ATISBOS

Revocación secuestrada y prostituida políticamente
Rafael Cienfuegos Calderón

La revocación de mandato, ejercicio de participación ciudadana directa que tendrá su primera versión el 10 de abril, está secuestrada y prostituida por la cúpula política en el poder: el Presidente de la República, el partido oficial, sus diputados y senadores, y quienes gobiernan 12 estados y la Ciudad de México. Ese es uno de sus dos más grandes problemas. El Otro es que no hay competencia política, el atractivo de toda elección, y por eso el desinterés de la ciudadanía. No hay más que quien quiere relanzar su gobierno mediante la revocación-ratificación, que se sabe, tendrá por resultado el sí mayoritario, que siga el Presidente, aunque los votos sean mucho muy inferiores a los más de 31 millones que recibió en 2018. La revocación del mandato no es una consulta cualquiera “es un arma otorgada a los ciudadanos, que solo ellos pueden activar a través de sus firmas y busca acabar con el mandatario en turno” (Ana María Olabuenaga, Milenio 28.03.2022). Empero la pidió el presidente del cambio y la transformación y la promovió su partido sin importarles violar la ley ni arrebatarle ese derecho político a los ciudadanos. Lo mismo sucede con las reglas que aprobaron diputados y senadores de Morena y rémoras, pues ya no quieren que sea el Instituto Nacional Electoral (INE) el único que haga la difusión. La organización del INE la boicotean el Presidente, Morena, sus gobernantes y las organizaciones  partidista-ciudadanas que recabaron las firmas. Primero, no se asignó dinero para realizar un ejercicio  democrático que por ley debería ser similar al de una elección presidencial, segundo, se acusó de antidemocrática a la autoridad electoral por oponerse a celebrar la revocación el día de la elección intermedia de 2021, tercero, que quienes se apoderaron del proceso de revocación quieren legalmente ocuparse de la propaganda, aunque lo hacen ya al margen de la ley con millones de pesos gastados en carteles y pinta de bardas. Haciendo como que no sabe que su partido y aliados aprobaron que el INE sea el encargado de la difusión, el Presidente pidió que las autoridades electorales analicen el decreto aprobado (al vapor) por el Congreso de la Unión para que los servidores públicos puedan hablar sobre la consulta, luego que trascendió que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declarará inaplicable ese decreto para reinterpretar la propaganda gubernamental. Señala la Constitución que toda reforma a las leyes electorales deberá hacerse 90 días antes del inicio de una elección y que la propaganda corresponde al INE. Y para determinar el triunfo o derrota del Presidente en la consulta hay tres datos a tomar en cuenta: uno, que en 2018 obtuvo 31.1 millones de votos de 56 millones 611 mil 027 emitidos en total; dos, que en la elección de 15 gobernadores y diputados federales de 2021, Morena obtuvo 16.7 millones; y tres, que las firmas recabadas para la consulta fueron 11 millones 141 mil 953. Cualquier resultado inferior será una irrefutable pérdida política y dejará al descubierto que popularidad no es símil de aprobación y que haber prostituido políticamente el proceso fue un error.