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Vuelta al pasado con transformación
Rafael Cienfuegos Calderón No sorprende, pero es irracional. El jefe del Poder Ejecutivo que sistemáticamente violenta la Constitución con actos de gobierno, decretos y reformas que sobrepasan la ley acusa a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y sus ministros de violar la Carta Magna por echar abajo parte del Plan B de su reforma político-electoral siendo que lo que hacen es observar que se cumpla lo que mandata. Ante ello, empecinado como está y con la aspiración de someter al Poder Judicial (como a los legisladores oficialistas) para desaparecer en los hechos la separación de poderes del Estado, anunció en la mañanera (09-05-2023) que presentará en septiembre de 2024 dos iniciativas de ley para reformar la Constitución. Eso tendría que ser antes del 30 de septiembre, fecha en que se va. Una es para cambiar la estructura del Poder Judicial y otra para que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sean votados por el “pueblo”, lo que sería como elegir simples levanta manos que por consigna aprueban leyes. El presidente del cambio parece estar seguro de que como efecto de su popularidad, más que por buen desempeño de gobierno, los candidatos de su movimiento-partido ganarán en cascada las elecciones del próximo año y que al tener mayoría calificada en el Congreso de la Unión podrán modificar la Constitución sin impedimento de la oposición. Innegablemente tiene arrastre político que, a pesar de los pesares, no se ha debilitado. Pero es poco probable que este por endose haga ganadores a sus candidatos a diputados y senadores aunque pida a seguidores, simpatizantes y beneficiarios del reparto de dinero que voten en bloque a favor de Morena. Una cosa es el rey y otra los lacayos Empero, como lo planteó ATISBOS, el Presidente mantendrá en sus manos el control del gobierno y de la agenda política hasta el último minuto del último día de su mandato, y dejará al nuevo legislativo las tareas específicas del traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), los cambios en materia político-electoral, la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la reestructura del Poder Judicial y la elección por voto popular de los 11 ministros de la Corte. La aversión, hostilidad y oposición del inquilino de Palacio Nacional hacia la Corte y particularmente contra la ministra presidenta Norma Piña es abierta. Obedece a que no se alinean con el proyecto de cambio y transformación que ideó para el país y que quiere imponer a la población, esté o no de acuerdo. La campaña de desprestigio emprendida desde la tribuna presidencial que incluye insultos, difamaciones y amenazas la asumen como propia hordas morenistas que apostadas ante el edificio de la Corte en la Ciudad de México piden la renuncia de los ministros en actos de odio. Y con su propuesta transformadora de que los ministros sean electos por el “pueblo” el presidente quiere volver al pasado, al texto constitucional de 1857. Argumenta que los expresidentes Salinas y Zedillo entregaron el Poder Judicial al PAN con abogados al servicio del bloque conservador, pandilla de rufianes que impide que el país vaya más rápido hacia la prosperidad.
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Por consigna votan legisladores de Morena y partidos grapa
Rafael Cienfuegos Calderón Desde que llegó al poder con el triunfo electoral del presidente del cambio y tiene mayoría en la Cámara de Diputados con el respaldo de los partidos grapa, Morena aprovecha la mayoría y la hace valer aprobando al “vapor” ¡en 24 horas!, las iniciativas de ley enviadas por el Ejecutivo federal sin detenerse a valorar el impacto que puedan tener. Votar a favor es consigna entre los legisladores del movimiento-partido de la 4T a pesar de que con eso atenta contra la democracia al pasar por alto la discusión y análisis de las iniciativas o reformas de ley con los miembros de la oposición e ignorar las propuestas para enriquecerlas o los argumentos para rechazarlas. En cumplimiento de la “obediencia ciega” que exige el presidente en turno a los diputados oficialistas, durante la sesión que inició la mañana del martes y concluyó la mañana de ayer, Morena y los partidos del Trabajo y Verde Ecologista avalaron ocho iniciativas de ley de las que cuatro se votaron con dispensa de trámites en calidad “de urgente resolución”. No se discutieron ni analizaron ni pasaron a comisiones, como corresponde, pues se aplicó el llamado albazo legislativo. Las otras cuatro propuestas presidenciales pasaron al “vapor” o “fast track” en comisiones y de inmediato se turnaron al pleno para que en un dos por tres fueran votadas a favor sin importar las protestas de los opositores y los argumentos en contra ante el irresponsable proceder de la mayoría y el desaseo legislativo. De esa forma se aprobó la desaparición del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) que será sustituido por el IMSS-Bienestar; que la operación del Tren Maya la tendrá “de forma indefinida” la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena); ampliar las facultades de la Sedena en la vigilancia del espacio aéreo ante la ocurrencia de actos ilícitos en contra de las operaciones aeronáuticas que puedan afectar la seguridad nacional, en concurrencia con las autoridades civiles. Con dispensa de trámite por ser “de urgente resolución” el proyecto de ley que reduce el porcentaje máximo de descuento en la venta de inmuebles propiedad de la nación que será de 10% y no de 40% como lo establece la ley actual; la reforma que establece que los recursos del impuesto que se cobra a los extranjeros por visitar México se inviertan en 80% en el Tren Maya y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y en 20% en el Instituto Nacional de Migración. La desaparición de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND) por ser un organismo “atrofiado, incapaz de cumplir su objetivo de impulsar el desarrollo rural elevar la productividad y mejorar el nivel de vida de la población”; el dictamen que expide la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación y establece la eliminación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) que será sustituido por el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnología e Innovación, que actuará como entidad asesora del Ejecutivo federal; y la reforma que faculta a la Secretaría de la Función Pública (SFP) para contratar bienes y servicios de las dependencias del sector público, función que tenía la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Todo lo anterior en una maratónica sesión en la que los legisladores respondieron más rápido que pronto a las exigencias políticas de un presidente que se dice demócrata pero que en los hechos impone sus intereses personales por sobre los de la ciudadanía. La seguridad pública será civil no militar
Rafael Cienfuegos Calderón La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hizo valer la separación de poderes al resolver con absoluta independencia y estricto apego a la ley la inconstitucionalidad del traspaso operativo y administrativo de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). La seguridad pública, por tanto, estará a cargo de una corporación y mando civiles. En su argumentación para desechar la modificación a las leyes secundarias de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley de la Guardia Nacional la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña Hernández, precisó que el mandato del artículo 21 constitucional señala en el párrafo décimo que “las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional”. Y el ministro Javier Laynez Potizek fue contundente: la transferencia de facultades de la Guardia Nacional a la Sedena fue una readscripción y es “técnicamente un fraude a la Constitución”. El control operativo y administrativo de la Guardia Nacional, lo que creó fue una subordinación de la corporación a la jerarquía militar. Por la mañana del martes 18, horas antes del veredicto de ocho ministros que invalida el marco normativo que desfiguró el carácter civil que deben tener las instituciones de seguridad pública, el presidente del cambio insistió en que no se declaré inconstitucional el traspaso de la Guardia Nacional a la secretaría de la Defensa porque si no depende de ésta, va a seguir como antes, que dependía de la Secretaría de Seguridad Pública de (Genaro) García Luna o de (Miguel Ángel Osorio) Chong, secretario de Gobernación, “pues miren como terminó la Policía Federal, completamente corrupta”. Sobre esos dichos llama la atención que el Presidente insista en los ejemplos del pasado para hacer vaticinios porque lo que evidencia es que no confía ni en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de su gobierno ni en su titular, Rosa Icela Rodríguez ni en su lucha contra la corrupción y cree que la Guardia Nacional se va a pudrir por estar bajo el mando de una autoridad civil. Y contra la Suprema Corte y los magistrados, salvo sus leales Loretta Ortíz, Yasmín Esquivel y Arturo Zaldívar, era de esperarse una andanada de insultos, descalificaciones y acusaciones desde el púlpito de Palacio Nacional, pues el Presidente es predecible. “Los ministros actuaron de manera facciosa”, dijo, respaldando el régimen de corrupción que imperaba antes. No con criterio jurídico, sino político, defendiendo las prácticas del régimen autoritario y corrupto, caracterizadas por la injusticia, el contubernio y la subordinación. El problema del presidente inventor de la Cuarta Transformación es que no entiende la separación de poderes del Estado. No entiende que el poder Ejecutivo tiene el mismo peso que el Poder Legislativo y el Poder Judicial y que ninguno puede estar por encima del otro, aunque él rompió esta regla constitucional al cooptar a la mayoría de diputados y senadores. Tampoco entiende que la Suprema Corte y sus integrantes están para aplicar y hacer cumplir las leyes emanadas de la Constitución y no para satisfacer los caprichos del gobernante en turno o para responder a sus intereses político. En ese sentido, si como institución gozaba de la mayor aceptación y confianza de la ciudadanía (61%, encuesta del Financiero de marzo) arriba de la Presidencia de la República, al resolver con independencia y apego a la ley el asunto de la Guardia Nacional es de esperarse un repunte. El presidente del “pueblo” gobernará hasta el último minuto
Rafael Cienfuegos Calderón Sabedor de que ninguna de las corcholatas más visibles puede mantener a flote el barco que dando tumbos navega rumbo a la lejana transformación, pues carecen de popularidad y arrastre político, el presidente del “pueblo” se asirá al poder hasta el último día de su mandato sin dar libertad a quien designe candidata (o) para que implemente su propia agenda. El padre de la 4T seguirá al frente del gobierno hasta el 30 de septiembre de 2024 con sus conferencias mañaneras y giras por el interior del país para promocionar los “logros” de la transformación, las faraónicas obras, denostar a sus críticos y, de paso, ensalzar la figura de quien compita por la presidencia de la República sabedor de que por sí sola (o) nadie garantiza el triunfo de su movimiento-partido Morena. Mantendrá en sus manos la conducción del gobierno y del país para contrarrestar los embates de conservadores, partidos de oposición y grupos económicos que no están de acuerdo con la forma en que se ha conducido y evitar que capitalicen el descontento de la población de clase media y media alta, pues, han crecido la pobreza, la inseguridad y la violencia, ha desmantelado la estructura institucional, fractura a la sociedad, genera inconformidad y resentimiento, y atenta contra la democracia. Hará valer su popularidad (que no aceptación de buen gobierno), continuará con la narrativa de que el “pueblo” lo respalda y seguirá tratando de consolidar la imagen de una presidencial fuerte. Sabe que nadie como él puede hacer frente a los resultados negativos de lo que no ha hecho bien con la economía, sin crecimiento, con la seguridad pública, sin pacificar el país y una violencia imparable, con el sector salud, falto de medicinas, especialistas e instalaciones hospitalarias suficientes, adecuadas y equipadas, con el reparto de dinero de la política social, placebo y no cura el mal de la pobreza que padecen millones de personas, y con el manejo de los recursos públicos, despilfarro de miles de millones de pesos en obras de dudosa contribución al desarrollo. La defensa del gobierno del cambio y de la supuesta transformación que impulsa la asumirá de manera personal hasta el último día de su presidencia porque sabe que ninguna de sus corcholatas tiene la fuerza política que se necesita para llevarla a cabo. El Presidente, por tanto, se encuentra lejos del ocaso de su gobierno que transita el quinto año, como se podría pensar, y, protagonista como es, no renunciará a los reflectores ni cederá el micrófono a quien designe para el 2024. E inclusive, no hay que descartar que le imponga la agenda y hasta que se suba a la campaña. ¿Qué harán ante eso Sheinbaum o Ebrard o López? ¿Acatarán la obediencia ciega? El 6 de marzo marcó la línea política para quien gane la presidencia al señalar: Voy a dejar una lista de las reformas pendientes porque hacen falta más. La del corrupto Poder Judicial y la que elimine los organismos autónomos. Y el 12 de abril reiteró que va a enlistar lo que no alcanzó a hacer por falta de tiempo, como comprar un gran banco para el gobierno. La derrota del PRI en Estado de México puede ser humillante
Rafael Cienfuegos Calderón El lunes tres de abril arrancan oficialmente las campañas del proceso electoral para gobernador en el Estado de México y con base en los sondeos de opinión sobre la intención del voto de la población desde ahora se puede vaticinar que por primera vez habrá alternancia. Hay cuatro factores que incidirían en ello: el malestar y hartazgo de la población con el PRI hegemónico, la debilidad de la oposición partidista y el retiro de Movimiento Ciudadano de la contienda, el uso de recursos públicos del gobierno federal a favor del movimiento-partido del Presidente, y la no participación del gobernador Alfredo del Mazo que parece haber entregado de antemano el estado. Sin oponente fuerte, Delfina Gómez se perfila como la ganadora de la elección de junio, luego de que en 2018 contendió y perdió, luego de que cometió delitos electorales siendo presidenta municipal de Texcoco al quitar a cada trabajador 10% de salario para financiar a Morena entre 2013 y 2015, y luego de pasar sin pena ni gloria como titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP). La población quiere un cambio. Está harta de los gobernantes priístas e igual que como ocurrió en 2018 con la presidencia de la República, en el Estado de México parece que optará por dar su voto a un partido diferente. Así lo muestra la encuesta de El Financiero (27-03-2023). En la víspera, Delfina Gómez, de Morena y los partidos Verde y del Trabajo, tiene 59% de la intención efectiva del voto y Alejandra del Moral, candidata de la alianza PAN-PRI-PRD-Panal, 41%, 18 puntos abajo que se ve difícil pueda remontar. Si se mantienen sin cambio esas tendencias, el triunfo de los partidos opositores será arrollador y la derrota para el PRI humillante, después de 87 años de ser gobierno como tal o de 94 años de cuando era Partido Nacional Revolucionario (PNR) y asumió por primera vez la gubernatura. El padrón electoral del Estado de México es de 12 millones 710 mil 234 personas en edad de votar de acuerdo al registro del 24 de marzo del Instituto Nacional Electoral (INE), y se espera una participación de 60%, proporción similar a la de elecciones anteriores. En 2021, en las elecciones intermedias, el PRI y aliados recuperaron una buena parte de los 125 municipios y ganaron la mayoría simple en el Congreso local, victoria que, trascendió, lograron los candidatos sin el apoyo de Alfredo del Mazo y de las dirigencia nacional y estatal. En esa contienda Morena y partidos que lo acompañaron pasaron de gobernar 57 municipios a 30, mientras que la coalición PRI, PAN y PRD ganó 70, luego de que era gobierno en 53; los partidos Movimiento Ciudadano y Verde se hicieron de seis cada uno y los 13 restantes los encabezan Fuerza por México, Encuentro Solidario y Redes Sociales. Morena, sin embargo, tiene los municipios más poblados como Ecatepec, Nezahualcóyotl, Texcoco, Chalco, Valle de Bravo e Ixtapan de la Sal, entre otros, de los que espera la mayoría de votos a favor de Delfina Gómez. El legado de dejar a una mujer en la presidencia
Rafael Cienfuegos Calderón Aunque ya forma parte de la historia de México por ser el primer líder de la oposición de izquierda en asumir la presidencia de la República y el inventor de la Cuarta Transformación, el Presidente quiere también dejar el legado de haber impulsado a una mujer para que presida el gobierno y dirija el país a partir del 2024. La primera mujer con ventaja electoral para ser presidenta está a la vista y, se sabe, es hechura del actual presidente. Él la formó políticamente y la hizo crecer, la adoctrinó sobre los objetivos del proyecto transformador que tiene que continuar, y la protege y engrandece. Claudia Sheinbaum tiene la preferencia y el respaldo del padre de la 4T porque es una aspirante “a modo”, más que las otras dos concholatas que buscan ser candidatos presidenciales. Repite y defiende lo que su mentor dice aunque sean improperios contra supuestos enemigos, provoque confrontación entre quienes lo apoyan y no, sean verdades a medias o equívocos. Es leal al grado de asumir la “obediencia ciega” y está comprometida con las acciones y programas del gobierno. Más allá de las capacidades administrativas que tenga para gobernar un país convulso por la violencia, estancado económicamente, de alto déficit en educación y salud, y creciente pobreza, del temple político para enfrentar a conservadores y partidos de oposición, y de la determinación para pasar a la pobreza franciscana, extinguir los organismos autónomos y acabar con la corrupción, el Presidente ve en Sheinbaum la utilidad de que es mujer, y como se autoproclama como el presidente más feminista de la historia, quiere dejar como legado hacerla Presidenta. Por eso la destapará, en calidad de la corcholata que es, como candidata del movimiento-partido Morena y ordenará que en el marco del show mediático de la elección por encuesta se oficialice la designación. El siguiente paso será allanarle el camino para asegurar que gane la elección en 2024 debilitando y capturando al Instituto Nacional Electoral (INE) y haciendo uso de recursos públicos. Y si gana porque le dan su voto los millones de seguidores del presidente del cambio y los favorecidos con el dinero de los programas sociales en respuesta al mensaje que desde el Zócalo les envió el 18 de marzo sobre su preferencia, podrá ufanarse de que la primera mujer presidenta de México es de su hechura. Es evidente que (el Presidente) tiene una favorita. No solo es la más cercana en términos ideológicos, en estricto sentido es la única que se formó en la izquierda obradorista (Jorge Zepeda Patterson, Milenio, 26-01-2023). Esta conjetura podría cambiar si ocurre algo grave que afecte a Sheinbaum antes de que el presidente la destape. Algo muy grave que ponga en duda su triunfo en las urnas. Más que errores políticos, que una tragedia como la del colegio Rébsamen, que el desplome del Metro en la línea 12, que el ocultamiento del informe de la investigación, que el choque de trenes en la línea 3, que paralizar la economía de la ciudad al suspender megaobras por sospecha de corrupción, o que cancelar el programa “Médico en tu casa”. Las mujeres en la elección del 2024
Rafael Cienfuegos Calderón Las mujeres, que en el Padrón Electoral suman 49 millones 235 mil 587 del total del listado nominal de 94 millones 715 mil 425, al cierre del 3 de marzo (Instituto Nacional Electoral), podrían convertirse con su voto en las decisorias del resultado de la elección presidencial de 2024. Hoy son mayoría en la población total al representar el 52% y electoralmente lo son por arriba de los 45 millones 479 mil 838 hombres, lo que les da la posibilidad de definir el triunfo de la o el candidato con base en lo que ofrezcan para mejorar su condición de mujeres, pero son también el sector social más agredido por la violencia de género. En los últimos años han ganado espacios en la vida pública y económica. Hay más diputadas, senadoras, gobernadoras y presidentas municipales, más egresadas universitarias, académicas e investigadoras y más empresarias, empero ¿qué tanto ha beneficiado eso a la gran mayoría? A las que reciben salarios castigados, a las que padecen acoso sexual, violencia intrafamiliar y sexual, a las desplazadas por la inseguridad, a las víctimas de trata y a las asesinadas con saña. La inaplicación de las leyes para proteger a la mujer de la violencia, la existente impunidad y la falta de capacitación de los impartidores de justicia en materia de género, además del ancestral machismo y la misoginia, constituyen un muro que imposibilita su acceso a la igualdad, a una vida digna y a no ser discriminadas. Y el poder del voto de las mujeres, del que seguramente tienen conocimiento los aspirantes presidenciales y del que estarán muy pendientes para aprovecharlo, bien puede derivar en compromisos serios y pactados que vayan más allá de las palabras y promesas para que se conviertan en acciones de políticas públicas que las favorezcan. En la elección del 24 hay la posibilidad de que una mujer ocupe la presidencia de la República, empero, ello no implica que sea feminista ni defensora de los derechos de la mujer ni que en automático cambie y mejore la realidad que viven las féminas, no hay garantías. Aun así, sería una buena oportunidad para pedir o hasta exigir, que en la agenda del próximo gobierno, sin importar el género, se incluya como prioridad el combate a la impunidad y la capacitación de los impartidores de justicia en cada uno de los ministerios públicos del país y en las procuradurías de los estados. En la conmemoración del Día Internacional de la Mujer se realizaron en México varias marchas con consignas que iban de un alto a los feminicidios y a la impunidad que protege a los agresores de mujeres, a la exigencia de que se apliquen las diversas leyes promulgadas porque hoy parecen ser letra muerta ante la inacción de las autoridades. Ayer 8 de marzo las mujeres ejercieron su derecho a manifestarse libre y públicamente y el 2 de junio de 2024 al ejercer su derecho al voto libre y directo, tendrán la oportunidad de elegir a la o el candidato que se comprometa con la agenda feminista, que en el actual gobierno de la transformación es ignorada. Los mexicanos que desdeña el Presidente
Rafael Cienfuegos Calderón Si es como dice el presidente del “pueblo” sabio que no se equivoca, que el Presidente es el hombre mejor informado del país, ha de estar enterado de que hay millones de ciudadanos inconformes, engañados y decepcionados que en el 2024 podrían votar en contra de la corcholata que elija para que lo suceda en la Presidencia de la República y truncar la supuesta transformación. Aunque en la mañanera del lunes denostó y descalificó a participantes y organizadores de las marchas que horas antes se realizaron en más de ochenta ciudades del país y el extranjero, como el animal político que es y como el presidente mejor informado, seguro sabe del poder político-electoral que tienen esos miles de ciudadanos que ocuparon las calles y millones más que podrían inclinar la elección del 2024 en contra de su candidata-candidato. Si bien el motivo de las marchas fue rechazar el intento de imponer reformas electorales que atentan contra la democracia y la estructura del Instituto Nacional Electoral (INE), el presidente del “pueblo” ha de estar informado del malestar que provocan los cambios de reversa que ha hecho desde el gobierno, la vigencia de la corrupción y su delirante transformación, pues ante los ofrecimientos de campaña los resultados son contrarios. Seguramente cuenta con la información de que en 2018 ganó con el apoyo mayoritario de las clases media y alta, a los que desprecia, los fifís, profesionistas, académicos, hombres y mujeres de ciencia, comerciantes y empresarios que confiados le dieron más de la mitad de los 30 millones 110 mil 327 votos que recibió para llegar a la presidencia; ha de estar enterado de que con solo sus huestes del movimiento-partido Morena y apéndices políticos no los hubiera alcanzado. Ha de tener la información de que por hartazgo en el pasado reciente esa masa ciudadana rechazó en las urnas al PRI y al PAN, y que lo mismo podría ocurrirle a Morena, al gobierno del cambio y a la supuesta transformación. Igualmente ha de estar enterado de las acciones ilegales que puede emprender para atajar el riesgo de perder la presidencia en caso de que los ciudadanos inconformes, engañados y decepcionados decidan con su voto frenar la continuidad de un gobierno que no ha propiciado crecimiento económico, que desmanteló el sistema de salud del “pueblo”, el Seguro Popular, que provocó el desabasto de medicinas, que ha acrecentado la pobreza, que quiere ideologizar la educación, que es incapaz de pacificar al país y que ha dividido a la población. De otra forma no se entiende el empecinamiento de cambiar las reglas de la competencia electoral y debilitar al INE pretextando fortalecer la democracia, pues lo que busca el Plan B es poner en riesgo la organización de los procesos a partir del 2024, la instalación de casillas y la representación ciudadana para que en caso de que el voto no favorezca a su corcholata alegue fraude y exija que se anule la elección. Preocupa al padre de la 4T la marcha del domingo
Rafael Cienfuegos Calderón La marcha ciudadana del domingo 26 en defensa de la democracia y rechazo a la reforma político-electoral del gobierno de la transformación tendrá como incentivo la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de suspender la implementación de los cambios a las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas que en diciembre aprobaron por mayoriteo Morena y partidos satélite en la Cámara de Diputados como parte del Plan B. De esta forma los asistentes a las marchas (parte de los 26 millones de electores que no votaron en 2018 por el presidente que aspira implementar la Cuarta Transformación) convocadas por 30 organizaciones civiles en 70 ciudades del país, celebrarán que la primera parte del Plan B de reforma electoral no aplicará en las elecciones del Estado de México y Coahuila. Y como es de esperarse la manifestación pública en contra de la embestida para tomar el control de los comicios a partir de 2024 con el debilitamiento del Instituto Nacional Electoral (INE) y con que los cuatro nuevos consejeros electorales a elegirse sean afines a su proyecto político, calará hondo en el ánimo presidencial, que en la víspera está cargado de descalificaciones a organizadores y participantes. El hecho de que un día sí y otro también se refiera a la marcha que en la Ciudad de México partirá del Ángel de la Independencia al Zócalo, pone al descubierto la preocupación que le causa, pues los que participen no serán de sus huestes de simpatizantes ni gente del “pueblo” beneficiario del reparto de dinero en efectivo a través de los programas sociales. Sabe que serán, en cambio, los aspiracionistas de clase media que no lo apoyan, los mexicanos a los que no gobierna ni convence, y los miles de decepcionados a los que llama conservadores y afirma son sus enemigos y enemigos del pueblo, del cambio y de la transformación. Y porque presiente lo que viene, el pasado día 20 expuso en la mañanera que la marcha del domingo 26 de febrero en defensa del INE sólo busca mantener los privilegios de quienes en el pasado abusaron del poder y saquearon a México. Es una manifestación no de ciudadanos, sino del PRI, del PAN, del PRD y de algunos potentados corruptos, ellos son los que se van a manifestar. Están en su derecho, “afortunadamente el pueblo de México está apoyando". Consideró que los conservadores se están agrupando de cara al 2024, buscan cualquier motivo para confrontarse con su gobierno; no se trata de una marcha ciudadana sino de potentados. Sin embargo, la transformación de México seguirá adelante. Afirmó que es mentira que el llamado plan B en materia electoral dañe el funcionamiento del INE, pues solo reduce gastos excesivos y cuida que no se cometan fraudes electorales. En respuesta a la marcha del 26 convocada por organizaciones ciudadanas con registro, el presidente del gobierno transformador convocó al “pueblo” a un mitin en el Zócalo el 18 de marzo, día de la expropiación petrolera, con el pretexto de defender la soberanía nacional. Esa estrategia política es similar a la que aplicó el 27 de noviembre de 2022, con una marcha, para contrarrestar el impacto de la que 14 días antes realizaron miles de ciudadanos en defensa del INE. La de él, afirmó, “fue con gente del pueblo”, la de los otros, “fue con enemigos del pueblo”. “Las personas que estén de acuerdo con la corrupción en el gobierno y con las injusticias, deben marchar el domingo al Zócalo) (Andrés Manuel López Obrador, 02-21-2023). ¿Percibirán legisladores oficiales el impacto del Plan B?
Rafael Cienfuegos Calderón Son tan complejos los cambios a la legislación electoral que contempla el llamado Plan B con el que el presidente promotor de la transformación atenta contra la democracia, por su extensión y contenido, que los legisladores del partido en el poder y aliados están obligados a reflexionar sobre la conveniencia de aprobarlos o no, pues serían irresponsables si los hacen al vapor en la Cámara de Senadores por complacer al principal promotor de la misma sin valorar las consecuencias. El objetivo es claro. Anteponer el interés particular de quien gobierna, de dar continuidad al proyecto político que encabeza con el triunfo en las urnas de la corcholata que elija para sucederlo el próximo año, lo que sería más fácil si se tiene el control de las elecciones. La reflexión de los legisladores es obligada porque como representantes de los mexicanos tienen la obligación de responder a los intereses de la mayoría y defender sus derechos, en este caso los político-electorales, y no a los de quien ostenta el cargo de presidente de la República. Además, hay duda de que entiendan y tengan conocimiento pleno de las 262 modificaciones que se pretenden hacer con el Plan B electoral, de los 59 nuevos artículos que incluye y de la derogación de 66 artículos de las leyes General de Instituciones y Procedimiento Electorales, General de Partidos Políticos y la Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que dice en un estudio el Instituto Belisario Domínguez de la Cámara de Senadores contiene. Es conocido que la mayoría legislativa oficial es proclive a aprobar reformas a la Constitución, leyes secundarias y decretos al vapor, sin discusión, sin consenso y sin quitarles una coma, tal como las envía al Congreso de la Unión el jefe del Poder Ejecutivo. Pero en el caso de las reformas político-electorales, es mucho lo que está en juego. La democracia, principalmente, el debilitamiento de la estructura operativa del Instituto Federal Electoral (INE) y, por ende, la organización de las elecciones con el número necesario de casillas a instalarse en todo el país y de ciudadanos capacitados fungiendo como funcionarios, el conteo de los votos, el llenado de actas, y la emisión de resultados preliminares y los finales. En suma, la confiabilidad, equidad y certeza de la elección presidencial, de diputados y senadores, de gobernadores, jefe de Gobierno de la Ciudad de México y alcaldes, presidentes municipales, regidores y síndicos, y legisladores locales que estarán en juego el 2024, que será la contienda más grande de la historia. Si lo anterior no hace reflexionar a los legisladores oficialistas de Morena-Verde-PT para que valoren la necesidad de no aprobar el Plan B de la reforma electoral y esperar a que haya consenso político de partidos y ciudadanos, y por el contrario se alinean al dictado del jefe del gobierno y padre de la transformación, la democracia quedará tocada de muerte y la apatía de los votantes podría hacerse presente en la celebración de elecciones en las que el abstencionismo sea el gran ganador. Contra este deseo, que parece ser comparten la mayoría de votantes sin partido, hay indicios de que se impondrá el interés del Presidente y la inconstitucionalidad o no de los cambios tendrá que resolverla la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en respuesta a las controversias y amparos que se presenten. La cerrazón al diálogo y a acuerdos, a escuchar y tomar en cuenta los argumentos de la oposición, de juristas, de consejeros del INE y de organizaciones sociales ha sido, es y seguirá siendo, el sello del Presidente, que, de imponerse, pasará a la historia como el más antidemocrático. |
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Rafael CienfuegosRafael Cienfuegos Calderón cursó la carrera de Periodismo y Comunicación Colectiva en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y se inició como reportero en 1978. Se ha desempeñado como tal en el periodismo escrito, principalmente, y ha incursionado en medios electrónicos (Canal Once Tv) y en noticieros de radio como colaborador. Archives
August 2025
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