Desconfianza en la política
Rafael Cienfuegos Calderón El alto grado de desconfianza que hay entre partidos y actores políticos obliga a la celebración de acuerdos o pactos previos a los procesos electorales aunque no se respeten ni se cumplan. Esa es una tradición de la cultura político-electoral de México que sirve nada más para que los líderes de partidos y candidatos se exhiban en las precampañas y campañas al contender por una presidencia municipal, una gubernatura y hasta la presidencia de la República. Ante la proximidad de la elección de julio para gobernador del Estado de México se firmó el Pacto por la Integridad del Proceso Electoral Estatal 2022-2023. Años antes (27 junio de 2012) los aspirantes presidenciales Josefina Vázquez Mota, Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador y Gabriel Cuadri firmaron un “inédito” pacto que los comprometía a respetar el resultado electoral, propiciar la civilidad política y respetar la ley; empero, el abanderado del PRD-PT-MC no lo cumplió y alego fraude del PRI. Ante esa obstinada y constante desconfianza y por presión de los partidos se sumó al trabajo del Instituto Federal Electoral (INE) la fiscalización de gastos de los partidos políticos y candidatos para que no rebasen los topes de campaña, limitar la participación de dinero privado e impedir el uso de recursos económicos de procedencia ilícita, atender las denuncias por actos anticipados de campaña y por la promoción de candidatos con recursos públicos, lo que aumentó el costo de los procesos electorales. La desconfianza propicia el desconocimiento de los resultados electorales y el triunfo del adversario bajo la acusación de fraude. Esa desconfianza contamina a los votantes que al descalificar a partidos y candidatos optan por no acudir a las urnas el día de la elección o por anular su voto. Si la aún incipiente democracia mexicana no avanza ni se consolida es por la desconfianza que hay y que en tiempos electorales se quiere suplir artificialmente con pactos o acuerdos. En el documento firmado en el Estado de México los dirigentes de Morena, PAN, PRD, PRI, Movimiento Ciudadano, PVEM y Nueva Alianza exponen que México tiene un sistema de elecciones y justicia electoral sólidos, legítimos y reconocidos por políticos y ciudadanos como garante de procesos democráticos, libres, justos y competitivos, sin embargo existen amenazas al sistema democrático. La más palpable es la violencia, que ensombrece los comicios, además de la violación de derechos humanos, la corrupción y la discriminación, el uso indebido de recursos públicos y el financiamiento ilícito, amenazas a las instituciones y prácticas como compra y coacción del voto, velada o directa. Estos delitos electorales afectan la legitimidad de las personas electas y la confianza de la ciudadanía. Ante ello acordaron respetar la ley electoral, los procesos y procedimientos que en ella se establecen; apegar sus conductas a los principios democráticos; contribuir a la celebración de un proceso electoral profesional, imparcial y transparente, y canalizar y procesar las diferencias a través de los cauces institucionales. Sin embargo, el día 24 en el Instituto Electoral de la entidad los representantes partidistas se enfrentaron con acusaciones mutuas de corrupción. El presidente INE, Lorenzo Córdova calificó de preocupante la polarización e intolerancia que existe en la discusión pública sobre los procesos electorales del Estado de México y Coahuila, que son la antesala de las elecciones más grandes de la historia que habrán en 2024.
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El daño que causo la ministra Esquivel
Rafael Cienfuegos Calderón El estigma del descredito y la desconfianza seguirá a la ministra Jazmín Esquivel tanto en su vida futura como ahora que se aferra a continuar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aduciendo que no tiene nada que ocultar ni de que avergonzarse. Continuaré trabajando intensamente. Y hoy más que nunca, por la dignidad de las personas, defendiendo la Constitución y los derechos humanos, así como los principios democráticos de México. No importa que se demuestre legalmente (si llega a suceder) que cometió plagio o si le retiran el título de licenciada en Derecho por “tomar” contenido de otra tesis para elaborar la suya y no importa tampoco que el presidente que combate la corrupción y propugna por la honestidad la defienda. Lo que sí importa es el daño que causa a la Suprema Corte al desprestigiarla, el daño que causa a la UNAM al poner en duda la calidad y profesionalismo de los estudiantes que prepara, y el daño que causa a la imagen del jefe del Poder Ejecutivo que la propuso como magistrada y que la impulso para que se convirtiera en presidenta del máximo órgano de justicia. Además de esas consecuencias, el caso del plagio propició que el presidente padre de la transformación arremetiera contra las autoridades universitarias con una nueva andanada de calificativos y acusaciones. A este respecto, expuso Mauricio Merino, investigador de la Universidad de Guadalajara (El Universal, 16-01-2023): Todo el escándalo derivado de la tesis de licenciatura de la ministra Yasmín Esquivel ha sido, para las autoridades de México, el producto de una conspiración. Alguien le deslizó los documentos copiados a Guillermo Sheridan (académico y periodista) quien, según los dichos del presidente de la República, es parte de un grupo perverso que no ha hecho más que dañar al país. Lo hicieron, entre otras inconfesables razones, para impedir que prosperara la muy profunda reforma judicial que habría emprendido el grupo de ministros afines al titular del Ejecutivo y ahora, encima, las corruptas autoridades de nuestra máxima casa de estudios le han tendido una trampa al gobierno pidiendo que sea la SEP quien decida sobre la validez del título otorgado a la ministra Esquivel. De su parte, la ministra también se ha llamado a agravio, convencida de la falta de ética de quienes urdieron esa conspiración que, además, forma parte de una deleznable conjura heteropatriarcal. A la ministra le asiste el derecho personal de decidir quedarse en la Suprema Corte, pero en realidad su permanencia depende de la evaluación que haga el Presidente. A él le conviene que esté ahí porque necesita aliados para enfrentar las controversias que hay contra el traslado de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa y las que se presenten contra las reformas a la Ley Electoral, si se aprueban en febrero. Empero, sin embargo, si estima que el impacto afecta su proyecto político podría darse el caso de que le pida a Yazmín Esquivel que presente su renuncia con la posibilidad de que le ofrezca un cargo en el gobierno transformador. En tanto, cada acción de trabajo que emprenda en la Corte estará marcada por la desconfianza, y el descredito es posible que la siga aun fuera de ese ámbito. Pero como escribió Carlos Puig (Milenio, 11-01-2023): Sabemos que en este país nadie renuncia a una posición de poder no importa lo que suceda (ni modo). Ella ha demostrado que quiere hacernos pensar que ella no hizo nada mal. Así que siendo este el país que es, seguramente ahí seguirá. Nadie la respetará demasiado, será una ministra cuestionada siempre, pero, eso sí, con toga y sueldo. Triste. Las presiones de la 4T a la Suprema Corte de Justicia
Rafael Cienfuegos Calderón El 2023 inició con la muy buena noticia de que la ministra Norma Piña fue electa presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), empero le siguió la muy mala noticia de que será víctima de fuertes presiones de parte de la Cuarta Transformación. El Presidente y los legisladores de Morena, del Trabajo y Verde harán lo que sea, como sea y a costa de lo que sea para lograr que se declaren constitucionales la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional y las reformas a la Ley Electoral, asuntos en los que la Suprema Corte tiene la última palabra. El motivo es que la nueva ministra presidenta tiene apego a la autonomía del Poder Judicial y ha ejercido libremente la crítica ante la intromisión de intereses externos en asuntos que le competen, como la del Poder Ejecutivo. El presidente que aspira alcanzar la transformación del país lo dijo muy claro al comentar el resultado de la votación: “la presidenta Norma Piña siempre ha votado contra las iniciativas que nosotros hemos defendido”, y “los ministros votaron en contra de los intereses de la Cuarta Transformación”. Por eso, sin Arturo Zaldívar (cercano y aliado), sin la llegada de Jazmín Esquivel (su favorita por incondicional) ni de Alfredo Gutiérrez (el “cuando menos”) y ante el respaldo que recibió la ministra Norma Piña, ha de preocuparle al jefe del gobierno del cambio la posibilidad de perder las batallas jurídicas que librarán en la Suprema Corte de Justicia la militarización de la Guardia Nacional y las reformas a la ley electoral por considerarse que violan la Constitución. Y la única manera que habría para lograr un fallo a favor de esas iniciativas presidenciales que aprobaron los legisladores afines a la 4T, es ejerciendo presión sobre la presidenta y los ministros del Poder Judicial, lo que vendría de los poderes Ejecutivo y Legislativo. El 11 de octubre pasado 49 senadoras y senadores de oposición interpusieron una demanda de acción de inconstitucionalidad en contra del Decreto en Materia de Guardia Nacional y Seguridad Pública publicado el 9 de septiembre de 2022 en el Diario Oficial de la Federación porque viola la Carta Magna al desplazar del ámbito civil al militar el control de la Guardia Nacional, además de que ello no garantiza la pacificación del país, el combate a la violencia que generan los organizaciones del crimen organizado ni la inseguridad que provoca miedo en la población. Sobre las reformas a leyes secundarias en materia electoral Movimiento Ciudadano, el PAN, el PRI y el PRD acordaron interponer recursos de inconstitucionalidad ante la Corte para frenar la calificada contra-reforma, y lo mismo harán los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) dado que valoran atenta contra la democracia, vulnera las capacidades operativas y pone en riesgo la calidad y organización de los procesos electorales. Hay que destacar que en acatamiento a la “obediencia ciega” que exige el presidente y padre de la transformación tanto a legisladores de su movimiento-partido Morena y rémoras del PT y PVEM, ambas reformas se aprobaron sin concesos y por mayoriteo, lo que hizo “felíz felíz” al Presidente. “Dicen que somos serviles al Presidente ¡a mucha honra!" expresó la diputada morenista Yeidckol Polevnsky (20-12-2022). |
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Rafael CienfuegosRafael Cienfuegos Calderón cursó la carrera de Periodismo y Comunicación Colectiva en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y se inició como reportero en 1978. Se ha desempeñado como tal en el periodismo escrito, principalmente, y ha incursionado en medios electrónicos (Canal Once Tv) y en noticieros de radio como colaborador. Archives
April 2024
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