ATISBOS

No son políticos democráticos, son autoritarios
Rafael Cienfuegos Calderón

La dirigencia del movimiento-partido Morena es dictatorial. Denunció judicialmente a los opositores del presidente del cambio que quiere imponer a toda costa su visión de país y una transformación que no se sabe en qué consiste, para que sean perseguidos y encarcelados por la Fiscalía General de la República, que dicho sea de paso, es una autoridad sumisa al Poder Ejecutivo. Se asume defensora de la democracia, respetuosa de las libertades consagradas en la Constitución como derechos individuales, y apegada a la legalidad, empero la dirigencia de Mario Delgado, en consonancia con las actitudes asumidas por el fundador y líder moral de Morena luego de que la reforma en materia eléctrica fue rechazada, es verdugo político de los 223 diputados del PRI, PAN, PRD y MC a quienes sometió a linchamiento ciudadano, exhibió como “traidores a la patria” y acusó formalmente por “actos contra la independencia, soberanía e integridad de la nación mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero”. Eso es lo que fundamentó Delgado ante la Fiscalía no obstante que los denunciados, como miembros del Poder Legislativo, ejercieron su derecho a votar  como les dictó su conciencia o arbitrio, interés o voluntad, sobre la iniciativa de reforma presentada por el Presidente. La persecución político-judicial de los opositores a un gobierno es característica de una dictadura, de regímenes políticos que no garantizan la libertad de expresión, y que no reconocen como legítimo el pluralismo político. A decir de José Weldenberg (El Universal 07-06-2022) “no son políticos democráticos, son autoritarios, carentes de ética y proclives al despotismo”. Pero sea como sea, la denuncia la presentó el 31 de mayo con apego al artículo 123 del código penal federal, que prevé penas de prisión de cinco a cuarenta años a los mexicanos que cometan alguno de los 14 supuestos considerados como “traición a la patria”. Ahora son los 223 diputados federales, pero antes seis consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) que votaron a favor de suspender temporalmente la organización de la consulta de revocación de mandato, fueron denunciados ante la instancia judicial acusados de abuso de autoridad y coalición de servidores públicos, y 31 científicos tienen procesos abiertos presumiblemente por el delito de delincuencia organizada ante supuestas asignaciones millonarias a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). Sobre a denuncia contra los diputados el exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cossío, estima que ni mediante un juicio penal o político podría demandarse responsabilidad alguna a quienes votaron en contra de la reforma eléctrica. En un artículo para El País, consideró “sumamente restringidas” las opciones de llevarlos ante los tribunales. “Tendría que probarse la vinculación individual de las acciones concretas con un Gobierno o grupo extranjero para conseguir el voto o, más complejo aún, la existencia de un interés directo y autónomo en tal sentido”.