Las mujeres en la elección del 2024
Rafael Cienfuegos Calderón
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Las mujeres, que en el Padrón Electoral suman 49 millones 235 mil 587 del total del listado nominal de 94 millones 715 mil 425,  al cierre del 3 de marzo (Instituto Nacional Electoral), podrían convertirse con su voto en las decisorias del resultado de la elección presidencial de 2024.
 
Hoy son mayoría en la población total al representar el 52% y electoralmente lo son por arriba de los 45 millones 479 mil 838 hombres, lo que les da la posibilidad de definir el triunfo de la o el candidato con base en lo que ofrezcan para mejorar su condición de mujeres, pero son también el sector social más agredido por la violencia de género.
 
En los últimos años han ganado espacios en la vida pública y económica. Hay más diputadas, senadoras, gobernadoras y presidentas municipales, más egresadas universitarias, académicas e investigadoras y más empresarias, empero ¿qué tanto ha beneficiado eso a la gran mayoría? A las que reciben salarios castigados, a las que padecen acoso sexual, violencia intrafamiliar y sexual, a las desplazadas por la inseguridad, a las víctimas de trata y a las asesinadas con saña.
 
La inaplicación de las leyes para proteger a la mujer de la violencia, la existente impunidad y la falta de capacitación de los impartidores de justicia en materia de género, además del ancestral machismo y la misoginia, constituyen un muro que imposibilita su acceso a la igualdad, a una vida digna y a no ser discriminadas.
 
Y el poder del voto de las mujeres, del que seguramente tienen conocimiento los aspirantes presidenciales y del que estarán muy pendientes para aprovecharlo, bien puede derivar en compromisos serios y pactados que vayan más allá de las palabras y promesas para que se conviertan en acciones de políticas públicas que las favorezcan.
En la elección del 24 hay la posibilidad de que una mujer ocupe la presidencia de la República, empero, ello no implica que sea feminista ni defensora de los derechos de la mujer ni que en automático cambie y mejore la realidad que viven las féminas, no hay garantías.
 
Aun así, sería una buena oportunidad para pedir o hasta exigir, que en la agenda del próximo gobierno, sin importar el género, se incluya como prioridad el combate a la impunidad y la capacitación de los impartidores de justicia en cada uno de los ministerios públicos del país y en las procuradurías de los estados.
 
En la conmemoración del Día Internacional de la Mujer se realizaron en México varias marchas con consignas que iban de un alto a los feminicidios y a la impunidad que protege a los agresores de mujeres, a la exigencia de que se apliquen las diversas leyes promulgadas porque hoy parecen ser letra muerta ante la inacción de las autoridades.
 
Ayer 8 de marzo las mujeres ejercieron su derecho a manifestarse libre y públicamente y el 2 de junio de 2024 al ejercer su derecho al voto libre y directo, tendrán la oportunidad de elegir a la o el candidato que se comprometa con la agenda feminista, que en el actual gobierno de la transformación es ignorada.
 

¿Percibirán legisladores oficiales el impacto del Plan B?
Rafael Cienfuegos Calderón
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Son tan complejos los cambios a la legislación electoral que contempla el llamado Plan B con el que el presidente promotor de la transformación atenta contra la democracia, por su extensión y contenido, que los legisladores del partido en el poder y aliados están obligados a reflexionar sobre la conveniencia de aprobarlos o no, pues serían irresponsables si los hacen al vapor en la Cámara de Senadores por complacer al principal promotor de la misma sin valorar las consecuencias.
El objetivo es claro. Anteponer el interés particular de quien gobierna, de dar continuidad al proyecto político que encabeza con el triunfo en las urnas de la corcholata que elija para sucederlo el próximo año, lo que sería más fácil si se tiene el control de las elecciones.
La reflexión de los legisladores es obligada porque como representantes de los mexicanos tienen la obligación de responder a los intereses de la mayoría y defender sus derechos, en este caso los político-electorales, y no a los de quien ostenta el cargo de presidente de la República.
Además, hay duda de que entiendan y tengan conocimiento pleno de las 262 modificaciones que se pretenden hacer con el Plan B electoral, de los  59 nuevos artículos que incluye y de la derogación de 66 artículos de las leyes General de Instituciones y Procedimiento Electorales, General de Partidos Políticos y la Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que dice en un estudio el Instituto Belisario Domínguez de la Cámara de Senadores contiene.  
Es conocido que la mayoría legislativa oficial es proclive a aprobar reformas a la Constitución, leyes secundarias y decretos al vapor, sin discusión, sin consenso y sin quitarles una coma, tal como las envía al Congreso de la Unión el jefe del Poder Ejecutivo.
Pero en el caso de las reformas político-electorales, es mucho lo que está en juego.
La democracia, principalmente, el debilitamiento de la estructura operativa del Instituto Federal Electoral (INE) y, por ende, la organización de las elecciones con el número necesario de casillas a instalarse en todo el país y de ciudadanos capacitados fungiendo como funcionarios, el conteo de los votos, el llenado de actas, y la emisión de resultados preliminares y los finales.
En suma, la confiabilidad, equidad y certeza de la elección presidencial, de diputados y senadores, de gobernadores, jefe de Gobierno de la Ciudad de México y alcaldes, presidentes municipales, regidores y síndicos, y legisladores locales que estarán en juego el 2024, que será la contienda más grande de la historia.
Si lo anterior no hace reflexionar a los legisladores oficialistas de Morena-Verde-PT para que valoren la necesidad de no aprobar el Plan B de la reforma electoral y esperar a que haya consenso político de partidos y ciudadanos, y por el contrario se alinean al dictado del jefe del gobierno y padre de la transformación, la democracia quedará tocada de muerte y la apatía de los votantes podría hacerse presente en la celebración de elecciones en las que el abstencionismo  sea el gran ganador.
Contra este deseo, que parece ser comparten la mayoría de votantes sin partido, hay indicios de que se impondrá el interés del Presidente y la inconstitucionalidad o no de los cambios tendrá que resolverla la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en respuesta a las controversias y amparos que se presenten.
La cerrazón al diálogo y a acuerdos, a  escuchar y tomar en cuenta los argumentos de la oposición, de juristas, de consejeros del INE y de organizaciones sociales ha sido, es y seguirá siendo, el sello del Presidente, que, de imponerse, pasará a la historia como el más antidemocrático.

El daño que causo la ministra Esquivel
Rafael Cienfuegos Calderón
 
El estigma del descredito y la desconfianza seguirá a la ministra Jazmín Esquivel tanto en su vida futura como ahora que se aferra a continuar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aduciendo que no tiene nada que ocultar ni de que avergonzarse. Continuaré trabajando intensamente. Y hoy más que nunca, por la dignidad de las personas, defendiendo la Constitución y los derechos humanos, así como los principios democráticos de México. No importa que se demuestre legalmente (si llega a suceder) que cometió plagio o si le retiran el título  de licenciada en Derecho por “tomar” contenido de otra tesis para elaborar la suya y no importa tampoco que el presidente que combate la corrupción y propugna por la honestidad la defienda. Lo que sí importa es el daño que causa a la Suprema Corte al desprestigiarla, el daño que causa a la UNAM al poner en duda la calidad y profesionalismo de los estudiantes que prepara, y el daño que causa a la imagen del jefe del Poder Ejecutivo que la propuso como magistrada y que la impulso para que se convirtiera en presidenta del máximo órgano de justicia. Además de esas consecuencias, el caso del plagio  propició que el presidente padre de la transformación arremetiera contra las autoridades universitarias con una nueva andanada de calificativos y acusaciones. A este respecto, expuso Mauricio Merino, investigador de la Universidad de Guadalajara (El Universal, 16-01-2023): Todo el escándalo derivado de la tesis de licenciatura de la ministra Yasmín Esquivel ha sido, para las autoridades de México, el producto de una conspiración. Alguien le deslizó los documentos copiados a Guillermo Sheridan (académico y periodista) quien, según los dichos del presidente de la República, es parte de un grupo perverso que no ha hecho más que dañar al país. Lo hicieron, entre otras inconfesables razones, para impedir que prosperara la muy profunda reforma judicial que habría emprendido el grupo de ministros afines al titular del Ejecutivo y ahora, encima, las corruptas autoridades de nuestra máxima casa de estudios le han tendido una trampa al gobierno pidiendo que sea la SEP quien decida sobre la validez del título otorgado a la ministra Esquivel. De su parte, la ministra también se ha llamado a agravio, convencida de la falta de ética de quienes urdieron esa conspiración que, además, forma parte de una deleznable conjura heteropatriarcal. A la ministra le asiste el derecho personal de decidir quedarse en la Suprema Corte, pero en realidad su permanencia depende de la evaluación que haga el Presidente. A él le conviene que esté ahí porque necesita aliados para enfrentar las controversias que hay contra el traslado de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa y las que se presenten contra las reformas a la Ley Electoral, si se aprueban en febrero. Empero, sin embargo, si estima que el impacto afecta su proyecto político podría darse el caso de que le pida a Yazmín Esquivel que presente su renuncia con la posibilidad de que le ofrezca un cargo en el gobierno transformador. En tanto, cada acción de trabajo que emprenda en la Corte estará marcada por la desconfianza, y el descredito es posible que la siga aun fuera de ese ámbito. Pero como escribió Carlos Puig (Milenio, 11-01-2023): Sabemos que en este país nadie renuncia a una posición de poder no importa lo que suceda (ni modo). Ella ha demostrado que quiere hacernos pensar que ella no hizo nada mal. Así que siendo este el país que es, seguramente ahí seguirá. Nadie la respetará demasiado, será una ministra cuestionada siempre, pero, eso sí, con toga y sueldo. Triste.