que este gobierno no es como los de antes, de políticos vulgares interesados en el poder por el poder para beneficiarse y enemigos de la democracia, está en entre dicho porque los hechos exhiben que sí lo son y hasta llegan a ser peores en muchos casos. Colocan al transformador presidente y a miembros de las tribus que conforman su movimiento-partido Morena a la par de los de antes, solo que con una narrativa diferente. Hoy el fundador del partido en el poder y sus legisladores hacen lo que quieren, como quieren, cuando quieren y para lo que quieren porque son gobierno, detentan el poder y abusan, como hicieron los priístas. Fueron casi 70 años en los que impero la hegemonía de un solo partido en la presidencia de la República, la democracia no figuraba en la arena política, la oposición era ninguneada y las elecciones un fraude bajo el control del aparato gubernamental, y el partido oficial todo lo ganaba: presidencia, gubernaturas, presidencias municipales, diputaciones federales y locales y senadurías. Carro completo. La competencia entre partidos políticos era nula. Y precisamente regresar a ese escenario y a esas prácticas es lo que busca la reforma electoral del presidente que desconoce la lucha que inició en 1988 contra los fraudes y para implementar procesos electorales democráticos. Ricardo Pascoe Pierce (Excélsior 31-10-2022) recuerda que a partir del 6 de julio de ese año inició un cambió en la historia electoral y política de México porque la integración y funcionamiento del órgano electoral se volvió crucial y de conflicto entre la oposición y el oficialismo. Entre 1988 y 1996 hubo conflicto permanente sobre la credibilidad electoral. La disputa central era por la dependencia del órgano electoral de los intereses oficiales, por la urgencia de fomentar la confianza ciudadana en los resultados electorales y por asegurar la autonomía política y operativa del árbitro. Fue la reforma de 1996 la que dio autonomía al Instituto Federal Electoral (IFE), logrando nombrar un Consejo de Gobierno completamente separado del gobierno federal y de sus intereses. En las elecciones intermedias de 1997 el PRD ganó la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y la oposición obtuvo la mayoría en la Cámara de Diputados, por vez primera desde la Revolución, y en el 2000 inició la era de la alternancia democrática que perdura hasta hoy. Ahora, López Obrador, Morena y sus legisladores quieren volver el reloj al pasado, desapareciendo al Instituto Nacional Electoral (INE) para que el gobierno federal vuelva a tener el control de las elecciones. Aspiran volver al viejo régimen autoritario de antes de 1988. López Obrador no quiere más democracia, quiere más control político. No quiere elecciones libres, quiere elecciones a modo. Quiere concentrar todo el poder. Por lo que hace a Sheinbaum, Ebrard y López, las corcholatas del presidente del cambio, apoyan la (contra) reforma porque les conviene. Quieren el poder. Ante ello un importante sector de la población se manifestó en contra de la reforma y el atentado contra el INE. Aun así, el padre y líder de la transformación, que ya desechó la reforma electoral constitucional porque sabe que será rechazada en bloque por la oposición, enviará una nueva iniciativa a la Cámara de Diputados para hacer cambios legales (a modo ) a la Ley Electoral, que sería aprobada sin problema alguno. Iguales no, ¿peores? La calle, lugar de confort del Presidente
Rafael Cienfuegos Calderón ¿Por qué y para qué va a marchar el Presidente el domingo? ¿Porque en su ánimo caló la marcha del pasado día 13 y el rechazo a su gobierno? ¿Porque quiere hacer contrapeso a los 250 mil a 300 mil ciudadanos (según corresponsales extranjeros) que defendieron al INE? ¿Porque quiere mostrar el poder político que tiene antes de iniciar su quinto año de gobierno? ¿Para intimidar a la oposición que amenaza con rechazar en bloque su reforma político-electoral? ¿Para influir en los legisladores con la impresión de que es el “pueblo” el que quiere que se apruebe? ¿Para confrontar al “pueblo” bueno y sabio con los ciudadanos fifís, aspiracionistas, y antidemocráticos? ¿Para volver por sus fueros? Antes tomó la calle como activista y político de oposición, ahora lo hará como líder de la Cuarta Transformación. La calle y la plaza pública son su lugar de confort aunque dada su investidura las tuvo que cambiarlas por el estrado de Palacio Nacional. Expuso el jueves 16 que la convocatoria a la marcha que encabezará es para defender la reforma electoral y festejar cuatro años del cambio en el Zócalo. Sumándose a su llamado, Morena, movimiento-partido que creo, se apresta a organizar a miles para que desde el Ángel de la Independencia acompañen hacia el Zócalo a su líder. Los de Oaxaca anunciaron que movilizarán hacia la Ciudad de México a 20 mil personas; en Guerrero, el senador Félix Salgado Macedonio dijo que reclutará a miles de sus huestes, y así se han ido sumando. Hay que decir que se prevé un histórico “acarreo” (muy al estilo del PRI) dado que asistirán 22 gobernadores y los presidentes municipales de Morena, por lo que el Zócalo de la capital del país se atiborrará con gente de provincia. La que estará a prueba es Claudia Sheinbaum, anfitriona de la marcha y aspirante a la presidencia, toda vez que tiene en contra a nueve de los 16 alcaldes y eso puede restarle capacidad de convocatoria. La del próximo día 27 será la primera marcha que encabece un jefe del Poder Ejecutivo federal. En su trayectoria destacan dos éxodos por la democracia, el primero en 1991 y el segundo en 1995 de Tabasco a Ciudad de México ; en el 2000 ante la amenaza del desafuero, siendo jefe de Gobierno, guió la llamada “Marcha del Silencio”, del Museo de Antropología al Zócalo; en 2006 al perder la elección presidencial y alegar fraude pidió a sus seguidores instalar un plantón en el Zócalo y Paseo de la Reforma en demanda del conteo “voto por voto” “casilla por casilla”; en los siguientes años encabezó algunas movilizaciones destacando solo una de 2008, en defensa del petróleo; durante las elecciones presidenciales de 2012 (que también perdió) retomó actividades en las calles y cerró campaña con una marcha del Ángel al Zócalo; tras las elecciones convocó a una concentración multitudinaria contra la “imposición” de Peña Nieto como Presidente; en 2013 con la dirigencia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se movilizó para repudiar las reformas estructurales; luego participó en otra manifestación en defensa del petróleo y la economía popular. El domingo será su primera marcha después de la que lidero el 26 de junio de 2016 como político opositor para defender a los maestros de la reforma educativa de Peña Nieto. Lo dicho: guerrear en la calle es lo suyo. ¿Irá el Presidente en un segundo intento contra el INE?
Rafael Cienfuegos Calderón La presencia ciudadana en las calles y la exigencia de respetar la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE) echaron abajo la reforma política-electoral del padre de la Cuarta Transformación. Después de las multitudinarias marchas del domingo 13, reculó, en primera instancia, al sopesar que no tiene la mayoría de votos en el Congreso de la Unión para aprobar cambios a la Constitución. Empero para cumplir su propósito de que los consejeros y magistrados del INE y el Tribunal Electoral sean electos por el “pueblo” y se eliminen las 200 diputaciones plurinominales el Presidente dirigirá sus baterias contra la Ley Electoral, aunque con ello violente la Constitución. En la mañanera del martes informó que analiza enviar a la Cámara de Diputados una reforma a dicha ley ya que para eso si cuenta con la mayoría simple de Morena y aliados sin necesitar los votos del PRI. Esta es la segunda de tres vías que ATISBOS previó con antelación puede seguir el Presidente para buscar el control del INE desde el gobierno. Como no puede cambiar la Constitución ahora pretende ir contra las leyes secundarias de la Ley Electoral o, también, podría esperar a que en abril de 2023 se vayan cuatro consejeros del instituto, entre ellos el presidente. Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, comentó en sus redes sociales que las modificaciones que se quieran hacer a la Ley Electoral son inconstitucionales. Precisó que la Constitución dice que la Cámara de Diputados tiene 500 integrantes y que las consejerías del INE y magistraturas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no se someten al voto popular. El artículo 52 de la Constitución señala que la Cámara de Diputados estará integrada por 300 diputadas y diputados electos según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, así como por 200 diputadas y diputados que serán electos según el principio de representación proporcional, mediante el Sistema de Listas Regionales, votadas en circunscripciones plurinominales. El artículo 41, inciso V apartado A, que el consejero presidente y los consejeros electorales serán electos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados. Y el artículo 91, inciso X, que los magistrados electorales que integren las salas Superior y regionales serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ante estos mandatos, si el presidente del cambio sigue obstinado con tener autoridades electorales militantes, afines y comprometidos con su proyecto, no es descabellado pensar que el segundo intento del Presidente corra la misma suerte que el primero, que sea rechazado multitudinariamente en defensa de la Constitución por una ciudadanía consciente que ya se demostró a si misma que puede prescindir de los partidos y los políticos para ganar batallas por la democracia. El INE como institución goza de un alto prestigio y tiene el respaldo, la aceptación y confianza del electorado. Eso está ya demostrado y no se puede ignorar. Infantes y adolescentes excluidos
Rafael Cienfuegos Calderón “Sólo queremos que sean atendidos con privilegio las niñas y los niños de México. Para eso estamos trabajando. Esta administración procurará que la educación sea un derecho de todos y que no haya pobreza ni carencias en la satisfacción de necesidades básicas como ropa, calzado, salud o el derecho al estudio”, declaró el presidente transformador en Palacio Nacional ante infantes reunidos en el patio central al celebrar el Día del Niño de 2019. Del dicho al hecho hay un gran trecho, reza la frase popular. En el presupuesto de Egresos de la Federación para 2013 el gobierno del cambio fijó sus verdaderas prioridades (más dinero a los programas electo-sociales de reparto de dinero y sus megaobras) y menos presupuesto para atender las necesidades de niños, niñas y adolescentes. ¿Será porque no votan? El presupuesto que habrá de aprobarse en la Cámara de Diputados “invisibiliza” a la niñez y adolescencia y el partido oficial tiene los votos para no cambiarle ni una coma, señala Ana Lilia Herrera, diputada federal (El Universal, 04-11-2022). Un aspecto que preocupa es la distribución inequitativa por grupo etario en donde la primera infancia es la más afectada con la reducción de 36 mil 845 millones de pesos en el Programa de Abasto Social de Leche para la primera infancia; el Programa de salud materna, sexual y reproductiva, cuyos recursos para menores de 0 a 5 años serán menores en 222 millones; los Servicios de Estancias de Bienestar y Desarrollo (que presuntamente supliría la desaparición de las Estancias Infantiles) tiene un recorte de 842 millones; y la prevención y la atención de la salud a través del esquema básico de vacunación tendrá seis mil 506 millones menos –cifras oficiales indican que solo uno de cada tres menores lo tiene completo, hay baja cobertura y rebrote de sarampión y tuberculosis-; el Programa de Cultura Física y Deporte carecerá de 582 mil 214 millones –México ocupa el quinto lugar mundial en obesidad infantil-; al rubro Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes tendrá una baja de 133 mil 212 millones; y el programa dirigido a la atención de niñas, niños y adolescentes con discapacidad será menor en dos millones 021 mil -las reducciones son en comparación con los presupuestos asignados en 2022-. Con motivo del reciente Día del Niño, Saskia Niño de Rivera, presidenta de la organización Reinserta, expuso (El Universal, 21-04-2022) otra triste y lamentable realidad que no se atiende. En México siete niñas, niños o adolescentes son asesinados diario, 28% de desapariciones son de ellos, 460 mil son reclutados por la delincuencia organizada, 63% de menores de 14 años han sido violentados físicamente por familiares, más de un millón 700 mil trabajan de forma no permitida, 4.5 millones sufren ciberacoso, 200 mil niñas, niños y adolescentes son cooptados por redes de trata, 60% de la pornografía infantil se produce en México, 40% de los delitos sexuales son cometidos en su contra, 74% de adolescentes en conflicto con la Ley tuvieron contacto con grupos delictivos en sus comunidades, más de 500 mil tienen madres o padres privados de la libertad, más de 10 mil nacieron en presión en la última década y 45% fue revisado en cateos policiales. |
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Rafael CienfuegosRafael Cienfuegos Calderón cursó la carrera de Periodismo y Comunicación Colectiva en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y se inició como reportero en 1978. Se ha desempeñado como tal en el periodismo escrito, principalmente, y ha incursionado en medios electrónicos (Canal Once Tv) y en noticieros de radio como colaborador. Archives
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