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La tentación de meter mano negra en la UNAM
Rafael Cienfuegos Calderón El proceso de elección del nuevo rector de la UNAM, que inició el día 21 con la publicación en la Gaceta Universitaria de la convocatoria respectiva, estará en peligro latente hasta que concluya en noviembre ante la tentación de grupos ajenos tanto del gobierno del cambio como de los partidos políticos de meter mano negra para presionar a la Junta de Gobierno e intentar colocar en el cargo a una (un) incondicional. Como ha ocurrido en el pasado hoy la sucesión en la más importante universidad del país despierta intereses y apetitos de poder en quienes la ven como “botín político” no obstante que su autonomía está respaldada por la Constitución: “Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas…”. El gobierno del cambio que encabeza el inventor y promotor de la 4T ha atacado a la UNAM acusándola de estar sometida al pensamiento neoliberal, derechizada y ser individualista, y al rector Enrique Graue le ha llamado Poncio Pilatos, hipócrita, simulador, politiquero y emisor de “choros mareadores”. Quizá no le quede claro que la UNAM no es un órgano descentralizado de la administración pública, sino un órgano de Estado regido por la Constitución y por su Ley Orgánica. Que no es una dependencia de su gobierno y que el rector no es su empleado. Que no lo puede injuriar por no ceñirse a su política de educación superior o por defender la autonomía de la que es garante. Que no hay una relación jerárquica entre él y el rector (María Amparo Casar, Excélsior, 25-01-2023). Y aunque en la mañanera del 25 de julio se comprometió a no intervenir en el proceso de elección del próximo rector, no hay garantía de que así sea porque el Presidente tiene fama de que dice una cosa y hace otra. “Espero que la máxima casa de estudios se reforme (deseó) y que José Narro, priista y exrector de la UNAM, deje de dirigir” (imputó). Porque dicen “somos autónomos”, sí, como los candidatos independientes, si, independientes del pueblo, no del poder (planteó). La autonomía es para decidir pensando en la educación que transforma, en la educación como práctica de la libertad (según él). No tener el control para tener influencias políticas y hasta hacer negocios al amparo de los cargos universitarios (acusó). Y la suspicacia es mayor cuando se conoce que competirán por el cargo personajes que comulgan con el proyecto de la transformación y que respaldan al Presidente y están con el: Rosaura Ruiz, secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del gobierno de la Ciudad de México e Imanol Ordorika, director de Evaluación Institucional -UNAM-, cercanos a Claudia Sheinbaum, y John Ackerman, militante de Morena, esposo de la extitular de la Secretaría de la Función Pública (SFP) Irma Eréndira Sandoval, y director del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad –UNAM-. La mayor agresión que ha sufrido la universidad, además de las amenazas del partido oficial de desaparecer la autonomía vía reforma constitucional y de cambiar la Ley Orgánica para que el rector sea electo por la comunidad con el voto de un estudiante de secundaria de recién ingreso a bachillerato con el mismo peso que el de un científico, es el recorte de su presupuesto sin valorar que atiende más de 370 mil estudiantes, que tiene compromisos laborales con profesores y trabajadores, necesidad de dar mantenimiento a la infraestructura y el compromiso de impulsar el conocimiento y la investigación.
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Los datos que festeja y rechaza el líder de la 4T
Rafael Cienfuegos Calderón El signo distintivo del cambio y la transformación en el actual sexenio es culpar al neoliberalismo y los conservadores del pasado de lo que hoy está mal en seguridad, salud, educación y pobreza y no aceptar equívocos e incapacidad del gobierno para ya no se diga resolverlo, sino atenuarlo, a pesar de que están a la vista los fracasos de la toma de decisiones a partir de caprichos, ocurrencias e ideología política. Los datos que hace unos días dio a conocer el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval) sobre pobreza fueron festejados en la mañanera porque indican que 5.1 millones de personas salieron de esa condición de vida, en tanto que los referentes a que 50 millones 400 mil personas del “pueblo” no tienen acceso a los servicios de salud, fueron rechazados y objetados. Lo primero (y no se equivoca el maestro de ceremonia de la mañanera) por ser resultado del incremento sostenido en el salario general de los trabajadores y de las remesas que envían los connacionales que legal o ilegalmente están en Estados unidos, no del dinero que reparten los programas sociales cuyo impacto en la mejora del ingreso de los hogares es marginal. Lo segundo, que le valió al Coneval la acusación de que se equivocó, fue impugnado con el argumento de que “tiene que ver con la pregunta que se hizo y con el hecho de que tenían apuntados a todos (los censados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) con credencial del llamado Seguro Popular. Como ya no están esas credenciales, la gente cuando les preguntaron dijo que no tenían seguro. Pero ahora ya es atención médica gratuita y ya no se necesita ningún tipo de seguro”. Pero mientras se aceptan las buenas noticias y se rechazan las malas, el gobierno de los “otros datos” no tiene de otra más que dar por buenos los datos de que se redujo la pobreza 5.1 millones de personas (41.9% a 36.3% entre 2018 y 2022); que los mexicanos que califican como vulnerables por carencias sociales creció en 5 millones 200 mil (26.4% a 29.4% de 2018 a 2022); y que las personas sin acceso a los servicios de salud pasó de 20 millones 400 mil en 2018 a 50 millones 400 mil en 2022 (16.2% a 39.1%). Otro singo distintivo del gobierno de la 4T, es no aceptar los malos resultados de las políticas implementadas y las decisiones tomadas aunque estén a la vista de todos. En la narrativa del jefe del mismo “todo va bien”. Los homicidios dolosos van a la baja, aunque ya se rebasaron los 160 mil en cuatro años y medio; la nueva escuela mexicana va a mejorar la educación, aunque los libros de texto estén ideologizado y se hayan elaborado sin tener los planes de estudio; la costosa refinería Olmeca de Dos Bocas va a dar autosuficiencia en diésel y gasolinas, aunque no ha procesado un solo litro de petróleo a más de un año de inaugurada; el subsidiado Aeropuerto Felipe Ángeles será de clase mundial, aunque no tenga demanda de pasaje; el Tren Maya desarrollará la economía del sureste de México, aunque su viabilidad financiera esté en duda y haya provocado ecocidio y pérdida de riquezas arqueológicas. Otro distintivo a destacar es la pasión, el optimismo y la convicción con que se habla de los “beneficios” de la transformación, aunque eso esté solo en la mente de su creador y promotor y el cambio se esté dando de “reversa”, que también es cambio. Con la 4T los ricos son más ricos y los pobres más pobres
Rafael Cienfuegos Calderón En el primer sexenio de la “supuesta” Cuarta Transformación que concluye en septiembre de 2024, la política social para el Bienestar de reparto de dinero al “pueblo” no ha logrado que la distribución de la riqueza sea equitativa ni que el ingreso económico de los hogares mejore significativamente ni mucho menos sacar de la pobreza a millones o aminorar la desigualdad social. Por ejemplo, con la universalización de la Pensión de las Personas Adultos Mayores se excluyó en automático a personas de precarios ingresos que sí necesitan del subsidio gubernamental de cuatro mil 800 pesos bimestrales para sobrevivir por no cumplir el requisito de 65 años de edad y se incorporó a miembros de las clases media y alta de mayores ingresos por el solo hecho de tener la edad. Hasta 2016 el 68% de los hogares más pobres eran beneficiados con las transferencias económicas del gobierno porque los programas sociales estaban focalizados en la población más necesitada, vulnerable y con pocas posibilidades de desarrollo, pero el número se redujo a 49% para 2022. En lo que va del sexenio aumentó la cobertura y los recursos totales destinados a los programas sociales, pero el “aumento fue claramente regresivo”, benefició más a los hogares menos pobres; al menos seis de cada diez personas en el país siguen sin recibir algún tipo de programa social de transferencia monetaria; y entre 2021 y 2023 la Pensión de Adultos Mayores aumentó casi 200,000 millones de pesos en tanto que el resto de los programas 18,000 millones (Máximo Ernesto Jaramillo-Molina, “Corte de caja: la política social de la 4T, Nexos, 27-07-2023). De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2022 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), los más beneficiados con los programas sociales son los hogares con mayores ingresos. En el análisis de los resultados de la encuesta el Instituto de Estudios sobre Desigualdad (Indesig) resalta que entre 2018 y 2022 se triplicó el porcentaje de beneficiarios entre los hogares más ricos al pasar de 6% a 20%; que los estados más pobres del país reciben menos programas sociales con una caída en 2022 de 8% en la cobertura en Chiapas, 3% en Oaxaca y 2% en Guerrero, respecto a 2018, mientras que en las que tienen más ingresos aumento la cobertura, como Yucatán que creció 16%, Ciudad de México 15%, Nuevo León 13% y Estado de México 11%. En los hogares en los que aumentó el ingreso económico hay alguno de sus miembros que es trabajador formal y si reciben hoy más dinero que antes es por el incremento sostenido del salario y no por los programas sociales. Pero eso no ocurre con los trabajadores informales, los subempleados y desempleados que tienen los ingresos más bajos ingresos o carecen de ellos. En México hay 12.3 millones de personas del “pueblo” que se encuentran en "pobreza laboral", cuyos ingresos no les alcanzan para alimentar a su familia. Y por lo que hace a los programas sociales para el Bienestar, por no estar focalizados, provocan desigualdad social y no contribuyen a aminorar la pobreza y pobreza extrema. Eso a pesar de que en 2023 el gobierno del cambio y la transformación les destinará 598 mil 8 millones de pesos, de los que 339 mil 341 millones corresponden a la Pensión de las Personas Adultas Mayores cuyos beneficiarios ascienden al 29 de marzo a 11 millones 239 mil, de una población de 15.1 millones de personas de 60 años y más. Demasiado optimismo ante la grave sequía
Rafael Cienfuegos Calderón El Presidente hizo una promesa temeraria en la mañanera de ayer (02-08-2023). Afirmó que “no habrá desabasto de agua para el consumo doméstico y para el riego en el campo”. “No hay riesgos de que nos quedemos sin agua en ninguna parte del país”. ¿Por qué temeraria? Porque la Comisión Nacional del Agua (Conagua) reportó el 15 de marzo que las presas del Sistema Cutzamala están al 48.5% de su capacidad de almacenamiento, el peor nivel del que se tiene registro, pues están 23.2% por debajo del promedio histórico. En los primeros meses del año, en teoría, las presas deberían tener un nivel superior a 70% para garantizar el abastecimiento de agua en la época seca, ocho meses sin lluvias. A ello se suma la probabilidad de que en 2023 se registre una sequía más grave que la de 2022, que afectó la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Al 28 de febrero de 2023, el 50.16% del país contaba con condiciones de sequía de moderada a extrema, de acuerdo con datos de Conagua (Sandra López, investigadora del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO)). Por otra parte, en México, como en otros muchos países del mundo, la población padece una creciente y constante escasez de agua potable que deteriora la salud, modifica los hábitos y constituye un signo de desigualdad social dado que un alto porcentaje de los hogares más pobres no están conectados a la red de distribución. Ante esas condiciones, la disponibilidad y abasto de agua potable en cantidad y calidad es un asunto de seguridad nacional, de acuerdo con Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), señalan el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y la Secretaría de Salud federal que en conjunto levantaron la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2022. El resultado destaca que a nivel nacional 16.5% de los hogares mexicanos presenta inseguridad en el abasto, que se traduce en que más de seis millones de hogares padecen falta de acceso, disponibilidad y uso del agua. El IMCO expone en el estudio Aguas en México, ¿escasez o mala gestión?, que son 12 millones de personas las que no tienen acceso al recurso. Además, los hogares que se ubican en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, y la Ciudad de México y el Estado de México, presentaron una mayor proporción de hogares en inseguridad del agua -más de 10 puntos porcentuales- en comparación con Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán. En 2018 se reportó que en el Valle de México se contaba con 144 metros cúbicos por habitante al año, mientras que en el sur del país eran 18 776 metros cúbicos. La Ensanut 2022 indica que las personas entrevistadas reportaron con mayor frecuencia la falta de agua en el hogar o, aunque la hubiera, no era apta para beber, interrupción o limitado suministro para la higiene personal y el lavado de ropa y enseres doméstico. El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y la Secretaría de Salud federal refieren que está documentado con estudios que la escasez o contaminación del agua, así como la falta de accesibilidad, pueden provocar problemas de salud mental como estrés, depresión y ansiedad, así como disputas intracomunitarias y que cuando no se realizan prácticas frecuentes de higiene como el lavado de manos y cuerpo por la escasez, interrupción o contaminación del agua, se afecta el bienestar y salud de las personas. Pero, no hay riegos de que… El Presidente y las 24 horas del día
Rafael Cienfuegos Calderón ¿En qué gasta su tiempo el Presidente de la República fuera de encabezar diario la reunión de seguridad pública, ofrecer su conferencia de prensa, practicar su bateo beisbolero, caminar y hacer ejercicio, y sostener alguna reunión entre semana con políticos de su movimiento-partido o con empresarios que le son afines? Madrugador como es, de seis a siete encabeza la reunión de seguridad pública para enterarse del número de asesinatos dolosos que ocurrieron las últimas 24 horas y del comportamiento de la violencia e inseguridad en el país. Luego, ofrece la diaria conferencia de prensa de siete a nueve, en promedio, en la que da cuenta de la agenda que imponen los partidos de oposición, sus políticos y aspirantes a la candidatura presidencial, el acontecer nacional e internacional y las opiniones de la prensa escrita, radio y televisión para fijar su postura. ¿Y después de eso? ¿Dedicará parte de su tiempo a leer los periódicos, antes o después del desayuno? O, ¿a escuchar el reporte del coordinador de Comunicación Social de la Presidencia de la República para evitar que las noticias de declaraciones, críticas y cuestionamientos de los que señala como sus enemigos, del gobierno del cambio y la Cuarta Transformación le amarguen el día? O, ¿en las mañanas soleadas recorrerá los patios de Palacio Nacional o se deleitará observando los murales históricos que engalanan sus muros? O, ¿aprovechará parte de las primeras horas hasta antes del medio día para la relectura del libro ¿Quién manda aquí? de la autoría de Felipe González (expresidente de España), Gerson Damiani y José Fernández- Albertos? O, ¿quizá para alegrarse escuche las canciones que más le gustan y que ha pedido se toquen en algunas mañaneras en recomendación para que los jóvenes dejen los corridos tumbados que hablan de drogas, crimen organizado y fortunas mal habidas: Los caminos de la vida, No se va, Te mereces un amor, Frágil, América, Oye mujer, Huy qué miedo, Ya supérame, Tenías que ser tú, Uno x 100to, Amor y control? Se sabe, porque es público, que el Presidente dedica tiempo de algún día de la semana para practicar su bateo como parte de su afición al beisbol y que aprovecha la visita al parque Tranviarios, para realizar caminatas y un poco de ejercicio. ¿Pero en qué más emplea parte de su tiempo? ¿Acaso, en revisar cómo van sus corcholatas para definir la jugada estratégica que tiene que hacer para apoyarlas y denostar a los opositores, como Xóchitl Gálvez, o los reportes del cierre del peso frente al dólar, la inflación y el flujo de dólares que envían los connacionales para comentarlos en la mañanera como logros del gobierno? La pregunta de en qué gasta su tiempo el presidente madrugador es porque no ha dedicado un solo minuto del mismo para informar sobre el derrame de petróleo que contamina las aguas del Golfo de México, la fecha en que el sector salud contará con los medicamentos para cubrir el desabasto, las medidas que aplicará la federación para atender la falta de agua potable en más de la mitad del territorio nacional, o en explicar con datos duros de dónde van a salir los miles de millones de pesos para incrementar en 2024 el monto del apoyo económico universal para adultos mayores, si no es del aumento a impuestos? La autoridad electoral (INE y TEPJF), sin autoridad
Rafael Cienfuegos Calderón El árbitro electoral pone en evidencia con las “vagas” y “tibias” medidas emitidas sobre los ilegales actos anticipados de campaña que llevan a cabo las corcholatas del movimiento-partido oficial y los que están por iniciar quienes buscan la candidatura presidencial por el Frente Amplio Opositor, que no quiere quedar mal con el presidente democrático ni tener conflictos conlos partidos de la oposición. En lugar de ceñirse al mandato de la Ley Electoral y exigir su cumplimiento, tanto el Instituto Nacional Electoral (INE) como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se “acomodan” al proceso del movimiento-partido Morena para elegir coordinador de la Defensa de la Cuarta Transformación y al del Frente Amplio por México (PAN-PRI-PRD) que busca quién lo encabece. Las autoridades electorales avalan las campañas adelantadas y con ello la violación a la ley que auspicia desde mediados del 2021 el presidente destapador de corcholatas. Primero, ante la petición (o exigencia o presión) del partido en el gobierno del cambio, el INE (con cuatro nuevos consejeros afines a la cuarta transformación, incluida la presidenta), aprobó medidas cautelares contra el Frente opositor por la supuesta violación al principio de equidad del proceso electoral del año próximo, falta similar a la que cometen las corcholatas del oficialismo con las precampañas que ayer cumplieron un mes. Con esa resolución quedó al descubierto la parcialidad del árbitro electoral ante los actos anticipados de campaña para designar candidatos a la presidencia, que constituyen una abierta violación a la Ley Electoral de parte de todos los partidos y actores políticos, y que debería ser causa de suspensión para ajustarlos al calendario oficial. Sin embargo, el Tribunal Electoral se sumó (11-07-2023) a la inequidad de la contienda presidencial al confirmar el acuerdo del INE que permite a los aspirantes presidenciales de Morena realizar giras, añadiéndole que en sus actividades no deben hacer proselitismo, ajustarse a los parámetros constitucionales y “conducirse acorde a los principios de legalidad y equidad”. Luego, el INE emitió un acuerdo en el que pide a los aspirantes de Morena que sus asambleas informativas no incluyan elementos proselitistas y que se realicen en lugares, preferentemente cerrados y/o en espacios pertenecientes al propio partido político, como son sus oficinas estatales o municipales, y no deberán emitirse expresiones de índole electoral. Y en medio de la confusión político-electoral generada por la adelantada sucesión presidencial, la Sala Superior del Tribunal Electoral se rehusó (19-07-2023) a suspender la convocatoria de PRI, PAN y PRD para seleccionar a la persona responsable de la construcción del Frente Amplio por México y decidió ordenar al INE emitir lineamientos para regular y fiscalizar las actividades que realizan las personas que aspiran a la candidatura presidencial por parte de cualquier bloque político. Lo que sucede, en realidad, es que la autoridad electoral (INE y TEPJF) no tiene autoridad, está rebasada, nadie le hace caso ni nadie la respeta. Sus resoluciones y exhortos para que los partidos y los suspirantes a la candidatura presidencial respeten la ley son como las llamadas a misa y, en esas condiciones, la elección del primer domingo de junio de 2024 corre el riesgo de ser la más desregulada. Sí, las leyes se hicieron para violarlas
Rafael Cienfuegos Calderón Todos son violadores de la Constitución y la Ley Electoral y todos son cómplices. Que nadie lo acepte y todos lo nieguen, no exime al presidente prodemocracia, a partidos políticos, a suspirantes presidenciales y a autoridades electorales de la responsabilidad de corromper el proceso del 2024. Desde el jefe de la transformación que juró respetar la Carta Magna y las leyes al asumir la presidencia, el partido oficial que disfraza la elección de su candidato y las precampañas con la de defensor de la 4T y recorridos por el país, la oposición que se montan en la lógica de si ellos no respetan las reglas del juego electoral nosotros tampoco y hacen lo mismo, hasta el árbitro que no ve infracciones, todos prostituyen la política y atentan contra la incipiente democracia. El primero en ignorar los tiempos que marca la ley fue el inquilino de Palacio Nacional al adelantar a mediados de 2022 nombres de entre los cuales saldrá la o el candidato de su movimiento-partido Morena, a quienes apodó corcholatas. De ahí en adelante iniciaron actos de proselitismo en los estados para ganar adeptos mientras que la oposición permaneció pasmada hasta que el 26 de junio se subió al tren de la contienda adelantada y violando también la ley anunció el registro de quienes quieran del PAN, PRI y PRD para tener candidata (o) el 3 de septiembre, 3 días antes que el partido del Presidente. Y en ese juego todos los políticos están ilegalmente participando, lo mismo que el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que al resolver que los recorridos y actos públicos de las corcholatas de Morena no son precampañas que violen la ley, tendrán que hacerse de la vista gorda ante los gastos y activismo de los suspirantes de la oposición para recolectar mínimo 150 mil firmas entre la población para participar en una elección primaria y luego en una encuesta. El riesgo que corren todos es que desde ahora la población, en general, y los votantes, en particular, se cansen, se fastidien y se desinteresen por la elección del 2 de junio ante el bombardeo de discursos, declaraciones, promesas huecas, escándalos, ataques, dimes y diretes de unos y otros. Así como que el proceso electoral para la Presidencia de la República pase a la historia como el más trasgresor de la ley, el más políticamente desaseado, el más adelantado con dos precampañas disfrazadas, y como el más conflictivo. Del circo en el que todos los políticos son actores saldrán no los candidatos a la presidencia del oficialismo y la oposición, sino los coordinadores de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación y del Frente Amplio por México, recurso con el que las precampañas ilegales se disfrazan y se le dará la vuelta a la ley con el aval de las autoridades electorales, cuyo actuar está ya en entredicho. ¿A quién se va a culpar de ello, si todos los involucrados son colectivamente responsables? Pero, por otra parte, se significará por ser el más grande al incluir a 500 diputados, 128 senadores, nueve gobernadores, mil 063 diputados de 30 congresos locales, y mil 923 presidentes municipales de 30 estados. ¿Por qué y para qué empoderar a las Fuerzas Armadas?
Rafael Cienfuegos Calderón Empleadas como “mil usos” por el gobierno del cambio y la transformación, las Fuerzas Armadas (Ejército y Marina) cumplen funciones no militares que el Presidente califica de “gran trascendencia para el desarrollo político del país y para el pueblo soberano”. Manejan millonarios presupuestos sin tener obligación de rendir cuentas, operan y administran empresas dedicadas a la actividad económica y han desplazado a más de 20 dependencias federales en áreas de seguridad, salud, educación, ciencia e investigación, comunicaciones, energía e hidrocarburos. Y no obstante que no hay resultados positivos en las tareas de seguridad pública y de combate a la violencia asignadas a las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, junto con la Guardia Nacional, y que los asesinatos dolosos suman 156 mil 136 de diciembre de 2018 al 24 de mayo de 2023 superando los 156 mil 066 de los seis años de Peña Nieto, se les siguen asignando nuevas responsabilidades. Ayer el presidente transformador de la administración pública federal informó que la Secretaría de la Marina (Semar) tomará el control del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Será transferido por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), aunque a decir de Carlos Vázquez Tiscareño, director general de la terminal, la Marina opera desde hace año y medio aduanas, migración, seguridad y administración de la terminal. Hace ocho días nombró al general de división retirado, André Geroges Faullon Van Lissum, administrador general de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), pero desde el inicio del gobierno del cambio están en manos de las Fuerzas Armadas. La Sedena controla 33 de las 50 que hay en el país y la Semar las 17 que están ubicadas en zonas costeras. Por su empoderamiento en el actual sexenio, las Fuerzas Armadas realizaban hasta el año pasado 246 tareas que correspondían a dependencias civiles del gobierno, 138 del federal y 109 de los estados, de acuerdo al Inventario Nacional de lo Militarizado que elaboró el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE). Se incluyen las obras, operación y administración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y las terminales aéreas de Palenque, Chetumal y Tulum; la construcción del Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, los bancos del Bienestar y los cuarteles de la Guardia Nacional; la creación de una línea aérea comercial y una cadena hotelera en el sureste del país; el resguardo de las refinerías y gasoductos de Pemex; el combate al huachicol; la contención de migrantes; la distribución nacional de los libros de texto, y su incorporación en la junta de gobierno del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt), sustituto del Conacyt. Y para la administración financiera de lo que la 4T ha entregado a las Fuerzas Armadas, por instrucción del presidente del “pueblo” la Sedena creó el año pasado la empresa estatal Olmeca-Maya-Mexica, y la Sedema fundará el Grupo Aeroportuario Casiopea. El pasado día 13, Milenio Diario publicó que de acuerdo al informe financiero de Servicios Aeroportuarios, Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) de mayo, antes de que termine el año entregará al Ejército y la Marina 13 terminales aéreas, lo que representa 64% de sus operaciones. ¿A cambio de qué es tan generoso el Presidente con las Fuerzas Armadas? Será porque afirma que “el apoyo de las Fuerzas Armadas en la trasformación de México ha sido fundamental y estratégico. Morena quiere más votos para el 2024
Rafael Cienfuegos Calderón Por ser un hecho relevante que ninguna de las corcholatas que suspiran por relevar al presidente en turno tiene ni nunca tendrá la popularidad ni el carisma ni la fuerza política para ganar con holgura en 2024, resulta increíble la apuesta de la dirigencia nacional del movimiento-partido Morena de captar 33 millones de votos a su favor. Su aspiración es refrendar el triunfo de 2018 cuando el candidato del hoy partido en el poder recibió poco más de 30.1 millones de votos. Aunque no hay que perder de vista que ese efecto político-electoral que provocó el hartazgo por la corrupción del sexenio pasado es difícil que se repita, máxime cuando la falta de resultados es causa de desencanto, resentimiento e inconformidad con el gobierno transformador. Según Mario Delgado el crecimiento de 30 millones de votos 2018 a 33 millones para las elecciones del año entrante permitiría no solo asegurar la presidencia del país sino refrendar también el triunfo en Tabasco, Chiapas, Puebla, Morelos, Veracruz y Ciudad de México, y sumar Guanajuato, Jalisco y Yucatán que gobierna la oposición de derecha. ¡O sea, Morena va por carro completo para la Cuarta Transformación! Y de paso quiere la mayoría de escaños en las cámaras de Diputados y Senadores, que es aspiración del presidente del “pueblo” para reformar la Constitución y transformar las estructuras del Poder Judicial de la Federación (PJF) y el Instituto Nacional Electoral (INE), y adjudicar la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). La receta para que quien se alce con la candidatura presidencial reciba los aspirados 33 millones de votos, que es 10% más de los de 2018, es que los dirigentes estatales morenos se apliquen en las tareas de organización del proceso electoral y hagan trabajo y proselitismo cara a cara para captar a los nuevos votantes que han aumentado en 5% el padrón electoral y a otro 5% entre los indecisos. Sin embargo, el desencanto con los partidos y los políticos por su evidente desinterés por respaldar y atender las demandas ciudadanas y su avidez por el poder, y la percepción creciente entre la ciudanía de que el supuesto cambio y la transformación han resultado promesas incumplidas, se puede tornar en obstáculo para las aspiraciones del partido gobernante. Datos del INE y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) señalan que los jóvenes de 18 a 29 años de edad que conforman 50% de la lista nominal electoral, son los que menos acuden a votar. En contraparte, la población de la tercera edad de entre 65 y 69 años son los que más participan, fueron apenas12% del listado nominal en 2028, y se caracterizan por tener menores niveles de educación y ser susceptibles a la ayuda económica de los programas sociales. Y está el grupo etario de 30 a 40 cuya participación en la elección presidencial pasada fue de 61%, pero tiene una visión más plural y equilibrada dados sus niveles de estudio y económico. Ante lo anterior, si se estima en poco más de 15 millones de votantes la plataforma electoral de Morena, el reto para captar los 33 millones con que quiere ganar la Presidencia de la República, independientemente de quien lo represente en la elección, no es solo mayúsculo sino hasta irreal dado el desinterés que hay entre los electores por participar. El Estado de México es el ejemplo más reciente y claro. Violó la división de poderes con un propósito y fracasó
Rafael Cienfuegos Calderón El presidente más popular en la historia de México se sinceró en la mañanera de ayer. Reveló que habló con cinco ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para incidir en su voto por la constitucionalidad de la transferencia de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Reveló (consciente o inconscientemente) que violentó la división de poderes del Estado mexicano. Habló con cinco de los once ministros (cuatro ocupan el cargo por él), y les pidió (¿o exigió, o exhortó, o presionó?) por separado que votarán por la acción legal del gobierno que se discutía en la Corte, porque quería la declaración de constitucionalidad del decreto que publicó la presidencia en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en septiembre de 2022 para que la Sedena ejerza el control operativo y administrativo de la GN. Indudablemente fue una intromisión del padre de la transformación en las facultades de la Suprema Corte, parte del Poder Judicial, que constitucionalmente es autónomo igual que el Poder Ejecutivo que él representa y el Poder Legislativo. Se quejó de que los magistrados con que habló no le dijeron que no en ese momento, “de manera muy hipócrita”. Se necesitaban cuatro y lo apoyaron tres. Podría decirse de la revelación del presidente que se ha esforzado por doblegar a los ministros y sumarlos a su proyecto político, que el fin justifica los medios. Que si pasó por alto la división de poderes y que si incurrió en una ilegalidad al tratar de imponer su criterio a los ministros, fue con el interés de fortalecer la estrategia de seguridad a cargo del Ejército dándole el mando único a la Sedena y que la guardia no se corrompa. En su exposición de la mañanera el jefe del gobierno habló así: De las preocupaciones que más me interesaban resolver estaba que la Guardia pasara a la secretaría de la Defensa. Se aprobó la ley en el Congreso, en las cámaras de diputados y de senadores, y la impugnan. ¿La excusa? El militarismo. “Imagínense, quienes reprimieron, quienes torturaban, quienes masacraban, quienes desaparecían, de repente les preocupa el militarismo y se convierten en los paladines de los derechos humanos”. Presentan con el propósito de que no avancemos el recurso de inconstitucionalidad. Y me preocupa porque ha costado mucho crear la Guardia Nacional. Ya tenemos 115 mil elementos formados y se crearon como 300 cuarteles; hay vigilancia en casi todo el territorio nacional; en las encuestas la gente le da creo 70% de aprobación. Entonces, “mi preocupación es que termino, me voy a ir, pero no quiero que la Guardia Nacional quede en la Secretaría de Seguridad Pública ni en Gobernación, como estaba, imagínense; a los tres años, seis años, se echa a perder”. Por esto el Presidente trató de dirigir (pero fracasó) el sentido del voto de los magistrados. Pero, ¿qué lo llevó a hacer esa revelación? Que todas las iniciativas de reforma a la ley de su gobierno se han rechazado. Por eso (dijo) es importante pensar en votar por el candidato a la presidencia, pero también votar porque tenga mayoría calificada en el Congreso, porque hacen falta modificaciones. Durante más de 30 años se dedicaron a reformar la Constitución para favorecer a una minoría y perjudicar al pueblo. No hay una sola reforma que hayan hecho en beneficio de México, ajustaron todo el marco legal para saquear, para robar. |
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Rafael CienfuegosRafael Cienfuegos Calderón cursó la carrera de Periodismo y Comunicación Colectiva en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y se inició como reportero en 1978. Se ha desempeñado como tal en el periodismo escrito, principalmente, y ha incursionado en medios electrónicos (Canal Once Tv) y en noticieros de radio como colaborador. Archives
June 2026
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