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El fantasma del fraude electoral
Rafael Cienfuegos Calderón La Constitución enfrenta la embestida de una iniciativa de reforma porque el presidente quiere cambiar la realidad democrática del país y hacer que con una nueva ley y estructura las autoridades electorales respondan a sus intereses políticos y así afianzar su plan de transformación. La reforma no obedece al interés de los actores políticos y partidos de fortalecer la democracia (lejos, muy lejos está de eso) ni responde a demandas de electores inconformes con el instituto y el tribunal electorales. El Presidente presentó porque quiso la iniciativa que se discute en la Cámara de Diputados sin consultar a nadie para eliminar al Instituto Nacional Electoral (INE) y crear el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), para reducir los 11 consejeros del INE a siete del INEC y a magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) según para ahorrar, y para que el “pueblo” que no se equivoca, elija a personas honestas, democráticas y antifraude como autoridades electorales, a pesar del gasto que ello implica y de que los actuales árbitros que son garantía de certeza, confianza e imparcialidad tengan una aceptación de 68% y 63% entre votantes de 18 años de edad y más (El Financiero, encuesta de octubre), muy por arriba de diputados federales y locales, senadores y partidos políticos. El fantasma del fraude, parece ser, no lo deja ni a sol ni sombra desde la elección del 2006 en la que, acusa sin demostrar, le robaron el triunfo, y por ello insiste en que la reforma electoral es para evitar fraudes y que voten los muertos. Sin embargo, las organizaciones afines a Morena que respaldaron la revocación de mandato del Presidente sí recurrieron a los muertos para completar las firmas requeridas y a trampas para que se llevara a cabo, recordó Lorenzo Córdova, presidente del INE (25-10-2022) en la Escuela Judicial Electoral. Y en torno a la reforma esto ha acontecido: La mayoría del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) desmintió que haya aprobado una Recomendación para apoyar la transformación del INE y menos que lo calificara de "instrumento de sabotaje de la voluntad del pueblo", como aseguró la presidenta Rosario Piedra Ibarra. La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) considera regresiva la iniciativa presidencial de reforma electoral y advirtió que representa un agravio a la vida democrática. Lorenzo Córdova insistió en el riesgo de que políticamente sea capturado el INE luego de tres años de recortes por los que en el proceso de la revocación de mandato no cumplió con la ley al disminuir el número de urnas, y dejó sobre la mesa las siguientes incógnitas: ¿Qué pasaría si no se pudieran instalar las casillas en las elecciones de 2024? Si no se cumplen las condiciones se anula. ¿Qué tal que la nulidad puede acabar siendo provocada desde el poder al no generarse los recursos? El grupo parlamentario del PRI, encabezado por Alejandro Moreno, se dijo dispuesto a negociar una democracia "menos onerosa". El Instituto Belisario Domínguez de la Cámara de Senadores dio a conocer que la elección de consejeros y magistrados electorales por voto popular tendrá un costo mayor a 8 mil millones de pesos, que contrasta con el principio de austeridad que busca el gobierno con su reforma electoral.
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Tres vías de la 4T para controlar las elecciones
Rafael Cienfuegos Calderón El Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) enfrentan la amenaza antidemocrática del impulsor de la “histórica” Cuarta Transformación y de su movimiento-partido Morena y preocupa la posibilidad real de que queden bajo el control del gobierno del cambio y políticos que detentan el poder. Para ello hay tres vías por las que pueden transitar y que de seguro tienen bien analizadas: una, la iniciativa presidencial para reformar la Constitución que se discute ya en la Cámara de Diputados; dos, cambiar las leyes secundarias en materia electoral; tres, aprovechar el relevo de cuatro consejeros (entre ellos el presidente) que terminan su periodo en marzo de 2023. Para la primera (por fortuna) no tienen los votos de mayoría calificada requerida, para la segunda tendrían que violar (una vez más) la Constitución, y para la tercera (tristemente) la tienen más fácil para imponer personajes afines como consejeros, pues es el Presidente quien propone candidatos y los senadores los que eligen; si son rechazados, se presenta otra lista y si tampoco pasan el Ejecutivo federal los nombraría directamente. En cualquiera de los casos la muerte del INE tal y como lo conocemos, institución autónoma garante de procesos electorales confiables, constituiría un atentado a la democracia que se vive en México, que si bien imperfecta y novel, ha permitido la transición política pacífica al respetarse la voluntad ciudadana expresada en las urnas. El problema es que el presidente del cambio quiere una reforma y un árbitro electoral modo. ¿Para qué?, para tener el control de las elecciones de 2023 en el Estado de México y Coahuila y favorecer a los candidatos de su partido, lo mismo que la de 2024 para elegir presidente de la República y asegurar así la continuidad de su anhelado proyecto transformador con quien elija para sucederlo. Y para hacer realidad el deseo de su jefe, Adán Augusto López, el “machuchón” secretario de Gobernación (una de las tres corcholatas favoritas), adelantó que la reforma electoral que incluye la extinción del INE y la elección de sus consejeros por voto popular “va”, confiado en que al voto unido de diputados de Morena, el Trabajo y Verde, sumará al PRI, como lo hizo para que se aprobará la permanencia de las Fuerzas Militares en las calles hasta 2018, tras ofrecer impunidad a su líder Alejandro Moreno. Dice y no se equivoca Ricardo Raphael (Milenio 17-10-2022) que de salir airosa (la reforma electoral del Presidente), regresaría al país a la época en que el fraude en los comicios era nuestro principal dolor de cabeza. Va por el árbitro: lo quiere a modo y militante. Legislativamente la triada Morena-PT-PVEM no tiene mayoría para modificar la constitución, por lo que el “machuchón” buscará comprar conciencias entre los diputados de la supuesta oposición o chantajearlos, lo que le está resultando muy efectivo a la Cuarta Transformación. Empero si no es por ahí, irán por modificar las leyes secundarias o de plano esperarán la fecha del cambio de consejeros electorales. Como sea el INE y el TEPJF están bajo fuego y ni PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano dan visos de unidad para defenderlo, lo mismo que las agrupaciones políticas nacionales registradas en el instituto electoral. Y de los electores, ni hablar. México hace el trabajo sucio de la política migratoria
Rafael Cienfuegos Calderón El muro militar que implantó el presidente del gobierno de la supuesta Cuarta Transformación de la historia de México por presiones en 2019 de Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, es más efectivo para detener el flujo creciente de migrantes al vecino país, entre ellos miles de mexicanos, que la barrera física que se ha ido construyendo a lo largo de la frontera de ambos países. A partir de junio de ese año fueron desplegados en la frontera de México y Estados Unidos para auxiliar a los agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) 15 mil efectivos militares (Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, 20-07-2019) y seis mil más en el sur. Así respondió el Presidente a la amenaza de Trump de imponer impuestos arancelarios a las exportaciones mexicanas si no se detenía, como sea, pero de manera efectiva, el paso de migrantes a territorio norteamericano. Ante ello, el 27 de septiembre de 2019 el presidente de Estados Unidos declaró muy a su estilo en un video que circuló por las redes digitales: "Estoy usando a México para proteger nuestra frontera" y agradeció al gobierno por "poner 27 mil soldados en la frontera sur de los Estados Unidos". Como resultado en el territorio nacional hay miles de migrantes africanos, asiáticos y centroamericanos varados a los que se sumarán los venezolanos que está expulsando el gobierno de Joe Biden. Las duda está en cómo le va a hacer el gobierno del cambio para atender sus necesidades de alimentación, seguridad, salud y vivienda y hasta cuando, pues ello le implica gastar millones de pesos y si la economía que no crece ni hay signos de recuperación, las posibilidades de incrementar el presupuesto para la atención de migrantes es limitada. Máxime que se calcula que serán más de 200 mil venezolanos los que se quedarán a vivir en el corto plazo en México como resultado del acuerdo suscrito la semana pasada por los gobiernos mexicano y norteamericano (José Meléndez, corresponsal de El Universal, 14-10-2022). El muro humano del gobierno transformador está dando resultados aunque se ha distraído a más de 21 mil efectivos de la guardia, entre soldados y marinos, de su responsabilidad de atender la seguridad pública, atajar la violencia y pacificar al país, más que el físico levantado en los últimos años por los expresidentes Busch padre e hijo, Clinton y Obama. “Biden ha dicho de que no va a construir muro y está cumpliendo”. Es el único de los presidentes de los dos partidos que no tiene proyecto de construcción” (el Presidente 13-09-2022). Pero mientras el levantamiento físico del muro está suspendida, el muro militar de México ha aumentado en número y el máximo de guardias nacionales, soldado y marinos en las fronteras y líneas internas de contención llegó en mayo de 2022 a 28 mil 971, contra 21 mil 623 de enero de 2021, cuando Biden tomó el cargo. También el año pasado se incrementó casi al doble del de 2019 el número de migrantes retenidos en México, cuando el entonces presidente Trump lanzó sus amagos arancelarios, al llegar a 34 mil 778 en la frontera norte. Y en la frontera sur fueron asegurados 237 mil 277, lo que representa un crecimiento de 272% respecto de 2019, en acatamiento a la orden presidencial que recibió la Sedena de reforzar los operativos. Actualmente hay cinco líneas de contención en el territorio nacional: frontera con Estados Unidos, zona centro del país, frontera sur, zona costera y el Istmo de Tehuantepec. Así es que mientras el gobierno de la transformación de México hace el trabajo sucio y se encargue de la estadía en su territorio de los migrantes, Joe Biden no tiene de qué preocuparse ni la necesidad de continuar el levantamiento de un muro físico. Médicos cubanos siguen siendo explotados
Rafael Cienfuegos Calderón Si se cumplieron los tiempos que fijó el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, al término de septiembre 600 médicos de Cuba se incorporaron al sistema de salud de México, especialistas que denunció la ONG Prisoners Defender son explotados laboralmente. A través de un video diferido el 25 de agosto, Dita Charanzová, vicepresidenta del Parlamento Europeo para Latinoamérica, y Javier Nart, vicepresidente de la Delegación del Parlamento Europeo para Centroamérica (DCAM) señalaron que los integrantes de las misiones médicas enviadas a México laboran en condiciones de “esclavitud” ya que 80% del salario acordado irá a manos del gobierno cubano. Si así son las cosas, los recién contratados galenos están en igual condición que los 585 que trabajaron para combatir al Covid-19, por los que los gobiernos federal y de la Ciudad de México pagaron 255 millones 873 mil 177 pesos por tres meses, según la investigación del “Cubagate” que presentó Julen Rementería, senador del PAN (20-09-2021); de ese monto presumiblemente los médicos cubanos recibieron solo 20%. En el video de Prisoners Defender, Charanzová calificó de estremecedora la situación que viven los médicos cubanos y consideró que desentenderse de los derechos humanos no puede ser el precio a pagar por ayuda sanitaria u otros servicios. Va siendo hora de que los pueblos sepan la verdad, que conozcan la otra cara de las misiones internacionales cubanas. “Hay pruebas” de que las intenciones del régimen cubano van más allá de mostrar solidaridad. Prisoners Defender cuenta con más de mil testimonios no solo de médicos, sino también de profesionales de la educación o militares, entre otros, que son sometidos a “injusticias” como persecución, esclavitud, acoso sexual, violencia y separación de familia. “Está probado” que 80% del dinero que cobra Cuba por las misiones va a parar al gobierno y que 75% de los médicos llegados a México fueron seleccionados, no voluntarios, que 80% no sabía adónde se dirigían, y que ninguno recibió copia del contrato que firmaron con el espacio en blanco donde se indicaba el salario. Aunque ese modus operandi fue expuesto públicamente con anterioridad, el gobierno transformador contrató al 13 de septiembre en las mismas condiciones a 277 médicos que dijo Zoé Robledo ya están laborando en Nayarit, Colima, Campeche, Baja California Sur, Zacatecas, Sonora y Oaxaca, y que 333 llegarían a finales del mes para ir a hospitales de Oaxaca, Guerrero y Veracruz. Las especialidades cubiertas son Pediatría, Medicina interna, Cirugía general, Urgencias, Ortopedia, Medicina física, Ginecología y obstetricia, Terapia intensiva y rehabilitación, Imagenología, Anestesiología, Nefrología, Angiología, Hematología, Dermatología, Odontorrinolaringología, Traumatología y Cirugía vascular. Posiblemente para evitar suspicacias el titular del IMSS enfatizó que los especialistas validaron conocimientos y estudios ante la Secretaría de Educación Pública (SEP) para poder laborar, pues el senador Rementería acusó que el año pasado se orquestó un fraude millonario al contratar a falsos médicos cubanos de quienes las instituciones en que laboraron no pudieron mostrar los títulos que los validaran. Ahora, el gobierno del cambio emitió el día 11 la convocatoria internacional para contratar por un año a 749 médicos para que atiendan en13 estados especialidades como anestesiología, cardiología, cirugía pediátrica, neumología y cardiología de entre más de 40 en las que se cuenta con vacantes. ¡Ah! También incluye a médicos mexicanos. Son las mujeres el sector más indefenso de la población
Rafael Cienfuegos Calderón Aunque mucho se ha trabajado en el gobierno federal para diseñar con la participación de organizaciones y colectivos de la sociedad civil normas legales que protejan y libren a las mujeres de la violencia en todas sus variantes, las políticas públicas vigentes tienen poco o nulo efecto. Las mujeres son el sector más vulnerable e indefenso de la población en las diferentes etapas de su vida. La desaparición de niñas y adolescentes, la violencia física, sicológica y sexual, y los asesinatos de odio son las agresiones que más sufren, y la impunidad y la falta de Ministerio Públicos adecuadamente preparados y sensibles, constituyen el principal obstáculo para hacer justicia a las víctimas y castigar a los agresores. Los datos son demoledores. De acuerdo con el estudio “Datos para encontrar a quienes nos faltan” de la organización Data Cívica elaborado con informes del gobierno federal, entre 2006 y 2022 se reportó a 214 mil 646 personas como desaparecidas en todo el país; de ellas, 40% continúan con estatus de persona sin localizar; 56% fueron halladas con vida; y 4% se encontraron sin vida, de las que 56% fueron niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años de edad. Datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas o no Localizadas (RNPDNO) actualizados a julio de 2022 expuestos el 30 de agosto, Día internacional de víctimas de desaparición forzada, revelan que en el primer trimestre la tasa de mujeres adolescentes desaparecidas fue de 2.6 por cada 100 mil mujeres, 26% más que el mismo periodo de 2021 y 44% mayor a la de 2019. Las mujeres de 20 a 40 años con reportes de desaparición son más frecuentemente localizadas sin vida o no encontradas. Por lo que hace a la violencia hacia las mujeres de 15 años y más el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó el 30 de agosto que creció el año pasado. En la Encuesta Nacional sobre Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021 la violencia sicológica fue la de mayor incidencia con 51.6%, la sexual con 49.7%, la física con 34.7% y la económica y patrimonial con 27.4%. De un total de 50.5 millones de mujeres de 15 años y más, 70.1% ha sufrido al menos una situación de violencia a lo largo de la vida. El dato es mayor al de 2016, cuando fue de 66.1%. Respecto al ámbito laboral, a nivel nacional, de las mujeres que alguna vez en su vida han tenido un trabajo, 27.9% experimentó algún incidente de violencia, mientras que en 2016 la cifra fue de 26.6 por ciento. Otra agresión que padecen las mujeres, los asesinatos de odio, están imparables porque en las instancias de procuración de justicia se encubre el delito con impunidad. En 2021 hubieron en el país mil 16 feminicidios según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y los meses con mayor número de casos fueron agosto con 112, máximo histórico en el gobierno de la Cuarta Transformación, mayo con 111 y marzo con 109. Durante el primer semestre de 2022 ocurrieron 493, en junio 89, que es la cifra más alta del año al superar los 84 de mayo, mientras que en enero el reporte fue de 79, en febrero 83, en marzo 75 y en abril 83. Y el 27 de septiembre pasado se informó que con la participación de seis millones 976 mil 839 niñas, niños y adolescentes de todo el país de entre 3 y 17 años se efectuó la Consulta Infantil y Juvenil 2021, organizada por el Instituto Nacional Electoral (INE), en noviembre. En los resultados el abuso sexual infantil preocupa a 25% de mujeres de 10 a 13 años de edad y a 37.7% de adolescentes de 14 a 17 años, en tanto que la violencia contra las mujeres inquieta a 37.7 Que el “pueblo” decida sobre Fuerzas Armadas
Rafael Cienfuegos Calderón “Ayer me quedé pensando de que lo mejor es hacer una consulta a los ciudadanos para que no sea un asunto cupular y que la gente decida”. Esto expuso el viernes 23 el Presidente transformador al dar a conocer su propuesta de que el “pueblo” (sabio que no se equivoca) resuelva sobre el paso de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y que las fuerzas armadas se encarguen de la seguridad pública hasta 2028. O sea, la “iluminación” le llegó y se le “ocurrió” que como en la Cámara de Senadores Morena, PT y PVEN no tienen la mayoría de votos para aprobar la iniciativa de ley del PRI (que apoyaron ya sus diputados y que rechazan sus senadores) para reformar la constitución y ampliar cuatro años la presencia de soldados, marinos y guardias nacionales en la calle, lo mejor es suplir esa discusión por una consulta a modo a cargo de la Secretaría de Gobernación, que ya se cambió por “un ejercicio de participación social” para no violar (una vez más) la Constitución que mandata que la organización, difusión, desarrollo, cómputo y validación de resultados de las consultas de participación ciudadana corresponde al Instituto Nacional Electoral (INE). Es incomprensible (pero no sorprende) que el Presidente desconozca el contenido de la Constitución Política que juró acatar y respetar, y, más, que no le hayan informado antes de que hiciera público lo que “pensó” que el artículo 35, fracción VIII, inciso c) numeral 3 señala que “No podrán ser objeto de consulta popular la seguridad nacional, la organización, el funcionamiento y la disciplina de la Fuerza Armada permanente”. Por otra parte ¿acaso no “pensó que habría rechazo a una consulta, siendo que la libertad que se quiere dar a las fuerzas armadas para vigilar, patrullar y combatir la delincuencia y al crimen organizado es asunto de seguridad nacional y es el Poder Legislativo el que debe establecer las normas legales? Lo que parece con esas “ideas” u “ocurrencias” es que más que imponer la agenda del día el presidente va tras ella colgándose de los temas políticos que están en la discusión pública para provocar la reacción de quienes lo cuestionan y asumirse víctima de complots y, como siempre, distraer a la población de los problemas que lejos de resolverse se agudizan. Su exceso de confianza lo finca en que, dice, 56 millones lo apoyan y aprueban su gestión de gobierno, 20 millones más, afirma, de los que votaron por él en 2018, y quizá también de ahí surge su “idea” ya no de una consulta sino de un simple ejercicio de participación social al que espera acudan todos los que ha logrado convencer de que aunque la seguridad pública esté a cargo de las Fuerzas Armadas el país no se militariza. A ellos dirigirá el 22 de enero de 2023 las preguntas que “ideó”: ¿Estás de acuerdo con la acción de la Guardia Nacional y con su desempeño hasta ahora? ¿Consideras que las Fuerzas Armadas, el Ejército y la Marina deberían mantenerse haciendo labor de seguridad pública hasta 2028 o que regresen a sus cuarteles en marzo de 2024? ¿Cuál es tu opinión, que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional o dependa de la Secretaría de Gobernación o de Seguridad Pública? Por miedo aprueban ciudadanos un “golpe de Estado”
Rafael Cienfuegos Calderón El miedo de la población ante el imparable avance de la ola de asesinatos, tráfico de personas, extorsión, asaltos, secuestro, cobro de derecho de piso y toma de plazas públicas ha llegado al grado no solo de admitir la presencia de las fuerzas armadas en las calles del país sino a renunciar a parte a los derechos y libertades que consagra la constitución y hasta a considerar que haya un “golpe de Estado” si con ello se subsana la incapacidad del gobierno para restablecer la seguridad y el orden. De acuerdo a las encuestas más recientes 80% de la población quiere que el Ejército, la Marina y Guardia Nacional tomen el control de la seguridad pública, y eso es porque “lo que le interesa es que no los maten, no los roben, no los secuestren y los mexicanos debemos buscar la forma de garantizar la seguridad y la paz” (el Presidente 12-09-2022). El problema no es solo que las fuerzas armadas estén en las calles sino que por acatar la orden de abrazos, no balazos no combaten a las organizaciones del crimen organizado que generan la violencia, además de que su preparación táctica es de reacción no de contención, lo que implica un riesgo para los derechos humanos. El estudio de opinión Militarización en tiempos de pandemia: Una exploración de las experiencias, percepciones y preferencias de la ciudadanía realizado en 2021 por Daniel Zizumbo-Colunga y Benjamín Martínez Velasco, catedráticos del Centro de Investigaciones y Docencia Económica (CIDE) en el que participaron siete mil ciudadanos de municipios donde más se ha expandido la presencia del ejército en los últimos 3 años revela que 57.6% aprueba que las fuerzas armadas tomen el control del gobierno si la inseguridad se sale de control. Pero además, que 53.8% está de acuerdo en que den un “golpe de Estado” para detener una reacción política ante los cambios que promueve el gobierno actual; 55% que tomen el control de Congreso de la Unión ante un eventual bloqueo político; 63.1% que asuman el control de la Suprema Corte de Justicia de la Nación si los jueces siguen dando amparos a criminales y corruptos; y 68.8% que juzgue a los políticos si siguen siendo corruptos. Estos resultados podrían parecer exagerados dado que el estudio revela que un alto porcentaje de los encuestados tiene poco o nulo conocimiento del expansionismo de las fuerzas armadas en el territorio y de lo que implica un gobierno militar surgido de un “golpe de Estado”, y también porque en México desde inicios del siglo pasado no se vive una dictadura militar. Empero si el gobierno del cambio ha empoderado al Ejército asignándole crecientes presupuestos millonarios y tareas exclusivas de civiles (construcción de obra pública, control y administración de aeropuertos y trenes, aduanas y puertos, distribución de vacunas, vigilancia a transportes de combustibles, combate al huachicol, frenar a migrantes, entre otras), que caigan en la tentación de asumir el control del gobierno no parece descabellado ni imposible si se les pretendiera quitar algún privilegio. Máxime cuando es un hecho que el Ejército recibirá el aval del Congreso de la Unión para mantenerse (por el momento) en las calles hasta 2028, como lo propuso el PRI para complacer al Presidente. Así es que la posibilidad de un cambio de régimen civil a militar está en el aire. Sin su fundador, Morena sería un partido político más
Rafael Cienfuegos Calderón El futuro del movimiento-partido Morena sin su fundador y líder moral sería “ser un partido tradicional más”. Ese es el “riesgo”, vislumbró Bertha Luján. Y tiene razón. Si el presidente del cambio y la transformación se retira de la política a partir de 2024 el movimiento-partido con el que llegó al poder luego de mantener una intensa campaña política, no será lo que es a pesar de que sus tribus de ultras y moderados estén divididas y en pugna por la sucesión presidencial adelantada. Quienes ambicionen ser gobernador, alcalde, diputado local o federal o senador necesitan el respaldo del hoy presidente de la transformación para ganar en las urnas, como aconteció con los que hoy ocupan esos cargos y que en pago lo respaldan incondicionalmente y le profesan obediencia ciega. Además, Morena no tendría la presencia política que tiene entre la población ni la militancia que según dice Mario Delgado, el líder nacional, es de casi tres millones. Por lo anterior y, seguramente, por el interés que han de tener un buen número de morenistas por mantenerse en el poder o por alcanzarlo, se puede entender el llamado de Bertha Luján, presidenta del Consejo Nacional, para que el presidente recapacite y no se retire de la política, del movimiento político que creó ni de Morena al terminar su gobierno. Lo más conveniente es que continúe “para garantizar la unidad interna” en el partido, dijo a René Delgado (El Financiero/Bloomberg, 28-08-2022). Dentro y fuera de Morena, por otra parte, no hay duda de que el hoy gobernante de México le hará falta a las corcholatas más visibles a sucederlo pues sea ella o él necesariamente tendrán que consolidar un gobierno fuerte políticamente para enfrentar los embates de los supuestos enemigos del cambio, la oposición y los conservadores. Y hasta ahora, ni Claudia ni Marcelo tienen la presencia, el arrastre, la fuerza, el carisma y menos la popularidad del promotor de la transformación, quién, por otra parte, será difícil que se aleje y deje de estar al pendiente del cumplimiento, sin variación, de los objetivos que ha fijado, lo que tendría casi asegurado en el caso de la jefa de gobierno de la Ciudad de México porque dada su lealtad absoluta iría por la vía del continuismo, pero no así con el secretario de Relaciones Exteriores, quien parece tener una postura moderada y progresista que podría favorecer la apertura al diálogo y la unidad. Pero por lo que dijo Bertha Luján respecto a que lo más conveniente es que el presidente siga en la política, pareciera que no ve a nadie que lo pueda suplir “como factor de unidad, de decencia, de honestidad y de transformación”, por lo que estima que “sería muy duro para el país, para la gente, para nosotros, que se retirara”. “En un nuevo papel, puede seguir contribuyendo de manera trascendente” pues en Morena “no podemos decir que somos puros y de pura gente buena”, en el partido “traemos cargando vicios, hay gente que viene de otros partidos y que traen consigo parte de esa historia negra de la política, el dedazo”, por lo que “estamos en riesgo de ser un partido tradicional más”. Ha dicho el presidente, por su parte, que a partir de septiembre de 2024 se retira de la política y se irá a descansar a su rancho, a vivir de su pensión de 30 mil pesos al mes y de las regalías por la venta de sus libros, suficiente para dedicarse a escribir. Pero del dicho al hecho, hay mucho trecho. ¿Alguien puede creer que se quedaría cruzado de brazos, que no haría nada, si se percata de que la transformación está en riesgo o que la oposición se recupera y junto con los conservadores empieza a ganar terrero o que quien lo supla no es capaz de aglutinar en su favor al “pueblo”? La urgente necesidad de pacificar al país
Rafael Cienfuegos Calderón Si acontece lo que anunció el secretario de Gobernación, Adán Augusto López hace unos días, en el marco del Cuarto Informe de Gobierno el presidente del cambio enviará a la Cámara de Diputados una iniciativa preferente para cambiar leyes secundarias que permitan adscribir la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), a cambio de la iniciativa de reforma a la Constitución que había contemplado. ¿Por qué? Porque Morena y partidos aliados no hacen mayoría legislativa para aprobar una reforma constitucional pero sí para modificar leyes secundarias, y porque al Presidente le urge pacificar al país en los dos años que restan del sexenio, lo que pretende conseguir a través de un cuerpo integrado en su mayoría por soldados y con mando militar que realice las tareas policiales de seguridad pública. El 21 de noviembre de 2018, como presidente electo aceptó que sin seguridad no será posible la Cuarta Transformación en una entrevista con Ciro Gómez Leyva (Imagen Noticias), en la que anunció que el proyecto para crear la Guardia Nacional “es vital” para garantizar la paz y tranquilidad de los mexicanos. Y sobre este cuerpo de seguridad declaró a La Jornada el 1 de julio de 2019: "Si por mí fuera, yo desaparecería al Ejército y lo convertiría en Guardia Nacional, declararía que México es un país pacifista que no necesita Ejército y que la defensa de la nación, en el caso de que fuese necesaria, la haríamos todos". Esto explica en cierta forma el interés y la urgencia de que la GN esté bajo el control administrativo y operativo del Ejército. Al respecto, en la encuesta que la firma Buendía y Márquez levantó para El Universal entre el 18 y 23 de agosto y publicada el 30 de agosto, 51% de los ciudadanos que participaron dijo estar “muy a favor” de una mayor participación de los militares en la lucha contra el crimen organizado; 29% se manifestó “algo a favor”; “muy en contra” se expresó 10%; y “algo en contra” 7%, lo que en torno al debate público de si debe aumentar la participación de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado y la seguridad pública apoya el propósito del presidente transformador. Sobre los riesgos de esta apuesta, Ricardo Pascoe Pierce expuso (Excélsior 22-08-2022) que las doctrinas militares, del país que sea, coinciden en la tesis de que ante una agresión, su deber es responder con la fuerza letal necesaria para eliminar el peligro presente. El “peligro presente” se elimina con la fuerza letal necesaria. En cambio, las fuerzas policiales, también de cualquier país, tienen, como misión juramentada, utilizar todos los medios posibles para conocer y resolver una situación de conflicto y solamente, en circunstancia extrema, utilizar la fuerza letal. Militares y policías están entrenados en marcos teóricos y filosóficos distintos. Los militares disparan primero y después preguntan, mientras los policías preguntan y averiguan primero y después, si es necesario, disparan. Y Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, aseveró que la iniciativa preferente para que la Guardia Nacional pase a la Secretaría de la Defensa Nacional no podrá ser aplicable, porque “ningún ordenamiento jurídico, decreto o acuerdo puede estar por encima de la Constitución”. Lo que se requiere es una reforma constitucional. El triunfalismo de la Cuarta Transformación
Rafael Cienfuegos Calderón El gobierno del cambio y la transformación está por llegar a su cuarto año y como en los pasados tres habrá un informe triunfalista de parte del Presidente el 1 de septiembre. Dirá, continuando con la narrativa artificiosa de las mañaneras, que el país va bien, que las acciones del gobierno están dando resultados, que la Cuarta Transformación ha mejorado el nivel de bienestar de las familias desfavorecidas al reducir la pobreza a pesar de que no ha habido crecimiento económico, que a pesar de los complots de la oposición y los conservadores corruptos, de los actos violentos e inseguridad hay gobernabilidad y que se avanza hacia la pacificación del país sin declarar la guerra a las organizaciones del crimen organizado. O sea, no habrá, ni hay que esperar, nada nuevo. No dirá en su cuarto informe nada que no haya dicho ya porque en realidad nada ha cambiado por más que trate de convencer de lo contrario y crear una percepción distinta a la realidad que vive y soporta la población a diario. La terca realidad echa abajo el tono triunfalista del presidente del cambio y las afirmaciones de que la transformación es real, y si está seguro, como afirma, de que el pueblo no es tonto, que es sabio, debe sospechar, siquiera, que es difícil que le crea todo cuanto dice de que el país va bien porque la economía “va muy bien” (05-08-2022), porque los pobres son su prioridad (18-07-2022) y porque los programas de Bienestar llegan a 70% de las familias (22-05-2022). Y presentará como prueba irrefutable el alto porcentaje de popularidad y apoyo que tiene. En un ejercicio comparativo de las promesas del AMLO candidato con los hechos del AMLO presidente, Diego Fernández de Ceballos -político y excandidato presidencial- expuso en Milenio (22-08-2022) diez puntos: 1) Respetar la Constitución y las leyes. 2) Pacificar al país en los primeros seis meses de gobierno. 3) Acabar con la corrupción y no permitir corruptos en su gobierno. 4) Promover una reforma educativa de excelencia. 5) Igualar los servicios de salud a los de Dinamarca. 6) Hacer crecer la economía entre 5 y 6 por ciento anual. 7) Respetar a sus opositores y garantizar la libertad de expresión. 8) Ser respetuoso con los pueblos y gobiernos de la Tierra. 9) No voltear al pasado y enfrentar eficazmente los desafíos nacionales. 10) “No mentir, no robar y no traicionar”. Las violaciones constantes a la Constitución y a las leyes las ha cometido con un cinismo inaudito y sin precedentes; la violencia y los crímenes horrendos han rebasado, y por mucho, a los gobiernos de Calderón y Peña Nieto; padecemos un gobierno opaco y corrupto, y ningún gobernante había dilapidado tantos cientos de miles de millones en obras tan caprichosas, inútiles y encarecidas por la corrupción, sin rendir cuentas; ha reducido presupuesto educativo y cultural, perseguido a investigadores y académicos, y pretende imponer en los libros de texto “su filosofía”; canceló el Seguro Popular y desmanteló los servicios de salud; desde su primer año de gobierno, antes de la pandemia, bajó la economía a menos de cero; ha ofendido y perseguido a opositores y comunicadores; aliado con dictadores siniestros, ha hecho ridículos sin precedentes; con los ojos en la nuca niega la realidad, para no enfrentarla; le sangra la boca cuando pronuncia su frasecita: “no mentir, no robar y no traicionar”. Y Fernández de Ceballos reta: si he dicho aquí alguna falsedad, desmiéntanme. |
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Rafael CienfuegosRafael Cienfuegos Calderón cursó la carrera de Periodismo y Comunicación Colectiva en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y se inició como reportero en 1978. Se ha desempeñado como tal en el periodismo escrito, principalmente, y ha incursionado en medios electrónicos (Canal Once Tv) y en noticieros de radio como colaborador. Archives
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