ATISBOS

Atentado contra la libertad de prensa

Rafael Cienfuegos Calderón

La Presidenta de la continuidad con cambio abrió un espacio especial de información (?) en el foro de la conferencia mañanera para la autodefensa de sus dichos y actos de gobierno y machacar con la verdad que quiera imponer cuando no guste, no convenga, estime falso o parte de una campaña de desprestigio lo que publican los medios de comunicación para informar a la opinión pública.

Arrogarse el derecho de la verdad absoluta antes las críticas y cuestionamientos es exceso de soberbia y limita la libertad de expresión.

Al gobierno corresponde, sí, cuando se difundan noticias falsas verificables, se hagan interpretaciones dolosas de hechos o haya difamación,  recurrir al derecho de réplica, a los desmentidos y aclaraciones oficiales, a las instancias de transparencia y en caso extremo a las jurisdiccionales.

En cambio, la presidenta Claudia Sheinbaum decidió abrir un espacio para que la consejera jurídica de la Presidencia, María Luisa Alcalde, desmienta la demasiada información noticiosa que lleva falsedades y aumentar la información –oficial- para que el pueblo de México se informe de manera directa.

Eso lleva implícita la amenaza de que serán expuestos públicamente los medios, columnistas y líderes de opinión incómodos en lo que será un tribunal y la plataforma gubernamental para denostar, atacar y desacreditar a quienes osen criticar o cuestionar a gobernantes, funcionarios y políticos cuatroteros.

Es la reedición del segmento de detección de mentiras ideado el sexenio pasado pero con la diferencia de que estará a cargo de “una funcionaria que debería encarnar una imparcialidad de Estado” y cuya opinión pesa en asuntos legales relacionados con los medios de comunicación (Ciro Gómez Leyva, Excélsior, 18-05-2026).

En el pasado reciente y es previsible que ocurra nuevamente, lo que se provocó fue una confrontación de gobierno e instituciones con los medios de comunicación en la que privó el abuso del poder, la emisión de calumnias, el linchamiento, la violación del derecho a la privacidad, vulneración de la vida íntima y exposición de datos personales de comunicadores.

Y pese a ello no se logró cambiar la percepción de incredulidad de la ciudadanía en cuanto a la supuesta verdad del gobernante ante a violencia e inseguridad, corrupción, enriquecimiento de morenistas y la existente narcopolítica.

La ratificación de que ese es el propósito lo expuso la propia Presidenta (18-05-2026) al señalar que quienes escriben y difunden que existe un “narcogobierno” o un “narcopartido” son “las plumas del viejo régimen”. Casos específicos, mencionó a Raymundo Riva Palacio (El Financiero) y a Héctor Aguilar Camín (Milenio).

México tiene (Francisco Garfias, Excélsior, 19-05-2026) un problema estructural de infiltración del narco en todos los niveles de poder desde hace décadas. Atribuirlo sólo a “plumas pagadas” o al pasado, como lo ha venido haciendo la Presidenta, es ignorar que la violencia y la corrupción persisten y que la 4T ha tenido sus propios escándalos. La libertad de expresión permite que periodistas y analistas critiquen sin ser automáticamente “del viejo régimen”.

El programa se financia con presupuesto público que pertenece a toda la ciudadanía, sea cual sea su afinidad política. Destinarlo a refutar editoriales o a descalificar críticos compromete la neutralidad del gasto: los fondos comunes deben pagar deberes estatales -informar, transparentar, rendir cuentas-, no la posición de una parte en una controversia pública.  Frente a una información inexacta sobre un acto de gobierno, el ordenamiento ofrece vías respetuosas de las libertades -el derecho de réplica, las aclaraciones oficiales, los portales de transparencia, las instancias jurisdiccionales-. Corrigen el error puntual sin instaurar una refutación sistemática desde el poder. Un programa semanal de postura oficial no llena vacío alguno: sustituye herramientas equilibradas por un instrumento estructuralmente desequilibrado, en el que la parte más poderosa se erige en árbitro permanente de las demás.  El derecho a la información protege a las personas frente al poder. Una iniciativa que lo reorienta para proteger al poder frente a las personas no lo fortalece: lo desnaturaliza (Ernesto Villanueva, Proceso, 18-05-2026).