ATISBOS

Es a fuerzas; no hay libertad alterna

Rafael Cienfuegos Calderón

La obligación que impuso el gobierno para que los usuarios de telefonía celular se registren choca con la negativa de hacerlo. Hay  desconfianza sobre el uso que se haga de los datos personales, temor de ser vigilados y que se viole el derecho a la privacidad.

La presidenta afirma que “no se va a vigilar sino que es para combatir el delito de extorsión”; los usuarios no lo creen, dudan y hasta han preferido desconectar sus móviles.

En los primeros tres meses del año 3 millones 260 mil usuarios de telefonía se desconectaron (The Competitive Intelligence Unit (CIU), 02-06-2026); y de 162 millones 200 mil líneas existentes el registro al  12 de junio fue de 59 millones 167 mil (Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).

El plazo para que los usuarios de telefonía móvil hagan el registro que vincula su línea de celular a la Clave Única de Registro de Población (CURP) vence el 30 de junio y a partir del 1 de julio quienes no lo hagan se quedarán sin servicio.

La imposición gubernamental se fundamenta en que la extorsión es un delito que no logran  controlar y constituye un negocio ilícito de miles de millones de pesos que se realiza mayormente por medio de las líneas móviles de telefonía; la negativa de los usuarios radica en que la autoridad ha ampliado la red de vigilancia a la población otorgando facultades discrecionales al Ejército, Marina y Guardia Nacional bajo el argumento de que sólo así podrá garantizar seguridad, combatir la delincuencia.

Vistas así las cosas, a ambos asiste razón.

Un hecho. El delito de extorsión tiene varias modalidades y entre las más comunes están las redes sociales, mensajes de texto, el watsapp y llamadas telefónicas directas a celular o a líneas fijas, también el cobro de derecho de piso y de todas se valen las organizaciones del crimen organizado.

Otro hecho. A través del proceso de militarización de la seguridad pública en el país se ha otorgado a las fuerzas armadas un margen amplio de decisión y acción para realizar detenciones, operativos e investigaciones sin contrapesos civiles, que incluye el uso de tecnologías de rastreo y monitoreo masivo que vulneran la privacidad e integridad de la población.

De enero de 2019 a junio de 2025 la extorsión es el delito que en promedio diario ha crecido 27.7%  (Secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, 08-07-2025). A nivel nacional de enero a noviembre de 2023, se registraron 10 mil 255 víctimas,  en 2019 hubo nueve mil 003 y en 2018 fueron seis mil 895, de acuerdo a los informes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

¿Quién no ha recibido una comunicación con tentativa de extorsión? ¿Cuántos la han librado?  ¿Cuantos han caído?

Para que la extorsión se persiga de oficio, la denuncia no debe descansar en la víctima, quien la asumirá es el Estado (Claudia Sheinbaum). Una vez hecho el registro de la línea móvil cualquier persona puede llamar de manera anónima, sin dar su nombre al 089 y las unidades que se dedican al secuestro y que también van a perseguir la extorsión se encargarán de investigar.

¡Vaya dilema!
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Los usuarios no tienen opción. El registro es a fuerzas.